Los documentos que comprometen a Massot Por Camilo Cagni. Periodista argentina@miradasalsur.com

Lesa humanidad. Los archivos de la inteligencia provincial suministran pruebas de la colaboración del director de La Nueva Provincia y otros empresarios, con las Juntas Militares.

Y llegó el día. Como un acontecimiento impensado, inimaginado por muchos, Vicente Massot tuvo que prestar testimonio ante la justicia de Bahía Blanca al ser imputado como coautor de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La causa contra el director del diario bahiense La Nueva Provincia se abrió a partir de la sentencia que en el año 2012 condenó a 14 represores del V Cuerpo de Ejército y en la que el Tribunal Oral estableció investigar al periódico por haber realizado una “campaña de desinformación” que buscaba imponer “la versión de los victimarios”, y así “colaborar en la creación de un Estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

Los documentos pertenecientes al archivo de la Ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) fueron presentados en el marco de la investigación, por ser indispensables al momento de darles un sustento probatorio a los fiscales para plantear las acusaciones contra el director del matutino. Uno de ellos es el “Plan Nacional de Comunicación Social (PNCS) de 1978”, que representó la combinación de una diversidad de organismos públicos y privados con el fin de trasmitir los objetivos políticos de la dictadura. En él, las Fuerzas Armadas, de seguridad, los servicios de inteligencia, las entidades públicas y los medios de comunicación privados, unieron esfuerzos en la construcción de una estrategia comunicacional a la medida de los intereses de la junta militar. Los objetivos de este plan eran “Consolidar la confianza de la Opinión Pública (OP) Nacional en el Proceso de Reorganización Nacional mediante la difusión sobria y precisa de sus objetivos políticos y pautas, de los actos de gobierno, de los logros obtenidos, de los beneficios concretos que de ellos se deriven y de las perspectivas futuras resaltando los valores básicos de la gestión oficial (austeridad, eficiencia, vocación de servicio, equidad, moralidad, sensibilidad social y receptividad a la sana y justa crítica)”. En este contexto es necesario remarcar que La Nueva Provincia participó necesariamente en la cadena informativa siendo un medio privado de comunicación que reproducía los valores y conceptos antes mencionados junto a la agencia estatal de noticias Télam, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los servicios de inteligencias de las Fuerzas Armadas, embajadas y distintas empresas privadas de comunicación. En el análisis de este material documental se observa cómo las intervenciones en comunicación estaban íntimamente relacionadas al concepto de “Acción Psicológica”, o sea, a los modos en que se debe influir en las opiniones, sensaciones y modos de pensar de una población.

La otra causa. Massot fue imputado recientemente como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ambos secuestrados el 30 de Junio de 1976 cuando se desempeñaban como delegados sindicales de los trabajadores de La Nueva Provincia. Sus cuerpos fueron hallados cuatro días después en un paraje llamado La Cueva de los Leones, a 17 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca.

Remitiéndonos nuevamente a los documentos de la ex-Dipba, observamos que desde marzo de 1974 existen informes de inteligencia donde se describe quiénes eran las autoridades del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Ahí figura Heinrich como secretario general y Loyola como tesorero, y además sus datos personales en un “anexo confidencial”. Heinrich figura también como “delegado de congresos FATI”, o sea, como integrante de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, cargo que demuestra el compromiso que él tenía en la defensa de los trabajadores gráficos y que le generó ciertas rispideces con los directivos del matutino. En una editorial del 1 de septiembre de 1975, en el marco de un conflicto sindical, La Nueva Provincia publicó lo que puede ser interpretado como una “sentencia de muerte” contra los dos dirigentes: “La labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida”, afirmaba el texto, al mismo tiempo que sugería que los delegados pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo” o crear alguna otra forma de autogestión “sovietizante”.

Burocracia policial. En el archivo de la ex Dipba se encuentra documentación que confirma que la Policía bonaerense estaba al tanto de los conflictos gremiales en el sur provincial, a partir de la realización de investigaciones propias. Los expedientes o legajos que allí se producían eran distribuidos para lograr un orden interno en “Factores” y “Mesas” (factor político, social, económico, religioso, estudiantil y laboral) donde, una vez que la información era analizada y procesada, iba a parar a diferentes mesas. Así existía la Mesa “A” que involucraba a los factores comunal, estudiantil, político y prensa; la Mesa “B” al factor económico, gremial y laboral; la Mesa “C” que se refería a las actividades comunistas, y la Mesa “DS” donde se analizaban actividades y personas vinculadas con la llamada “Delincuencia subversiva”. Dentro de esta última mesa existen varios informes de inteligencia en donde se analiza y describe un conflicto gremial entre la CGT de Bahía Blanca y La Nueva Provincia desde 1975, y menciona el “activismo” de los delegados. Aquí también se evalúan las opiniones de los directivos del diario en relación con dicha disputa: “Para LNP y su editora responsable, Diana Julio de Massot, los delegados obreros y las comisiones internas (…) son ‘soviets comunizantes’ cuyo único fin sería el de (…) anarquizar la producción y hacerles la vida imposible a los directivos y empresarios”.

04/05/14 Miradas al Sur