El 18 de diciembre pasado comenzó un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata que juzgará a veintiún imputados por el secuestro y tortura de detenidos y la sustracción de menores nacidos en cautiverio en el centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”.
Por Rocío Cereijo I Además, se investiga el caso de la familia del embajador argentino en España, Carlos Bettini. El debate oral y público se lleva a cabo los miércoles y viernes en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 que funciona en el edificio de la ex AMIA (calle 4 entre 51 y 53).
“La Cacha” formó parte de los más de veinte campos de concentración encabezados en el Gran Buenos Aires por el Coronel Ramón Juan Camps. El CCD funcionó desde fines de 1976 a 1978 en los galpones de la antigua planta transmisora de Radio Provincia, colindante con las unidades penitenciarias 1 y 8. Numerosos testigos recordaron haber escuchado hablar a los represores sobre el robo de cobre de los materiales relacionados a la radiofonía que aún se hallaban en el lugar.
El CCD fue nombrado “La Cacha” por los genocidas, en relación al personaje infantil “la bruja Cachavacha”, que tenía el poder de hacer desaparecer gente. Tal como sucedía en otros centros clandestinos, las personas que se encontraban secuestradas allí eran carentes de toda protección jurídica y los familiares desconocían su paradero. Los detenidos permanecían incomunicados la mayoría de las veces, encapuchados y engrillados en espacios reducidos. La higiene y alimentación era precaria y recibían la amenaza constante de ser torturados con picana o golpes e incluso, de ser asesinados.
Según la declaración de víctimas sobrevivientes, la particularidad de este lugar era la connivencia de las distintas fuerzas de seguridad tales como la policía y el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB), el Ejército, la Marina y el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). En este sentido, según afirmó la ex detenida desaparecida María Laura Bretal, había cuatro guardias que rotaban durante todo el día: “Los porotos” (Ejército), “Los Pirulos” (SPB), “Los Carlitos” (Marina) y “Los Pitutos” (SIE), estos últimos “de ideología marcadamente nazi”.
Este CCD operó además, como una maternidad clandestina para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas al momento del secuestro. Entre los casos se encuentran el de Laura “Rita” Carlotto, secuestrada con tres meses de embarazo, quien volvió tres días después de dar a luz a su hijo en el Hospital Militar de Buenos Aires al CCD. Otro de los casos es el de los mellizos Reggiardo Tolosa, hijos de Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Tolosa (detenidos en “La Cacha”), que fueron apropiados e inscriptos como hijos legítimos por el represor Samuel Miara y su esposa Beatriz Castillo.
El tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus juzgará a 21 acusados por delitos cometidos en perjuicio de 147 víctimas, la mayoría de ellas detenidas en el CCD “La Cacha” durante 1977.
Imputados
Los veintiún imputados investigados son: Eduardo Gargano (Policía), Héctor Di Pasquale (Ejército), Miguel Osvaldo Etchecolatz (Policía), Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno de facto bonaerense), Horacio Elizardo Luján (Policía), Julio César Garachico (Policía), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (Ejército), Claudio Raúl Grande (SIE), Miguel Ángel Amigo (Ejército), Juan Carlos Herzberg (Ejército), Ricardo Armando Fernández (Ejército), Emilio Alberto Herrero Anzorena (Ejército), Carlos María Romero Pavón (Ejército), Gustavo Adolfo Cacivio (Ejército), Raúl Ricardo Espinoza (Ejército), Héctor Raúl Acuña (SPB), Luis Orlando Perea (Ejército), Roberto Armando Balmaceda (Ejército), Rufino Batalla (Ejército), Isaac Crespín Miranda (SPB) y Anselmo Pedro Palavezzati (SIE).
APU
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