Responsabilidades y derechos Por Washington Uranga

Dos aportes sobre la cobertura periodística del reciente asesinato de una joven en Buenos Aires. Washington Uranga sostiene que si se desequilibran responsabilidades y derechos en el ejercicio profesional se incurre inevitablemente en mala práctica periodística. El tratamiento dado por gran número de periodistas y de medios a la noticia del asesinato de una adolescente en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, podría titularse como un caso de mala praxis periodística. Hubo de todo... menos información. Los periodistas y los medios que trabajaron responsablemente la noticia –que también existen– han sido los menos. Puede argumentarse que las fuentes judiciales no están a la altura del desarrollo de los actuales medios de comunicación y de las exigencias que impone la velocidad noticiosa. Pero ¿se puede exigir que la Justicia se adapte a la lógica de los medios? La responsabilidad del Poder Judicial en todos sus niveles es impartir justicia: en los tiempos y en las condiciones que se consideren imprescindibles para alcanzar este objetivo central para toda la sociedad. Todo lo demás –incluida la tarea de aportar información a los periodistas y a los medios– queda subordinado a lo anterior. Quizá los responsables de comunicación en el ámbito de la Justicia podrían revisar algunos de sus procedimientos, facilitar ciertos accesos a las fuentes. Sobre todo teniendo en cuenta que el remanido “secreto de sumario” termina siendo traspasado y vulnerado por investigadores, policías y quién sabe qué otro funcionario con acceso al expediente. Pero la dificultad no sirve como excusa y no se puede admitir que se actúe bajo la premisa de que “lo que no se sabe se inventa”. Porque en ese contexto surgen trascendidos de declaraciones que nadie hizo, pruebas inexistentes, imputaciones incomprobables y, sobre todo, especulaciones y teorías construidas por supuestos expertos o conocedores del tema que llenan espacios y consumen horas de televisión y radio. Con ello, irremediablemente, se daña a personas y se violan derechos ciudadanos. El sujeto del derecho a la comunicación y a la información es el ciudadano, que debe ser respetado en su integridad como persona y como ser humano pensante. El ejercicio indebido y falto de ética de la profesión periodística antes que un aporte constituye un atentado que atenta contra el derecho ciudadano a la información para la construcción libre y razonada de una opinión y la toma de decisiones consecuente. En este mal ejercicio periodístico confluyen las empresas, los profesionales y las audiencias cómplices. Desde distintas miradas, apetitos y expectativas, los tres actores coinciden para generar productos alejados de la noticia y cercanos a la especulación y a la construcción de historias macabras sin importar si guardan alguna relación con la realidad. Habría que decir también que el método aquí utilizado no es diferente al que se estuvo usando en los últimos tiempos por idénticos medios y algunos de los mismos periodistas, para desatar operaciones políticas sobre la base también de noticias falsas, de conjeturas o de titulares que luego no se sustentan en datos firmes, en información chequeada y consistente. La irresponsabilidad y la falta de ética es la misma. Tan carente de rigurosidad e idéntico ejercicio de mala praxis es inventar versiones sobre un homicidio como mostrar primeros planos de supuestas bóvedas y argumentar sin más que allí se guardaron millones de dólares producto de la corrupción. De la misma rigurosidad periodística se carece cuando se generan, en un caso y en el otro, testimonios de testigos supuestamente claves que luego no lo son por diferentes razones. Es lo mismo, aunque parte de las audiencias midan idéntico procedimiento con diferente vara porque antes han decidido qué es lo que quieren creer. Sin lugar a dudas entre emisores y receptores, entre periodistas y audiencias hay complicidades mutuas, sentidos construidos que se alimentan entre sí como parte de lo que unos quieren ver y creer y lo que otros ofrecen para satisfacer a los primeros. La diferencia consiste en la capacidad de incidencia de unos y otros. Los periodistas, los comunicadores en general, disponen de una artillería de medios y recursos que es incomparable respecto de la que tiene el espectador, la audiencia, en su condición de ciudadano. Es incomparable y no hay equivalencia posible. Esto no hace sino acrecentar la responsabilidad de los periodistas y agravar la falta de ética cuando se incurre en semejantes errores. Nada de lo dicho podría servir para limitar el derecho a trabajar de los periodistas, de acceder a las fuentes libremente, a investigar con seriedad y responsabilidad. No se trata de eso. De ninguna manera. Pero como todo derecho, el de informar también tiene su contracara: la responsabilidad, la ética, el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, en términos individuales y como comunidad. No existe derecho sin obligación. Aunque algunos se hayan convencido de lo contrario. Tropezar con la misma piedra Paola Fernández se pregunta si la espectacularización de la noticia, la ficcionalización de la violencia y la tragedia corresponden al tipo de medios que queremos como sociedad. Por Paola Fernández * A propósito del hecho conocido como la Masacre de Ramallo, el periodista Mariano Grondona, en una nota publicada en el diario La Nación, sintetizaba de esta manera la actitud que según él se necesita para entablar contacto con uno de los delincuentes apostado en el banco: “Uno trata de que la conversación tenga algún efecto tranquilizador, de inyectarles un grado de racionalidad. En televisión uno no puede preguntarse todo el tiempo qué consecuencias van a tener las noticias. Si no, en vez de ser periodistas nos convertimos en curadores del bienestar psíquico del público”. La frase puede ayudar a comprender el criterio utilizado por cierta prensa en los últimos días ante hechos de notoriedad. La reflexión sobre la práctica profesional ante la coyuntura permite relacionar dos temas. Que la cobertura de los medios ante sucesos violentos se realiza bajo cuestionables criterios de noticiabilidad y espectacularización y que tales parámetros no hacen sino responder al tipo de consumo televisivo que tenemos como sociedad. Tal como plantea Damián Fernández Pedemonte (2010), “el sensacionalismo no es privativo de los medios populares ni va inevitablemente unido a temas tabú, sino que responde a malas prácticas periodísticas que construyen un lector modelo al que alojan en el ámbito de la experiencia similar a la del entretenimiento, en vez de promover la reflexión que la gravedad del tema demanda”. En así que un suceso de la envergadura del asesinato de una joven cuyo cuerpo se encontró en la Ceamse irrumpe en la agenda mediática y es capitalizado por los medios para ubicar en la opinión pública temas que se encuentran latentes en el imaginario popular, gracias a imágenes construidas por los mismos medios y que responden a intereses económicos y políticos. La cobertura de los hechos se basó fundamentalmente en supuestos y en fuentes de dudosa veracidad y confiabilidad. El uso del condicional fue tapa y ocupó gran parte de las pantallas televisivas; se informó, se ratificó y se debatió sobre una violación que no se sabía si existía y que incluso fue negada horas más tarde. El entorno familiar de la joven fue sospechado antes por los medios que por la policía, dando por evidente la filtración de información de fuentes judiciales como si el uso del condicional no atentara contra el secreto del sumario. Pero al mismo tiempo la oferta informativa actúa en complicidad con un tipo de consumo naturalizado por parte de la ciudadanía. La conjetura que no se apoya en pruebas y fuentes confiables se ha convertido en parte esencial de la oferta noticiosa masiva. Y suele ocurrir que el mismo medio que hace visible un conflicto lo cierra por su sola decisión cuando se decide dar un giro en la agenda. Fernández Pedemonte sostiene que es “así como el suicidio de Yabrán es la culminación del caso mediático del asesinato de José Luis Cabezas, pero no de la causa judicial. Se trata de un cierre simbólico. Un nuevo cambio de agenda operado por los medios”. La lucha por otro tipo de comunicación no se refiere sólo al cambio de estructura de propiedad de los medios o la modificación de los contenidos, sino también a romper con esas prácticas hegemónicas que transforman a los trabajadores de prensa en operadores al servicio del poder económico de los dueños de los medios y de la información como mercancía. Y no es que esto último no sea así, sino que contiene al mismo tiempo un valor simbólico que no desagrega el económico. Somos la información y los medios que consumimos. La lógica del minuto a minuto hizo que Sergio Lapegüe, eufóricamente, inventara detenciones porque sabía que eso le retribuía rating. La monetización de la tragedia. La aplicación de la ley de medios no debe limitarse sólo a una disputa por la propiedad entre Clarín y el Gobierno; debe contemplar también el cumplimiento de lo que representa la información como servicio público. Los periodistas no pueden responder únicamente al requerimiento editorial de la empresa para la que trabajan, sino que tienen que atender a los criterios que conforman a la información y la comunicación como derecho universal y servicio público. Esto implica veracidad, objetividad (sujeta a la mirada y al trabajo realizado por cada trabajador del medio) y, sobre todo, respeto al ciudadano. Somos los medios y la información que consumimos. ¿La espectacularización de la noticia, la ficcionalización de la violencia y la tragedia, corresponden al tipo de medios que queremos como sociedad? Porque el tipo de periodismo que queremos es un reflejo del tipo de sociedad que queremos ser. Elijamos, entonces, qué queremos ser. * Licenciada en Comunicación Social. Becaria Dpto. Ciencias Sociales UNQ. fernandezp28@gmail.com 19/06/13 Página|12