EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL CREO LA PROCURADURIA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Con la mira en los cómplices de la dictadura

El fiscal Jorge Auat junto a Madres de Plaza de Mayo ayer en la ex ESMA, durante el acto de presentación de la nueva Procuraduría. El organismo fue presentado por Alejandra Gils Carbó. Lo conducirá el fiscal Jorge Auat, quien coordinaba la unidad de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. Se busca avanzar sobre las complicidades civiles con el terrorismo de Estado. Por Laura Vales Con la mirada puesta en impulsar las investigaciones sobre la complicidad de los civiles y los grupos económicos con el terrorismo de Estado, el Ministerio Público Fiscal creó la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad. A cargo del organismo estará el fiscal Jorge Auat, que hasta ayer dirigía la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones de los Derechos Humanos, un equipo que desde el 2007 se ocupó de destrabar y acelerar los juicios contra los represores. “Esto es parte de una decisión de ampliar esa agenda. Queremos un espacio específico para trabajar el tema de la complicidad civil y empresaria con los crímenes de la dictadura, que no diría que es una asignatura pendiente, pero sí que dentro del universo de los casos es en lo que más nos falta por hacer”, definió Auat a Página/12 tras la presentación del nuevo organismo. Así, el grupo de fiscales e investigadores que vienen trabajando a cargo de Auat se relanza para tratar de impulsar ahora el aspecto más difícil de las causas en las que se investigan los crímenes de la dictadura, la complicidad empresaria en los secuestros y desapariciones, que en su mayor parte tuvieron como víctimas a comisiones gremiales y trabajadores de sus compañías. Los casos más conocidos –el Ingenio Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Loma Negra, Las Marías– ilustran las dificultades de llegar a una sentencia. El fiscal explicó que el nuevo organismo va a armar una base de datos que pueda funcionar como una “cantera probatoria”. La Procuraduría para la investigación de delitos de lesa humanidad continuará con el trabajo de apoyo para acelerar los juicios –que ha logrado no sólo con el aporte de pruebas sino mediante la acumulación de causas, como en el caso de la megacausa de La Perla–, y también se ocupará de sistematizar y digitalizar la información sobre los juicios realizados. Poner el cuerpo El nuevo organismo fue presentado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, junto a Estela de Carlotto, presidente de Abuelas; el escritor Mempo Giardinelli y la jueza Angela Ledesma, con un acto en el Archivo Nacional de la Memoria. En el edificio ubicado en el predio de la ex ESMA se reunieron unas cuatrocientas personas. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas fueron algunos de los presentes junto a funcionarios e integrantes de la asociación “Justicia legítima”. Gils Carbó dio en el acto un pantallazo sobre la situación de los juicios por el terrorismo de Estado: “Actualmente hay 413 represores condenados y mil personas procesadas”, detalló. Pero admitió que “todavía falta mucho trabajo por hacer”. “Penetrar en los nichos de la impunidad es una tarea muy difícil, que no se da con el código y las leyes, se da con el cuerpo”, agregó la jefa de los fiscales. Recordó que las defensas de los represores buscaron impugnar a los fiscales ad hoc y coadyuvantes, una pretensión rechazada por diversos tribunales, incluida la Cámara de Casación Penal, pero advirtió que ahora vuelven a aparecer impugnaciones del mismo tipo frente a designaciones similares. Con su transformación en Procuraduría, la Unidad Fiscal fue equiparada a las otras procuradurías creadas recientemente por Gils Carbó: la que investiga delitos de violencia institucional, que dirige Abel Córdoba, la de trata de personas, a cargo de Marcelo Colombo, la de narcocriminalidad, a cargo de Félix Crous, y la de criminalidad económica y lavado, que es conducida por Carlos Gonella. El equipo de la Procuraduría será básicamente el mismo de la antigua Unidad Fiscal dirigida por Auat. ¿Cuánto cree que se puede avanzar sobre las complicidades civiles?, preguntó Página/12 a Auat. “La idea de crear una base de datos es precisamente por la complejidad del tema”, contestó el fiscal. “Obviamente estamos hablando de investigar crímenes del terrorismo de Estado, es decir de delitos en los que estuvo el Estado, con todos sus recursos para ejecutarlos y además para diseñar una estrategia de impunidad.... La verdad es que tuvimos dificultades también con las otras causas de violaciones a los derechos humanos. Es decir que, en lo que avanzamos, lo hicimos a pesar de las dificultades propias de crímenes que han ocurrido hace treinta y pico de años y que fueron planificados para quedar impunes. Desde luego que la reconstrucción histórica pasa por utilizar todo tipo de pruebas, testimonios, documentos, lo que publicó la prensa de la época.” En no pocos casos, agregó Auat, a estas dificultades hay que sumar la ideología de los jueces. “En Ledesma (por el ingenio azucarero y su dueño, Pedro Blaquier, hoy procesado) el problema más grave que teníamos no era de complejidad procesal, sino de voluntad mientras estuvo a cargo de la causa (el ex juez Carlos) Olivera Pastor.” “Lo importante es que desde la Unidad trabajamos con mucha fuerza y en algún punto, con avances y retrocesos, hemos logrado superar trabas a los juicios. No con un éxito total, pero en algunos casos terminamos con casos de impunidad. Para nosotros un ejemplo es que hemos logrado la acumulación de causas. Esto, por ejemplo con los crímenes de La Perla y Arsenales de Tucumán, logró por un lado economía procesal, y por el otro reconstruir históricamente los hechos, entender mejor lo que ocurrió en los años de plomo, porque una causa con sólo una víctima y un imputado no alcanza para revelar cabalmente lo que sucedido.” Auat, sin embargo, transmite sobre todo la idea de que la investigación de los grupos económicos y los civiles que fueron cómplices de hechos de terrorismo de Estado necesita apoyarse en un mapa, del que hasta ahora se tienen recortes, pedazos sueltos. Armarlo podría ser una puerta para entrar a una nueva etapa de los juicios. LA INVESTIGACION DEL NOMBRAMIENTO DE LOS FISCALES AD HOC El envío de la prueba que solicitó el juez La Procuración General de la Nación le enviará la próxima semana al juez federal Sebastián Casanello los antecedentes de nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes y de creación de procuradurías especializadas que denunció por supuestas irregularidades el senador radical Mario Cimadevilla. La medida de prueba fue solicitada por el magistrado luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña le objetara por “apresurado” el cierre de la causa contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. La legalidad de las medidas implementadas para reorientar recursos y garantizar la eficacia del Ministerio Público fueron respaldadas en un amicus curiae por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), entre otras organizaciones de la sociedad civil. La Corte Suprema de Justicia, en tanto, no se pronunció todavía sobre la validez de los nombramientos de fiscales subrogantes. El interés de Cimadevilla por los procedimientos del Ministerio Público Fiscal (MPF) surgió en el contexto de la embestida de la oposición contra Gils Carbó a partir de la intervención de la Procuraduría de Lavado de Dinero (Procelac) en la causa contra el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar. Esa denuncia se unificó con otra presentada por un particular que objetó 39 designaciones de fiscales subrogantes, coadyuvantes y ad hoc. A fines de mayo el juez Casanello cerró la causa por inexistencia de delito. Argumentó que la jefa de los fiscales no sólo tenía facultades para hacer nombramientos y crear procuradurías como las de violencia institucional, narcotráfico o apropiaciones ilegales, sino también obligación de transformar al MPF en un órgano eficiente. Citó como ejemplo el rol de los fiscales subrogantes y ad hoc que fueron claves para impulsar los procesos de lesa humanidad en todo el país y destacó que Gils Carbó no había invadido facultades de los otros poderes. La decisión fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán. La Cámara, con votos de Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, cuestionó que Casanello se había quedado en un “debate jurídico” y le ordenaron “un examen acerca de los hechos”. El juez reabrió la causa y a pedido de Marijuán le solicitó a la Procuración los legajos que precedieron a los nombramientos de los fiscales y a la creación de las unidades especializadas, pedido que responderá el MPF en los próximos días. Desde la Corte, en tanto, se anunció un mes atrás que el tribunal se expediría sobre la validez de los nombramientos provisorios a partir de un planteo de nulidad de un dictamen firmado por la fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello. El caso es un expediente comercial promovido por un empresario que objetó un dictamen por el hecho de que lo firmara una funcionaria que no había concursado. La Corte le dio cinco días a Gils Carbó para que expusiera su posición sobre el tema y recibió el dictamen de la Procuración, pero todavía no se pronunció. 28/06/13 Página|12