Un sucinto repaso por los desafíos que llegarán con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Dentro de once días, la presidenta inaugurará el 132º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Esta es la séptima vez que Cristina Fernández de Kirchner cumple con este ritual de la democracia y es de esperar un discurso importante, habida cuenta de los cambios que vive la Argentina y las expectativas que despierta –entre propios y ajenos del kirchnerismo– el diagnóstico y los eventuales anuncios que la mandataria pueda realizar. Pese a que se daba por descontado que en el receso de verano el Ejecutivo iba a convocar a sesiones extraordinarias, esto no tuvo lugar. En efecto, debe recordarse que uno de los asuntos a tratarse era una iniciativa enunciada por el senador Aníbal Fernández para encuadrar y sancionar a los policías de numerosos distritos provinciales que hicieron abandono de sus obligaciones y, en muchos casos, propiciaron desmanes o dejaron zonas liberadas en unas jornadas que costaron no menos de 14 muertos y que para las principales figuras del gobierno no fueron desbordes espontáneos o con fines salariales, sino episodios que tuvieron componentes golpistas.
Esto sólo justificaba que diputados y senadores sesionaran porque, además del desborde institucional y los claros indicios de connivencia policial con los saqueadores, cabe recordar que la mayoría de los gobernadores otorgaron aumentos por decreto del orden del 35% para los uniformados. Es decir, arrancaron remuneraciones que están diez puntos por encima de la oferta salarial que esos mismos mandatarios conversaron entre ellos para ofrecerles a los docentes. Sin perjuicio de la extorsión, hubo muchas voces que se mostraron a favor de un derecho de agremiación –limitado por las funciones de seguridad– de los uniformados. Otro tema interesante para el Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no llamar a sesiones extraordinarias pese a que la nueva conformación de las cámaras, tras los comicios del 27 de octubre pasado, le da una mayoría de 132 votos en Diputados (tres más de los necesarios para mayorías simples) y una ajustada mayoría en la Cámara Alta que, como se sabe, en caso de empate cuenta con el voto del vicepresidente, favorable al Ejecutivo.
Pero no fueron las cuentas –el poroteo, como se lo llama en la jerga parlamentaria– lo que hizo desistir al gobierno de reunir a los legisladores en este verano tan tórrido como vertiginoso. Basta recordar los tironeos y especulaciones que generó el aumento de la cotización del dólar durante los últimos once días de enero para encontrar el motivo que llevó al Ejecutivo a pilotear los cambios políticos y económicos sin abrir el debate. El asunto es que para muchos dirigentes políticos, aun dentro de los espacios kirchneristas, es impensable una devaluación que no altere los precios e incida en la puja por la distribución del ingreso. En ese sentido, hubiera sido desafortunado haber convocado a extraordinarias sin proyectos de leyes económicas. Desde el punto de vista de cierta eficacia, quizá el gobierno evalúe que acertó en no abrir debates, pero la pregunta es si esta etapa no necesita de mayores alianzas que den basamento a la gobernabilidad.
UNA AGENDA PARA DIEZ DÍAS. No son pocos los flancos que deja abierto un desfasaje cambiario tan pronunciado: el dólar oficial valía 6,02 pesos el 18 de noviembre, cuando asumió la dupla Jorge Capitanich-Axel Kicillof, y tres meses después cuesta 7,79 pesos. Por más que el dólar esté quieto, incide en el tema más sensible de estos días: el de las convenciones colectivas. Si bien Hugo Moyano se mostró manso y partidario de paritarias anualizadas, su hijo Pablo, secretario adjunto del gremio de Camioneros, ya salió a decir que pedirán una suba del 35 por ciento. Sin dudas es para calentar el ambiente, porque ese gremio cerró paritarias en junio de 2013 por 26,6% y los choferes cobrarán el último tramo de ese aumento –del 6%– en el mes de marzo. Pero, además, ese gremio, que tiene 200 mil afiliados de distintos rubros en todo el país, logró en diciembre un adicional de fin de año por 1850 pesos, pagaderos en tres tramos: febrero, abril y mayo. Los empresarios del transporte tuvieron durante estos años altísimas ganancias y muchas facilidades para renovar flotas, con precios especiales y créditos promovidos desde el Estado.
Pero más importante que ese resto económico es el poder de negociación sindical. Moyano y la conducción del gremio no necesitan alianzas ni se preocupan mucho por los perjuicios que puedan causar miles de camiones sin llevar mercadería o directamente atravesados en las rutas. El líder de la CGT disidente no tuvo empacho en avalar las demandas policiales de diciembre pese a la angustia y el miedo generalizados. Moyano consolidó su poder desde mayo de 2003 pero ya en noviembre de 2011, tras la reelección de Cristina con el 54% de los votos, se pasó a la oposición. El moyanismo había surgido en los '90 a través de la alianza de muchos gremios en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y, aun con las grandes diferencias que mantenía con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en aquellos años liderada por Víctor De Genaro, ambos movimientos fueron parte sustantiva de la resistencia al neoliberalismo.
Ahora se da la paradoja de que la CTA se dividió y que el sector liderado por Hugo Yasky, aliado al gobierno, se encuentra con que su columna vertebral, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), no puede hacer pie en el diálogo a través de la postergada paritaria nacional docente. Y no es que los maestros carezcan de capacidad de movilización. Por el contrario, es un gremio que mostró un grado de combatividad y unidad elevado. Ahora bien, el miércoles 5 de marzo deberían empezar las clases y cuatro días antes hablará Cristina. ¿Habrá una estrategia oficial para financiar un aumento salarial por encima de la oferta extraoficial del 25 por ciento? ¿Cómo responderá el gobierno de Daniel Scioli al reclamo del 35% de los docentes bonaerenses?
LEYES DE GRAVEDAD. Hay leyes no escritas en los procesos de traslación de ingresos por vía combinada de devaluación e inflación. La primera es que ganan posiciones los sectores exportadores. No se sabe si el tema de una agencia mixta de comercialización de granos fue tema de conversación entre la presidenta y Julián Domínguez –presidente de la Cámara de Diputados y partidario de esa medida– en la reunión que mantuvieron ambos durante el viaje a La Habana o en posteriores contactos telefónicos.
La segunda ley no escrita es que por vía devaluatoria se produce una transferencia de los sectores de ingresos fijos hacia otros sectores, dueños de capital. Pero entre los asalariados, las brechas pueden ser muy grandes: para los sectores de capital intensivo, la incidencia del salario como costo es mucho menor que en sectores como, por ejemplo, la construcción. De modo que las cámaras empresarias escuchan las demandas y las evalúan tanto en función de sus ganancias como del poder de su contraparte. Con los gremios estatales y los docentes, el problema es distinto. Estos últimos dependen de los presupuestos provinciales más los aportes nacionales. Y sin una solución que involucre esfuerzos de los Estados federales más el Estado central, ya sea vía partidas extra o nuevos tributos, es difícil augurar qué pasará con el inicio de clases. Nada que no conozca la Argentina, pero no es bueno seguir tropezando con la misma piedra.
PRECIOS Y TARIFAS. Aunque no se sepa la fórmula, Kicillof ya advirtió que habrá reducción o eliminación de las tarifas subsidiadas a la electricidad, el agua y el gas. Subsidios de larga data –una década– y que para nada tuvieron un acento social o progresivo –salvo las quitas de enero de 2012 a barrios top o edificios de lujo– sino meramente jurisdiccional: el conglomerado urbano de Buenos Aires. Sin dudas, los aportes públicos a la energía contribuyeron al consumo y contuvieron disparadas de precios. Sin una progresividad en función de los ingresos de cada usuario, el sinceramiento de las tarifas puede castigar a sectores populares. Es aún una incógnita la fórmula que se aplicará.
Pero con respecto a los precios sí se vive un tironeo intenso. Recientes declaraciones de Augusto Costa a la Agencia Paco Urondo ponen de manifiesto las escasas herramientas del Estado y, en consecuencia, el techo que tiene el positivo control de los consumidores. Las sanciones se encuadran en dos leyes –dijo Costa–: la de Lealtad Comercial y la de Defensa del Consumidor. Permiten fijar multas y hasta clausurar comercios. "El tema es el siguiente –agregó–, hay todo un procedimiento formal para poder aplicar esas multas. Primero, que vaya un inspector oficial de la Secretaría al supermercado y tome nota del problema. Después nosotros revisamos el acta y notificamos al supermercado. El supermercado tiene un plazo para hacer un descargo. Con ese descargo, analizamos si se justifica o no. Si se justifica, aplicamos una multa en función de la gravedad del hecho. La empresa o el supermercado tiene que pagar esa multa. Si hacen una presentación en la justicia en lo Contencioso Administrativo respecto a que consideran que la multa no corresponde o lo que sea, la justicia aplica un efecto suspensivo de la medida y decide que hasta que no se tome una decisión en la justicia, no hay que pagarla." El secretario apoyó el proyecto de Aníbal Fernández: "Pague, y si se demuestra que estaba mal, después se devuelve". ¿Será este otro de los temas a tratar por el Congreso de modo perentorio?
Y no todo termina con la canasta familiar: los tironeos con los laboratorios medicinales también dejaron sabor a poco. La semana pasada, Capitanich anunció que los precios de 18 mil medicamentos volvían a los del 21 de enero mientras que 600 productos bajaban sus precios. Tras las reuniones con laboratorios, el anuncio no se confirmó, y ayer el jefe de Gabinete anunció que no hubo avances en las negociaciones. Con las naftas, el acuerdo con las petroleras llevó a un aumento del 6% la semana pasada, salvo Shell que todavía se rige por el 12% que generó otro revuelo contra la compañía.
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Dentro de once días, la presidenta inaugurará el 132º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Esta es la séptima vez que Cristina Fernández de Kirchner cumple con este ritual de la democracia y es de esperar un discurso importante, habida cuenta de los cambios que vive la Argentina y las expectativas que despierta –entre propios y ajenos del kirchnerismo– el diagnóstico y los eventuales anuncios que la mandataria pueda realizar. Pese a que se daba por descontado que en el receso de verano el Ejecutivo iba a convocar a sesiones extraordinarias, esto no tuvo lugar. En efecto, debe recordarse que uno de los asuntos a tratarse era una iniciativa enunciada por el senador Aníbal Fernández para encuadrar y sancionar a los policías de numerosos distritos provinciales que hicieron abandono de sus obligaciones y, en muchos casos, propiciaron desmanes o dejaron zonas liberadas en unas jornadas que costaron no menos de 14 muertos y que para las principales figuras del gobierno no fueron desbordes espontáneos o con fines salariales, sino episodios que tuvieron componentes golpistas.
Esto sólo justificaba que diputados y senadores sesionaran porque, además del desborde institucional y los claros indicios de connivencia policial con los saqueadores, cabe recordar que la mayoría de los gobernadores otorgaron aumentos por decreto del orden del 35% para los uniformados. Es decir, arrancaron remuneraciones que están diez puntos por encima de la oferta salarial que esos mismos mandatarios conversaron entre ellos para ofrecerles a los docentes. Sin perjuicio de la extorsión, hubo muchas voces que se mostraron a favor de un derecho de agremiación –limitado por las funciones de seguridad– de los uniformados. Otro tema interesante para el Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no llamar a sesiones extraordinarias pese a que la nueva conformación de las cámaras, tras los comicios del 27 de octubre pasado, le da una mayoría de 132 votos en Diputados (tres más de los necesarios para mayorías simples) y una ajustada mayoría en la Cámara Alta que, como se sabe, en caso de empate cuenta con el voto del vicepresidente, favorable al Ejecutivo.
Pero no fueron las cuentas –el poroteo, como se lo llama en la jerga parlamentaria– lo que hizo desistir al gobierno de reunir a los legisladores en este verano tan tórrido como vertiginoso. Basta recordar los tironeos y especulaciones que generó el aumento de la cotización del dólar durante los últimos once días de enero para encontrar el motivo que llevó al Ejecutivo a pilotear los cambios políticos y económicos sin abrir el debate. El asunto es que para muchos dirigentes políticos, aun dentro de los espacios kirchneristas, es impensable una devaluación que no altere los precios e incida en la puja por la distribución del ingreso. En ese sentido, hubiera sido desafortunado haber convocado a extraordinarias sin proyectos de leyes económicas. Desde el punto de vista de cierta eficacia, quizá el gobierno evalúe que acertó en no abrir debates, pero la pregunta es si esta etapa no necesita de mayores alianzas que den basamento a la gobernabilidad.
UNA AGENDA PARA DIEZ DÍAS. No son pocos los flancos que deja abierto un desfasaje cambiario tan pronunciado: el dólar oficial valía 6,02 pesos el 18 de noviembre, cuando asumió la dupla Jorge Capitanich-Axel Kicillof, y tres meses después cuesta 7,79 pesos. Por más que el dólar esté quieto, incide en el tema más sensible de estos días: el de las convenciones colectivas. Si bien Hugo Moyano se mostró manso y partidario de paritarias anualizadas, su hijo Pablo, secretario adjunto del gremio de Camioneros, ya salió a decir que pedirán una suba del 35 por ciento. Sin dudas es para calentar el ambiente, porque ese gremio cerró paritarias en junio de 2013 por 26,6% y los choferes cobrarán el último tramo de ese aumento –del 6%– en el mes de marzo. Pero, además, ese gremio, que tiene 200 mil afiliados de distintos rubros en todo el país, logró en diciembre un adicional de fin de año por 1850 pesos, pagaderos en tres tramos: febrero, abril y mayo. Los empresarios del transporte tuvieron durante estos años altísimas ganancias y muchas facilidades para renovar flotas, con precios especiales y créditos promovidos desde el Estado.
Pero más importante que ese resto económico es el poder de negociación sindical. Moyano y la conducción del gremio no necesitan alianzas ni se preocupan mucho por los perjuicios que puedan causar miles de camiones sin llevar mercadería o directamente atravesados en las rutas. El líder de la CGT disidente no tuvo empacho en avalar las demandas policiales de diciembre pese a la angustia y el miedo generalizados. Moyano consolidó su poder desde mayo de 2003 pero ya en noviembre de 2011, tras la reelección de Cristina con el 54% de los votos, se pasó a la oposición. El moyanismo había surgido en los '90 a través de la alianza de muchos gremios en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y, aun con las grandes diferencias que mantenía con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en aquellos años liderada por Víctor De Genaro, ambos movimientos fueron parte sustantiva de la resistencia al neoliberalismo.
Ahora se da la paradoja de que la CTA se dividió y que el sector liderado por Hugo Yasky, aliado al gobierno, se encuentra con que su columna vertebral, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), no puede hacer pie en el diálogo a través de la postergada paritaria nacional docente. Y no es que los maestros carezcan de capacidad de movilización. Por el contrario, es un gremio que mostró un grado de combatividad y unidad elevado. Ahora bien, el miércoles 5 de marzo deberían empezar las clases y cuatro días antes hablará Cristina. ¿Habrá una estrategia oficial para financiar un aumento salarial por encima de la oferta extraoficial del 25 por ciento? ¿Cómo responderá el gobierno de Daniel Scioli al reclamo del 35% de los docentes bonaerenses?
LEYES DE GRAVEDAD. Hay leyes no escritas en los procesos de traslación de ingresos por vía combinada de devaluación e inflación. La primera es que ganan posiciones los sectores exportadores. No se sabe si el tema de una agencia mixta de comercialización de granos fue tema de conversación entre la presidenta y Julián Domínguez –presidente de la Cámara de Diputados y partidario de esa medida– en la reunión que mantuvieron ambos durante el viaje a La Habana o en posteriores contactos telefónicos.
La segunda ley no escrita es que por vía devaluatoria se produce una transferencia de los sectores de ingresos fijos hacia otros sectores, dueños de capital. Pero entre los asalariados, las brechas pueden ser muy grandes: para los sectores de capital intensivo, la incidencia del salario como costo es mucho menor que en sectores como, por ejemplo, la construcción. De modo que las cámaras empresarias escuchan las demandas y las evalúan tanto en función de sus ganancias como del poder de su contraparte. Con los gremios estatales y los docentes, el problema es distinto. Estos últimos dependen de los presupuestos provinciales más los aportes nacionales. Y sin una solución que involucre esfuerzos de los Estados federales más el Estado central, ya sea vía partidas extra o nuevos tributos, es difícil augurar qué pasará con el inicio de clases. Nada que no conozca la Argentina, pero no es bueno seguir tropezando con la misma piedra.
PRECIOS Y TARIFAS. Aunque no se sepa la fórmula, Kicillof ya advirtió que habrá reducción o eliminación de las tarifas subsidiadas a la electricidad, el agua y el gas. Subsidios de larga data –una década– y que para nada tuvieron un acento social o progresivo –salvo las quitas de enero de 2012 a barrios top o edificios de lujo– sino meramente jurisdiccional: el conglomerado urbano de Buenos Aires. Sin dudas, los aportes públicos a la energía contribuyeron al consumo y contuvieron disparadas de precios. Sin una progresividad en función de los ingresos de cada usuario, el sinceramiento de las tarifas puede castigar a sectores populares. Es aún una incógnita la fórmula que se aplicará.
Pero con respecto a los precios sí se vive un tironeo intenso. Recientes declaraciones de Augusto Costa a la Agencia Paco Urondo ponen de manifiesto las escasas herramientas del Estado y, en consecuencia, el techo que tiene el positivo control de los consumidores. Las sanciones se encuadran en dos leyes –dijo Costa–: la de Lealtad Comercial y la de Defensa del Consumidor. Permiten fijar multas y hasta clausurar comercios. "El tema es el siguiente –agregó–, hay todo un procedimiento formal para poder aplicar esas multas. Primero, que vaya un inspector oficial de la Secretaría al supermercado y tome nota del problema. Después nosotros revisamos el acta y notificamos al supermercado. El supermercado tiene un plazo para hacer un descargo. Con ese descargo, analizamos si se justifica o no. Si se justifica, aplicamos una multa en función de la gravedad del hecho. La empresa o el supermercado tiene que pagar esa multa. Si hacen una presentación en la justicia en lo Contencioso Administrativo respecto a que consideran que la multa no corresponde o lo que sea, la justicia aplica un efecto suspensivo de la medida y decide que hasta que no se tome una decisión en la justicia, no hay que pagarla." El secretario apoyó el proyecto de Aníbal Fernández: "Pague, y si se demuestra que estaba mal, después se devuelve". ¿Será este otro de los temas a tratar por el Congreso de modo perentorio?
Y no todo termina con la canasta familiar: los tironeos con los laboratorios medicinales también dejaron sabor a poco. La semana pasada, Capitanich anunció que los precios de 18 mil medicamentos volvían a los del 21 de enero mientras que 600 productos bajaban sus precios. Tras las reuniones con laboratorios, el anuncio no se confirmó, y ayer el jefe de Gabinete anunció que no hubo avances en las negociaciones. Con las naftas, el acuerdo con las petroleras llevó a un aumento del 6% la semana pasada, salvo Shell que todavía se rige por el 12% que generó otro revuelo contra la compañía.
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