Bajarle el pulgar a las reelecciones indefinidas de los intendentes sería un
hecho auspicioso para las instituciones democráticas.
La discusión debería trascender a la clase política, previsiblemente reacia al
cambio si está en el poder y más permeable a una reforma si transita en la
oposición.
Los que se niegan a revisar la normativa invocan el voto soberano del pueblo, lo
que es un argumento sencillamente falaz.
Cuando la voluntad popular valida liderazgos por sobre los proyectos políticos
asume una concepción paternalista del poder, lo que alimenta el riesgo del
totalitarismo.
Los presidentes argentinos y de muchas otras naciones no pueden ejercer su cargo
por más de dos períodos consecutivos y a nadie se le ocurriría pensar por ello
que fueron proscriptos.
El limitante está asociado a garantizar la alternancia, la igualdad de
oportunidades para ejercer cargos públicos y la transparencia en la
administración de recursos. La permanencia perenne, por el contrario, debilita
la función de representación y consolida el poder omnímodo del gobernante.
Empoderar ilimitadamente a una persona favorece el caudillismo mientras que
empoderar a un proyecto político consolida las instituciones por encima de
cualquiera que se arrogue el mote de salvador e la patria.
En el país hay muchos partidos que sin su líder se evaporarían o perderían su
fuerza de convocatoria. Eso también habla de su débil arquitectura, de una
construcción lábil en torno a una persona y no a un programa de gobierno.
En estas últimas décadas, los intendentes bonaerenses supieron ganarse el título
de "barones del conurbano". El barón es uno de los títulos nobiliarios europeos,
una llave para convertirse en amo y señor de un territorio claramente
delimitado.
Con cierta ascendencia entre los votantes, algunas dosis de clientelismo y un
férreo control de la oposición política, muchos jefes comunales fueron
desarrollando un aparato electoral que echó fama de invencible.
La discusión que estalló esta semana sobre la necesidad de revertir un estado de
situación que impera desde hace años en la provincia de Buenos Aires es
saludable, aunque amerita contextualizarla para entenderla en su verdadera
dimensión.
Sergio Massa tuvo la picardía de presentar una vieja propuesta como si se
tratase de una ley innovadora, obligando a la clase política a posicionar su
discurso de acuerdo a la agenda electoral de 2015.
Al igual que sucedió con el debate del Código Penal, el marketing político se
impuso por sobre un debate de fondo, profundo y con espíritu transformador.
En la Legislatura bonaerense duermen el sueño de los justos numerosas
iniciativas que ponen en jaque las reelecciones de los intendentes. Nunca
lograron romper el cerco de la necesidad del gobernador de turno, cuya
estabilidad y futuro político siempre estuvo condicionado por la liga de jefes
comunales.
El déficit del líder del Frente Renovador reside en su propia tropa, compuesta
por intendentes cuya vocación de perpetuarse en el poder, en algunos casos con
vicios y artilugios denunciados ante la justicia, es irrefutable.
Acaso Raúl Othacehé, intendente de Merlo, sea un paradigma, ya que va por su
sexto y cuestionado mandato. Pero en el equipo de Massa hay otra decena de jefes
comunales que están al límite de la propuesta o que ya la han transgredido y
nunca en este tiempo expresaron su ánimo de terminar con las reelecciones
indefinidas.
El listado incluye a Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas, que va por su
quinto mandato; Luis Acuña, de Hurlingham, y Gustavo Posse, de San Isidro, que
llevan cuatro períodos consecutivos; Mario Meoni, de Junín, Carlos Selva, de
Mercedes, Humberto Zúccaro, de Pilar, y Ealter Santalla, de Ramallo, por el
tercero; y Daniel Bolinaga, de Arrecifes, José Eseverri, de Olavarría, y Joaquín
de la Torre, de San Miguel, quienes cumplen su segundo mandato.
Semejante contradicción fue insumo de la crítica que el oficialismo desparramó
sobre Massa, aunque sin ofrecer una variante frente a la evidente concentración
de poder en un territorio con eternas asignaturas pendientes.
¿Habrá influido la actual militancia kirchnerista de intendentes como Hugo Curto
o Julio Pereyra, quienes gobiernan Tres de Febrero y Florencio Varela
respectivamente, desde hace más de 22 años?
Es cierto que el gesto del Frente Renovador puede tildarse de "oportunista" o "tribunero",
como hizo la dirigente Margarita Stolbizer (FAP), ya que el impacto del cambio
propuesto no se consustanciaría en el corto plazo. Como una norma siempre
legisla hacia adelante, todos los actuales períodos de los intendentes se
considerarían los primeros, por lo que recién en 2019 deberían dejar sus cargos.
O peor: si la ley llegara a considerar el primer período el que se obtenga en
2015, los mandatos vencerían en 2023.
El tema generó una bola de nieve que en el rodaje del debate fue sumando
adhesiones y propuestas, algunas de ellas históricamente relegadas por las
intrincadas relaciones de fuerza. ¿Un ejemplo? La idea de Gabriela Michetti de
extender hacia la dirigencia gremial el límite de dos mandatos consecutivos.
Es una apuesta brava la de la senadora del PRO. La CGT es un factor del poder
que doblegó a la UCR en los años dorados del alfonsinismo, cuando resistió un
proyecto de democratización sindical impulsado por Antonio Mucchi, ministro de
Trabajo de entonces. Ni el PJ se animó a meter bisturí en el sindicalismo, que
se muestra ultracorporativo a la hora de defender su status.
Amén de la alergia que genera en algunos sectores de derecha la existencia de
una organización gremial, la antigüedad de los dirigentes en sus cargos da
pavor, sobre todo porque muchos de ellos no ofrecieron resistencia a la ola de
despidos del ajuste menemista.
El ranking de antigüedad lo encabeza Ramón Baldassini, quien maneja los hilos
del gremio de correos hace ya 51 años. Le siguen Omar Viviani y Amadeo Genta,
representantes de peones de taxis y municipales, respectivamente, con 31 años de
liderazgo; y Guillermo Pereyra, de los petroleros, con 30 años.
El listado –elaborado por el sitio chequeado.com– continúa con Luis Barrionuevo,
histórico de gastronómicos, Rodolfo Daer, de alimentación, Carlos West Ocampo,
de sanidad, y Armando Cavalieri, de comercio, todos con 29 años de conducción;
José Luis Lingeri, de obras sanitarias, con 28 años; Hugo Moyano, de camioneros,
con 27 años; Gerardo Martínez, de la construcción, Andrés Rodríguez, de personal
civil de la Nación, y Julio Piumato, de judiciales, con 24 años; Gerónimo
Venegas, jefe de los trabajadores rurales, con 23 años; y Omar Maturano, de
conductores de trenes, 20 años.
La concentración de poder, la expulsión de las minorías, la permanencia de
democracias rengas o de bajas calorías son rasgos que comparten muchas
estructuras políticas y sindicales. El costo de modificar esa realidad para
mejorar la calidad institucional es alto pero no imposible. El costo de no
hacerlo, a pesar de ser un reclamo que se remonta al 2001, cuando un país en
estado asambleario vivaba aquel "que se vayan todos", puede ser mayor.
Infonews
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