El juez de instrucción de la 14ª Nominación de los tribunales provinciales rosarinos, Juan Carlos Vienna, procesó el pasado miércoles a 36 personas, entre ellos 13 integrantes de las fuerzas de seguridad (11 de La Santafesina SA, uno de la Federal y otro de Prefectura) como integrantes de una asociación ilícita que, entre otros fines, vende drogas, asesina por encargo y tiene estrechas relaciones con las distintas fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, que supuestamente actúan en el territorio para combatir esos mismos delitos. “Esta causa que tomó como nombre genérico la causa de Los Monos ha sido la más importante de lo últimos veinte años en Rosario”, sostuvo el fiscal de cámara, Guillermo Camporini, al mismo tiempo que agregó que “ha salido a la luz la connivencia de las fuerzas de seguridad con estas organizaciones”. La banda encabezada por los integrantes de la familia Cantero se convirtió en el principal grupo narco de la región del Gran Rosario, llegando a acumular un patrimonio de casi cinco millones de dólares, solamente en bienes inmuebles, según cálculos de los investigadores. Pero en la resolución de 408 páginas del docto Vienna se habla que el verdadero poder de Los Monos radicaba en el manejo de los barrios, sus habitantes y en el negocio de la violencia. ¿Por qué fue posible semejante construcción delictiva?. En la notable resolución hay indicios que necesariamente merecen reflexiones de parte de la dirigencia política, no solamente rosarina, sino también de la provincial y la nacional.
Un sábado más de setiembre. “El temporal de lluvia causó graves anegamientos en distintos barrios”, decía el principal titular del diario La Capital, aquel sábado 8 de setiembre de 2012. También hacían mención al atentado que sufriera el reconocido abogado penalista de Rosario Alberto Tortajada, en el palier del edificio donde tiene su estudio. Esa misma tarde, en el límite entre el macrocentro y el prólogo de la zona sur, en Entre Ríos y bulevar 27 de Febrero, un sicario mató a Martín Fantasma Paz. El rumor periodístico traía el lejano eco de “Los Monos”. Pero no mucho más.
Pero el viernes 19 de octubre, Página/12 publicó la nota “La delgada línea blanca”, firmada por Raúl Kollman, en la que aseguraban que pedían “la detención del jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, en una causa por coimas y complicidad con las redes de narcotráfico de esa provincia. Aparece comprometido en escuchas telefónicas y por una ayuda a un narco para que eluda la persecución policial”, decía la tapa del diario. El 22 de octubre, ya con Tognoli renunciado y a punto de ser detenido, el gobernador Antonio Bonfatti anunció la creación de la Secretaría de Investigaciones en Delitos Complejos, a cargo de la abogada, policía y reconocida militante socialista Ana Viglione y, por otro lado, el renunciante secretario de seguridad, Marcos Escajadillo, era presentado como titular de Protección Civil de la provincia. El martes 20 de noviembre, Bonfatti presentaba una nueva reforma policial y un día después, el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, soportaba una interpelación de más de ocho horas en la Cámara de Diputados de la Provincia. Ya la militancia del Frente Popular Darío Santillán, luego del triple crimen del primero de enero en Villa Moreno, también en la zona sur rosarina, habían impuesto un término: Narcopolicía.
Cuando el 26 de mayo de 2013 fue asesinado Claudio Pájaro Cantero, mencionado como el jefe de la principal empresa narco en la ex ciudad obrera, aquel asesinato del Fantasma Paz se convirtió en una herramienta clave para demostrar que las instituciones debían hacer algo.
Casi un año y medio después, “a partir del hecho puntual del homicidio del Pájaro Cantero y la ola de sucesos homicidas que se sucedieron a partir de éste, tomando como base la investigación del doctor Juan Vienna por el asesinato del Fantasma Paz se pone en marcha toda una investigación que recae sobre esta familia Cantero, vulgarmente denominada la banda de Los Monos. Con una gran cantidad de allanamientos, secuestro de armas, de elementos de valor, propiedades que fueron localizadas y cuyo valor no condice con el patrimonio de esa gente, droga secuestrada que fue derivada al fuero federal, es decir, es lo más trascendente de los últimos tiempos”, apuntaba en las últimas horas el ya citado fiscal Camporini.
Quizás por eso, el miércoles 19 de febrero de 2014 será recordado como el día en que un fallo judicial marcó un punto de inflexión en la historia política de la ciudad de Rosario y, por consecuencia, en la provincia de Santa Fe.
La gran cuestión es saber si la dirigencia política asumirá la responsabilidad de haber dejado desarrollar, no solamente a “Los Monos”, sino a otras tantas bandas que convirtieron a la ciudad en una “mayorista” de drogas en la geografía nacional, tal como la definen algunos jueces y fiscales. Porque las complicidades no terminan en algunos funcionarios policiales o de otras fuerzas de seguridad. Detrás de ellos siempre hay responsables políticos.
Pero el viernes 19 de octubre, Página/12 publicó la nota “La delgada línea blanca”, firmada por Raúl Kollman, en la que aseguraban que pedían “la detención del jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, en una causa por coimas y complicidad con las redes de narcotráfico de esa provincia. Aparece comprometido en escuchas telefónicas y por una ayuda a un narco para que eluda la persecución policial”, decía la tapa del diario. El 22 de octubre, ya con Tognoli renunciado y a punto de ser detenido, el gobernador Antonio Bonfatti anunció la creación de la Secretaría de Investigaciones en Delitos Complejos, a cargo de la abogada, policía y reconocida militante socialista Ana Viglione y, por otro lado, el renunciante secretario de seguridad, Marcos Escajadillo, era presentado como titular de Protección Civil de la provincia. El martes 20 de noviembre, Bonfatti presentaba una nueva reforma policial y un día después, el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, soportaba una interpelación de más de ocho horas en la Cámara de Diputados de la Provincia. Ya la militancia del Frente Popular Darío Santillán, luego del triple crimen del primero de enero en Villa Moreno, también en la zona sur rosarina, habían impuesto un término: Narcopolicía.
Cuando el 26 de mayo de 2013 fue asesinado Claudio Pájaro Cantero, mencionado como el jefe de la principal empresa narco en la ex ciudad obrera, aquel asesinato del Fantasma Paz se convirtió en una herramienta clave para demostrar que las instituciones debían hacer algo.
Casi un año y medio después, “a partir del hecho puntual del homicidio del Pájaro Cantero y la ola de sucesos homicidas que se sucedieron a partir de éste, tomando como base la investigación del doctor Juan Vienna por el asesinato del Fantasma Paz se pone en marcha toda una investigación que recae sobre esta familia Cantero, vulgarmente denominada la banda de Los Monos. Con una gran cantidad de allanamientos, secuestro de armas, de elementos de valor, propiedades que fueron localizadas y cuyo valor no condice con el patrimonio de esa gente, droga secuestrada que fue derivada al fuero federal, es decir, es lo más trascendente de los últimos tiempos”, apuntaba en las últimas horas el ya citado fiscal Camporini.
Quizás por eso, el miércoles 19 de febrero de 2014 será recordado como el día en que un fallo judicial marcó un punto de inflexión en la historia política de la ciudad de Rosario y, por consecuencia, en la provincia de Santa Fe.
La gran cuestión es saber si la dirigencia política asumirá la responsabilidad de haber dejado desarrollar, no solamente a “Los Monos”, sino a otras tantas bandas que convirtieron a la ciudad en una “mayorista” de drogas en la geografía nacional, tal como la definen algunos jueces y fiscales. Porque las complicidades no terminan en algunos funcionarios policiales o de otras fuerzas de seguridad. Detrás de ellos siempre hay responsables políticos.
El dominio de los lugares y la gente que vive en ellos. Por eso, más allá de la necesaria valoración del trabajo del juez y sus colaboradores, es fundamental reparar en la profundidad de lo que señala semejante resolución.
Dice Vienna en el punto cuarto que “la presente investigación ha permitido determinar que aquí, la asociación ilícita no existe para cometer tal o cual figura delictiva individual –o unas accesorias de otras–, sino a los fines de asegurar el control de ciertas zonas geográficas de la ciudad de Rosario y de ciertas personas y autoridades y el usufructo de dicho control, el ejercicio de cierto gobierno de facto por sobre toda otra autoridad”.
Esta “breve digresión”, tal como la califica Vienna, es una notable observación sobre el grado de feudalización que se generó en el Gran Rosario desde finales de los años noventa.
Neofeudalismo del tercer milenio: las bandas se quedan con las tierras, las calles, las casas y los cuerpos de mucha gente. Luego, semejante poder es utilizado para cualquier negocio.
El juez cita como ejemplo el piquete organizado por uno de los principales integrantes de la banda, el MonchiMachuca, frente a la comisaría 15ª, la misma que tenía jurisdicción en el triple crimen de Villa Moreno del primero de enero de 2012 que terminó con la vida de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán, con el objetivo de liberar “un lugarteniente suyo”.
De allí la importancia de estas observaciones que, por otra parte, también tienen la finalidad de demostrar por qué esta causa es llevada adelante por la justicia provincial y no por la federal, discusión que generó altos niveles de cruces mediáticos durante gran parte de 2013 entre integrantes de las diferentes jurisdicciones.
Agrega Vienna que “el objeto de esta asociación, así, es de carácter complejo, dado que supone la simultaneidad de múltiples figuras delictivas. El homicidio, por nombrar una, no puede meramente ser considerado individualmente o como accesorio de otra u otras, sino como una forma más de amedrentamiento, un mecanismo per se de aseguramiento del control aludido (a veces como sanción, a veces como venganza en conflictos interpersonales, a veces en el marco de disputas de poder o de zonas, a veces porque sí). Igual interpretación merecen los delitos de portación y tenencia ilegítimas de armas de fuego, de amenazas, de daño, de incendio intencional, de encubrimiento, y más”, sostiene el juez.
De allí que defina como objeto “fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada lo que podría denominarse como ‘el negocio de la violencia’, que en ella preexiste y es presupuesto de todo otro negocio. A saber: la organización de violencia sistemática a los fines de provocar y usufructuar un territorio liberado. La imposición por el miedo (lo cual otorga un valor agregado a los testimonios recabados en la presente investigación). Objeto societario complejo y múltiple, que, por su naturaleza y extensión, no puede más que corresponder a la justicia común”, apunta el magistrado.
“No estamos en presencia de meros ‘narcotraficantes’, amparados en el secreto y la clandestinidad, abocados al mero intercambio, sino, por el contrario, nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas, proveedores de ‘seguridad’, prometedores de violencia, que en dicho marco usufructúan negocios diversos y exclusivos, legales o no, entre ellos el de la droga. En la organización analizada, el negocio de la violencia preexiste y resulta el presupuesto de los restantes negocios –incluido aquí el de los estupefacientes ilegales–, tanto histórica como funcionalmente. Aquí, en fin, el medio principal es el ejercicio de la violencia, el ejercer mafioso, y, de allí, la liberación de un terreno donde crecer y proliferar”, termina diciendo Vienna.
A partir de estas definiciones vienen las necesarias preguntas: ¿por qué y cómo la banda de Los Monos logró semejante feudalización de distintas zonas del Gran Rosario?.
¿Qué grado de complicidad tuvo el poder político de distintas administraciones?.
¿La Santafesina SA es socia o es el mayor cartel que garantiza la distribución de las armas y las drogas en el Gran Rosario y, por ende, en la gigantesca geografía de la provincia con forma de bota y nombre religioso?
Dice Vienna en el punto cuarto que “la presente investigación ha permitido determinar que aquí, la asociación ilícita no existe para cometer tal o cual figura delictiva individual –o unas accesorias de otras–, sino a los fines de asegurar el control de ciertas zonas geográficas de la ciudad de Rosario y de ciertas personas y autoridades y el usufructo de dicho control, el ejercicio de cierto gobierno de facto por sobre toda otra autoridad”.
Esta “breve digresión”, tal como la califica Vienna, es una notable observación sobre el grado de feudalización que se generó en el Gran Rosario desde finales de los años noventa.
Neofeudalismo del tercer milenio: las bandas se quedan con las tierras, las calles, las casas y los cuerpos de mucha gente. Luego, semejante poder es utilizado para cualquier negocio.
El juez cita como ejemplo el piquete organizado por uno de los principales integrantes de la banda, el MonchiMachuca, frente a la comisaría 15ª, la misma que tenía jurisdicción en el triple crimen de Villa Moreno del primero de enero de 2012 que terminó con la vida de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán, con el objetivo de liberar “un lugarteniente suyo”.
De allí la importancia de estas observaciones que, por otra parte, también tienen la finalidad de demostrar por qué esta causa es llevada adelante por la justicia provincial y no por la federal, discusión que generó altos niveles de cruces mediáticos durante gran parte de 2013 entre integrantes de las diferentes jurisdicciones.
Agrega Vienna que “el objeto de esta asociación, así, es de carácter complejo, dado que supone la simultaneidad de múltiples figuras delictivas. El homicidio, por nombrar una, no puede meramente ser considerado individualmente o como accesorio de otra u otras, sino como una forma más de amedrentamiento, un mecanismo per se de aseguramiento del control aludido (a veces como sanción, a veces como venganza en conflictos interpersonales, a veces en el marco de disputas de poder o de zonas, a veces porque sí). Igual interpretación merecen los delitos de portación y tenencia ilegítimas de armas de fuego, de amenazas, de daño, de incendio intencional, de encubrimiento, y más”, sostiene el juez.
De allí que defina como objeto “fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada lo que podría denominarse como ‘el negocio de la violencia’, que en ella preexiste y es presupuesto de todo otro negocio. A saber: la organización de violencia sistemática a los fines de provocar y usufructuar un territorio liberado. La imposición por el miedo (lo cual otorga un valor agregado a los testimonios recabados en la presente investigación). Objeto societario complejo y múltiple, que, por su naturaleza y extensión, no puede más que corresponder a la justicia común”, apunta el magistrado.
“No estamos en presencia de meros ‘narcotraficantes’, amparados en el secreto y la clandestinidad, abocados al mero intercambio, sino, por el contrario, nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas, proveedores de ‘seguridad’, prometedores de violencia, que en dicho marco usufructúan negocios diversos y exclusivos, legales o no, entre ellos el de la droga. En la organización analizada, el negocio de la violencia preexiste y resulta el presupuesto de los restantes negocios –incluido aquí el de los estupefacientes ilegales–, tanto histórica como funcionalmente. Aquí, en fin, el medio principal es el ejercicio de la violencia, el ejercer mafioso, y, de allí, la liberación de un terreno donde crecer y proliferar”, termina diciendo Vienna.
A partir de estas definiciones vienen las necesarias preguntas: ¿por qué y cómo la banda de Los Monos logró semejante feudalización de distintas zonas del Gran Rosario?.
¿Qué grado de complicidad tuvo el poder político de distintas administraciones?.
¿La Santafesina SA es socia o es el mayor cartel que garantiza la distribución de las armas y las drogas en el Gran Rosario y, por ende, en la gigantesca geografía de la provincia con forma de bota y nombre religioso?
Delitos complejos. En los fundamentos de la resolución, al hablar de cada uno de los trece integrantes de las fuerzas de seguridad que trabajaron para Los Monos o junto a ellos, aparece el nombre del sargento de la policía provincial, Juan El Chavo Maciel, integrante de la recientemente creada secretaría de Delitos Complejos luego del cimbronazo político que generó la detención del ex jefe de la fuerza, Hugo Tognoli, todavía preso por formar parte de una red narco.
Allí se menciona que casi nada de las actividades de los integrantes de esa fuerza especial era desconocido para sus principales funcionarios políticos, en especial su jefa, Ana Viglione, una histórica militante del Partido Socialista en Santa Fe.
Y otro detalle que resulta fundamental, a la hora de entender el proceso histórico en el cual está inmerso la Argentina: en la vida cotidiana, en las calles del Gran Rosario, los integrantes de la Policía Federal, de la provincial y de Prefectura, trabajan juntos, tal como lo hacían en la dictadura cuando conformaban lo que llamaban “fuerzas conjuntas”. Esa matriz se ha reciclado para generar mucho dinero de forma ilegal a partir del dominio de los territorios como bien marca Vienna.
Hecho que, por otra parte, vuelve a señalar lo repetido hasta el hartazgo desde estas columnas: no hay ausencia del Estado, existe una clara presencia corrupta de parte del Estado a través de sus fuerzas de seguridad. La histórica resolución del doctor Juan Carlos Vienna así lo demuestra.
Allí se menciona que casi nada de las actividades de los integrantes de esa fuerza especial era desconocido para sus principales funcionarios políticos, en especial su jefa, Ana Viglione, una histórica militante del Partido Socialista en Santa Fe.
Y otro detalle que resulta fundamental, a la hora de entender el proceso histórico en el cual está inmerso la Argentina: en la vida cotidiana, en las calles del Gran Rosario, los integrantes de la Policía Federal, de la provincial y de Prefectura, trabajan juntos, tal como lo hacían en la dictadura cuando conformaban lo que llamaban “fuerzas conjuntas”. Esa matriz se ha reciclado para generar mucho dinero de forma ilegal a partir del dominio de los territorios como bien marca Vienna.
Hecho que, por otra parte, vuelve a señalar lo repetido hasta el hartazgo desde estas columnas: no hay ausencia del Estado, existe una clara presencia corrupta de parte del Estado a través de sus fuerzas de seguridad. La histórica resolución del doctor Juan Carlos Vienna así lo demuestra.
Miradas al Sur
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