miércoles, 12 de junio de 2013

Opinión: El fusilamiento de Valle y una proclama que hizo historia

El domingo 9 de junio se cumplieron 57 años del levantamiento cívico militar liderado por los generales Valle y Tanco contra la autodenominada “Revolución Libertadora”. El texto de la proclama que emitieron explica porqué varios de los asesinados entre el 10 y el 12 de junio de 1956 fueron los únicos militares fusilados de la historia reciente argentina. Por Diego Kenis I El 9 de junio de 1956 se produjo en nuestro país el único intento de golpe de Estado motivado por un proyecto verdaderamente democrático, nacional y popular, toda vez que pretendía devolver al pueblo la oportunidad de votar sin restricciones y a los dirigentes sindicales el control sobre los gremios, además de denunciar la entrega del patrimonio nacional implementada desde casi un año antes por la autoproclamada “Revolución Libertadora”. Hoy se cumplen 57 años del fusilamiento del general de división Juan José Valle, líder del levantamiento reprimido mediante la aplicación retroactiva, y por ello clandestina, de la ley marcial que entró en vigencia el día después de cometidos los presuntos delitos que se imputaban a los fusilados. La prueba de la excepcionalidad de la sublevación se configura a partir de la atipicidad de la proclama emitida, que se diferencia del corpus producido por las plumas castrenses entre 1930 y 1987, y el hecho de que por primera vez entre las víctimas fatales de la represión dictatorial se incluyeran tanto militares como civiles. La matanza fue documentada ya en los primeros años posteriores al hecho, cuando Rodolfo Walsh y Salvador Ferla escribieron “Operación Masacre” y “Mártires y Verdugos”. Los fusilamientos a militares ni siquiera se repitieron cuando en 1982, el informe elaborado por el atípico Teniente General Benjamín Rattenbach aconsejaba el fusilamiento del represor y dictador Leopoldo Galtieri por la manifiesta irresponsabilidad con que condujo la guerra por las Islas Malvinas. En su libro “Medio siglo de proclamas militares”, Horacio Verbitsky reunió todos los textos con que se presentaron los movimientos golpistas, incluyendo los que fracasaron en 1951 y 1987 y los golpes dentro de golpes que se hicieron una constante en la segunda mitad del siglo. Además, Verbitsky analizó en dicha obra los tópicos comunes del discurso que inauguró Leopoldo Lugones en 1930, seis años después de su discurso en el centenario de la batalla de Ayacucho, cuando celebró la llegada “para bien del mundo, (de) la hora de la espada”. La proclama de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco escapaba de la mayoría de ellos. En todos los documentos anteriores y posteriores al de 1956, las Fuerzas Armadas –y, en particular, el Ejército- se presentaban como la reserva moral de la Nación, una suerte de aséptico demiurgo que a base de represión pondría orden en el caos mientras prometía una apertura democrática bajo sus condiciones pero en abstracto, sin estipular una fecha concreta de elecciones y marcando la corrupción política como apuesta a la asepsia militar. Sólo Eduardo Lonardi, que duró menos de dos meses en el poder hasta que se produjo el golpe dentro del golpe que lideró Pedro Aramburu, se refirió a la libertad de prensa que también señalaban como objetivo Valle y Tanco. El embrión del genocidio Por su estructura discursiva y su tono de denuncia, la proclama firmada por el general luego fusilado se parece más al “Yo acuso” de Pablo Neruda o a la “Carta Abierta a la Junta Militar” de Rodolfo Walsh que a las consignas que sus camaradas de armas repitieron a lo largo de medio siglo. En lo político Valle y Tanco, que prometían elecciones generales en menos de un semestre y normalización sindical en un mes y medio, denunciaban once puntos afectados por la acción dictatorial, entre los que incluían la violación y el desconocimiento de una Constitución legítimamente sancionada en 1949 y su reemplazo por una de más de un siglo antes, el avasallamiento de garantías y derechos individuales, y la proscripción de grupos de ciudadanos respecto del acceso a empleos públicos y de la fuerza mayoritaria de la participación cívica. Pero dos párrafos resultan particularmente importantes, por cuanto su denuncia se transformaría además en una lúcida observación sobre la matriz castrense que dos décadas más tarde se liberaría a una práctica ya sin arreglo a Constitución alguna. “Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho de defensa, por razones ideológicas o políticas”, acusaban Valle y Tanco, para agregar luego que “se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e instituciones, e inclusive contra las fuerzas armadas”. Especial desarrollo da la proclama de los generales rebeldes al aspecto económico social, indicando que en ese plano la autodenominada “Revolución Libertadora” –a la que ellos llamaban por su nombre: tiranía- desconoció “legítimas conquistas de los trabajadores” y destruyó la organización sindical, al tiempo que se quebrantó la industria nacional, se depreció la moneda y se elevaron los precios en el mercado interno, acentuando de ese modo la asimetría respecto de los salarios de una clase trabajadora que tenía prohibido organizarse política y sindicalmente. Estos puntos “constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”, escribieron Valle y Tanco, quienes además anticiparon que el rol político que las Fuerzas Armadas asumieron para asegurar la ejecución del plan económico y de la represión creaba “lógico resentimiento y desconfianza del pueblo” hacia las instituciones, lo que evaluaban “difícil de superar”. Tres días después del estallido, el 12 de junio, Valle se entregó a cambio de que cesara la represión. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia ya había solicitado a Aramburu el cese de las ejecuciones, a lo que el dictador se había comprometido. Pero a Valle le fue aplicada la Ley Marcial con retroactividad, y a las 22, 20 de ese día cayó fusilado en el patio de la Penitenciaría Nacional. El Ejército ya comenzaba a aplicar con aquellos que consideraba subversivos la premisa que dos décadas más tarde extendería a todos los planos de la vida argentina: sin otorgar concesiones ni aceptar rendiciones. “Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía” Valle se despidió con dos cartas. En una, le pedía a su hija Susanita que no se avergonzara de su padre, que “muere por una causa justa: algún día te enorgullecerás de ello. Te deseo muchas felicidades en tu vida; y algún día a tus hijos cuéntales del abuelo que no vieron y que supo defender una noble causa”. A sus asesinos habló a través de una carta dirigida al dictador Aramburu. “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo (contraalmirante Isaac) Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos”, acusaba una vez más. “Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse”, les anticipaba. Casi como decir: como a los nazis, les va a pasar. Su ruta En 1973, el hasta entonces general de división Juan José Valle fue ascendido post mortem al grado de teniente general del Ejército y desde cumplido medio siglo de su asesinato, en junio de 2006, lleva su nombre la Escuela de Ingenieros del arma, en la que se formó hasta los 22 años. Un año más tarde, se emplazó en la Escuela un busto en honor del militar fusilado, una palabra que el Ejército se cuidó de utilizar hasta 1996, cuando el jefe del Archivo General del arma negó que existieran allí registros del “personal fusilado en 1956” aunque adjuntó una lista de masacrados y buscados que elaboró basándose en recortes del diario Clarín. Olvidado por largos periodos de la historia argentina, el nombre de Valle realizó un itinerario significativo que incluyó el silencio de los años de dictaduras y gobiernos civiles surgidos de elecciones con proscripción al peronismo y jaqueados por planteos castrenses. A nivel estatal, recién con el ascenso post mortem de 1973 se le rindió homenaje. Seis años después, la Ruta Nacional 9 que une Rosario con San Nicolás fue bautizada con el nombre de Pedro Eugenio Aramburu, máximo responsable de los fusilamientos de 1956. Se comprende: el propio Valle anticipó en su proclama las prácticas de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, lo que la transformó en embrión del Terrorismo de Estado que harían masivo los dictadores encabezados por Jorge Videla: campos de concentración para la reclusión clandestina, intervención y represión sobre los gremios y la paralela aplicación de un plan económico entreguista. “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo (contraalmirante Isaac) Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos”, acusó por otra parte Valle a Aramburu en su carta final. Videla le puso su nombre a una Ruta. Todavía se llama así, “Teniente General Pedro Eugenio Aramburu”, según da cuenta la Dirección Nacional de Vialidad en su registro. Pero en mayo de 2012 hizo su ingreso a la Cámara de Diputados un proyecto de los legisladores José María Díaz Bancalari y Carlos Kunkel para derogar el decreto firmado por Videla y cambiar el nombre del tramo Rosario- San Nicolás de la Ruta por el de “General Juan José Valle”. La imposición de su nombre a la Escuela de Ingenieros del Ejército, en 2006, coincidió con la paulatina reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura tras la caída de las leyes de impunidad y con la sanción de una nueva legislación que cumplía el mandato constitucional de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder político y por la que comenzó a ponerse blanco sobre negro en la diferenciación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, dos conceptos que, confundidos en uno, dieron origen a la represión clandestina enmascarada en la hipótesis de “guerra interna”. En diciembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 2388, por el que declaró “Lugar Histórico Nacional al sitio donde fue fusilado el General Juan José Valle, en el sector del actual Parque ‘General Juan Gregorio de Las Heras’” de la Capital Federal, donde en 1956 se emplazaba la penitenciaría del mismo nombre. GB

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