martes, 20 de mayo de 2014

"El macrismo quiere negar el problema de la vivienda"

Entrevista con la militante del Movimiento Evita Marta Yané, que acompañó a las familias que están tomando un predio en Lugano. Ahora la Justicia la investiga por el delito de usurpación.
Por Enrique de la Calle
AGENCIA PACO URONDO: ¿En qué consiste la causa judicial que la involucra en relación a la toma de Lugano?
Marta Yané: Antes, una pequeña introducción. Soy militante del Movimiento Evita hace 10 años, soy militante social desde hace 30 años. Nos acercamos a la toma porque nos lo pidió la misma gente para asesoramiento. Cuando pasó la toma, a los 9 delegados que fueron al Juzgado los hicieron firmar una serie de cosas. Dos de esos delegados no sabían leer ni escribir. Los hacen firmar supuestamente un acuerdo. A partir de eso quedan imputados en una causa por usurpación. Los delegados nos piden que los asesoremos. Ahí empieza una situación de negociaciones y peleas.
APU: Todo esto en el marco de la problemática de vivienda que derivó en la toma.
MY: Muchas de estas personas estuvieron en la toma del Indoamericano, hace unos años. Fueron censados en esa oportunidad y nunca se les entregó la vivienda. Otras familias fueron censadas en el marco de la ley que planteó la urbanización de la villa. En este tiempo creció la población en la villa, lo que empeoró la situación de hacinamiento. En ese contexto se dio esta nueva ocupación. Hay una causa que en su momento llevó adelante (María Elena) Liberatori que ordenó construir viviendas al Gobierno de la Ciudad.  El Gobierno de Mauricio Macri nunca hizo nada al respecto.
APU: ¿Ustedes acompañaron la toma?
MY: A partir de la toma, muchas organizaciones sociales y políticas nos solidarizamos con las familias. Entre todos armamos un proyecto de saneamiento y urbanización. Le pedimos a la Ciudad que nos ceda el predio que está al lado de la villa. Esa es nuestra propuesta. Todo el tiempo propusimos mesas de diálogo. Quisimos evitar cualquier desalojo que pueda terminar con muertos, porque hablamos de 800 familias.
APU: ¿Cuál es la imputación que les hacen a ustedes?
MY: Las organizaciones sociales y políticas acompañamos para pedir por la urbanización que lograra resolver el tema de la vivienda y evitar una situación de desalojo violento que podía terminar con mucha gente herida. Ese fue el acompañamiento. El Gobierno de la Ciudad pega un volantazo para decir que acá no hay un problema de vivienda sino que hay mafias que organizan tomas, lo cual no es cierto. Incluso nosotros entramos a la toma el segundo día.
APU: ¿Quiénes están involucrados en la causa?
MY: Estoy yo y están los delegados de la villa.
APU: ¿Cómo sigue la causa?
MY: Hubo pedidos de detenciones. El jueves va a haber una audiencia para determinar cómo se sigue. Está complicada la causa. El problema acá es que se está criminalizando la protesta y la solidaridad. Hay que ver cómo están viviendo esas familias en la toma. Esto es la ausencia total del Estado. Quieren una ciudad para pocos, sin villeros.

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