El Poder Judicial en la Argentina.
“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”
Talmud.
Los hechos ocurridos a lo largo del mes de mayo han llevado el foco político a
la arena del Poder Judicial donde se disputan importantes espacios de poder: el
nuevo escenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el avance en los
juicios a los operadores judiciales de la dictadura.
La muerte de Carmen Argibay, primera mujer integrante de la Corte Suprema de
Justicia –que sumado al inminente retiro de Eugenio Zaffaroni que se jubilará a
fin de año– generará un replanteo dentro del máximo organismo de Justicia.
“En honor a Argibay, sería bueno tener una Justicia más rápida y eficiente”,
dijo en diálogo con radio América el secretario de Justicia, Julián Álvarez,
retomando un viejo pedido de la Presidenta y consideró que la composición de la
Corte dependerá de la opinión de los mismos jueces que la integran.
Por otro lado, después de más de una treintena de años, empezaron los juicios a
aquellos intocables integrantes del Poder Judicial, algo que lleva a sus voceros
y socios de clase al delirio. De esta forma, y sólo como muestra, el fallo en el
jury del caso del ex Juez Pedro Federico Hooft en favor de la denominada familia
judicial, es celebrado por el diario La Nación y por la oposición y condenado
por todos los organismos de Derechos Humanos, dejando claro quiénes están de
cada lado y qué se está poniendo en juego.
“La Justicia prevaleció sobre la venganza”, titulaba el diario La Nación en un
reciente editorial sobre al absolución de Hooft, en la que insiste en
identificar como “presos políticos” a militares condenados por torturas y
desapariciones. Junto a la editorial publicaron la nota “Amplio apoyo al fallo
que absolvió a Hooft”. Allí se consigna que abogados, juristas y dirigentes
políticos opositores denunciaron que el jury a Hooft se trató de una causa
“armada”.
Mientras que, desde otro lugar, en un comunicado, las Abuelas de Plaza de Mayo
de Mar del Plata apuntaron: “Hijo de la doctrina judicial de la dictadura
genocida, Hooft fue un hábil instrumento para legitimizar las prácticas de
eliminación y desaparición sistemática de personas ‘peligrosas’ para el régimen
militar”. Y más adelante agregaron: “Los mismos sectores reaccionarios que
instrumentaron las leyes de la impunidad recobran protagonismo político e
instalan la discusión lejos del eje central de la temática, que no es otro que
la reforma profunda de la Justicia”.
El Poder Judicial niega lo que esconde cuando advierte del riesgo de politizar
la Justicia, sin embargo, todos los días los ciudadanos de a pié padecen su
condicionamiento políticamente conservador cuando utilizan diferentes varas para
definirse por los delincuentes de cuello blanco o los ladrones de gallinas, con
los pibes chorros o los asesinos de los countries (ver nota de Daniel Cecchini).
El funcionamiento del Poder Judicial es analizado por el Dr. Carlos González
Gartland, quien se desempeñó durante dieciséis años empleado y luego funcionario
de la Justicia enfrentando las lógicas imperantes en la estructura de la familia
judicial .
Dos abogadas jóvenes, Sofía Lanzilotta y Lucía Castro Feijóo, publicaron
recientemente el libro Justicia y dictadura, operadores del plan cívico-militar
en Argentina, investigación sobre la estructura judicial como facilitadora del
accionar de la última dictadura. Destacan, entre sus conclusiones, que la
dictadura no armó una estructura paralela para lograr sus objetivos, sino que
utilizó la existente. Asimismo, identifican el desplazamiento de toda la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y recuerdan quiénes ocuparon esos cargos y
cómo se dio el desplazamiento de los jueces federales que no eran afines para
responder al plan premeditado de la desaparición de personas. Recuperan la
memoria de quienes decidieron manejarse de otra manera, “honrando su juramento”
y detallan las conquistas desde el 2003 a esta parte (ver entrevista ).
Completando el abordaje y analizando los lazos de la Justicia con el poder
económico (ya no sólo de la oligarquía sino que también incorpora a los
empresarios que diseñaron el plan que llevó a cabo la Junta Militar), el equipo
de la oficina de Derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores que preside
el Lic. Alejandro Vanoli, revela el rol que ocupó la estructura en la
concentración de la riqueza que, como señalan, no habría podido articularse ni
garantizar impunidad sin la participación del Poder Judicial .
Julián Axat, ex defensor oficial y actual Coordinador Programa Acceso Justicia
de la Procuraduría General de la Nación, propone reflexionar sobre cuánto tiene
de legítimo el lugar que ocupan los abogados particulares responsables de
obstaculizar los juicios de Lesa Humanidad con el objetivo de ganar tiempo,
trabar investigaciones.
Finalmente, la abogada Florencia Díaz analiza la estructura judicial previa al
golpe y su reconfiguración posterior y plantea si, en definitiva, el accionar
del poder judicial respondía al temor al aparato represivo o la afinidad
ideológica de sus integrantes.
18/05/14 Miradas al Sur
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
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