Se trata de Guillermo Garlatti, titular del Arzobispado bahiense. El pedido lo elevó el fiscal Castaño, quien se hizo eco de una denuncia efectuada por los fiscales Palazzani y Nebbia.
Por Diego Kenis
La huella de la sotana y las sandalias del sacerdote Aldo Vara, capellán y capitán del Ejército durante la dictadura, comienza revelar un largo camino de coberturas institucionales recibidas mientras se mantuvo prófugo de la Justicia argentina, desde agosto último y por espacio de ocho meses.
El más reciente capítulo lo escribió este lunes 5 el fiscal Antonio Castaño, que se hizo eco de una denuncia de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos Miguel Palazzani y José Nebbia y solicitó a la Justicia Federal la citación a prestar declaración indagatoria del arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti, como imputado por el delito de encubrimiento.
Una Vara de conducta
Como ha informado AGENCIA PACO URONDO, desde abril del año pasado Palazzani y Nebbia acusan a Vara de participar en el terrorismo de Estado a partir de su rol de pastor castrense. Varios testimonios de víctimas del accionar represivo ilegal en Bahía Blanca dan cuenta de la presencia del cura en Centros Clandestinos de Detención (CCD) donde ejercía en plenitud las “responsabilidades del capellán” que marcaba el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, lo que incluía la utilización de la sugestión religiosa para intentar extraer información de las víctimas o propiciar que colaboraran con el sistema represivo resignando la denuncia de lo padecido.
Ya durante el Juicio por la Verdad bahiense de 1999, Vara reconoció haber estado en contacto con personas secuestradas en el CCD del Batallón de Comunicaciones 181, en el predio del V Cuerpo de Ejército, quienes le narraron los tormentos padecidos, le mostraron las secuelas físicas de ello y le rogaron que comunicara su situación a sus seres queridos. El sacerdote nunca denunció los hechos ni se comunicó con los familiares de las víctimas. Por el contrario, durante la misma declaración testimonial de 1999 valoró como “gran persona” al represor Jorge Mansueto Swendsen, jefe del Batallón que albergaba al CCD y condenado en 2012 a prisión perpetua.
En agosto, la Justicia Federal bahiense emitió la orden de captura internacional de Vara y en diciembre el Ministerio de Justicia de la Nación estimó en cien mil pesos la recompensa para quien aportara datos que permitieran conocer su paradero. Tras meses de búsqueda internacional, Interpol logró capturarlo el 28 de abril último en Ciudad del Este, Paraguay. Fue entonces cuando comenzó a desovillarse una maraña de complicidades que va en camino de revelar una cobertura institucional de la Iglesia hacia el presbítero prófugo.
Repercusiones en tierra guaraní
La detención de Vara, y la investigación que la precedió y produjo, dispararon una serie de acciones que comprometen seriamente a varios estamentos de la Iglesia católica. El miércoles 30, dos días después de su captura, el diario paraguayo La Nación informó que el sacerdote prófugo continuaba oficiando servicios religiosos en la parroquia Virgen del Rosario, del barrio Pablo Rojas de la ciudad donde se lo detuvo.
En la misma fecha, la Diócesis de Ciudad del Este emitió un comunicado en que reconoce que el cura buscado por Interpol ayudaba “en la liturgia y otras actividades” en la parroquia que lo acogió tras su escape del país y expresa su agradecimiento “por la entrega y sacrificio demostrados” por Vara.
El comunicado informa que el imputado por aberrantes crímenes contra la humanidad “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”, un nexo que confirmaban los indicios que por esas horas empezaban a desvelarse en Bahía Blanca respecto del comportamiento del Arzobispado local ante la situación del prófugo.
La caja negra de cuello blanco
Menos de un día completo después de su detención, en Bahía Blanca comenzaron a circular versiones que indicaban que el ex capellán percibía mensualmente, y gracias a un apoderado, un haber jubilatorio pagado por la Iglesia católica a través de la Curia local, cuyo máximo responsable es el arzobispo Guillermo Garlatti.
Ante tales afirmaciones los fiscales Palazzani y Nebbia requirieron explicaciones al Arzobispado, que debió reconocer que durante todo el periodo en que eludió a la Justicia argentina el octogenario ex capellán Vara percibía un haber jubilatorio destinado a los sacerdotes mayores de 65 años. Una semana más tarde, trascendió que el apoderado que mensualmente retiraba el dinero era el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile.
El beneficio no figuraba en ningún registro oficial y el Arzobispado local omitió informarlo a la Justicia, que durante los meses en que duró la búsqueda del cura prófugo remitió oficios a la jerarquía eclesiástica bahiense, la Conferencia Episcopal, el Vaticano y los Arzobispados de Mendoza y La Plata, dos jurisdicciones donde también se lo rastreó. Por si fuera poco, el pedido de captura internacional de Vara era un hecho público, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la agrupación H.I.J.O.S. y la Red por la Identidad enviaron cartas a Roma y el Arzobispado bahiense para lograr que el sacerdote buscado se allane al camino de justicia. El Papa no se molestó en responderles y las autoridades eclesiásticas locales siempre dijeron lo mismo: que nada sabían de Vara.
La Vara apunta a Garlatti
Librados los oficios, y ante la carencia de respuestas, la Justicia Federal debió repetir sus envíos. A través de la Nunciatura en el país, el Vaticano contestó que no contaba con dato alguno. Lo mismo expusieron el Arzobispado de Mendoza y el Obispado de San Rafael. La jerarquía eclesiástica platense indicó que tampoco poseía información respecto del paradero del cura, aunque añadió que entre 2006 y 2007 había residido con unos familiares en la capital bonaerense y que, ante un pedido concreto del ex capellán en 2009, se le había negado incorporación a la arquidiócesis.
La Conferencia Episcopal, a través de su presidente José María Arancedo, se excusó porque “no cuenta con un registro de sacerdotes” y agregó que, “habiendo consultado al Arzobispado de Bahía Blanca, respondieron que desconocen su paradero”. En el mismo sentido, aunque omitiendo mencionar el pago mensual de un haber jubilatorio, contestaron a los requerimientos judiciales las autoridades eclesiásticas bahienses. Con un agregado, en apariencia inocente: indicaron que Vara no les había elevado solicitud alguna para trasladarse al exterior.
Tanto esta aclaración, que podría además configurarse en un intento de desviar la atención en la búsqueda fuera del país para centrarla dentro, como la consulta específica de la Conferencia Episcopal al Arzobispado bahiense señalan de modo muy claro la superioridad jerárquica permanente de Garlatti sobre Vara. El sociólogo Fortunato Mallimaci explicó al periodista del diarioPágina/12 Diego Martínez que “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca”.
La sumatoria de hechos compromete seriamente al arzobispo bahiense, a quien los fiscales Palazzani y Nebbia denunciaron por encubrimiento apenas les fue confirmado el pago del beneficio jubilatorio nunca notificado a la Justicia. Este lunes 5, el fiscal Antonio Castaño dio curso a la acusación y solicitó ante el Juzgado Federal que Garlatti y el apoderado Bochile sean citados a prestar declaración indagatoria como imputados por el delito de encubrimiento y, de ese modo, comience la instrucción de la causa. Mientras el arzobispo respondía que no tenía datos del cura prófugo, le pagaba mensualmente una jubilación sin registro formal ni notificación judicial. Vara seguía por entonces participando de oficios religiosos en Ciudad del Este, adonde llegó por pedido de “su Obispo” y tras cruzar las fronteras del país en compañía de dos jóvenes sacerdotes argentinos.
La salida del ex capellán del territorio nacional se produjo el 15 de agosto de 2011, cerca de las 11 de la mañana. En Bahía Blanca, mientras tanto, transcurría el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la jurisdicción. Durante su desarrollo, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava escucharon testimonios que daban cuenta del accionar de Vara bajo la órbita del Ejército y en tiempos de la represión clandestina de la última dictadura.
Al finalizar el debate, en septiembre de 2012, uno de los puntos del fallo ordenaba abrir en primera instancia una investigación sobre el comportamiento del cura para determinar su responsabilidad en engranaje del terrorismo de Estado. Casi un bimestre más tarde los magistrados dieron a conocer los fundamentos de sus decisiones. En el apartado que correspondía a Vara, además de enumerar los testimonios escuchados, indicaron expresamente que “resulta prima facie,comprometedor para la Iglesia Católica, la intervención y presencia de unos de sus pastores, tal el Padre Aldo Omar Vara en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con las personas ahí detenidas”. El juicio se desarrolló en el edificio de la Universidad Nacional del Sur de avenida Colón 80, a menos de cien metros de la sede del Arzobispado bahiense. Pero la jerarquía eclesiástica local no parece haberse informado del asunto.
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