Por Ailín Bullentini
El titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, y su número dos, Juan Martín Menna, denunciaron a Antonio Stiuso y otros dos ex agentes por “contrabando agravado y evasión tributaria”. Stiuso, ex director de Operaciones de la SI, señalado como uno de los principales informantes del fiscal Alberto Nisman, fue acusado de integrar una red delictiva que se valía de los regímenes especiales que por ley tiene ese organismo “en beneficio propio”. “Se trata de una cuantiosa maniobra de contrabando perpetrada desde la Secretaría de Inteligencia por un sector de sus funcionarios en perjuicio del Estado y valiéndose del paraguas protector de la ley”, dijo Parrilli en una conferencia de prensa que protagonizó junto con Menna. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Penal Tributario número 3, a cargo de Rafael Caputo.
Anteayer, la cúpula de la SI demandó a Stiuso y a los ex espías Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio por la importación de casi cien toneladas de mercadería de naturaleza desconocida y libre de impuestos entre 2013 y 2014, a los que no se les encontraron “área o sector de destino” dentro de la SI. Se trata de “personal de la Dirección de Operaciones que dependía del señor Stiuso”, puntualizó Parrilli y aseguró que “hasta ahora” no encontraron “ningún elemento” que indique que las áreas superiores tenían conocimiento de la cuestión. La demanda los acusa de contrabando agravado y evasión fiscal, delitos que implican penas de entre cuatro y diez años de prisión. También solicita a la Justicia “medidas tendientes” a desarrollar con rapidez la investigación “para la sanción que corresponda a los responsables de este delito en perjuicio del Estado, que no es sólo un simple contrabando, sino que además se llevó a cabo utilizando prerrogativas y beneficios que la ley otorga a funcionarios en beneficio propio”, se explayó Parrilli, desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada.
Los funcionarios informaron que, además de los tres ex agentes, “hay personal de la Aduana comprometido en este contrabando”, así como “comerciantes civiles: fleteros y comerciantes que han adquirido esta mercadería”, apuntó el secretario. Según determinó, hay veinte firmas importadoras involucradas. El titular de la SI opinó que la investigación debería indagar sobre la compra de la mercadería denunciada: “A esos proveedores, ¿quién les pagó? No fue la SI, no hay ninguna constancia” de eso, apuntó.
Entre las medidas de prueba solicitadas, la SI le propuso a Caputo que libere exhortos internacionales a los organismos de Comercio de los países de origen de la mercadería importada “para que colaboren con la investigación y nos ayuden a conocer el contenido de los containers” objeto del contrabando.
Parrilli añadió que ordenó “medidas correctivas” dentro de la SI destinadas a “asegurar que esto no ocurra más”: ordenó el inicio de sumarios administrativos, la suspensión preventiva durante 60 días de empleados que aún integran la planta de la SI y que estarían involucrados en el delito. En ese sentido, recalcó que la maniobra denunciada “se ha cortado”. “Esta medida se enmarca dentro del proceso de transparencia de todo el sistema de inteligencia que se está llevando a cabo”, agregó Menna.
Los hechos
De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, cuya reforma se tratará hoy en la Cámara de Diputados, y con decretos complementarios, la SI cuenta con una “prerrogativa especial” que le permite la importación de mercadería sin tributar impuestos de ningún tipo y bajo régimen de confidencialidad. Es decir: puede comprar bienes a otros países y retirarlos de la Aduana sin abonar un solo peso al fisco y sin que nadie controle de qué mercadería se trata. Según informaron ayer las autoridades de la SI, descubrieron que entre 2013 y 2014 se importaron, bajo estos beneficios, 94 toneladas de mercadería indefinida cuyo destino dentro del organismo es “incierto”. “Hay 67 operaciones que hasta ahora hemos detectado por las que no se pagó ningún tipo de arancel y no están afectadas a la Secretaría de Inteligencia. Por esas toneladas no se han pagado derechos y no sabemos qué es, aunque presumimos algo, ni adónde fueron.” Los funcionarios aseguraron que el análisis de datos continúa “sobre años atrás para ver la magnitud de esta maniobra” y si “sucedió lo mismo en años anteriores”.
Si bien las cargas denunciadas como objeto de la maniobra de contrabando pudieron ser ingresadas al país, como el resto de las operaciones del estilo que lleva a cabo la SI, sin que ningún funcionario de Aduana pudiera determinar su naturaleza, alguna documentación –guías de embarques, por ejemplo– permitió determinar la naturaleza general de los containers. Así se logró saber que desde Japón llegó “equipamiento para medicina”, “instrumentos electrónicos” llegaron desde China y “componentes electrónicos” desde Miami. “Que sepamos, no tenemos mucho equipamiento médico en la Secretaría, pero bueno”, ironizó Parrilli. “En la mayoría de los documentos había sólo una simple referencia, que consignaba ‘material técnico secreto’”, apuntó Menna. Algunas cargas venían catalogadas desde origen y fue la actividad de esas compañías lo que permitió atribuir la presunta naturaleza del material enviado: material oftalmológico en un caso, juguetes electrónicos, como consolas de videojuegos, en otro.
La difusión pública de la denuncia que las máximas autoridades de la SI presentaron el lunes en la Justicia penal estuvo acompañada de una serie de filminas que exhibieron parte de la documentación que respaldó la demanda contra Stiuso, Patrizio y Mercado. Entre los papeles figuraron constancias de comunicaciones entre funcionarios aduaneros y de la secretaría que acreditan la participación de los denunciados. Las cargas “venían a nombre de Antonio Stiuso, de la Secretaría de Inteligencia o de Presidencia de la Nación. Estaban muy confundidos los roles entre el señor Stiuso y la secretaría”, aclaró Parrilli.
Los bienes que componen el contrabando denunciado provinieron mayormente de Estados Unidos: el 84 por ciento “precisamente de Miami y San Francisco”, detalló Parrilli. El resto, del Reino Unido, Holanda, China, Corea, Japón y Brasil.
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