Por Lucas Bilbao y Ariel LedeCapellán hablándole a los soldados. Foto publicada en la revista Gente, diciembre de 1975
La represión a la guerrilla en el monte tucumano empezó en febrero de 1975. Unos 4.000 efectivos enfrentaron a no más de 200 guerrilleros del ERP. Más de 40 capellanes castrenses ofrecieron entre 1975 y 1976 dos poderosas armas: el convencimiento a los militares de que la lucha era justa y la “asistencia espiritual” in situ.
Pasaron 40 años de una decisión política que constituyó uno de los primeros hitos del terrorismo de Estado en Argentina: el “Operativo Independencia”, el plan militar contra la guerrilla rural en Tucumán, iniciado en febrero de 1975. Un actor protagónico en ese proceso fue la Iglesia Católica, que justificó públicamente la “lucha antisubversiva” y envió capellanes militares a la “zona de combate”.
El cierre de ingenios azucareros decretado por la dictadura de Onganía había provocado en la provincia un deterioro de las condiciones de vida, desocupación y emigración. En ese contexto, fueron ganando protagonismo fuerzas opositoras como la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La radicalización política se manifestó en acciones como el “Tucumanazo” en 1970, el “Quintazo” en 1972, y la apertura en 1974 del primer frente de guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del PRT. A partir de la toma de la localidad de Acheral en mayo de ese año, la guerrilla alcanzó visibilidad nacional.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón, progresivamente penetrado por la interna militar, implementó desde 1974 una serie de operaciones tendientes a desplazar al sector más radicalizado del peronismo y a las vertientes de izquierda que tenían legitimidad en el movimiento obrero, como el “Navarrazo” en Córdoba, el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” y el “Operativo Independencia” en Tucumán. Mientras, clandestinamente la Triple A cumplía una función similar a las órdenes del ministro José López Rega.
1975 fue el año de la creciente gravitación de las Fuerzas Armadas en las decisiones políticas del gobierno constitucional. Significó para los militares la oportunidad de apoyarse en la crisis política y económica como trampolín para volver a erigirse como los únicos capaces de gobernar el país. En ese marco, el peronismo en el poder encontró en el Operativo Independencia uno de sus primeros intentos de sostener la gobernabilidad convocando a todos los sectores a unirse contra la “subversión”. Al mismo tiempo, la intervención militar obtuvo rápidamente un amplio consenso por parte de la sociedad civil.
El decreto presidencial 261, de febrero de 1975, ordenó “ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. En otras palabras, terrorismo de Estado bajo cobertura legal: 4.000 efectivos enfrentaron en el monte tucumano a no más de 200 guerrilleros del ERP, además de los obreros organizados en los sindicatos del azúcar y cualquier activista citadino que pusiera en discusión los valores nacionales y cristianos.
El Operativo Independencia fue la primera intervención masiva de las FFAA en el exterminio de opositores políticos. Constituyó un “ensayo” de la práctica genocida que meses después se extendería al territorio nacional: inauguró los primeros centros clandestinos de detención, aplicó la tortura en los interrogatorios y la desaparición forzada de personas.
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