Las lecturas simplistas de la problemática de tomas de tierras se reducen a catalogarlas como actos delictivos; promueven un sentido común que criminaliza la pobreza y judicializa el conflicto social y estigmatiza a los sectores vulnerables.
Por la Licenciada Laila Robledo - Urbanista
En la Provincia de Buenos Aires el fenómeno no es nuevo, las tomas se vienen produciendo desde los ´80, y en la actualidad, como mínimo, se produce una por semana. Sucede que en general se producen en zonas perifèricas, que son o eran basurales, pajonales, áreas inundables, o de menor valor; pero cuando estas tomas se realizan en espacios visibles, o en mejores condiciones de localización, la competencia por dicho suelo es mucho mayor, y los conflictos se exponen ante la mirada de la sociedad toda, y se magnifican por los medios de comunicación.
La muerte es el condimento que hace aún más interesante esta cuestión para el enfrentamiento político y la asignación de responsabilidades, pero siguen invisibilizadas las muertes o padecimientos originados por vivir en la calle, en una vivienda precaria, en condiciones insalubres, o donde los habitantes son sometidos a condiciones extorsivas y de vulnerabilidad, alquilando una pieza en una villa a valores superan a los del mercado formal.
Los protagonistas de las tomas son movilizados por la necesidad y urgencia de crear un espacio propio para el desarrollo de sus vidas. Si bien esta situación puede percibirse como una carencia individual, lo cierto es que las reivindicaciones se producen de manera colectiva, por lo que, de alguna manera, la organización y planificación de las tomas, es la forma más efectiva con la que cuentan hoy los sectores populares para acceder a un lote. “Tenemos derecho a una vivienda” acertadamente postulan, mientras que por otro, intentan dar argumentos para que su accionar sea comprendido por la sociedad, se defienden de las acusaciones criminalizadoras y de quienes los abordan como si se tratara de un problema de actitudes, de caprichos, cuando en verdad trata de una necesidad real ante un problema concreto y complejo.
La lucha por la tierra urbana se expresa entonces como una toma de tierras, mientras que por otro, se que mantiene y reproduce su situación de desigualdad y fragmentación urbana. En este sentido, frente al avance del mercado sobre el Estado, las políticas y los planes de vivienda nunca serán suficientes. Por lo tanto, es imperativo que se aplique debidamente la recientemente reglamentada Ley de Acceso Justo al Hábitat Nº 14.449, cuyo objetivo es promover el derecho a la vivienda y al hábitat, y resolver el déficit urbano habitacional, tanto desde el fomento de proyectos habitacionales, y urbanizaciones sociales, como desde la generación de instrumentos de intervención dirigidos a reducir las prácticas especulativas respecto a la valorización del suelo urbano.
Este último se ha convertido en una de las mercancías más preciadas y disputadas por la sociedad. Para los sectores populares, es la base material para la reproducción de sus vidas, mientras que para los inversores privados es el soporte más redituable para la obtención de ganancias extraordinarias a través de especulaciones y transacciones inmobiliarias.
Mientras que los Countries permanecen cerrados hacia el conjunto de la sociedad, obstaculizan las posibilidades de circulación, sin que por ello se los acuse penalmente por el monopolio de segregación que generan, paradójicamente, las tomas llevan la impronta de la cuadrícula, en su afán de incorporarse a la trama urbana existente, adoptando las formas circundantes en cuanto a amanzanamiento y dimensiones de los lotes encuadradas en la norma vigente.
Esta forma de configuración social de los terrenos se traduce en lo que podríamos reconocer como un modelo organizativo urbano, que fue replicándose en muchas experiencias, pues facilitó una posterior regularización. Si bien esta acción puede resultar un mecanismo eficaz para asegurar la tenencia, en general, al no ir acompañado de una adecuada regularización urbano-ambiental, las posibilidades de revertir integralmente la problemática se ven seriamente limitadas.
Los barrios cerrados consumen una enorme cantidad de suelo, se producen con densidades bajísimas, fragmentan el territorio y encarecen el precio del suelo, mientras que en los sectores consolidados, una parte muy importante se encuentra deshabitada, y donde quedan vacíos urbanos, estos se quedan así a la espera de su valorización inmobiliaria.
La cuestión de fondo es el acceso al suelo urbano. Sólo acceden a la ciudad quienes puedan pagar por ella, una injusticia puede resolverse en gran medida a partir de la aplicación de los instrumentos con los que se cuenta en términos de política urbana, en plena vigencia con la Ley de acceso justo al hábitat, unidas a otras acciones concretas en las que el Estado, además de regular el mercado, produzca suelo, propicie alquileres sociales, y despenalice a quienes se ven en la necesidad de habitar inmuebles abandonados, y que no encuentran otra alternativa para resolver su necesidad habitacional.
APU
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