Una historia que se repite Por Ricardo Ragendorfer

La construcción del miedo y el acto de elegir un enemigo público (como, por ejemplo, los pibes chorros) son tareas necesarias e ineludibles para algunos dirigentes.

La propuesta de restaurar el Servicio Militar Obligatorio –derogado por el gobierno de Carlos Menem luego del asesinato del soldado Omar Carrasco en un regimiento de Neuquén– fue una iniciativa del intendente massista de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, y mereció la inmediata adhesión del senador provincial del FPV, Mario Ishii. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, deslizaba la posibilidad de vehiculizar el asunto a través de una consulta popular. Un asunto, por cierto, nunca mejor resumido que por Ishii: "Para quien no trabaja ni estudia y duerme hasta las 2 de la tarde, servicio militar." Una situación generalizada que –según el planteo– arrastra a sus protagonistas al mundo de "las drogas y el delito".

Ya se sabe que semejante proyecto generó una oleada de rechazos; desde voces del oficialismo –como las del ministro de Defensa Agustín Rossi, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y el gobernador Daniel Scioli– hasta el líder del PRO, Mauricio Macri, pasando por el general Martín Balza, entre otras personalidades. Todos ellos coincidieron en tres ejes argumentales: el reclutamiento forzoso no resuelve los conflictos sociales, estigmatiza a los jóvenes de clase baja y, además, es una medida sencillamente anacrónica. Todo muy correcto, aunque poco abarcativo.

En cierto aspecto, este debate se asemeja al que hubo hace apenas unas semanas sobre los beneficios y las contraindicaciones del acto de linchar a quienes actúan por fuera de la ley. Por un lado, los partidarios del método basaban su discurso en las siguientes tesituras: "La gente está cansada" y "Hay un Estado ausente". En las antípodas de tal pensamiento, hubo por aquellos días una profusión de frases alrededor del siguiente concepto: "La justicia por mano propia no es justicia". Apenas una tímida manera de decir que agruparse en una horda para patear a una persona hasta la muerte es un recurso inconducente y poco republicano. Como si en la "parte sana" de la población no hubiera un gen criminal.

Algo similar ocurre con el debate acerca de la vuelta a la "colimba". Sus detractores, si bien advierten la matriz autoritaria de la cuestión, no toman en cuenta su naturaleza absolutamente imbécil. Porque brindar instrucción militar a muchachos en conflicto con el Código Penal no es, lo que se dice, una idea brillante. ¿Pretenden acaso perfeccionar su puntería?

No obstante, es de suponer que esa idea no fue fruto de un exabrupto por parte de sus hacedores. Contrariamente, todo indica que estos actuaron en base a un corpus estadístico debidamente elaborado a tal efecto.

De hecho, una encuesta elaborada por el portal de noticias MDZ arrojó cifras elocuentes: el 84% de los sondeados está de acuerdo con el Servicio Militar Obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan. El 83% está de acuerdo con que ello contribuirá al restablecimiento del orden social. Y el 70% privilegia esta solución ante otras, como los subsidios educativos y la realización de tareas comunitarias.

Ya hace años, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos acuñó el concepto de "fascismo societal". Un fenómeno diferente a los procesos que durante la primera mitad del siglo XX condujeron al poder en Europa a sectores ideológicos de ultraderecha.

Por el contrario, en este caso no se trata de un régimen político articulado desde el Estado sino una manifestación social, pluralista y civilizatoria, cuyo fin consiste en desplegar el estadio salvaje del capitalismo, pivoteado por grandes y poderosos actores económicos. En ese vidrioso contexto, la construcción del miedo y el acto de elegir un enemigo público (como, por ejemplo, los pibes chorros) son tareas necesarias e ineludibles. En resumen, un caldo de cultivo ideal para las ambiciones de ciertos dirigentes. Por ello, lo de la consulta popular al respecto no debe ser leído como una ocurrencia descabellada.
Aun así, reflotar la cuartelización compulsiva de adolecentes en riesgo ni siquiera es un truco novedoso.

Sería injusto omitir que el pionero indiscutido de ello fue nada menos que el ex presidente provisional Eduardo Duhalde, quien en diciembre de 2009 decoró sus aspiraciones de volver al sillón de Rivadavia con su propuesta de encomendar a la comunidad castrense la tarea de "instruir a los chicos marginados". Aquella iniciativa, en su momento, impresionó gratamente a un vasto sector del espíritu público, entre ellos, algunos taxistas y no pocos comunicadores.

Pero alguien redoblaría la apuesta: el entonces diputado salteño Alfredo Olmedo. Este sujeto supo descollar en los debates parlamentarios con su fina oratoria; al respecto, se lo recuerda cuando fundamentó su oposición a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo con las siguientes palabras: "Tengo la mente cerrada y la cola también."

No obstante, su raíz conservadora no fue en detrimento de su espíritu mundano. Tanto es así que algunas noches se lo solía ver en el sector VIP del club nocturno Cocodrilo. Tal vez allí, inspirado por el burbujeo del champán, haya elucubrado su proyecto más audaz: el retorno al Servicio Militar Obligatorio, con la finalidad –según sus dichos– de "contribuir a la defensa nacional, brindando el esfuerzo de los jóvenes y su dedicación personal".

En ocasión de presentar la propuesta en la Cámara Baja, profundizaría su alcance con elocuencia: "Lo importante –dijo– no es qué país les dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país". Su idea terminó archivada en la Comisión de Defensa.

Lo que por aquel tiempo sí resultó aprobado en el Senado fue la media sanción de un proyecto impulsado por el bloque radical y el peronismo disidente, algunos de cuyos integrantes –los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, junto con el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá– fueron sus arquitectos. En realidad el asunto no fue de su propia inventiva sino una versión copiada del programa que, a partir de 2005, implementó el gobernador mendocino Julio Cobos. Una experiencia que fracasó con estrépito, al registrarse en el lapso de un año y medio una deserción del 60% de los educandos. A su vez, el emprendimiento legislativo que inspiró, quedaría irremediablemente estancado en la Cámara de Diputados.
Ahora, sólo en el aspecto enunciativo, la historia se repite.

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