Reynaldo Sietecase La justicia argentina sólo otorga garantías a los poderosos

La justicia argentina sólo otorga garantías a los poderosos, no importa si se trata de funcionarios o grandes empresarios: si cometen algún delito, es muy difícil que sean castigados. Lo muestran las estadísticas judiciales. El porcentaje de condenas por corrupción es bajísimo y el poder económico casi nunca pisa Tribunales salvo para frenar alguna medida que afecte sus intereses sectoriales. Desde que asumió el poder en 2003, Néstor Kirchner estuvo decidido a propiciar modificaciones en el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia nombrada por Carlos Menem se había convertido en una vergüenza nacional. Para describir los antecedentes jurídicos de la mayoría de sus miembros sobraba una hoja de cuaderno. Eso sí, eran amigos leales del entonces Presidente. Desde el máximo tribunal dieron andamiaje legal a la enajenación del patrimonio nacional. Intervinieron cada vez que se los convocó a favor del poder político que, por esos años, coincidía con los intereses de las corporaciones. Se hicieron grandes negocios. Se instaló la idea de “puerta giratoria”, los funcionarios que participaban de la venta de empresas estatales luego aparecían trabajando para los consorcios privados que se quedaban con las mismas. El patagónico logró forzar después de un duro discurso la renuncia a la Corte Suprema de los más impresentables. Había gran consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad de que la situación no daba para más. Por iniciativa de su Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el Presidente firmó el decreto 222 de autolimitación en la designación de los altos magistrados. Deberían ser juristas probados, con buenos antecedentes y se abría un período de impugnaciones, entre otras cuestiones. Por otra parte, Kirchner priorizó a especialistas de gran nivel y que no estuvieran ligados a grandes estudios jurídicos. Así llegaron a la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Higthon de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. También se decidió la reducción de los miembros de la Corte de 7 a 5. El enojo de Cristina Fernández de Kirchner con la mayoría de los cortesanos, por lo que parece un previsible fallo contra la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, menoscaba una de las medidas más notables del kirchnerismo. En varias oportunidades la propia presidenta reivindicó al tribunal por su autonomía y calidad. Además, el gesto airado tiene rédito nulo. Es como enojarse con el árbitro. Cuidado, los grupos concentrados suelen hacer lo mismo con los jueces que fallan contra sus intereses. Basta un ejemplo: las críticas feroces recibidas por el juez de primera instancia Horacio Alfonso cuando dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales. La distancia entre la Corte Suprema y algunas Cámaras o el Fuero Federal es indescontable. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales conviven por ejemplo el penalista de pensamiento más progresista del país con algunos dinosaurios. No está tan mal. La Corte Suprema es independiente del poder político, ya lo ha demostrado. Es un gran paso. Ahora le resta demostrar que también es independiente del poder económico. Lo sabremos en pocos meses cuando tenga que decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales. Mientras tanto, insultar al árbitro no sirve de nada.