EL TIGRE DE MAS A

Lorena asegura que, más que hacerla "crecer", la quieren ver lejos. Bien lejos. "Nos quieren sacar porque vivimos en la tierra más valiosa de todo Tigre", dice a Tiempo Argentino. La construcción de complejos cerrados no generó beneficios para los vecinos más humildes del municipio. Es el caso de Las Tunas, que limita, muro mediante, con Nordelta, el barrio cerrado más famoso del municipio y hogar de varias celebridades argentinas. Durante el temporal de abril de este año, Las Tunas se inundó. En medio de la desesperación, los vecinos abrieron un boquete en la pared de Nordelta que cuenta con una cuneta de drenaje. Y el agua empezó a bajar. Convencidos de que se trataba de una toma, los custodios de country comenzaron a disparar. No hubo muertos de casualidad. Ni en Las Tunas ni en ninguna otra parte del municipio, las 20 mil personas que sufrieron aquellas inclemencias del tiempo pudieron acceder a los subsidios que ofrecieron la Nación y la provincia para los damnificados. "Massa no quiso reconocer las inundaciones. Hubo protestas, pero no salieron en ningún lado", recuerda Luis Cancelo, concejal de Unidad Popular en el frente Podemos. Según un trabajo sobre urbanizaciones cerradas en Tigre, elaborado por los investigadores del CONICET Diego Ríos y Pedro Pírez, el desarrollo de este tipo de espacios "generó importantes cambios en materia ambiental, alterando las funciones que brinda el ecosistema del humedal y potenciando/produciendo, al mismo tiempo, situaciones de riesgo de desastres por inundaciones". "Creo que el desarrollo de un lugar no se da por una persona, sino por el esfuerzo conjunto; trabajando juntos y apostando al desarrollo, haremos a Tigre cada día más grande, y estaremos orgullosos de vivir en él" (Massa, 7/4/2009). El martirio de los vecinos de Las Tunas no terminó con el temporal de abril. Un mes después de las inundaciones volvió a llover y el barrio, a inundarse. Hartos de no encontrar respuestas, decidieron organizar una movilización a la alcaldía y para ello contrataron dos micros escolares. Antes de partir, la policía llegó al lugar y solicitó los papeles de los buses. Estaban en orden, pero los vecinos no pudieron continuar el periplo: hizo su entrada estelar la policía municipal (COT) e impidió la salida de los colectivos. Decididos a expresar su furia, los pobladores de Las Tunas caminaron hasta la Ruta 9. "Se subieron a bondis de línea. Pero los bajaron también y al final llegaron al municipio caminando", relata el concejal Cancelo. Según el edil, el delito no es lo único que Massa intenta controlar a través de las cámaras. "Pocos días atrás estuvimos pegando afiches y las cámaras les permitieron ver dónde los pusimos. A los tres minutos vino una cuadrilla a tapar nuestros afiches con otros. Hacen inteligencia con las cámaras", se quejó Cancelo. En La Costilla no hay custodios, pero los disparos son moneda corriente. "Cuando la policía corre a los chorros tira tiros y no les importa que estén los chicos en el medio", cuenta Griselda. Allí no llegaron las tan promocionadas cámaras que hicieron de Tigre un sinónimo de seguridad. Ni mucho menos los botones antipánico que Massa prometió colocar en todas y cada unas de las casas de su municipio. "Las cámaras son un gran negocio que Tigre hizo con Daniel Hadad. A partir de su instalación y con mucho dinero direccionado a los medios de prensa, se impulsó que los vecinos de Tigre viven seguros. Pero en Tigre la criminalidad es igual a cualquier parte del Conurbano", asegura el concejal. En las islas del Delta del Paraná, lejos del circuito turístico y las casas de fin de semana, asoma otro Tigre. Allí viven, por ejemplo, mimbreros, productores de juncos y carpinteros. En marzo de este año, la Legislatura local aprobó cambios normativos para regular la construcción, refacción y remodelación de viviendas. "Es una norma que impone tramitaciones muy difíciles de cumplir", afirma Maribel Carrasco, politóloga y especialista en temas de ordenamiento territorial. "Es una ordenanza excluyente, antipopular, que desalienta el arraigo de los isleños y pone en riesgo las fuentes de trabajo de los rubros vinculados a la construcción. Genera el marco jurídico para la llegada de las inversiones inmobiliarias", opina Carrasco. La normativa exige a los pobladores el visto bueno de técnicos y arquitectos para cualquier tipo de obra que se realice en la primera sección del Delta, donde predomina la "autoconstrucción". Los isleños no podrán desmalezar el monte, ni construir casas de cemento, y deberán pasar revisiones técnicas periódicas a cargo del municipio. En el continente la vida también es complicada. Las grandes extensiones territoriales, en poder de grupos empresarios, dificultan el acceso a la tierra. "¿A donde se desarrollan esos que no quieren vivir en un barrio cerrado?", se pregunta Cancelo, a la vez que rechaza la concentración de las tierras. "Si el intendente está tan preocupado por mostrar sus dotes de estadista, debería atender esta cuestión", apunta el dirigente de Unidad Popular. Según el censo de 2010, Tigre es el municipio con peores índices de la región norte del Conurbano en cuanto a viviendas precarias: 4386 familias viven en casillas y 886, en ranchos, contra las 891 y 223 de San Isidro, y 921 y 289 de San Fernando. "Ya estamos resignados a vivir así. La mayoría de la gente cartonea o hace changas. Algunos cobran la Asignación (Universal) por Hijo, otros no", explica Griselda, parada sobre un pasillo de 30 metros de largo, el único asfaltado de La Costilla. "Vinieron a hacerlo hace pocos días, por la campaña", comenta. En la barriada hay un par de casas de material, el resto está construida en madera, chapa y cartón. "¿Qué hace falta? Todo, hasta las ganas de vivir, a veces", se resigna Zulema, otra vecina. Otra cuestión que tal vez "debería atender" el municipio son los basurales, como el del barrio La Paloma en la localidad de El Talar. O las empresas que vacían en el Arroyo Darragueira todo tipo de residuos contaminantes. Según aseguran los vecinos, el curso de agua recibe desde los desechos de una fábrica de anilinas hasta los de una compañía de tratamiento de residuos patológicos. Una de las mayores dificultades para controlar a las empresas es que la Secretaría de Control Urbano y Ambiental cuenta con dos inspectores para recorrer 200 industrias y tiene un presupuesto de $ 15 millones. Esa cifra es menor a la mitad ($ 32 millones de pesos) del dinero que Tigre destina a publicidad. Nada más ni nada menos que a publicitar la "gestión Sergio Massa". «