Impunidad en Bahía Blanca e indiferencia del Consejo de la Magistratura

La Cámara Federal desprocesó al obispo Garlatti. La corporación judicial logró frenar las causas que investigan la participación de civiles en el terrorismo de Estado. La causa Massot cumple 80 días sin juez, ante el silencio del Consejo de la Magistratura.

Por Diego Martínez

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento del obispo Guillermo Garlatti, imputado por encubrir al fallecido ex capellán Aldo Vara mientras estaba prófugo en Paraguay. Los jueces Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes consideraron una “inconsecuencia” que ante el pedido de un juez no informara sobre el subsidio que la Conferencia Episcopal le pagaba al reo, pero prefirieron confiar en su palabra durante la indagatoria, cuando dijo que "nunca imaginó" que el dato fuera relevante para encontrarlo. El fallo se da en un contexto de parálisis de las causas locales contra civiles acusados por delitos de lesa humanidad, producto de la artera maniobra que tuvo por caras visibles a los secretarios Santiago Ulpiano Martínez y Mario Fernández Moreno, y como beneficiarios al empresario Vicente Massot y al abogado Hugo Sierra. El ardid le permitió al director de La Nueva Provincia apartar al juez que debía pronunciarse sobre su situación procesal, Alvaro Coleffi, confinado desde entonces al ostracismo y con un sumario a cargo del camarista Néstor Montezanti, activo ex agente del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército. El proceso que prolonga la impunidad de Massot es posible además por la indiferencia del Consejo de la Magistratura, órgano al que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani informaron a principios de diciembre de la "gravedad institucional" del caso y que ya lleva casi tres meses de silencio sobre una causa penal que no tiene juez  y tiene como imputado a uno de los mayores íconos de la participación civil en el terrorismo de Estado.

Garlatti y el empresario Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, habían sido procesados por Coleffi, el primer magistrado de Bahía Blanca que se animó a avanzar contra los civiles que actuaron a la par de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. La Cámara, al revertir esa resolución, le concedió al obispo que el dato sobre el subsidio "no fue requerido expresamente", que Vara ya lo recibía cuando Garlatti asumió y que no tiene “injerencia" en su "manejo u otorgamiento". En el caso de Bochile, que mes a mes cobraba en nombre de Vara, argumentó que no se acreditó "el destino de lo percibido", léase que la plata llegara al ex capellán, a quien la Iglesia católica daba cobijo en una parroquia de Asunción. El fiscal Alejandro Cantaro anticipó a fiscales.gob que apelará ambas faltas de mérito.

A diferencia de la causa Vara, que concluyó con la muerte del capellán cuando comenzaba el proceso de extradición, la que investiga el rol de los dueños de La Nueva Provincia al servicio del genocidio y en los asesinatos de los dirigentes gremiales que osaron enfrentarlos sorteó infinitos obstáculos y llegó hasta la indagatoria de Massot. El 28 de noviembre, un día después de que los fiscales aportaran 600 páginas con nuevas pruebas y ratificaran el pedido de detención y procesamiento, sobre el que debía pronunciarse Coleffi, Fernández Moreno presentó un oportuno escrito que le permitió al abogado del empresario recusar al juez. El secretario no denunció nada: sólo escribió que le producían “violencia anímica y moral” las reuniones del juez con los fiscales pese a que se hacían en su despacho, en horario judicial, a la vista de los empleados, anunciándose en mesa de entradas y de las que él mismo participó, un original modo de sembrar sospechas a partir de actos lícitos y habituales para prepararle el terreno al defensor formal de Massot.

Obligados a pronunciarse, Nebbia y Palazzani advirtieron que no responderían “cinismos ni hipocresías”, denunciaron que la alegada “preocupación” de Fernández Moreno era “la evidencia más cabal --ahora visibilizada por no quedarles otro remedio-- de una estrategia defensista de Massot y Sierra”, y llamaron la atención sobre la doble vara del secretario, a quien no perturban los tours enófilos de Martínez con el camarista Candisano y el fiscal Cantaro, que difunden sus fotos en Facebook pese a que son jueces y partes. Tanto los fiscales como Coleffi al aceptar la recusación no dudaron en asociar la maniobra con Martínez, quien como juez subrogante jugó a favor de todos los acusados. En los casos de Sierra y del ex juez Francisco Bentivegna se apartó por ser amigos (con Sierra toma mate en su oficina). En los de Vara y La Nueva Provincia no encontró delitos y rechazó las acusaciones. También se negó a investigar delitos sexuales en cautiverio alegando que no fueron “parte o finalidad esencial” de la empresa genocida. Cuando la Cámara revirtió sus resoluciones debió apartarse y entró en juego Fernández Moreno, hijo del ex camarista Augusto Fernández, quien antes de jubilarse excarceló a 36 represores. Como premio al esfuerzo, el diario La Nación le obsequió espacio al servicial Martínez, quien elogió su “actividad proactiva” (sic) y la contrastó con el “entorpecimiento de la investigación” por parte de los fiscales, no sólo los actuales sino también el antecesor Abel Córdoba y hasta al ex fiscal Hugo Cañón, el único del país que exigió la inconstitucionalidad de la obediencia debida y los indultos.

Pero no por obscena la jugada dejó de ser eficaz: Coleffi no pudo pronunciarse sobre la responsabilidad de Massot, que sigue libre e impune, y la causa quedó sin juez. En diciembre la Cámara eligió por sorteo de una lista de abogados a Claudio David Pontet. Los fiscales cuestionaron su nombramiento como juez ad hoc por contrariar la ley que establece que en caso de subrogancia prolongada debe ser el Consejo de la Magistratura el encargado de la designación y por antecedentes que permiten dudar de su imparcialidad: fue compañero de trabajo de Gloria Girotti (imputada por los mismos hechos que Sierra, sobre cuyo caso debía pronunciarse), fue durante ocho años asesor del municipio, desde donde benefició a Massot con una pauta de publicidad desproporcionada respecto al resto de los medios locales, y defiende a su tío ginecólogo Jorge Rubén Pontet, acusado por un joven nacido en 1976 de haber intervenido en su venta cuando era un bebé.

Tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara Federal de Casación Penal y la secretaría de derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia están al tanto de la multiplicación de obstáculos en las causas de Bahía Blanca a partir de la imputación contra Massot. El 3 de diciembre último el Ministerio Público detalló al Consejo “la coordinación” entre Martínez y Fernández Moreno para obstruir las investigaciones y alertó que ponían “en peligro el proceso de investigación y juzgamiento”. Luego lo anoticiaron de la recusación de ambos, de una denuncia penal contra Martínez por negarse a indagar a represores que para peor están libres, del pedido de nulidad de la designación de Pontet y de la necesidad de que el Consejo asuma su responsabilidad de designar a un juez subrogante. Transcurridos casi tres meses, el Consejo de la Magistratura guarda silencio.

(*) Publicado en el sitio Bahía Gris, que reúne “Memorias sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta” a partir de un “trabajo colectivo de reconstrucción de la historia local del genocidio”.