La última encuesta sobre pobreza difundida por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el hecho de que el gobierno discontinuara la difusión del índice oficial de pobreza del Indec sirvieron para que la oposición desatara una campaña que no apunta sólo a un eventual empeoramiento de la situación social, sino a cuestionar el corazón del modelo kirchnerista.
En principio, cabe señalar que el indicador difundido por la universidad privada fue severamente cuestionado, debido a oscilaciones un tanto incongruentes en la secuencia histórica. Y que el gobierno anunció que la no publicación del índice oficial de pobreza obedece al cambio de metodología en la medición de los precios minoristas, cuyos valores sirven para establecer la línea de pobreza. La modificación del IPC –tan reclamada por la oposición– impide comparar ahora dos series distintas.
Pero más allá de estas cuestiones es necesario puntualizar que una medición posterior a la devaluación y anterior a los aumentos de salarios, puede revelar un empeoramiento coyuntural de la situación social, que obedece a la deflagración de la modificación de la paridad cambiaria y la consecuente alza de precios posterior.
Sin embargo, si se mide la variación de la pobreza en un período más prolongado, se advierte obviamente que desde 2003 a la fecha se redujo, que aumentó la clase media, que bajó la desigualdad y que creció la participación de los asalariados en el PBI.
El Banco Mundial –insospechado de aportar a lo que la oposición llama el relato K– sostuvo que durante la década que va de 2003 a 2013 se duplicó la clase media con más de 9 millones de personas, las cuales abandonaron la situación de pobreza para ascender un escaloncito. La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también vienen midiendo la mejora social en la Argentina en sucesivos informes.
Por supuesto que si se aborda la cuestión inmediatamente después del pico inflacionario del primer trimestre del año y no se tienen en cuenta los aumentos salariales que se van logrando en las paritarias tendientes a corregir el desfasaje, las cifras pueden señalar un desmejoramiento o un aumento de las personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Pero si se advierte con buena leche que las paritarias han corregido en general las pérdidas del poder adquisitivo de los salarios, medido por los índices de precios más opositores, se concluirá que no existe tal aumento de la pobreza. Sobre todo si se tiene en cuenta que en las negociaciones colectivas, casi siempre se agregaron puntos por encima de la inflación.
Algo parecido ocurre con las jubilaciones, en las que el mecanismo de actualización automática viene cubriendo en general los aumentos de precios. Por supuesto que el punto de partida de una jubilación mínima, sobre el cual se aplica el porcentaje de aumento, es siempre bajo. Pero en general, el ajuste cubrió el alza de precios medido por los opositores. Resta saber cómo quedarán los haberes previsionales luego del pico inflacionario generado por la devaluación y también cómo se corregirá el salario mínimo y la Asignación Universal.
Sin embargo, es difícil entender cómo puede incrementarse sensiblemente la pobreza si no se han producido despidos masivos, más allá de algunas suspensiones, si se ajustan los ingresos del modo señalado y si el gobierno no da marcha atrás con los planes sociales. Con un desempleo en alrededor del 6% y el consumo en niveles algo más moderados que antes de diciembre pasado, pero aún en buenos registros, no existe posibilidad de que aumente la cantidad de personas que viven en la pobreza o en la indigencia.
Está claro que hay millones de argentinos que integran el nucleo duro de pobreza, que no ha podido acceder a la bonanza generada desde 2003 a la fecha. Son personas que no integran la enorme masa de 6 millones de seres que consiguieron empleo a partir de 2003. Cientos de funcionarios de gobierno pertenecen a organizaciones políticas que denunciaron permanentemente la desigualdad social en sus respectivas militancias. De modo que resulta paradójico que quienes en el pasado integraron gobiernos que fabricaron pobreza al por mayor, sean ahora los que apestillen a un gobierno que puso a la pobreza en el centro de sus decisiones. Y no sólo por una cuestión de justicia social, o por vocación igualitaria, sino porque el modelo económico se fundó precisamente en el empleo y el consumo interno, al cual se alimentó con salarios para mover la rueda. Parece injusto que quienes redujeron salarios en términos relativos y absolutos cuestionen por la pobreza a quienes restablecieron las paritarias y la fijación del salario mínimo desde 2004, dos costumbres que habían caído en desuso.
No parece congruente que aumente la pobreza en un país donde el gobierno tiró un salvavidas a dos millones de personas que pudieron ingresar al sistema previsional de mayor cobertura en América Latina, sin haber cumplido los requisitos de un país que despedía y negaba trabajo. No se trata de desconocer las vicisitudes que afrontan los viejos para llegar a fin de mes, pero de aquellos casi 3 millones de jubilados, entre los que muchos ganaban apenas 150 pesos convertibles, a los casi 6 millones de hoy, en los que un 40% subsiste con la mínima de 2757 pesos, hay una distancia considerable.
¿Cómo sería la Argentina si 1,7 millones de familias no recibieran la Asignación Universal por Hijo para atender a 3,3 millones de chicos, cuyos padres no trabajan o sólo changuean? ¿O sin las más de 6000 cooperativas del plan Argentina Trabaja? ¿Cómo sería la fotografía si el gobierno decidiera reducir la inversión social por la estrechez del sector externo?
En principio, estas preguntas tienen una respuesta: el kirchnerismo no hubiera podido gobernar 11 años si no hubiera llevado adelante esta política de crecimiento con inclusión social. Como contrapartida, puede concluirse que la campaña por el supuesto aumento de la pobreza apunta en realidad a cuestionar el corazón del modelo, la razón de ser del gobierno. Eso es lo que hacen quienes llegaron a comparar la situación social con la existente en los '90. Es como afirmar "con Menem estábamos mejor". Por supuesto que no pueden decirlo taxativamente, porque saben que el neoliberalismo dejó a una cuarta parte del población económicamente activa en el desempleo y que cuando Néstor Kichner entró a la Casa Rosada como presidente de la Nación el país ardía con la mitad de los argentinos en la pobreza. Pero el cuestionamiento al corazón del modelo apunta precisamente a desprestigiar la estrategia de desarrollo con inclusión, para proponer a cambio un retorno a aquellos tiempos en los que el Estado no garantizaba cierta protección a los más débiles ni se atrevía a cuestionar o pellizcarles ganancias a las corporaciones. Porque cualquiera que observe la realidad objetivamente, sin mala leche, que perciba empíricamente el nivel de empleo y de consumo, no puede creer de ningún modo que la pobreza haya aumentado.
Infonews
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