YPF, maestros y danza de candidatos

Después de 22 meses de la nacionalización de las acciones que tenía Repsol en YPF –un 51% del total del paquete accionario–, el directorio de la petrolera española aceptó la oferta argentina. La confirmación fue el viernes, cuando desde las oficinas de Repsol en Madrid salió una comunicación a la Bolsa de Valores que de inmediato levantó la alicaída acción de esa compañía. Este es un paso casi definitivo tras la oferta hecha cuatro meses atrás en Buenos Aires por el gobierno argentino a la plana mayor de Repsol. La cifra es 5.000 millones de dólares pagaderos con una ingeniería financiera que todavía no se conoce en detalle, pero que no implicaría dólares billetes. Ese número surge de una combinación de una valuación contable de YPF del orden de 10.000 millones de dólares pero también de las razones políticas que tiene el gobierno argentino y la compañía española.

Del lado de Repsol, la semana próxima deberán presentar balance y los números no son buenos. Por eso el apuro del viernes de comunicar a la Bolsa una operación todavía no cerrada. Sin embargo, no habrá mucho suspenso: pasado mañana, el Consejo de Administración de Repsol se dio cita para informar sobre la modalidad del pago acordado.

Para el gobierno argentino, a casi dos años de la expropiación, hay un giro en el discurso público. Ya no pesa tanto el rol del Estado que recupera la soberanía sino que se pone en valor la capacidad de no entrar en conflicto con los factores de poder financiero internacional. En efecto, en orden de llegar a un acuerdo con el Club de París y tener diálogo con el FMI, la Argentina se saca de encima un conflicto más en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) y marcha hacia la meta, incierta, de lograr créditos e inversiones externas. Desde el punto de vista de los números, la cifra acordada es la mitad de los 10.500 millones de dólares que reclamaba Antonio Brufau, presidente del directorio, cuando se enteró de la estatización. También es un número menor de los 5.265 euros (alrededor de 7.000 millones de dólares) que Repsol dice tener como base contable de sus reclamos.

El lado crudo del petróleo. YPF tuvo un buen 2013. Acaba de comprar Apache y ahora lidera no solo la producción petrolera sino también la gasífera. A su vez, Miguel Galuccio deposita expectativas concretas en que el yacimiento de Vaca Muerta será un soporte para la situación energética argentina que carga dos problemas diferentes, ambos asociados al crecimiento de la producción y el consumo. Uno se refiere a los subsidios del consumo de la electricidad, el agua y el gas, particularmente en el conglomerado urbano de Buenos Aires, salvo barrios y edificios considerados de ingresos muy altos. Si se les suman los subsidios al transporte público, se trata de unos 130.000 millones durante 2013, con un crecimiento de alrededor del 30% medido en pesos respecto de 2012.

Significa una cuarta parte del Presupuesto nacional y unos 4,5 puntos del PBI. Aunque buena parte de la prensa del establishment se queja del supuesto desmanejo de los subsidios, está claro que algunas compañías multinacionales pueden competir en algunas licitaciones internacionales gracias a que cuentan con energía barata. El otro tema es el déficit de la balanza comercial energética: en 2013 fue de alrededor de 10.000 millones de dólares, con un aumento de no menos del 15% medido en dólares respecto de 2012.

El giro de la política gubernamental en gas y petróleo fue de pasar de Enarsa y sus convenios con Pdvsa a buscar socios e interlocutores en las big oils (las grandes multinacionales petroleras). De allí el acuerdo con Chevron en Vaca Muerta y el ingreso, en cuentagotas, de otras empresas como Pan American Energy y Total. Se trata de apuestas a mediano y largo plazo. De momento, para alinearse con las operadoras privadas, el Gobierno autorizó pagar más a los productores de gas en boca de pozo y también fuertes aumentos de combustibles durante 2013 seguidos por nuevas su­bas tras la devaluación del peso.

Cabe recordar que el 3 de febrero, Shell había aumentado los precios en 12%. Dos días después, tras reunirse con autoridades del Ministerio de Economía para bajarlo al 6%, se hablaba de un acuerdo con los proveedores de crudo con un dólar a precio diferencial de 6,88 pesos; o sea, un peso más barato que el oficial. Tras idas y vueltas, con la intervención de los gobernadores, se estableció que las productoras entregaran a las refinerías el crudo con un descuento del orden del 14% en vez de ese “dólar petrolero”. Así, finalmente, Shell retrotrajo su precio al tiempo que YPF lo subía en un 6%. Cabe recordar que las naftas y el gasoil ya habían aumentado el 1º de enero, antes de de devaluación, y ese aumento sumado al de todo 2013 hizo que la nafta súper de YPF subiera más del 50%.

Precios a discreción. Las reuniones de funcionarios de distintas áreas con cámaras y empresas, ya sea energéticas, de laboratorios, electrodomésticos y –lo más tironeado– las cadenas de comercio minorista de alimentos y consumo masivo, no logran frenar la escalada de precios. El hecho de que algunos consumidores identifiquen la capacidad de remarcación de los comerciantes pone un toque de atención a los empresarios. Se trata de un dato que incide en el humor de quienes están de un lado o del otro del mostrador. Aunque la subjetividad de los actores sociales pueda influir en las expectativas, de ningún modo es un dato capaz de frenar la inflación. La palabra del Gobierno alertando sobre la falta de patriotismo de los empresarios o la advertencia de la Presidenta que “no deben matar la gallina de los huevos de oro” no cambia el curso de los precios. Es cierto que la desocupación es baja, pero también hay síntomas de alerta en la producción y la suba de las tasas de interés puede sí operar para moderar la actividad económica, no así bajar los precios.

La realidad es que las políticas de diálogo con los sectores del capital concentrado, o las multas, o el nuevo registro de granos en la órbita de la AFIP, no frenan los aumentos. Es difícil saber qué resultados tendría aplicar la ley de abastecimientos y otras normas severas. La historia demuestra que cualquier la autoridad pública intenta limitar las demarcaciones, el poder económico no tiene reparos en castigar a los consumidores, ya sea vía desabastecimiento o cartelizando sus políticas de precios. Eso siempre crea un clima de zozobra en la población. La pregunta es si un gobierno que defiende el bolsillo popular no debe intentar doblar la apuesta y desafiar las supuestas leyes del mercado. El camino no parece tan difícil: además de hablar de la gallina de los huevos de oro, los funcionarios deberían hacer públicos los números de las famosas cadenas de valor para que haya menos retórica y más precisión en las políticas de precios.

Paritarias. El viernes, ya en tiempo de descuento, se reunió la paritaria nacional docente y Jorge Capitanich habló tres veces en el día. Fue claro: no hubo acuerdo salarial. La oferta oficial fue del 22% en tres tramos, el último en noviembre. Eso sí, en un año donde habrá más del 22% de inflación. Ctera también fue claro: llevar los 3.416 pesos de básico a 4.800. Lo cierto es que José Manuel de la Sota otorgó el 31,6% a los docentes cordobeses, apenas algo menos del 33% dado en diciembre a los policías provinciales. En San Luis, los aumentos a los empleados provinciales –que incluyen a los docentes– fueron del 30%. En Santa Fe, el gobierno ofreció sumas entre un 26 y 30%, el aumento mayor para el básico. Además, pagaría en dos cuotas, (marzo y julio). Con dos agregados: en febrero pagarían una suma, que varía de acuerdo con la antigüedad; y, además, el Gobierno aceptaría volver a reunirse con los gremios docentes si el costo de vida aumenta sustancialmente. Santiago del Estero otorgó un 25%. Salta había arreglado aumentos escalonados en noviembre pasado, del orden del 25%.
Si la semana próxima no hay un giro del gobierno nacional, el escenario será complejo: sin la brújula de la paritaria nacional, la mayoría de las provincias no saben con qué fondos contarán para otorgar aumentos. En la provincia de Buenos Aires, donde Daniel Scioli tiene el 40% de la matrícula de docentes del país y, además, está jugando un partido de cara a 2015 en el cual el inicio de las clases le jugaría a favor. Más allá de las candidaturas, un conflicto docente prolongado sería una muy mala noticia para la sociedad, especialmente para los pibes y para los padres que confían en la educación pública y que no quieren verse envueltos en los dilemas que pretende instalar la derecha respecto de que los maestros extorsionan.

La realidad es que hoy las paritarias privadas rondan el 30% o más, y no el 25%. Si los aumentos a los docentes y empleados públicos significan un problema para el erario público –y nadie en su sano juicio duda de que eso es así– deberían darse los debates y buscar las formas técnicas para fondear la actualización salarial. Tal como empieza este artículo, sería poco sensato desconocer la necesidad de llegar a un acuerdo con Repsol, aun cuando la Argentina se deba un debate a fondo sobre el rol del Estado en el petróleo y la comercialización de granos. Ahora, si se logra una ingeniería financiera para llegar a un acuerdo con Repsol, parecería de toda justicia buscar soluciones para esta paritaria docente. Mañana lunes, los 242 congresales de Ctera se dieron cita en la sede central de esa confederación en Chile 654, pleno barrio porteño de San Telmo. A su vez, faltan nueve días para el 5 de marzo, cuando deberían comenzar las clases.

Candidaturas. El acto del viernes pasado en Florencio Varela, la Presidenta no sólo dedicó unos cuantos párrafos a la compleja situación venezolana. De cara al interior de la Argentina, debe señalarse quiénes fueron los interlocutores. Por un lado, porque a su lado estaba sentado Scioli, quien se muestra como candidato pero sabe que la Presidenta les dio luz verde a otros bonaerenses, especialmente a Florencio Randazzo y a Julián Domínguez. A su vez, la Presidenta dialogó con la vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno. Se trata posiblemente de un signo más de distensión en el vínculo con José Manuel de la Sota, que desde el conflicto policial bajó los decibeles de su crítica al gobierno central. Cristina también dialogó con Juan Manuel Urtubey, otro gobernador que no ocultó su autonomía del gobierno central y sus vínculos con sectores liberales en materia política y económica. Es difícil ponderar qué importancia puede tener ahora el posicionamiento de ciertos dirigentes.

Más bien, este fin de febrero está signado por la agenda social y económica.
Quizá podría plantearse de otro modo: las decisiones políticas más importantes son las que permitan fórmulas donde se aquieten los precios, se mejoren los salarios y que estos, a su vez, no sean absorbidos por la demarcación. No se trata de un escenario utópico sino de fortalecer al Estado con su capacidad de arbitraje y, sobre todo, de territorio de defensa de los intereses populares. Es cierto que para muchos militantes y simpatizantes del kirchnerismo la idea de abrir debates es interpretado como una conducta que pretende restar fuerzas a la Presidenta. Al mismo tiempo, una buena parte de la sociedad –que votó al kirchnerismo y muchos de ellos que lo seguirán votando– sufre los efectos de la inflación y ven al debate público como un camino para mejorar su situación. El dilema, más allá de las intenciones, incluso del grado de apertura que pudiera lograr el Gobierno, es que la Argentina entró en negociaciones salariales con un clima de precios calientes. Serán semanas interesantes que pondrán a prueba a muchos de los actores sociales y políticos. 

EDUARDO ANGUITA MIRADAS AL SUR.