El mundo no estaría leyendo los diarios tradicionales de la Argentina: hay que avisarles urgente a chinos y rusos, pero también a estadounidenses y demás poderosos planetarios que algo está pasando y ellos andan distraídos, quizá mirando la entrega de los premios Oscar.
En las últimas horas nos venimos a enterar de una confabulación que incluye a agentes de inteligencia venezolanos, iraníes y cubanos bien entrenados en los quehaceres del espionaje: y lo más asombroso es que todos los senderos de la conspiración conducirían al edificio Le Parc donde apareció muerto con un tiro en la sien, el fiscal Alberto Nisman, en lo que, a priori, daría la impresión de haber sido un suicidio. En tanto, Estados Unidos en medio de semejante berenjenal de espías con turbantes y guayaberas, ablanda su relación con La Habana, y hasta se sienta en una mesa de negociación con Teherán. Qué alguien le avise a Obama. Estaría algo disperso.
Lo mismo sucedería con Putin. Pero sobre todo con el mandatario chino Ji Xinping, que anduvo firmando acuerdos estratégicos y multimillonarios con la presidenta de un país llamado Argentina, gobernado por un "liderazgo delirante" y desequilibrado.
Un disparate.
Ahora bien: sería una buena obra del teatro del absurdo si no se tratase de un guión lanzado al ruedo por sectores que influyen de manera determinante en la construcción social de sentidos, en la agenda pública. Medios y dirigentes.
La respuesta a la carta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que analizó políticamente la movilización del 18F que cubrió unas cuantas calles céntricas, en pleno ejercicio de su derecho democrático de manifestarse, fue replicada con descalificaciones hasta de índole personal. Una vez más, a la argumentación política (con la que se puede estar de acuerdo o no, de eso se trata la vida en democracia) se le respondió con un ataque que barrunta bosta: en una extensa carta Cristina definió el sentido político de la manifestación encabezada por fiscales de la Nación que deben perseguir justicia, como el "bautismo de fuego del Partido Judicial". Y dio sus argumentos. Son públicos.
Cuando la mandataria definió al 18F como una expresión opositora apuntó, entre otras consideraciones, al entramado de intereses que se funden en ese difuso espacio donde el poder real, omnipresente, convive en armonía con una justicia clasista, patricia, garantista pero de las prerrogativas; esa familia corporativa que no dudaría de tirar del mantel si viese afectado sus privilegios. Privilegios y cargos vitalicios que no se respaldan en las urnas del sufragio ciudadano.
Cuando Cristina se refirió al "Partido Judicial" señaló a la corporación que cajonea causas fundamentales, o dilata otras especulando al infinito con cautelares que frenan leyes; corporación que puede declarar inconstitucional hasta acuerdos internacionales ratificados por otro poder del Estado, el Legislativo, que al igual que el Ejecutivo, sí es elegido por el voto popular.
Esa corporación es la que reinterpretó una tragedia de dimensión socialmente conmocionante como fue la dudosa muerte de un fiscal, que días antes de desplomarse en el baño de su departamento de Puerto Madero había regresado de Europa de manera imprevista –incluso para su familia– para denunciar a la presidenta de los argentinos de ser la mentora de un pacto de impunidad, votado por el Parlamento, a favor de los iraníes acusados de atentar contra la AMIA. Una denuncia que con Nisman vivo no tuvo ni fuerza para levantar la feria judicial de enero (Servini de Cubría lo descartó en su momento); pero con Nisman muerto derivó en esto que se asemeja bastante a una operación multisectorial de envergadura.
Un breve repaso: en pleno enero, días después de la masacre de Charlie Hebdo, y un mes más tarde de que fuese descabezada la ex SIDE, Nisman denunció a Cristina de estar aliada al "terrorismo internacional". Diputados opositores tomaron sus dichos e invitaron al fiscal al Congreso, con las legisladoras macristas Patricia Bullrich y Laura Alonso como principales impulsoras del encuentro en el Parlamento. (Es necesario recordar que el macrismo fue la fuerza que eligió al ex comisario de la Federal Jorge "Fino" Palacios como jefe fundador y creador de la Metropolitana. Palacios está imputado y preso por presunto espionaje de, entre otros, familiares de víctimas del ataque a la AMIA, y además, acusado en la causa por encubrimiento del atentado a la mutual judía, cuyo juicio oral está demorado por… la justicia).
Nisman fue hallado sin vida horas antes de ir al Congreso. La investigación de su muerte avanzó y sigue a paso firme. Pero sus colegas, fiscales (algunos acusados de retardar la causa AMIA) y otros funcionarios judiciales, en vez de acompañar sin presiones la actuación de su colega la fiscal Viviana Fein, organizaron un acto en homenaje a Nisman que, como toda manifestación pública de impacto social, es un acto político. Lo que debería traducirse, entonces, en: funcionarios judiciales como protagonistas políticos, que además contaron con el superlativo aval de medios hegemónicos y de dirigentes opositores. (Mención aparte merece la desafortunada definición del diputado y precandidato presidencial Sergio Massa al referirse al 18F como un "golpe de esperanza").
En ese contexto, donde se descalifica la definición política de la presidenta, donde el fiscal federal Gerardo Pollicita ignora la invitación del Congreso a contar por qué imputó a la jefe de Estado por un acuerdo votado en el Parlamento, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cúspide del Poder Judicial, ese mismo 18F recibió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa, en lo que debería haber sido un encuentro privado pero que se hizo público. ¿Privado o público cambia el sentido? En la reunión el jefe del máximo tribunal y la magistrada habrían conversado, según trascendió, sobre "el desarrollo de la investigación y su preocupación por la búsqueda de la verdad sin condicionamientos en esta causa". ¿Lorenzetti lo hará con cada querellante que se lo pide? ¿Fein se habrá sentido condicionada al enterarse de la reunión? Y algo más: ¿Arroyo Salgado le habrá comentado a Lorenzetti –como publicó ayer Clarín– que quiere a jueces internacionales en la causa por la muerte de su ex marido? Si es así: ¿la magistrada no confía en la justicia argentina? Sería paradojal.
Cristina hizo público su análisis político. Habló de "Partido Judicial" y dio sus razones. La composición de ese partido tendría objetivos, jerarquías y, por ende, un jefe.
En tanto, el titular de la Corte realiza gestos que trascienden a la opinión pública y es testigo silencioso de cómo funcionarios judiciales realizan marchas políticas. ¿A qué juega Lorenzetti?
Por ahora, su silencio parece decir demasiado.
PD EL QUE CALLA OTORGA
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