Sin plata para las villas

Por Werner Pertot

Entre 2008 y 2013, el gobierno de Mauricio Macri utilizó sólo el 46 por ciento del dinero que tenía disponible para urbanizar las villas. Tomando una población de 200 mil personas, la gestión PRO invirtió 514 pesos por cada habitante de las villas y asentamientos. Ese dinero representa un poco más del 4 por ciento de todos los fondos ejecutados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en toda la gestión de Macri. En el presupuesto general también cayó la participación del dinero destinado a las villas, del 1,1 por ciento se redujo a un 0,7 por ciento en 2014. Los números provienen de un informe del legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli. Mientras tanto, los directivos del IVC gastaron tres millones de pesos en una consultora que replica tareas que podría hacer el organismo público. También utilizaron otros dos millones en una contratación “de emergencia”, que se autorizó luego de hecha una demolición de 27 casillas.

Desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, diversos dirigentes opositores y ONG denunciaron la reducción de las partidas de Vivienda, ya sea por subejecución de fondos o por recorte liso y llano. Medio millón de personas sin vivienda digna, el triple de habitantes de las villas con respecto a 1991, cerca de dos mil personas en situación de calle: éste es el telón de fondo de algunos de los gastos que hace el IVC.

Una consultora con historia

Por contratación directa y sin licitación, el IVC contrató a Syasa Argentina S.A. por 3.484.000 pesos para “el diagnóstico, seguimiento y control de las obras pertenecientes al IVC”. Se trata de una facultad que ejercía la gerencia técnica del IVC, pero que de esta forma se delegó en un privado. El dictamen por el que se aprueba la contratación directa lo firma el gerente general Ivan Kerr, quien dice que “resultaría conveniente a los fines de este Organismo continuar con los servicios encomendados a la firma Syasa S.A., proponiendo para ello la contratación directa por exclusividad de la misma”. El documento es de 2013, pero ya le extendieron el contrato hasta mediados de este año. “Es una empresa que se especializa en auditoría de obra. Esa especialidad no la teníamos en la gerencia técnica. Revisamos los contratos de 18 empresas que estaban hace muchos años. Nos trajo una reducción de costos”, se defiende el presidente del IVC Emilio Basavilbaso ante Página/12.

Pero Seminario y Asociados (o Syasa S.A.) es una empresa con historia con el gobierno de Macri. El presidente de la consultora es Rodolfo Seminario, un ex director de la constructora del Grupo Roggio. El ingeniero, de 75 años, vive en Puerto Madero y está inscripto ante la AFIP como monotributista con ingresos hasta 144 mil. La gestión PRO la contrató también para auditar el plan de obras de restauración del Teatro Colón. “Se hizo una gran cantidad de contratos separados, pero luego había que juntarlos y, cuando el gobierno vio la situación, buscó a alguien que los aglutinara”, le explicó Seminario a la revista Mercado.

El gerenciamiento privado de las obras del Colón se hizo a través de un decreto que lleva la firma de Macri (decreto 97/12) y que le costó a la Ciudad la bicoca de 6.469.000 de pesos. Desde entonces, la empresa aparece firmando una serie de informes técnicos que habilitan las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Daniel Chain. “Gestionamos negocios y construimos sueños”, dice en la página web del Grupo Syasa, en la que asegura que asesoran en tareas de construcción e infraestructura a nivel regional con “1.700.000 metros cuadrados de obra en ejecución”. La página menciona su participación en el Teatro Colón, pero no el contrato que tiene con el IVC.

Contratación extraordinaria

En la obra pública existen licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas. Pero para la demolición de unas viviendas de la Villa 31 que estaban linderas al Ferrocarril Belgrano sus directivos decidieron innovar. Pagaron dos millones de pesos por la demolición de 27 viviendas precarias en una “contratación extraordinaria”. Se trataba de las viviendas que estaban sobre las vías del Belgrano Cargas.

La orden de demoler la presentaron el 17 de enero de este año “con urgencia” y le dieron el trabajo a la cooperativa de trabajo Ce.Ma.Co., que conduce Oscar Remorino. El argumento por el que optaron por esta cooperativa sin proceso licitatorio alguno quedó plasmado en un documento del IVC: “Por tratarse de una zona de alta vulnerabilidad social en la cual realizar un evento de la magnitud descripta puede ocasionar graves prejuicios y alteraciones al orden social, resultó necesario realizar los trabajos mediante un procedimiento de contratación excepcional y con una cooperativa del barrio”. “Era una cooperativa del barrio –remarca Basavilbaso–. Todos los gobiernos lo hacen para dar empleo a la gente del lugar.”

La cooperativa “del barrio” presentó un presupuesto en el que no se detallan los gastos, sino únicamente el costo final. Y luego entregó una factura por 2.186.000 pesos, que fueron autorizados por el gerente de logística Gonzalo Moriola y el gerente general Ivan Kerr. La dirección que figura en la factura es Avenida Olivera 790, en el barrio de Parque Avellaneda. “Esa cooperativa tiene obras con la Ciudad y con la Nación. No se sabe cómo hace para obtenerlas, pero está facturando a lo loco”, indican fuentes que conocen el territorio de la Villa 31.

Para cuando el expediente llegó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos –señala otro documento–, “los servicios ya se encontraban prestados, por lo que a fin de no incurrir en la figura del enriquecimiento sin causa por parte de la administración pública, esta área de asesoramiento legal entiende que corresponde declarar el gasto como de legítimo abono”. Esta lógica de hechos consumados se repite en otros casos, como con el pago de 959 mil pesos a la empresa Construcciones y Servicios Buenos Aires (Coseba) por la construcción de rejas en un inmueble. La urgencia, en ese caso, provenía de un amparo.

“El IVC es hoy un organismo casi vacío de políticas públicas, que maneja pocos programas y que se dedicó a gastar dinero en marketing. Es un espacio de discusión de políticas públicas inexistentes. Subejecuta cada vez más y se dedica a publicidad del Gobierno de la Ciudad”, sostiene el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo. “He visto camionetas ploteadas con promotoras con calzas ajustadas repartiendo folletería en los bosques de Palermo”, advierte.

La contracara

Un informe del legislador José Cruz Campagnoli remarca que la participación del presupuesto del IVC sobre el total se reduce año a año: en 2008 era del 3,65 por ciento y fue bajando hasta llegar a ser el 1,6 en 2014. Está en su mínimo de toda la gestión de Macri. “El presupuesto del IVC ha sido sistemáticamente subejecutado”, destaca el informe. Entre 2008 y 2013, se gastó el 63 por ciento de lo sancionado. Dicho de otra forma, se dejó de usar el 37 por ciento del dinero que podría haber ido a viviendas sociales: una cifra que supera los 1500 millones de pesos.

En 2012 y 2013, el presupuesto total de vivienda tuvo una ejecución inferior al 50 por ciento (41,4 por ciento en 2012 y 46,8 por ciento en 2013) y hay cuatro programas del IVC que tienen niveles de ejecución menores al 55 por ciento entre 2008 y 2013. Los créditos de la ley 341 tuvieron una ejecución del 54 por ciento y vienen siendo recortados desde 2011 (tuvo una reducción del 46,6 por ciento). El programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas tuvo una ejecución del 45,97 por ciento; el de Rehabilitación de La Boca, del 41 por ciento; el de Viviendas con Ahorro Previo, del 34 por ciento.

“Dos cosas me parecen llamativas: en el medio de la problemática por las villas, el IVC destinó 223 millones de pesos en los seis años de gobierno de Macri y ejecutó 102 millones, a razón de 514 pesos por habitante”, señala Campagnoli. Tan sólo el 0,68 por ciento de esos fondos fueron destinados a los créditos para Primera Vivienda en 2012 y 2013. “El IVC destinó en estos dos años ocho millones de pesos. Y en 2014 está presupuestado cuatro millones de pesos. Si la casa vale 800 mil pesos, podés dar seis créditos por año”, grafica Campagnoli.

Además, el informe destaca que el gobierno de Macri incumple una serie de leyes para urbanizar las villas, como la Ley 403 para la 1-11-14 (nunca se creó la mesa de planeamiento participativo que estipulaba), la Ley 1333 para el barrio Ramón Carrillo (el gobierno porteño no inició ningún trabajo hasta tener dos fallos judiciales –en primera y segunda instancia– en contra), la ley 1770 para urbanizar la villa 20 (no avanzó con las obras), y la ley 3343 para las villas 31 y 31 bis, cuyo proyecto de urbanización está en la Legislatura.

En contrapartida con la falta de avance en la urbanización, el informe de Campagnoli detalla una activa participación del gobierno macrista en los desalojos, cuyos principales hitos fueron el del Parque Indoamericano –con un saldo de dos muertos– y los de-salojos en Almirante Brown 1287, en La Boca. “Macri desfinancia sistemáticamente cualquier tipo de inversión en vivienda social u organización de villas. No urbanizó nada en seis años de gobierno (salvo una manzana en el barrio Pirelli) y destina para este año el equivalente a cuatro o cinco seis créditos de vivienda”, sostiene Campagnoli. “Además, Macri habilita desarrollos inmobiliarios por parte del mercado donde se construyen viviendas suntuosas, a las que sólo tienen acceso sectores de alto poder adquisitivo”. Entre 2007 y 2013 se construyeron 111.591 viviendas, de las que el 40 por ciento fueron construcciones lujosas o suntuosas (46.143). En Villa Soldati, por ejemplo, durante todo el período 2007-2013 se construyeron 64 viviendas, mientras que en Palermo en un solo mes se hicieron 244 (diciembre de 2013).

“La resultante, en el tiempo, es un proceso de gentrificación: los sectores de menos recursos abandonan la ciudad porque es cada vez más cara, y terminan asentándose en la ciudad sectores de alto poder adquisitivo –advierte el legislador de Nuevo Encuentro–. Todo esto se hace en forma subrepticia, sigilosa, silenciosa. Por eso, la Carpa Villera le preocupa a Macri. Porque visibiliza el tema y deja al desnudo su política.”

Página 12