Por Raúl Dellatorre
El contenido del libro Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, presentado este fin de semana como una de las novedades del último año en la Feria del Libro, da cuenta de un cambio de época y un acontecimiento histórico en el país en estos años: el estudio de la responsabilidad empresaria en la etapa del terrorismo de Estado en Argentina y del grado de complicidad económica de grandes actores del espacio privado. Horacio Verbitsky, editor de este libro junto a Juan Pablo Bohoslavsky, definió durante la presentación que “cuando se me consulta sobre qué es lo que buscamos con estos trabajos de investigación y de denuncia, si el juicio o castigo a los cómplices civiles, o revelar la ‘verdad histórica’, la respuesta es que ambas cosas”. No son objetivos contradictorios, aclaró. Hubo un proceso político, en el país y también a nivel mundial, según relató, que hizo posible que en estos últimos años se pudiera avanzar en la revelación de las relaciones entabladas entre empresarios y cúpulas militares entre 1976 y 1983, interrelaciones e interdependencias que tejieron una trama entre lo público y lo privado que le dan un nuevo significado a la expresión “terrorismo de Estado”.
Verbitsky, que estuvo acompañado en el panel por tres de los autores de capítulos que conforman el trabajo publicado por Siglo Veintiuno, repasó algunos de los elementos que encadenaron un cuarto de siglo de impunidad para los sectores representantes del poder económico que delinearon el plan económico de la dictadura, posibilitaron el golpe, fueron cómplices y “facilitadores” de la represión, ejecución y desaparición de personas, y se beneficiaron de sus consecuencias.
“La patria financiera no son sólo los bancos”, subrayó el escritor, periodista y titular del CELS, aludiendo al protagonismo de grupos empresarios agrícolas, industriales y de servicios, locales e internacionales, que participaron activamente en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado en los ’70 y los ‘80, y se beneficiaron de un nuevo patrón de acumulación. Tanto en el período dictatorial como en los años posteriores, ya que “durante más de veinte años la democracia quedó subordinada a los poderes económicos: la máxima aspiración de un presidente electo democráticamente a partir de 1983 era terminar su mandato”, manifestó. Los gobiernos democráticos, débiles, vulnerables, “no se planteaban cuestionar el papel (que habían jugado esos poderes económicos) en la dictadura”.
Terminaban, en definitiva, respondiendo al mandato de ese poder económico. “La diferencia es que Raúl Alfonsín lo hizo a regañadientes, obligado por las circunstancias políticas; Menem lo hizo de plena conformidad, asumiendo (el proyecto del poder económico) como propio.” En esta última etapa referida, describió Verbitsky, la de la convertibilidad, “el plan neoliberal fue a fondo, con las privatizaciones y el desguace del Estado; hasta un punto al cual no había llegado la dictadura con su propio plan, que no privatizó YPF, sino que la utilizó para endeudarse en el exterior”. Una etapa de gobiernos elegidos democráticamente, pero subordinados al poder económico, que tuvo su última manifestación en la gestión de la Alianza (Fernando de la Rúa).
Fue recién a partir de la reapertura de los procesos judiciales interrumpidos por las leyes y decretos de impunidad (declarados nulos en 2001) que se comienza a hacer justicia contra los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas de 1970 y 1980. Más de 400 responsables fueron condenados hasta ahora. Militares, policías, agentes de otras fuerzas de seguridad, un ministro civil del Estado terrorista y un sacerdote católico, según recuerda el libro Cuentas pendientes en sus primeras líneas. Pero recién en los últimos años fue posible “ampliar los anillos de responsabilidad hasta alcanzar a los cómplices económicos”.
“Hubo cámaras empresarias patronales cómplices del golpe, como promotores y hacedores”, destacó Alfredo Zaiat, autor de uno de los capítulos del libro junto a Mario Rapoport, en el que se describe en particular la participación de las cámaras agropecuarias. Recordó cómo, desde principios de 1975, las entidades del agro comenzaron un plan de movilización activa contra el régimen democrático. Sociedad Rural. Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro conformaron un Comité de Acción Agropecuaria y llamaron a un lock out patronal en marzo. Dos meses después, se le sumaba Federación Agraria. “Cualquier similitud con la Mesa de Enlace es más que pura coincidencia”, sugirió Zaiat, frase que cosechó la inmediata adhesión del público que colmó la Sala Leopoldo Lugones de la Feria.
“El planteo del reclamo no era sólo económico”, señaló, recordando que su objetivo era “liquidar todo tipo de movilización popular y a su dirigencia: estas cámaras patronales fueron los artífices ideológicos y ofrecieron sus mejores cuadros para la gestión”. Calificados miembros de la Sociedad Rural participaron de los elencos gobernantes acompañando al dictador Jorge Videla, entre los que Zaiat señaló a José Alfredo Martínez de Hoz (ministro de Economía), Mario Cadenas Madariaga (secretario de Agricultura y Ganadería), Jorge Zorreguieta (subsecretario de Agricultura) y Juan Martín Ocampo (presidente del Banco Nación). “El lema institucional de la Sociedad Rural, Cultivar el suelo es servir a la Patria, fue asumido en su totalidad, representando el nuevo paradigma del modelo de país que iban a impulsar”, apuntó. Esos sectores, reflexionó Zaiat, hoy, pese a estar en un contexto muy distinto, “razonan y reaccionan igual que en los ‘70, apenas cambiando un poco el lema paradigmático, que hoy sería para ellos Cultivar soja es servir a la Patria”.
Andrea Gualde, ex directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo referencia a su aporte en el libro, en un capítulo que describe el caso Papel Prensa como ejemplo de apropiación ilegal de empresas durante la dictadura, en favor de grupos monopólicos y con directa incidencia en el control de los medios de comunicación. “Papel Prensa se presenta como una paradoja, como lo contrario al paradigma económico dominante, porque es un caso en el que se defiende un proyecto de sustitución de importaciones (de papel para diarios), y sin embargo, hay que entender que cumplió uno de los objetivos principales de esa dictadura: la necesidad del exterminio de la disidencia y el control de la propaganda de la acción del gobierno.”
En cuanto a la ilegalidad del proceso de apropiación de las acciones en poder de la familia Graiver y su traspaso a los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, destacó que hubo que esperar que se recorriera todo un proceso histórico para “superar los bolsones de impunidad jurídica que impedían investigar la responsabilidad empresaria” y llegar a este momento en el que no sólo se puede investigar, sino que además “hay una sociedad que está más preparada para aceptarlo”, afirmó.
Finalmente, en una breve pero contundente intervención, el abogado laboralista y diputado nacional Héctor Recalde analizó la cuestión de la complicidad económica con la dictadura desde el lado de la represión a los dirigentes sindicales y el cercenamiento de los derechos laborales. “El modelo de relación laboral que impulsaban era el sometimiento del trabajador, a través del miedo, del pánico. Patronales multinacionales, como Ford y Mercedes Benz, han participado en persecuciones y desaparición de sus trabajadores; otras nacionales, como Ledesma, La Veloz del Norte o Vicente Massot, de La Nueva Provincia, son juzgadas o denunciadas por causas similares. Las modificaciones que introdujo la dictadura en la Ley de Contrato de Trabajo hizo desaparecer 27 artículos y mutiló 94, convirtiendo el derecho de huelga en un delito penal”, recordó. Y en una referencia a las representaciones patronales de entonces y de ahora, señaló que “aquella Apege, conglomerado de asociaciones gremiales empresarias que hicieron el precalentamiento del golpe en 1975, me hace pensar mucho en este Foro de Convergencia actual. Muchos que estaban antes siguen estando ahora, no son tantos pero son los mismos. Al menos, habrá que respetarles la coherencia”, dijo Recalde entre aplausos y sonrisas de aprobación.
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