El proyecto, presentado en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados.
“Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía”, asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales. La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que el Estado “diseñe la política de producción, investigación y desarrollo” de fármacos para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.
“Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad”, explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto “no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país”, sino que plantea “darle un rol rector al Estado” para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, “van a terminar beneficiando a todos”, agrega la diputada.
La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado “para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado”, lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos “huérfanos”, como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de 5 cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.
El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el Gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo “sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios”, pero que la actualidad “demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley”.
La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. “La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados”, recuerda Gaillard.
Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos”. Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano “que goza de autarquía y autonomía para actuar”, y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.
“El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte”, busca explicaciones Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: allí aparecen la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.
Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia dentro del ámbito de Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
AUGUSTO COSTA CELEBRO QUE HAYAN BAJADO LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS
Los laboratorios acataron
“Estamos seguros de que a partir de esta conducta responsable de la industria farmacéutica se podrá retomar una agenda de trabajo constructiva con el sector”, aseguró Costa al comprobar que retrotrajeron los precios a los valores del 7 de mayo.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, celebró el fin de semana la decisión de la mayor parte de los laboratorios de acatar la resolución oficial de retrotraer los precios de los medicamentos a los valores vigentes al 7 de mayo. “Estamos seguros de que a partir de esta conducta responsable de la industria farmacéutica se podrá retomar una agenda de trabajo constructiva con el sector”, confió el funcionario, que en los últimos días había amenazado con aplicarles la Ley de Abastecimiento por la violación del acuerdo de precios que las propias empresas habían firmado.
En un comunicado de prensa, Costa destacó que “este gobierno siempre apuesta al diálogo y a la búsqueda de consensos con los distintos sectores productivos para alcanzar un equilibrio entre las demandas de las empresas, los objetivos de la política económica y las necesidades de todos los argentinos”. En esa línea, el funcionario explicó que el Estado tiene la obligación de velar por los intereses de todos, especialmente en un tema tan sensible como los medicamentos.
El conflicto con los laboratorios comenzó a principios de año. Luego de la devaluación de mediados de enero, los laboratorios aplicaron subas del 15 al 50 por ciento en cinco mil medicamentos. Desde las propias empresas reconocieron que el ajuste promedió un 25 por ciento. Debido a esta situación el Gobierno comenzó a negociar para que dieran marcha atrás con los ajustes. El acuerdo no fue fácil, porque la canasta que ofrecieron rebajar en un primer momento estaba compuesta en su mayoría por medicamentos poco consumidos.
En los días siguientes, las partes continuaron conversando y el 24 de febrero el sector se comprometió a retrotraer el valor de los medicamentos al 31 de diciembre y aplicar aumentos promedio del 4 por ciento sobre esa base. En los hechos, la medida implicó una baja, porque en enero las subas habían estado muy por encima del aumento que finalmente les autorizaron. Costa realizó el anuncio acompañado por los referentes de las principales cámaras empresarias de la actividad: Cilfa (laboratorios nacionales), Caeme (extranjeros) y Coopera (pequeñas y medianas compañías).
En ese momento se consensuó también conformar una mesa de trabajo para evaluar la situación de costos de la actividad. En esta comisión debían participar la Secretaría de Comercio, los principales actores de la cadena farmacéutica y otros organismos públicos. “La idea es estudiar medidas y circunstancias que afectan a cada uno de los sectores. También revisar la estructura de costos para asegurar condiciones de sustentabilidad de la industria”, subrayó entonces el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ya por entonces se remarcó que la suba del dólar del 20 por ciento registrada en enero tuvo un impacto moderado para esta actividad, porque gran parte de los desembolsos son en moneda local. Por caso, los gastos de promoción, comercialización y salario de visitadores representan 50 por ciento de los costos totales del negocio.
El acuerdo comenzó a regir el 1º de marzo. El cumplimiento del acuerdo fue desparejo. Algunas empresas actuaron según lo convenido, otras llegaron al promedio acordado a partir de subas en los productos más vendidos y estabilidad en los de menor salida, y otras firmas directamente no cumplieron. A su vez, a fines de mayo los laboratorios ajustaron entre 3 y 4 por ciento el precio de los medicamentos. Argumentaron que sus reclamos en abril y mayo para actualizar los valores no fueron escuchados por el Gobierno. Por eso tomaron la decisión de manera unilateral. El Gobierno respondió que los laboratorios habían llevado adelante prácticas colusivas. En función de esa denuncia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia comenzó a investigar si las prácticas de las firmas del sector pueden encuadrarse como “anticompetitivas”. Como el proceso para que ese organismo emita un dictamen resolutorio es engorroso, el Gobierno apeló a la Ley de Abastecimiento y ordenó retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta con receta a los valores del 7 de mayo por un período de 60 días. “Sorpresiva, arbitraria e ilegal”, calificaron la medida las tres cámaras sectoriales y anticiparon que irían a la Justicia.
“Los laboratorios están acostumbrados históricamente, en la Argentina y en el mundo, a dar órdenes y siempre negocian con rehenes, que son quienes tienen que consumir medicamentos cuando padecen una patología. Estamos dispuestos a dar batalla para que cualquier abuso se vea imposibilitado”, retrucó el secretario Costa cuando parecía que el enfrentamiento estaba a punto de recrudecer. Finalmente, los laboratorios decidieron dar marcha atrás y cumplir con lo pautado por el Gobierno. Costa agradeció a través de un comunicado y ahora continuarán trabajando para ponerse de acuerdo. “Están dadas las condiciones para llevar adelante un trabajo articulado y provechoso entre el Gobierno, los laboratorios, las droguerías y las farmacias”, concluyó.
30/06/14 Página|12
“Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía”, asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales. La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que el Estado “diseñe la política de producción, investigación y desarrollo” de fármacos para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.
“Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad”, explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto “no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país”, sino que plantea “darle un rol rector al Estado” para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, “van a terminar beneficiando a todos”, agrega la diputada.
La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado “para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado”, lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos “huérfanos”, como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de 5 cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.
El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el Gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo “sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios”, pero que la actualidad “demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley”.
La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. “La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados”, recuerda Gaillard.
Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos”. Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano “que goza de autarquía y autonomía para actuar”, y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.
“El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte”, busca explicaciones Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: allí aparecen la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.
Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia dentro del ámbito de Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
AUGUSTO COSTA CELEBRO QUE HAYAN BAJADO LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS
Los laboratorios acataron
“Estamos seguros de que a partir de esta conducta responsable de la industria farmacéutica se podrá retomar una agenda de trabajo constructiva con el sector”, aseguró Costa al comprobar que retrotrajeron los precios a los valores del 7 de mayo.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, celebró el fin de semana la decisión de la mayor parte de los laboratorios de acatar la resolución oficial de retrotraer los precios de los medicamentos a los valores vigentes al 7 de mayo. “Estamos seguros de que a partir de esta conducta responsable de la industria farmacéutica se podrá retomar una agenda de trabajo constructiva con el sector”, confió el funcionario, que en los últimos días había amenazado con aplicarles la Ley de Abastecimiento por la violación del acuerdo de precios que las propias empresas habían firmado.
En un comunicado de prensa, Costa destacó que “este gobierno siempre apuesta al diálogo y a la búsqueda de consensos con los distintos sectores productivos para alcanzar un equilibrio entre las demandas de las empresas, los objetivos de la política económica y las necesidades de todos los argentinos”. En esa línea, el funcionario explicó que el Estado tiene la obligación de velar por los intereses de todos, especialmente en un tema tan sensible como los medicamentos.
El conflicto con los laboratorios comenzó a principios de año. Luego de la devaluación de mediados de enero, los laboratorios aplicaron subas del 15 al 50 por ciento en cinco mil medicamentos. Desde las propias empresas reconocieron que el ajuste promedió un 25 por ciento. Debido a esta situación el Gobierno comenzó a negociar para que dieran marcha atrás con los ajustes. El acuerdo no fue fácil, porque la canasta que ofrecieron rebajar en un primer momento estaba compuesta en su mayoría por medicamentos poco consumidos.
En los días siguientes, las partes continuaron conversando y el 24 de febrero el sector se comprometió a retrotraer el valor de los medicamentos al 31 de diciembre y aplicar aumentos promedio del 4 por ciento sobre esa base. En los hechos, la medida implicó una baja, porque en enero las subas habían estado muy por encima del aumento que finalmente les autorizaron. Costa realizó el anuncio acompañado por los referentes de las principales cámaras empresarias de la actividad: Cilfa (laboratorios nacionales), Caeme (extranjeros) y Coopera (pequeñas y medianas compañías).
En ese momento se consensuó también conformar una mesa de trabajo para evaluar la situación de costos de la actividad. En esta comisión debían participar la Secretaría de Comercio, los principales actores de la cadena farmacéutica y otros organismos públicos. “La idea es estudiar medidas y circunstancias que afectan a cada uno de los sectores. También revisar la estructura de costos para asegurar condiciones de sustentabilidad de la industria”, subrayó entonces el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ya por entonces se remarcó que la suba del dólar del 20 por ciento registrada en enero tuvo un impacto moderado para esta actividad, porque gran parte de los desembolsos son en moneda local. Por caso, los gastos de promoción, comercialización y salario de visitadores representan 50 por ciento de los costos totales del negocio.
El acuerdo comenzó a regir el 1º de marzo. El cumplimiento del acuerdo fue desparejo. Algunas empresas actuaron según lo convenido, otras llegaron al promedio acordado a partir de subas en los productos más vendidos y estabilidad en los de menor salida, y otras firmas directamente no cumplieron. A su vez, a fines de mayo los laboratorios ajustaron entre 3 y 4 por ciento el precio de los medicamentos. Argumentaron que sus reclamos en abril y mayo para actualizar los valores no fueron escuchados por el Gobierno. Por eso tomaron la decisión de manera unilateral. El Gobierno respondió que los laboratorios habían llevado adelante prácticas colusivas. En función de esa denuncia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia comenzó a investigar si las prácticas de las firmas del sector pueden encuadrarse como “anticompetitivas”. Como el proceso para que ese organismo emita un dictamen resolutorio es engorroso, el Gobierno apeló a la Ley de Abastecimiento y ordenó retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta con receta a los valores del 7 de mayo por un período de 60 días. “Sorpresiva, arbitraria e ilegal”, calificaron la medida las tres cámaras sectoriales y anticiparon que irían a la Justicia.
“Los laboratorios están acostumbrados históricamente, en la Argentina y en el mundo, a dar órdenes y siempre negocian con rehenes, que son quienes tienen que consumir medicamentos cuando padecen una patología. Estamos dispuestos a dar batalla para que cualquier abuso se vea imposibilitado”, retrucó el secretario Costa cuando parecía que el enfrentamiento estaba a punto de recrudecer. Finalmente, los laboratorios decidieron dar marcha atrás y cumplir con lo pautado por el Gobierno. Costa agradeció a través de un comunicado y ahora continuarán trabajando para ponerse de acuerdo. “Están dadas las condiciones para llevar adelante un trabajo articulado y provechoso entre el Gobierno, los laboratorios, las droguerías y las farmacias”, concluyó.
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