Mientras las noticias sobre presuntos "linchamientos" o intentos de "ajusticiamiento" ante supuestos delincuentes detenidos in fraganti mantienen la centralidad de diarios, programas de radio y noticieros televisivos, voces representativas de las instituciones de la sociedad siguen advirtiendo sobre la peligrosidad de este fenómeno. Ayer, tras varios días de debate sobre esta aparente ola de hechos de represalia colectiva, el titular de la Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, exhortó a no recurrir a las reacciones violentas.
"En un Estado de Derecho, el camino a transitar es el de acudir a las instituciones que corresponde. Si es por ‘mano propia’ no es justicia, debemos ser claros", remarcó Lozano, quien además es obispo de Gualeguaychú. El religioso cuestionó a quienes participan de estas golpizas hasta matar o dejar inconsciente a una persona. “Valoran más la propiedad robada, o por serlo, que la vida del presunto delincuente, y digo presunto porque algunos de los que participaron de la agresión lo deducen por los dichos de otros", reprochó.
A la opinión del representante de la jerarquía católica se sumó la voz del ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. "Si alguien comete un delito no significa que deja de tener derechos: debe ser llevado ante las autoridades judiciales para que se le aplique la ley penal, si se comprueba lo que se presume. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y rápido, tanto la víctima como el victimario, y nadie es dueño de la vida ajena", subrayó el titular del Serpaj a través de un comunicado. "Los linchamientos no son individuales, sino colectivos. Tienen mucho que ver con conductas y presiones sociales que llevan a lo que denomino la suspensión de la conciencia, donde, si los demás hacen lo mismo, la culpabilidad se diluye en lo colectivo", agregó.
Pérez Esquivel condenó además el rol que asumen ciertos medios de comunicación, que parecen retroalimentar el fenómeno. "Cuando un solo delito se repite durante 24 horas en todos los canales cientos de veces, ¿significa que creció el delito o que va a crecer el miedo? Los medios están deseducando a nuestra sociedad. Es importante que de una vez por todas haya auditorías sobre los contenidos", exigió. En sintonía con estos planteos, el miércoles se conoció una solicitada publicada por COMUNA, un espacio de trabajadores de prensa y comunicadores, que llamó a los periodistas y a los propietarios de los medios a informar con responsabilidad cuando se trata de estos casos.
A la hora de señalar las causas del problema, tanto Lozano como Pérez Esquivel mencionaron las deficiencias en la acción de las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y los jueces, como la existencia de "zonas liberadas" en determinados barrios.
La oleada de violencia ejercida en grupo contra supuestos delincuentes viene despertando inquietud entre las personalidades del Derecho Penal, sean jueces, fiscales o académicos. La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, como también la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), advirtieron ayer sobre la gravedad de esta sucesión de episodios y sus consecuencias en los lazos sociales. "No podemos dejar de hacer referencia a la demagogia punitiva de algunos dirigentes y periodistas, que durante esta semana han tratado el tema con absoluta irresponsabilidad, justificando estos hechos en una supuesta ausencia del Estado en materia de políticas de seguridad", denunció la AAPDP. "Son expresiones de venganza privada, ejecuciones sumarias, que amenazan la paz social y constituyen actos de brutalidad criminal", señaló la Red de Jueces Penales del distrito bonaerense. "No son más que una manifestación de pura venganza, que se llevan adelante en el marco de una patota que garantiza el anonimato", coincidió la jueza de la Cámara de Crimen María Garrigós de Rébori, titular de la asociación Justicia Legítima.
Los jueces consultados por este tema suelen poner el acento en la tipificación de homicidio calificado que le corresponde, según el Código Penal, a cualquier linchamiento que termine con el fallecimiento de la víctima. Consultados por Tiempo Argentino, el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar y el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, coincidieron en que la legislación es categórica: un ajusticiamiento es un homicidio calificado. "Desde el punto de vista técnico del Código Penal, al linchamiento se lo debe definir como un homicidio calificado. Las palabras encierran opciones valorativas, culturales. La política de la represión por la mano dura, que caracteriza a ciertos sectores como chivo expiatorio apelando a prejuicios clasistas, racistas y sexistas, es un llamado a la disolución y la fragmentación social. Esa matriz reaccionaria, que es la que ofrece cámaras y drones de vigilancia, atenta contra la inclusión social", señaló Slokar.
"La discusión jurídica es muy sencilla: (Un linchamiento) es un homicidio calificado, porque los actos se realizan después de consumado el hecho y neutralizado el supuesto ladrón. Y también hay ensañamiento y alevosía, por lo tanto a los autores le corresponde pena perpetua privativa de libertad. No hay argumento que justifique la justicia por mano propia. La afirmación de que no hay Estado no es atendible en un juicio razonable", remarcó Righi, titular del posdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. "La única dificultad que existe es identificar a los autores", concluyó. «
"En un Estado de Derecho, el camino a transitar es el de acudir a las instituciones que corresponde. Si es por ‘mano propia’ no es justicia, debemos ser claros", remarcó Lozano, quien además es obispo de Gualeguaychú. El religioso cuestionó a quienes participan de estas golpizas hasta matar o dejar inconsciente a una persona. “Valoran más la propiedad robada, o por serlo, que la vida del presunto delincuente, y digo presunto porque algunos de los que participaron de la agresión lo deducen por los dichos de otros", reprochó.
A la opinión del representante de la jerarquía católica se sumó la voz del ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. "Si alguien comete un delito no significa que deja de tener derechos: debe ser llevado ante las autoridades judiciales para que se le aplique la ley penal, si se comprueba lo que se presume. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y rápido, tanto la víctima como el victimario, y nadie es dueño de la vida ajena", subrayó el titular del Serpaj a través de un comunicado. "Los linchamientos no son individuales, sino colectivos. Tienen mucho que ver con conductas y presiones sociales que llevan a lo que denomino la suspensión de la conciencia, donde, si los demás hacen lo mismo, la culpabilidad se diluye en lo colectivo", agregó.
Pérez Esquivel condenó además el rol que asumen ciertos medios de comunicación, que parecen retroalimentar el fenómeno. "Cuando un solo delito se repite durante 24 horas en todos los canales cientos de veces, ¿significa que creció el delito o que va a crecer el miedo? Los medios están deseducando a nuestra sociedad. Es importante que de una vez por todas haya auditorías sobre los contenidos", exigió. En sintonía con estos planteos, el miércoles se conoció una solicitada publicada por COMUNA, un espacio de trabajadores de prensa y comunicadores, que llamó a los periodistas y a los propietarios de los medios a informar con responsabilidad cuando se trata de estos casos.
A la hora de señalar las causas del problema, tanto Lozano como Pérez Esquivel mencionaron las deficiencias en la acción de las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y los jueces, como la existencia de "zonas liberadas" en determinados barrios.
La oleada de violencia ejercida en grupo contra supuestos delincuentes viene despertando inquietud entre las personalidades del Derecho Penal, sean jueces, fiscales o académicos. La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, como también la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), advirtieron ayer sobre la gravedad de esta sucesión de episodios y sus consecuencias en los lazos sociales. "No podemos dejar de hacer referencia a la demagogia punitiva de algunos dirigentes y periodistas, que durante esta semana han tratado el tema con absoluta irresponsabilidad, justificando estos hechos en una supuesta ausencia del Estado en materia de políticas de seguridad", denunció la AAPDP. "Son expresiones de venganza privada, ejecuciones sumarias, que amenazan la paz social y constituyen actos de brutalidad criminal", señaló la Red de Jueces Penales del distrito bonaerense. "No son más que una manifestación de pura venganza, que se llevan adelante en el marco de una patota que garantiza el anonimato", coincidió la jueza de la Cámara de Crimen María Garrigós de Rébori, titular de la asociación Justicia Legítima.
Los jueces consultados por este tema suelen poner el acento en la tipificación de homicidio calificado que le corresponde, según el Código Penal, a cualquier linchamiento que termine con el fallecimiento de la víctima. Consultados por Tiempo Argentino, el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar y el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, coincidieron en que la legislación es categórica: un ajusticiamiento es un homicidio calificado. "Desde el punto de vista técnico del Código Penal, al linchamiento se lo debe definir como un homicidio calificado. Las palabras encierran opciones valorativas, culturales. La política de la represión por la mano dura, que caracteriza a ciertos sectores como chivo expiatorio apelando a prejuicios clasistas, racistas y sexistas, es un llamado a la disolución y la fragmentación social. Esa matriz reaccionaria, que es la que ofrece cámaras y drones de vigilancia, atenta contra la inclusión social", señaló Slokar.
"La discusión jurídica es muy sencilla: (Un linchamiento) es un homicidio calificado, porque los actos se realizan después de consumado el hecho y neutralizado el supuesto ladrón. Y también hay ensañamiento y alevosía, por lo tanto a los autores le corresponde pena perpetua privativa de libertad. No hay argumento que justifique la justicia por mano propia. La afirmación de que no hay Estado no es atendible en un juicio razonable", remarcó Righi, titular del posdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. "La única dificultad que existe es identificar a los autores", concluyó. «
highton: "son homicidios sangrientos"
Como ya lo hiciera su colega Raúl Zaffaroni, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, repudió ayer los casos de linchamientos registrados en los últimos días y los calificó como "homicidios violentos, sangrientos y en masa".
"No sé por qué se está alentando (ese tipo de acciones) como si fueran algo bueno", cuestionó la jueza suprema, al tiempo que las definió como actitudes "cobardes".
Para Highton de Nolasco, "no hay proporción entre el robo o el hurto de una cartera, con un homicidio". "Son homicidios", reafirmó la magistrada al ser consultada por los linchamientos. Sin embargo, hizo hincapié en que "no ocurren por una falta de justicia", como señalaron voces de la oposición política, que también cuestionaron la presunta inacción y ausencia "del Estado".
La jueza de la Corte dijo además que ese tipo de acciones violentas son "bastante cobardes" porque se llevan a cabo entre varias personas. "Nadie solo se animaría a hacer eso", remarcó.
"La gente está violenta y se suman unos a otros", razonó Highton de Nolasco. Y agregó: "Hubo casos en que la policía tenía agarrado al ladrón y la gente se lo quería arrebatar para pegarle."
La jueza hizo declaraciones a la prensa en Salta, donde viajó para participar de la primera jornada del Taller de Fortalecimiento de las Prácticas Restaurativas en Mediación Penal.
La magistrada se suma así al rechazo a los linchamientos expresado por Zaffaroni, quien había considerado que ese tipo de acciones "no es legítima defensa, se trata de homicidio calificado, doblemente calificado: por alevosía y por ensañamiento". Y había fustigado, entre otros, al "renovador" Sergio Massa por evitar condenarlos.
"No sé por qué se está alentando (ese tipo de acciones) como si fueran algo bueno", cuestionó la jueza suprema, al tiempo que las definió como actitudes "cobardes".
Para Highton de Nolasco, "no hay proporción entre el robo o el hurto de una cartera, con un homicidio". "Son homicidios", reafirmó la magistrada al ser consultada por los linchamientos. Sin embargo, hizo hincapié en que "no ocurren por una falta de justicia", como señalaron voces de la oposición política, que también cuestionaron la presunta inacción y ausencia "del Estado".
La jueza de la Corte dijo además que ese tipo de acciones violentas son "bastante cobardes" porque se llevan a cabo entre varias personas. "Nadie solo se animaría a hacer eso", remarcó.
"La gente está violenta y se suman unos a otros", razonó Highton de Nolasco. Y agregó: "Hubo casos en que la policía tenía agarrado al ladrón y la gente se lo quería arrebatar para pegarle."
La jueza hizo declaraciones a la prensa en Salta, donde viajó para participar de la primera jornada del Taller de Fortalecimiento de las Prácticas Restaurativas en Mediación Penal.
La magistrada se suma así al rechazo a los linchamientos expresado por Zaffaroni, quien había considerado que ese tipo de acciones "no es legítima defensa, se trata de homicidio calificado, doblemente calificado: por alevosía y por ensañamiento". Y había fustigado, entre otros, al "renovador" Sergio Massa por evitar condenarlos.
más repudio judicial
Desde los más altos estamentos judiciales hubo voces que salieron a repudiar y encuadrar desde lo legal los casos de linchamientos ocurridos en los últimos días en distintos puntos del país. A las declaraciones de la jueza de la Corte Suprema nacional, Elena Highton de Nolasco (ver "Son homicidios sangrientos"), se sumaron los de la procuradora general del máximo tribunal bonaerense, para quien "la justicia por mano propia es injusticia". La funcionaria opinó que la cuestión de la inseguridad delictiva "no es sólo poner policías" en las calles. "Las causas son muchas, por eso hay que ir al fondo", resaltó, y expresó: "La inclusión social no se puede recitar, hay que incluir e incluir."
"Hay que llamar a una reflexión profunda sobre los costos sociales que tienen estas actitudes, porque no sabemos qué vendrá después. No se construye un país mejor desde la agresión y la violencia", sostuvo por su parte la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Mercedes Blanc de Arabel, en relación con los linchamientos.
Blanc de Arabel insistió en que hay que preguntarse "cómo hará una persona que agrede a otros para convivir después con sus hijos, con sus familias y amigos, porque ninguna persona de bien puede creer que este es un modo legítimo de actuar".
"Son ejecuciones sumarias" que "bajo ninguna circunstancia pueden explicarse o comprenderse por la aducida 'ausencia del Estado' en materia de políticas de seguridad", expresó la Red bonaerense de Jueces Penales. Y sostuvo que son "expresiones de venganza" que "amenazan la paz social".
La jueza de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, afirmó tildó a los linchamientos como "una manifestación de venganza, que se lleva adelante en el marco de una patota que garantiza el anonimato".
"Hay que llamar a una reflexión profunda sobre los costos sociales que tienen estas actitudes, porque no sabemos qué vendrá después. No se construye un país mejor desde la agresión y la violencia", sostuvo por su parte la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Mercedes Blanc de Arabel, en relación con los linchamientos.
Blanc de Arabel insistió en que hay que preguntarse "cómo hará una persona que agrede a otros para convivir después con sus hijos, con sus familias y amigos, porque ninguna persona de bien puede creer que este es un modo legítimo de actuar".
"Son ejecuciones sumarias" que "bajo ninguna circunstancia pueden explicarse o comprenderse por la aducida 'ausencia del Estado' en materia de políticas de seguridad", expresó la Red bonaerense de Jueces Penales. Y sostuvo que son "expresiones de venganza" que "amenazan la paz social".
La jueza de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, afirmó tildó a los linchamientos como "una manifestación de venganza, que se lleva adelante en el marco de una patota que garantiza el anonimato".
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