La guerrilla política más antigua de Latinoamérica anunció que su reconversión como partido político tiene nombre y apellido: Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Además, el presidente Santos aseguró que el fin del conflicto armado se firmará este año. Sin embargo, el uribismo pretende boicotear el acuerdo.
El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se tiran flores en las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana. El jefe de Estado, ávido por instalar títulos en los medios a dos semanas de los comicios presidenciales, perjura que el fin del conflicto armado más antaño de Latinoamérica será rubricado antes de que concluya el año. Los comandantes insurgentes Iván Márquez y Jesús Santrich ya no fruncen el ceño ante la prensa internacional cuando dan su versión de los hechos sobre el avance del diálogo en la capital cubana y, extrañamente distendidos, aseguran que el clima de entendimiento con el Palacio Nariño se “desarrolla en un buen ambiente, diríamos que inmejorable”. ¿Las FARC cuelgan los fusiles? ¿Los herederos de Tirofijo, el último foco guerrillero vivo en una región donde el poder se disputa desde hace décadas en las urnas y ya no en los meandros de la selva, abandonan la trinchera para abrazar el laberíntico juego parlamentario? ¿Alias Timochenko, actual número uno de las FARC, comenzará a contratar coachs media para suavizar y edulcorar sus declaraciones cuando comience a visitar los sets televisivos? El camino de la guerra popular y prolonga a la participación política democrática por parte del movimiento rebelde colombiano no se cristalizará, por supuesto, de forma automática. Pero, sí, evidentemente, la metamorfosis definitiva de las FARC –cuyo grado cero comenzó con el inicio del diálogo en La Habana– está más pronto que cerca. Por ese motivo, la cúpula guerrillera se apresuró a comunicar unos días atrás que, en caso de acelerarse el consenso en la agenda de seis puntos negociados con los delegados de Santos, ya tienen nombre y apellido pensado para debutar como partido en las futuras elecciones. “Aquí está el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, dispuesto a, si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes”, bramaron Márquez y Santrich al termino de una nueva reunión desarrollada en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El primer mandatario Juan Manuel Santos decidió, unos años atrás, dar dos pasos trascendentales en forma simultánea. El objetivo de ir por su reelección presidencial y el convencimiento de sentarse a negociar con la guerrilla fueron, de alguna manera, emprendimientos siameses. Uno no podía vivir sin el otro. Santos percibía que no había logrado enamorar a la sociedad colombiana. También leyó que su distanciamiento político con su ex padrino Álvaro Uribe no le otorgaba un nuevo carné de pertenencia para codearse con los sectores progresistas. El ex director del diario bogotano El Tiempo concluyó que podría pasar a la historia si lograba la desmovilización definitiva de una guerrilla que ha sobrevivido a medio siglo de guerra interna contra las tropas regulares más financiadas y tuteladas por el Comando Sur norteamericano al sur del Río Bravo. Por ese motivo, luego de las declaraciones optimistas de las FARC, Santos volvió a reconectar su campaña presidencial con el proceso de diálogo de La Habana. En diálogo con la agencia EFE, el jefe de Estado insistió en advertir que la paz colombiana está cerca de renacer en la tierra de Gabriel García Márquez: “Es un proceso complejo, lleno de enemigos, de contradicciones. Yo sabía, desde el principio, que esto me iba a costar políticamente. Pero, insisto, las condiciones están dadas para ponerle fin a la guerra. El país no puede volver a otros 50 años de enfrentamiento. Eso las FARC lo entienden, hay voluntad por parte de ellos, por eso espero que a lo largo de este año podamos terminar este proceso tan complejo e importante”. Del otro lado del mostrador, los comandantes Márquez y Santrich fueron un poco más fríos y crípticos a la hora de contestar a un portal electrónico amigo de la guerrilla si estaban dispuestos a entregar las armas: “Lo que está planteado en el acuerdo general de La Habana es la posibilidad de llegar a un escenario, no de entrega sino de dejación de las armas, lo cual para nosotros significa en términos concretos que, tras una larga tregua que permita observar la implementación de lo pactado, en un ambiente de verdadera democracia, el uso de las armas se haga innecesario”.
Sin embargo, la supuesta reconversión partidaria de las FARC tiene dos grandes condicionamientos. Uno proviene de la historia cercana del país. En ese sentido, la anterior experiencia pacifista y prodemocrática de la guerrilla tuvo un final sangriento porque el ejército y los paramilitares acribillaron a tiros a la Unión Patriótica, el sello político fundado por Tirofijo en los ochenta para ensayar un camino de pelea que no incluía los clásicos Kalashnikov. Los otros nubarrones son más cercanos en el tiempo. Concretamente, según advierten medios informativos como la página La Silla Vacía, un sector de las Fuerzas Armadas y el neouribismo, que lleva como candidato al ascendente Oscar Iván Zuluaga, están haciendo lo posible para torpedear un escenario donde los planes de militarización del territorio ya no serían el vértice de la agenda gubernamental.
Recapitulando, en 1986, la Unión Patriótica (UP) participó en las elecciones con un éxito sorprendente. El brazo político de la guerrilla consiguió la representación de 350 concejales, 23 diputados, 13 intendentes, 9 miembros del Parlamento y 6 senadores. Durante el mismo período, los militares preocupados por esta situación comenzaron a socavar el proceso de paz abierto por el presidente Belisario Betancourt con la intensificación de la guerra sucia contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la UP. “El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz. Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancourt y de sus métodos de negociación de cese al fuego con las FARC-EP” contextualizan Igor Ampuero y James Brittain en el libro La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia.
Pero, la conspiración doméstica contra el proceso de diálogo colombiano no es sólo un capítulo más de los manuales de Historia. Sectores de la elite local, los hacendados preocupados por la democratización de la tierra, uniformados mimados por la doctrina y el dólar del Pentágono, y los caciques territoriales que prefieren la Colombia de Álvaro Uribe por sobre la Bogotá de Santos, las dos igual abiertas al libre mercado pero claramente diferenciadas en el diálogo con los movimientos sociales, no estarían muy contentos si, al momento de entrar al cuarto oscuro, se encuentran con la boleta del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. “Durante los pasados meses, un viejo fantasma de la política colombiana ha resucitado: la insubordinación militar al poder civil. Las sospechas de ruido de sables han estado asociadas al proceso de paz con la guerrilla. Aunque los temores son pocas veces explicitados de forma abierta, la teoría de la conspiración va como sigue: las Fuerzas Militares o al menos un sector de su cúpula estarían en contra de las conversaciones con las FARC y habrían optado por actuar de forma clandestina para torpedear las esperanzas de paz del país. De este modo, si las conversaciones naufragan, algunos ya tienen decidido por anticipado que la responsabilidad debe recaer sobre los militares”, detalla el columnista Román Ortiz en el portal La Silla Vacía. En simultáneo, el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga advirtió esta semana al diario madrileño El País que “las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y la principal organización terrorista de Colombia. En caso de llegar a ser presidente lo primero que haría sería suspender los diálogos para imponer como condición a esa guerrilla que cese toda acción terrorista. Y les daría una semana para que decidan si quieren continuar la negociación con esa condición”. Por lo pronto, dado el tenor de las declaraciones de guerra escuchadas, el comandante Timochenko, seguramente, ordenó a los cuadros medios de la organización que escondan los fusiles en un lugar bien seguro.
El primer mandatario Juan Manuel Santos decidió, unos años atrás, dar dos pasos trascendentales en forma simultánea. El objetivo de ir por su reelección presidencial y el convencimiento de sentarse a negociar con la guerrilla fueron, de alguna manera, emprendimientos siameses. Uno no podía vivir sin el otro. Santos percibía que no había logrado enamorar a la sociedad colombiana. También leyó que su distanciamiento político con su ex padrino Álvaro Uribe no le otorgaba un nuevo carné de pertenencia para codearse con los sectores progresistas. El ex director del diario bogotano El Tiempo concluyó que podría pasar a la historia si lograba la desmovilización definitiva de una guerrilla que ha sobrevivido a medio siglo de guerra interna contra las tropas regulares más financiadas y tuteladas por el Comando Sur norteamericano al sur del Río Bravo. Por ese motivo, luego de las declaraciones optimistas de las FARC, Santos volvió a reconectar su campaña presidencial con el proceso de diálogo de La Habana. En diálogo con la agencia EFE, el jefe de Estado insistió en advertir que la paz colombiana está cerca de renacer en la tierra de Gabriel García Márquez: “Es un proceso complejo, lleno de enemigos, de contradicciones. Yo sabía, desde el principio, que esto me iba a costar políticamente. Pero, insisto, las condiciones están dadas para ponerle fin a la guerra. El país no puede volver a otros 50 años de enfrentamiento. Eso las FARC lo entienden, hay voluntad por parte de ellos, por eso espero que a lo largo de este año podamos terminar este proceso tan complejo e importante”. Del otro lado del mostrador, los comandantes Márquez y Santrich fueron un poco más fríos y crípticos a la hora de contestar a un portal electrónico amigo de la guerrilla si estaban dispuestos a entregar las armas: “Lo que está planteado en el acuerdo general de La Habana es la posibilidad de llegar a un escenario, no de entrega sino de dejación de las armas, lo cual para nosotros significa en términos concretos que, tras una larga tregua que permita observar la implementación de lo pactado, en un ambiente de verdadera democracia, el uso de las armas se haga innecesario”.
Sin embargo, la supuesta reconversión partidaria de las FARC tiene dos grandes condicionamientos. Uno proviene de la historia cercana del país. En ese sentido, la anterior experiencia pacifista y prodemocrática de la guerrilla tuvo un final sangriento porque el ejército y los paramilitares acribillaron a tiros a la Unión Patriótica, el sello político fundado por Tirofijo en los ochenta para ensayar un camino de pelea que no incluía los clásicos Kalashnikov. Los otros nubarrones son más cercanos en el tiempo. Concretamente, según advierten medios informativos como la página La Silla Vacía, un sector de las Fuerzas Armadas y el neouribismo, que lleva como candidato al ascendente Oscar Iván Zuluaga, están haciendo lo posible para torpedear un escenario donde los planes de militarización del territorio ya no serían el vértice de la agenda gubernamental.
Recapitulando, en 1986, la Unión Patriótica (UP) participó en las elecciones con un éxito sorprendente. El brazo político de la guerrilla consiguió la representación de 350 concejales, 23 diputados, 13 intendentes, 9 miembros del Parlamento y 6 senadores. Durante el mismo período, los militares preocupados por esta situación comenzaron a socavar el proceso de paz abierto por el presidente Belisario Betancourt con la intensificación de la guerra sucia contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la UP. “El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz. Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancourt y de sus métodos de negociación de cese al fuego con las FARC-EP” contextualizan Igor Ampuero y James Brittain en el libro La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia.
Pero, la conspiración doméstica contra el proceso de diálogo colombiano no es sólo un capítulo más de los manuales de Historia. Sectores de la elite local, los hacendados preocupados por la democratización de la tierra, uniformados mimados por la doctrina y el dólar del Pentágono, y los caciques territoriales que prefieren la Colombia de Álvaro Uribe por sobre la Bogotá de Santos, las dos igual abiertas al libre mercado pero claramente diferenciadas en el diálogo con los movimientos sociales, no estarían muy contentos si, al momento de entrar al cuarto oscuro, se encuentran con la boleta del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. “Durante los pasados meses, un viejo fantasma de la política colombiana ha resucitado: la insubordinación militar al poder civil. Las sospechas de ruido de sables han estado asociadas al proceso de paz con la guerrilla. Aunque los temores son pocas veces explicitados de forma abierta, la teoría de la conspiración va como sigue: las Fuerzas Militares o al menos un sector de su cúpula estarían en contra de las conversaciones con las FARC y habrían optado por actuar de forma clandestina para torpedear las esperanzas de paz del país. De este modo, si las conversaciones naufragan, algunos ya tienen decidido por anticipado que la responsabilidad debe recaer sobre los militares”, detalla el columnista Román Ortiz en el portal La Silla Vacía. En simultáneo, el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga advirtió esta semana al diario madrileño El País que “las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y la principal organización terrorista de Colombia. En caso de llegar a ser presidente lo primero que haría sería suspender los diálogos para imponer como condición a esa guerrilla que cese toda acción terrorista. Y les daría una semana para que decidan si quieren continuar la negociación con esa condición”. Por lo pronto, dado el tenor de las declaraciones de guerra escuchadas, el comandante Timochenko, seguramente, ordenó a los cuadros medios de la organización que escondan los fusiles en un lugar bien seguro.
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