Por Conrado Yasenza*
La Suprema Corte ratifica la orden del Juez de Nueva York, Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a esos fondos financieros-especulativos que decidieron no entrar, junto con el resto de los bonistas, en las negociaciones que la Argentina abrió para el canje de deuda pública en los años 2005 y 2010. La decisión de la Corte coloca a la Argentina en lo que se denomina "default técnico" porque confirma la fórmula, ordenada por Griesa, del pago del 100 por ciento de la deuda judicial con los fondos de los bonistas y al valor del momento de la emisión y con sus intereses. El fallo de la Suprema Corte pone en desventaja a aquellos bonistas que aceptaron la negociación con una importante quita pero además posee el efecto disciplinador sobre los posibles intentos de renegociación de deudas que se intenten llevar adelante en la zona Euro o en la región, al advertir que la decisión soberana de la Argentina en defensa de la economía nacional, es considerada una actitud de "rebeldía" ante el sistema financiero especulativo mundial.
Estos fondos no aceptaron, como dijimos anteriormente, la quita del 25 por ciento del valor de los bonos de deuda pública exigiendo el pago del 100 por ciento de su valor y con intereses. Cabe aclarar que el 93 por ciento de los bonistas que entraron al canje de deuda pública, renegociando los bonos emitidos durante el menemato y el Gobierno de la Alianza, decidieron entrar en las negociaciones con el Estado argentino a partir del 2005, aceptando la quita del 25 por ciento que aun así resultaban rentables a estos bonos por la recuperación de la economía nacional y el crecimiento de su mercado interno.
Para entendernos, cuando un estado necesita financiarse lo hace recurriendo a impuestos o solicitando préstamos internos al Banco Central, o mediante la deuda pública. Los bonos constituyen entonces una suerte de pagaré mediante el cual el Estado asume el compromiso de pago con aquellos compradores que generalmente en épocas de crisis prestan dinero al fisco y éste se compromete a devolverlo con intereses. Como lo explicó el economista del CONICET, Emiliano López, a infoNews, “Los bonos son una forma de inversión, como podría ser un plazo fijo o la compra de acciones. La particularidad de los bonistas es que operan con el Estado, con fondos públicos”. Lo que ocurre es que ese 7 por ciento de fondos especulativos financieros, como el NML de Paul Singer, no operan con la reglas de juego del mercado de deuda, donde, como bien señaló Alfredo Zaiat, “se gana y se pierde con apuestas más o menos arriesgadas con el sube y baja de las cotizaciones”. No, los fondos “buitres” o holdouts, operan judicializando el cobro de esos bonos comprados a precio vil. Es decir, se mueven por fuera de las operaciones bursátiles de cobro en el mercado de pago de los bonos soberanos en donde intervienen la oferta y la demanda, expresiones clásicas de la libertad de mercado. Los holdouts lo hacen por vía judicial amparándose en el poder de su riqueza especulativa y financiera que tiende lazos de fuerte unión con, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, representantes del Partido Republicano y también sobre sus magistrados. Ejemplo de ello es la decisión judicial del Juez Thomas Griesa.
Pero volvamos al punto nodal de la judicialización. Ya explicamos la operatoria por fuera del mercado de pago de deuda. Entonces resta saber por qué el cobro, o el reclamo rapaz de estos fondos especulativos, fue judicializado en Estados Unidos de Norteamérica.
Bien, es simple: Porque los abogados de esas poderosas financieras presentaron allí una denuncia contra el Estado Argentino acusándolo de negarse a pagar la deuda, es decir, declarándolo un Estado “rebelde”. Y es entonces cuando hace su aparición estelar el juez Griesa, llevando adelante la causa para con su fallo afirmar su estilo norteamericano de defensa de la propiedad privada y los derechos adquiridos.
Llegada esta instancia, y confirmado el fallo del juez Griesa, el escenario es el peor de todos los panoramas contemplados.
La decisión Final
El lunes 16 de junio último, La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, la cual había convalidado a su vez el fallo del Juez de nueva York, Thomas Griesa, obligando a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares
El fondo financiero especulativo (holdout) NML (Paul Singer) compró en 2008 bonos defaulteados, emitidos durante el Blindaje y el Megacanje, operaciones financieras realizadas por el gobierno de la Alianza, por 42 millones de dólares, y en 2014 obtuvieron un tasa de retorno del 1608% de ganancia, elevándose el valor de esos bonos a más de 800 millones de dólares a la fecha. El fallo del juez Thomas Griesa obliga a la República Argentina a pagarle 1330 millones de dólares cash al 1% de los fondos buitres, es decir a NML. Esta extorsión especulativa permite que el 7% restante de los buitres o "pequeños fondos especulativos de inversión" ( Aurelius, Blue Angel por ejemplo) reclamen el pago de los bonos basura que obtuvieron cuando se defaulteó la deuda en 2001 (Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá), con lo que la Argentina debería pagar 15 mil millones de dólares, es decir, más de la mitad de la reservas del BCRA. De nuevo: La Argentina realizó dos re-estructuraciones de la deuda: en 2005, con una aceptación del 76 % de los bonistas, y en 2010, con el 92%. En cualquier re-estructuración de deuda privada alcanza con el 66% del acuerdo de los acreedores para comenzar con los pagos.
El fallo del juez Griesa revela que la justicia Norteamericana no es una institución independiente como declaran los defensores del “republicanismo” local. La justicia es permeable al lobby de los holdouts que buscan forzar el default técnico para poder cobrar los seguros contra default de la deuda argentina que les permita cobrar el 100% si en 2015 asume la conducción del país un gobierno “más amigable” con los mercados.
El fallo y su fecha no es casual, y este cronista cree en la premeditación del fallo. Un dato, para convalidar esta hipótesis, es cómo entra en danza la Cláusula RUFO. La cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en las re-estructuraciones. Esta cláusula vence en diciembre de 2014 y debido al fallo del juez Griesa, puede activar demandas similares por parte del 93% de los bonistas que ya ingresaron al canje. Así, el no cumplimiento del fallo permite a los buitres cobrar los seguros contra default hoy y esperar, tienen todo el tiempo que el mundo de la especulación les ofrece, a que en 2015 un gobierno pro- mercados financieros internacionales, les pague el 100% fallado por Griesa
Como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "No se trata de una disputa jurídica ni legal sino de la discusión de un modelo de negocios, que si prospera va a producir tragedias inimaginables, en las que ya no será necesario explotar a nadie sino contar con gobiernos dispuestos a negociar comisiones desorbitantes".
Ante un panorama de fuerte preocupación por el destino de la República, el economista del PRO Carlos Melconian, uno de los adoradores locales del mercado especulativo-financiero que junto a los medios masivos de comunicación concentrados, viene tramando vastas y potentes campañas de desprestigio contra los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, manifestó: "Yo me opongo a que a esto se lo llame buitres porque hay montones de tipos que no hicieron juicio, algunos sí, otros no, fueron al canje, eran tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar". Pero Melconián fue más allá y enfatizó: “Se los llama buitre para pegarle, no hay ninguno en la oposición que tenga huevos y pelotas para explicarlo así". (Fuente Telam )
El Fallo de la Corte de Apelaciones y la medida cautelar
El 18 de Junio último la agencia de noticias Reuters informó: “La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York levantó el miércoles la medida cautelar que le evitaba a Argentina pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores de deuda incumplida. La decisión se conoce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el lunes una apelación de Argentina y en momentos en que el Gobierno del país austral se prepara para negociar ante el juez Thomas Griesa con los acreedores que no aceptaron reestructuraciones en el pasado.”(Reporte de Nate Raymond; editado en español por Nicolás Misculin)
Aceptar la posición extorsiva de los holdouts, ratificada por el fallo de la Suprema Corte de Justicia Norteamericana, es aceptar negociar bajo las condiciones por ellos impuestas y esto es de imposible cumplimiento porque lo que se busca es empujar a la Argentina a una situación default y quiebra de la República por caída de todo el andamiaje económico de restructuraciones de la deuda elaborado desde el 2005 a la fecha.
El ciclo actual de dinero- más dinero- más más dinero (estadio superador del ciclo descripto por Carlos Marx: dinero- mercancía más dinero), nos enfrenta con un problema a nivel global de las soberanías territoriales. Como señaló el diputado nacional Eric Calcagno: “Se dirime saber si la fuente de la soberanía reside en el pueblo o en el sector financiero predatorio de la economía real. El fallo tiende a la exclusión de la Argentina”.
La discusión sobre si es válido o no el pago de la deuda se torna, ante el panorama mundial y el descrito en este artículo, como una ucronía que remite más a las sociedades rurales precapitalistas que al mundo real en el que vivimos. Y esa realidad marca que en la Argentina se desarrolla una batalla de características globales contra los fondos especulativos financieros.
*Periodista. Director de la Revista La Tecl@ Eñe
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