“Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder
...sino que se está afuera". (Papa Francisco).
La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando los argumentos de Argentina en torno al pago de la deuda con los fondos buitre y devolviendo el caso al juez neoyorkino Thomas Griesa, no un dato que deba sorprender. Aunque uno desea pensar que un mínimo de racionalidad a veces revolotea por la cabeza de los gerontes de la judicatura norteamericana, deberíamos recordar que esos personajes se encuentran ahí porque son los garantes últimos del sistema de opresión capitalista y que jamás se han distinguido por su sensibilidad social. La letra de la ley es su vara, y esa vara ha sido cortada desde sus orígenes a la medida de la oligarquía que presidió los destinos de esa nación desde su nacimiento a la fecha. Cualesquiera hayan sido las variaciones que la poderosa dinámica del capitalismo norteamericano hayan impreso en la historia de Estados Unidos, la ley abstracta erigida en valor absoluto y vendida al público como expresiva de la capacidad estadounidense para autorregularse, siempre fue funcional el carácter conservador de sus círculos dominantes. La flexibilidad de estos para adecuarse a la evolución de los hechos es otra cosa; en ocasiones han sido lo suficientemente inteligentes como para moderar su accionar en situaciones de crisis como la Depresión o la política de la igualdad racial y los derechos civiles, por ejemplo. Pero casi siempre los conservadores han encontrado en la Suprema Corte y en el Congreso los reductos últimos para rebatir las iniciativas de los presidentes que se atrevieron a intentar algunas modificaciones de fondo en el sistema. Ahí está el caso de Franklin Roosevelt, quien durante su segundo mandato fue derrotado cuando la Corte rechazó y terminó aboliéndole la NIRA (National Industrial Recovery Act), una de las herramientas claves del New Deal. Roosevelt fue obligado a batallar largamente para ampliar el número de los miembros de la Corte Suprema y atemperar así la oposición de un cuerpo que le era cerradamente hostil.
Más sorpresa debe crearnos el hecho de seguir atados a las consecuencias de la política criminal e irresponsable de los Cavallo, Menem, De la Rúa y compañía, que no solo aceptaron la deuda contraída por los regímenes militares, sino que la multiplicaron y ataron los contenciosos que podían surgir de ella al criterio de los tribunales de Nueva York, en una inconcebible y aun impune cesión de soberanía que no puede ser definida de otra manera que como una infame traición a la patria. También debería asombrarnos el silencio que respecto a ello guardan los grandes medios y los partidos de la oposición, así como las expresiones que muchos de estos vierten con motivo de la resolución de la corte norteamericana. “Hay que arreglar con los holdouts”, “hay que pagar”, “la Presidenta no ha tomado en cuenta la sensibilidad de la justicia norteamericana y la ha irritado con sus expresiones” (o palabras al mismo efecto). Y como cereza coronando el postre: “las obligaciones asumidas en un contrato pueden ser más coercitivas que la razón de Estado y cabe asumir que el poder se incline ante el derecho”. (Carlos Pagni, en La Nación). ¿De qué poder y de qué derecho se trata, nos preguntamos, si es el poder el que dicta el derecho?…
La naturaleza de la emboscada que la justicia norteamericana ha tendido a Argentina se comprueba mejor si sabemos que el juez Griesa ordenó a los bancos que no paguen los bonos argentinos en circulación y que están en manos del 97 por ciento de los acreedores de nuestro país, si previamente este no arregla con los fondos buitres. De ser así, el país entraría en default técnico en poco tiempo más. Si por el contrario se arregla con los holdouts accediendo así sea a una parte de sus demandas, el país habría de soportar una catarata de los antiguos deudores que reclamarían que se les reestructurase el pago de sus bonos de la misma manera en que se lo haría con ese 7 % por ciento en poder de los depredadores seriales que adquirieron bonos basura argentinos en 2001 casi gratis, y pretenden ahora cobrarlos por lo que valen gracias a la recuperación de la economía nacional lograda sobre el esfuerzo y el compromiso de los argentinos.
Existe una cláusula en el arreglo de la deuda externa realizado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que obliga a trasladar a la totalidad de los bonos reestructurados a cualquier mejora que se hiciera a algunos. Esa cláusula vence en diciembre del corriente año. ¿Cómo ganar tiempo hasta entonces? Las cartas están sobre la mesa y es evidente que nadie puede engañar a nadie…
El carácter perverso de la movida de la justicia estadounidense no puede disimularse. Y sirve también para definir una situación global en la cual el sistema de explotación del capitalismo financierizado quiere a las tres cuartas partes de mundo –o a la totalidad de este, si vemos como están actuando en Europa o en los mismos EE.UU.- sometido a las reglas de la exclusión y la injusticia. Una impenetrable coalición de bancos, organismos financieros, corporaciones empresarias y grandes oligopolios de la comunicación que no responden a nadie ni son votados por nadie, se ha adueñado del juego de la política global por encima de las barreras nacionales y usa a los poderes de turno como palancas para sus experimentos de ingeniería social. El Pentágono, la CIA, el MI6 y muchos otros organismos de inteligencia militar, más las castas políticas que están a su servicio, son los instrumentos de que se sirven para estructurar y dar operatividad a sus planes.
Argentina –más allá de sus defectos, errores e inconsecuencias-, ha incurrido en varios pecados capitales respecto a ese poder impersonal que se quiere hegemónico: su pasado peronista entre 1945-1955, la guerra de Malvinas y la ruptura que propuso cuando se esforzó por contrarrestar la oleada neoliberal que la había dejado sumida en la ruina a principios del siglo XXI. Desearían hacer de nosotros un caso testigo que enseñase la conveniencia de no apartarse del redil y de presumir arreglar nuestras cuentas desde nuestra propia capacidad de negociación. Aleccionando de paso a nuestro pueblo acerca del riesgo que entraña hacerse el díscolo.
Escapa a nuestros escasos conocimientos de economía pronosticar cuál será el camino por el que habremos de circular en los próximos meses. Pero estamos seguros de que si se cediese a la extorsión de la justicia norteamericana nuestro futuro sería ominoso. Hay asuntos aun más importantes que este y que se le vinculan porque de su resolución depende que lazos semejantes no vuelvan a ceñírsenos alrededor del cuello. A esos temas aludimos en muchas oportunidades. En concreto: la necesidad de escapar al abrazo del CIADI, acabando con la delegación de nuestra soberanía económica en manos extranjeras; la obligación de nacionalizar de veras nuestra producción, en vez de dejarla en manos de compañías foráneas que pueden girar gran parte de sus ganancias al exterior; lo indispensable que resulta elaborar políticas de apertura hacia las grandes economías emergentes que se agrupan en los BRICS, y, como primera e impostergable medida, proceder a una reforma fiscal progresiva que acabe con el privilegio de la tributación desigual de la riqueza, abriendo así vías genuinas para la financiación de los proyectos estructurales que Argentina necesita concretar para ser un agente dinámico en la promoción del desarrollo de la región suramericana.
De la oposición no se puede esperar nada -o muy poco- en este sentido. Del gobierno…,cabe esperar algo más profundo y vigoroso de lo que ha hecho hasta ahora. Todas las fuerzas que convergen hacia él, pero que no terminan de identificársele, se sentirían orgullosas de acompañarlo si toma ese rumbo.
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