LA CONVOCATORIA DE “JUSTICIA LEGITIMA” CONTRA LA CORPORACION JUDICIAL

“Más apertura, más democracia” El acto fue realizado a partir del fallo de la Corte que anuló la elección popular del Consejo de la Magistratura, pero los reclamos se centraron en la necesidad de romper con las prácticas corporativas. “Democracia o corporación judicial” decía el cartel en el escenario que se instaló en la esquina de Talcahuano y Tucumán, mirando al Palacio de Tribunales. Por allí fueron pasando luego distintos “usuarios” simbólicos y relevantes del Poder Judicial, personas que al sufrir la pérdida de un ser querido tuvieron que lidiar con el intrincado y hostil mundo de los juzgados. También hablaron el fiscal Jorge Auat y la jueza María Laura Garrigós de Rébori, en representación de “Justicia legítima”. El acto fue organizado por esa agrupación luego del fallo de la Corte Suprema que anuló la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, pero la convocatoria no se limitó a ese asunto. “No hemos venido a quejarnos de un fallo, eso es un episodio anecdótico. Hemos venido a sostener nuestras convicciones. Estamos planteando un cambio de paradigma, un cambio cultural para los tiempos que vienen”, señaló Auat. Hubo también mensajes para los integrantes del máximo tribunal. “La Corte está en un disyuntiva, debe decidir si avanza por una verdadera democratización o si se cierra a la corporación”, dijo, en referencia al futuro fallo sobre la ley de medios, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria que respondía a José Pedraza. “Justicia legítima” se gestó hace seis meses como reacción a un comunicado de la Junta Federal de Cortes y la Asociación de Magistrados que reclamaba contra la injerencia del poder político en el Poder Judicial y que era una defensa a los jueces que habían beneficiado al grupo Clarín en el expediente sobre la ley de medios ante los cuestionamientos que se les habían hecho. Un grupo de funcionarios judiciales publicó una respuesta en la que reclamaba independencia tanto del poder político como de las corporaciones económicas y mediáticas y desató un debate al interior de los tribunales sobre la práctica diaria del ejercicio de la justicia y sobre la necesidad de acercarse a los usuarios del sistema. De todo eso volvió a hablarse ayer. Los asistentes al acto se fueron juntando desde las 17. Jueces, fiscales, empleados, abogados, miembros de organismos de derechos humanos colmaron la esquina y poblaron parte de la Plaza Lavalle. Se mezclaban, entre muchos otros, los fiscales Javier de Luca, Hernán Schapiro, Abel Córdoba, Félix Crous, los jueces Alejandro Slokar, Andrés Gallardo, Fátima Ruiz López, Martín Vázquez Acuña, José Massoni –ex presidente de la Oficina Anticorrupción– y Mario Kestelboim, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires. Víctor Dellarosa y Carlos Minela, de la Unión de Empleados Judiciales, denunciaban que Julio Piumato, secretario general del gremio, quiere expulsarlos de la conducción por adherir a los reclamos de “Justicia legítima”. Había algunas pocas banderas: La Cámpora y Miles marcaron su presencia. El Partido Humanista llevó un cartel que decía: “Teníamos razón. Elección directa de jueces y comisarios” y los que lo sostenían señalaban que “lo venimos pidiendo desde el ’84”. También estuvieron los diputados kirchneristas Carlos Kunkel, Héctor Recalde y Remo Carlotto y la legisladora Gabriela Alegre. Los organizadores calcularon que participaron cerca de seis mil personas. Los primeros en subirse al escenario fueron unos diez actores caracterizados con pelucas blancas, togas negras y martillos de cotillón que hicieron una parodia sobre el nepotismo en la Justicia: uno de los jueces parió un bebé juez. “Lo primero es la familia”, señalaba un cartel. Luego fue el turno de los oradores. Abrió Mila Montaldo, representante de trabajadores judiciales. “Alguna oposición piensa que hablar de la democratización de la Justicia es ser oficialista y se pierde la oportunidad de ser protagonista de un cambio”, aseguró. También acusó a Piumato –que en ese momento se estaba lanzando como candidato a diputado junto a Julio Bárbaro– de poner el gremio “al servicio de la corporación judicial” al convocar a “paros desmedidos” en contra de las leyes de reforma judicial. “Incluso contra el ingreso igualitario a la Justicia, que fue una bandera de la Unión durante tantos años”, afirmó Montaldo. Sergio Burstein, de la agrupación 18-J, de familiares de víctimas de la AMIA, señaló los largos y penosos inconvenientes que tuvo el expediente sobre el atentado y su encubrimiento y dijo que “los 85 nombres que están en esta plaza (por el monumento a las víctimas de la AMIA) siguen reclamando justicia”. Ferreyra contó que al principio apoyaba tibiamente los proyectos vinculados con la Justicia, pero luego –en parte por los argumentos de la oposición– se fue convenciendo de que había que “pararse en esta punta de iceberg” para impulsar nuevas reformas. “¿Por qué no una Corte Suprema electa por el voto popular? También hay que discutir los jurados populares. Y si se declaran inconstitucional leyes votadas por el Congreso, se puede debatir la reforma de la Constitución”, se entusiasmó. Hugo Oyarzo, de Hijos, habló de la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, rescató al juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni “y a todos los jueces y fiscales que están llevando adelante los juicios de lesa humanidad”. Raquel Witis, madre de Mariano, víctima del “gatillo fácil”, llamó a “terminar con la Justicia de doble vara donde hay vidas más valiosas que otras” y pidió “una Justicia en la que cualquiera que sepa leer pueda tomar un expediente y entender lo que dice”. En la misma línea, Auat señaló que “hay gente que no entiende que detrás de un expediente hay ríos de sangre y profundos dolores”. Garrigós de Rébori, presidenta de “Justicia legítima”, fue presentada en broma por el fiscal Félix Crous como la “estrella del pop judicial”. La jueza recordó que algunos de los objetivos que se planteó la agrupación en su primer encuentro en la Biblioteca Nacional fueron plasmados en los proyectos de reforma elaborados por el Poder Ejecutivo y que el 24 de marzo miles de personas pidieron por una Justicia no corporativa. “Es una pena que la Corte no esté acá”, señaló. Dijo que el “el fallo” sobre el Consejo de la Magistratura “se acata”, pero que “como el agua nos vamos a ir metiendo, no vamos a dejar de reflexionar” y reclamó “más apertura, más transparencia, más democracia, porque más democracia nos va a traer más democracia”. ORALIDAD Y REFORMAS Los nuevos objetivos Mientras madura y se expande la discusión, el movimiento “Justicia legítima” trabaja en algunos proyectos concretos. Algunos son, inclusive, proyectos de ley. Para lograr un proceso de democratización de la Justicia, sostienen, es clave “oralizar” todos los procesos judiciales. Por eso están redactando textos de reformas procesales que planean llevar al Ministerio de Justicia: uno es para reformar el Código de Procedimientos Civil y Comercial; y en el caso de Código Procesal Penal pedirán que se reflote una propuesta del Inecip. La organización, además, seguirá con su gira por las provincias, en las que intenta detectar las problemas que tienen los sistemas judiciales y debatir sobre posibles soluciones. “Lo mejor es que las partes vean al juez trabajar, que le puedan poner cara y deje de ser una entelequia. Eso es empezar a acercar la Justicia a la gente. Permitir la inmediatez entre las partes y el juez. Ese es el aspecto simbólico. El práctico es que al oralizar los procesos, los jueces tienen que ir y poner la cola en la silla, ser ellos los que trabajan, no delegar. Además, el juez que trabaja por escrito es un lector de lecturas ajenas, por ejemplo la del empleado del juzgado que tomó una declaración”, explica la camarista María Laura Garrigós de Rébori, titular de “Justicia legítima”. “En el ámbito penal –explica– oralizar permite que el juez deje de ser juez y parte. Porque el juez ya no impulsa la investigación sino que lo hace el acusador (fiscal) y el proceso es impulsado por las partes en igualdad de condiciones”. “En el fuero civil y comercial se pueden poner audiencias orales en varias etapas del proceso, estableciendo las diferencias necesarias entre las que son laborales y comerciales, por ejemplo”, detalla la jueza. Garrigós dice que el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial lo están armando en base a trabajos y borradores que ya venían diseñando miembros de “Justicia legítima”. El del Código Procesal Penal, en rigor, ya está hecho y tiene años sin lograr tratamiento. El texto que el movimiento impulsa es el que combina la propuesta del Inecip y del propio Ministerio de Justicia, que además de apuntar a abreviar los plazos de los procesos judiciales busca transformar el sistema actual, inquisitorio y manejado por el juez, en un sistema acusatorio con fuerte manejo de los fiscales en la base de la investigación penal. “Justicia legítima”, anuncia la jueza, intentará impulsar estos proyectos ante el Poder Ejecutivo después de que pase la fiebre electoral. Otra parte de la agenda de esta agrupación crítica y anticorporativa incluye la realización de encuentros en distintos puntos del país, donde se reúnen jueces, fiscales, académicos, defensores y hasta referentes de sindicatos, a analizar la situación judicial de cada lugar. El último evento fue en Santa Fe, y los próximos serán en Córdoba, Mendoza, Chaco y Corrientes. “En esas reuniones se habla mucho sobre qué es democratizar la Justicia, qué entendemos por corporación, cuáles son los peligros y problemas. Hablamos de la práctica consuetudinaria armada alrededor de un poder de características aristocráticas y que es cerrado, por eso siempre sostuvo esos rasgos”, explica Garrigós. –¿Cuáles diría que son los problemas más frecuentes? –Los que tenemos en nuestros tribunales se replican a largo y lo ancho del país. Para mí dos de los problemas más repetidos son la mora judicial y la delegación de funciones de los jueces, que hace que quienes resuelven en definitiva no tienen capacidad de hacerlo. Esto significa que los jueces resuelven en función de cómo se ahorran trabajo a sí mismos. Ahora estamos también con la idea de ver qué reclamo hay hacia la Justicia desde otras ciencias sociales, queremos entender cosas concretas. Para eso planeamos también actividades con facultades del conurbano, como la de Lomas de Zamora, San Martín y La Matanza. DESMINTIERON QUE SE INVESTIGUE A LORENZETTI La AFIP aseguró que no es cierto En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) negaron ayer que se haya abierto una investigación impositiva al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y sus hijos, como trascendió que habría revelado el magistrado a sus pares del máximo tribunal. A pesar de la desmentida del organismo recaudador, la oposición no dejó pasar la oportunidad de montarse sobre el tema y criticó al Gobierno. La titular de la agrupación “Justicia legítima”, la jueza María Laura Garrigós de Rébori, en cambio, se mostró partidaria de “que se pueda controlar” a los magistrados y también de que rindan “cuentas de su gestión”. “La AFIP no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre Lorenzetti ni sus hijos”, consignaron ayer voceros de ese organismo. La versión de que el titular del máximo tribunal estaba siendo investigado surgió de la misma Corte Suprema. Según el relato, el propio Lorenzetti les habría comentado el tema a sus colegas anteayer, durante el habitual encuentro de los martes. De acuerdo con quienes dicen haberlo escuchado, Lorenzetti explicó que la investigación la ordenó el titular de la AFIP y comprendía también a sus hijos y al secretario general de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi. A una semana del fallo del máximo tribunal que puso freno a la modificación del Consejo de la Magistratura y la elección popular de los jueces, abogados y académicos que lo integran, cerca de Lorenzetti completaron el cuadro: echaron a rodar que la supuesta inspección ayer desmentida por la AFIP era una respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Aun cuando la AFIP aclaró que no es cierto lo que trascendió que dijo Lorenzetti, varios opositores salieron a acusar al Gobierno de perseguir a los jueces. Francisco de Narváez fue uno de ellos. “Que la AFIP salga a hacer inspecciones de los miembros de la Corte me parece peligrosísimo”, dijo y agregó que se trata “de atemorizar a aquellas personas que tienen cumplimiento y deber como lo ha hecho el presidente de la Corte Suprema”. “No me sorprende porque en el justicialismo son todos iguales”, se sumó el senador radical Mario Cimadevilla y señaló que “el único espacio que permiten todos los que están en el poder es la sumisión. No admiten el disenso ni la confrontación de ideas”. El diputado del GEN Omar Duclós presentó un proyecto en el Congreso para que “se convoque de urgencia” a Echegaray para que informe sobre lo denunciado por Lorenzetti. Patricia Bullrich, de Unión por Todos, pidió directamente “la renuncia inmediata” de Echegaray por “abuso de autoridad” y Federico Pinedo, jefe de la bancada PRO, anticipó que presentará una denuncia para que se investigue si la AFIP persigue a Lorenzetti. Los nombres para Casación El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de candidatos a ocupar la Cámara de Casación Penal Ordinaria. Entre los diez nombres elegidos está el de la presidenta de la Asociación “Justicia legítima”, María Laura Garrigós de Rébori, también figuran Gustavo Bruzzone, Luis Niño, Daniel Morín, Pablo Jantus, Horacio Díaz, Luis García Sarrabayrouse, Mario Magariños y Carlos Mahiques. Esta Cámara es anterior a las creadas por la última reforma judicial –fue proyectada en 2009– pero la falta de consenso en cuanto a la designación de sus integrantes demoró su puesta en marcha. El objetivo es que una vez que comience a funcionar permita a descomprimir las muchas causas que van a parar a la Cámara de Casación Federal, que de ahí en más se dedicará exclusivamente a los casos del fuero federal como los que tienen que ver con derechos humanos, narcotráfico o los que aparecen involucrados funcionarios del gobierno nacional. 27/06/13 Página|12