El Gobierno sigue desarrollando medidas de intervención económica en favor del sostenimiento de la actividad y el empleo, desterrando las sospechas del denominado “giro ortodoxo”. Continúa latente, al mismo tiempo, el riesgo de desbordes inflacionarios. Mientras tanto, el Senado aprobó el proyecto de regularización del trabajo informal.
Aunque combinadas con políticas económicas heterodoxas, como el plan Progresar, con un presupuesto de 11.200 millones de pesos para este año, o el programa de control de precios Precios Cuidados sobre más de 300 productos, la implementación a comienzos de año de algunas medidas de corte conservador, como la devaluación y suba de tasas de interés, llevó a gran parte de la oposición política, económica y mediática a afirmar que la política económica progresista del Gobierno se había detenido para dar paso a un “giro ortodoxo”. Pero en la reducida semana que finalizó, el Gobierno volvió a demostrar que su apuesta sigue siendo por medidas heterodoxas de intervención pública. Una de ellas fue el plan Fondear de financiamiento para inversiones, el cual destinará más de 10 mil millones de pesos a proyectos productivos y de innovación tecnológica. A este medida de aumento del gasto público, le sumo otras dos que implican menores recaudaciones, como la resolución –por medio del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias creado en 2010– de otorgar a 17 provincias una nueva prorroga hasta fines de junio por deudas de 1.789 millones al Estado Nacional, así como también de reintegrar 206 millones de pesos absorbidos por las retenciones a 10.000 productores de trigo.
Se tratan, en definitiva, de acciones de gasto público y menor recaudación destinadas a sostener los niveles de actividad y empleo, uno de los ejes centrales de la política económica que se ha desarrollado desde el 2003 a la actualidad. Y se suman a otras medidas tomadas o mantenidas este año, como el plan de viviendas Procrear, por medio del cual se están levantando 106.000 viviendas, o la entrega de aportes no reintegrables para 21 parques industriales por un total de 12,5 millones de pesos, así como una nueva línea de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FonaPyme) por 125 millones de pesos.
Por eso, pese a las demandas de gran parte de la oposición por llevar adelante un ajuste fiscal y monetario, desde el Gobierno se insiste en la necesidad de aumentar el gasto público para sostener una política económica anticíclica, con una industria afectada, en gran medida, por la abrupta baja de la demanda de automóviles por parte de Brasil, que en marzo redujo las compras a nuestro país en casi un 17% interanual. De hecho, esa situación externa fue la principal causa de que, de acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI) del Indec, la industria automotriz se haya desplomado un 25% interanual, lo que llevó en gran medida a que la industria caiga en marzo un 6% comparada con igual mes del año pasado (y 3,1% en el primer trimestre), cumpliendo así el sexto mes de descenso consecutivo (0,6% en febrero, 3% en enero, 5,6% en diciembre, 4,9% en noviembre y 1,1 % en noviembre). También incidió, en todos los casos, la reducción de la demanda local y las dificultades para importar algunos insumos.
Así, el índice el Índice de Obreros Ocupados (IOO) en la industria manufacturera, que también mide el Indec, registró en el primer trimestre del año una reducción del 1,2% interanual y de 0,3% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, de acuerdo al ministerio de Trabajo, este descenso tiene que ver con suspensiones y no despidos, ya que en base a su encuesta de Indicadores Laborales (EIL), este organismo sostuvo el pasado jueves que hasta marzo no había habido “incrementos en desvinculaciones ni en volúmenes de despidos de trabajadores”. De todas formas, el EIL sólo mide trabajos registrados, por lo que existen dudas en relación a los trabajadores informales, que representan el 34,5% del total. En este sentido, la media sanción que el Senado, con amplio apoyo opositor, le dio al proyecto para incentivar su registro puede ser un primer avance para restituir derechos y mediciones precisas, sobre los mismos.
Lo cierto es que aún resta saber cuál será el resultado de continuar apostando a una política keynesiana de aumento del gasto público y flexibilidad en la emisión monetaria para sostener los niveles de ocupación. La alternativa de llevar adelante un verdadero ajuste ortodoxo y de destrucción de empleos, parece estar descartada por el Gobierno, lo que implica, también, el riesgo de mayores subas inflacionarias, que terminarían impactando también en el nivel de actividad y empleo. Según diversos especialistas, como del Estudio Bein & Asoc., en abril la inflación será menor a la de marzo, con lo que se experimentaría la cuarta baja consecutiva desde que, a comienzos del año, se implemento el nuevo esquema de medición del Indec (IPC-NU), pero el riesgo de subas inflacionarias continúa siempre latente con políticas de expansión del gasto. Sería la revancha para gran parte de la oposición –que reclama mayores ajustes sobre la clase trabajadora–, luego de que sus menciones al “giro ortodoxo” hayan quedado desmentidas por la realidad.
Se tratan, en definitiva, de acciones de gasto público y menor recaudación destinadas a sostener los niveles de actividad y empleo, uno de los ejes centrales de la política económica que se ha desarrollado desde el 2003 a la actualidad. Y se suman a otras medidas tomadas o mantenidas este año, como el plan de viviendas Procrear, por medio del cual se están levantando 106.000 viviendas, o la entrega de aportes no reintegrables para 21 parques industriales por un total de 12,5 millones de pesos, así como una nueva línea de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FonaPyme) por 125 millones de pesos.
Por eso, pese a las demandas de gran parte de la oposición por llevar adelante un ajuste fiscal y monetario, desde el Gobierno se insiste en la necesidad de aumentar el gasto público para sostener una política económica anticíclica, con una industria afectada, en gran medida, por la abrupta baja de la demanda de automóviles por parte de Brasil, que en marzo redujo las compras a nuestro país en casi un 17% interanual. De hecho, esa situación externa fue la principal causa de que, de acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI) del Indec, la industria automotriz se haya desplomado un 25% interanual, lo que llevó en gran medida a que la industria caiga en marzo un 6% comparada con igual mes del año pasado (y 3,1% en el primer trimestre), cumpliendo así el sexto mes de descenso consecutivo (0,6% en febrero, 3% en enero, 5,6% en diciembre, 4,9% en noviembre y 1,1 % en noviembre). También incidió, en todos los casos, la reducción de la demanda local y las dificultades para importar algunos insumos.
Así, el índice el Índice de Obreros Ocupados (IOO) en la industria manufacturera, que también mide el Indec, registró en el primer trimestre del año una reducción del 1,2% interanual y de 0,3% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, de acuerdo al ministerio de Trabajo, este descenso tiene que ver con suspensiones y no despidos, ya que en base a su encuesta de Indicadores Laborales (EIL), este organismo sostuvo el pasado jueves que hasta marzo no había habido “incrementos en desvinculaciones ni en volúmenes de despidos de trabajadores”. De todas formas, el EIL sólo mide trabajos registrados, por lo que existen dudas en relación a los trabajadores informales, que representan el 34,5% del total. En este sentido, la media sanción que el Senado, con amplio apoyo opositor, le dio al proyecto para incentivar su registro puede ser un primer avance para restituir derechos y mediciones precisas, sobre los mismos.
Lo cierto es que aún resta saber cuál será el resultado de continuar apostando a una política keynesiana de aumento del gasto público y flexibilidad en la emisión monetaria para sostener los niveles de ocupación. La alternativa de llevar adelante un verdadero ajuste ortodoxo y de destrucción de empleos, parece estar descartada por el Gobierno, lo que implica, también, el riesgo de mayores subas inflacionarias, que terminarían impactando también en el nivel de actividad y empleo. Según diversos especialistas, como del Estudio Bein & Asoc., en abril la inflación será menor a la de marzo, con lo que se experimentaría la cuarta baja consecutiva desde que, a comienzos del año, se implemento el nuevo esquema de medición del Indec (IPC-NU), pero el riesgo de subas inflacionarias continúa siempre latente con políticas de expansión del gasto. Sería la revancha para gran parte de la oposición –que reclama mayores ajustes sobre la clase trabajadora–, luego de que sus menciones al “giro ortodoxo” hayan quedado desmentidas por la realidad.
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