Piumato, el hijo menor de la familia judicial Por Demetrio Iramain

La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza. El 28 de junio de 2009 había elecciones en Honduras. La democracia le iba a preguntar al pueblo cuál era su opinión acerca de una eventual reforma constitucional. Si bien el resultado de la consulta no era vinculante, para la derecha era demasiado. Había que impedir a cualquier precio que el gobierno se fortaleciera a través de su mecanismo más legítimo: el voto popular. Las Fuerzas Armadas sacaron al presidente Zelaya casi desnudo de su residencia y lo mandaron secuestrado en avión a Costa Rica. No sería el último golpe de Estado en América Latina: el año pasado una parodia de juicio político forzó la salida del mandatario paraguayo, y en Quito policías autoacuartelados casi asesinan al ecuatoriano Rafael Correa, en septiembre de 2010. En nuestro país la derecha también quiere impedir que la democracia escuche a la sociedad. Emplea métodos más sutiles. Las corporaciones económicas dictan que el pueblo es un decorado, que las mayorías se equivocan, y la justicia copia. Contratan a los jueces como "contrapeso", con una única finalidad: que sigan siendo gobierno las ilustradas minorías que ellos componen. Su patrón de acumulación de poder prescinde deliberadamente de las masas, máxime si estas se encuentran en proceso de creciente organización. La derecha no consulta, ni da explicaciones a nadie. Manda a su chofer a responder, como Fayt. El Poder Judicial ha sido hasta ahora el brazo legalizador de esa lógica. Evidentemente, quiere seguir siéndolo. El fallo de la jueza Servini de Cubría declarando inconstitucional la elección popular de los consejeros de la Magistratura ya estaba implícito dos meses atrás, cuando durante los "parazos" de Julio Piumato licenció a su personal jerárquico, otorgó generosamente tres fines de semana larguísimos a sus empleados, y cerró literalmente su juzgado. Esos "paros" no fueron tales, sino un lockout de los propios jueces, que de ese modo adelantaban la opinión que tendrían en los pleitos sobre la constitucionalidad de la reforma. Si la democratización de la justicia fuera inconstitucional, como gime la derecha, eso probaría que la que está al margen de la Constitución es la propia Carta Magna. Sacados de contexto, el contrapoder y la alternancia son apenas dos excusas de forma para frustrar lo transformador que pueda ser el contenido. Las corporaciones en la Argentina quieren batir un nuevo récord: declarar al margen de la Constitución el voto popular, y hacerlo justamente en nombre de la democracia. George Bush, que bombardeaba poblaciones civiles en nombre de la paz, se sorprendería ante tanta creatividad. La voluntad del pueblo es la fuente de razón y justicia donde bebe la institucionalidad, su reaseguro, no el agujerito por donde chorrea la legalidad. Sin proponérselo, los impugnadores seriales de cualquier cambio sustancial que diseña el oficialismo les están dando la razón a quienes plantean la necesidad de reformar ampliamente la Constitución. La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza. A poco de andar debe sortear un problema a priori inesperado: el gremio de trabajadores. La conducción de la UEJN decidió ubicarse definitivamente al lado de las corporaciones de abogados y jueces. Cómo olvidar cuando en diciembre del año pasado Piumato asistió por primera vez a la cena anual de camaradería de la Asociación de Magistrados, a la que no concurrió –también por primera vez– ningún representante del gobierno. Esa comilona expresaba las disputas internas que empezaban a vivirse en Tribunales, y cuya intensidad creció exponencialmente. Tanto, que la Asociación está sufriendo por estos días una sensible sangría de jueces, que deciden hacer pública sus renuncias a la entidad para agruparse en la flamante Justicia Legítima. A su turno, los trabajadores que resisten la defección de Piumato hacen lo propio en su gremio, con una diferencia: en vez de abandonarlo dan pelea adentro del sindicato. Buscan maneras de multiplicar su voz, para potenciarlas, como ya ocurrió en el encuentro de La Plata el viernes 31 de mayo, y volverá a suceder el próximo sábado en la Biblioteca Nacional. No quieren que el gremio se convierta en la última corporación que faltaba: la de empleados. La actual posición de Piumato podrá será inexplicable, pero no sorpresiva. La UEJN recorrió el mismo caminito que Hugo Moyano. Los judiciales fueron los primeros trabajadores en hacerle paro al gobierno de Cristina, diez días después de asumido el actual mandato. Fue el 20 de diciembre de 2011, apenas unos días después del desafío planteado por el camionero en Huracán, y con la misma excusa de superficie que ahora: el salario y el "retraso" del Ejecutivo. Me explico: a pesar de la Ley de Autarquía, ante cada aumento salarial el máximo tribunal solicita una expresa autorización a la Jefatura de Gabinete para otorgarlo. Para beneficiar a Clarín nadie pide permiso en Tribunales; para aumentar los sueldos sí. Ergo, los paros de Piumato ya no son para reclamarle a su empleador, sino al Poder Ejecutivo, que según Piumato demora a propósito el visado. En diez años nunca le fue rechazado ningún pedido de cambio de partidas presupuestarias a la Corte. No siempre fue así. Cuando a partir de mayo de 2003 los sueldos de los judiciales dejaron de estar congelados, la UEJN comenzó a demandar sus incrementos salariales ante el Consejo de la Magistratura, porque los restos menemistas de la Corte Suprema los impedían sistemáticamente. Ahora, extrañamente, Piumato hace diez días de huelga en tres semanas consecutivas para que sea la Corte quien maneje en soledad los fondos del Poder Judicial y concentre todas las facultades salariales y presupuestarias. Todos saben en Tribunales que cuando Piumato convoca a un paro por salario el aumento ya está concedido de antemano. Sólo resta saber el día en que será abonado. Cuando esto ocurre, el aparato de Piumato dice entonces que "le arrancamos el aumento a la Corte", cuyo porcentaje también percibirán los mismos jueces que lo dispusieron. Sus "luchas" son de sevita, y los festejos por el "coraje de los compañeros", con bombas de estruendo. Burócratas sindicales, que se dice, para quienes Servini pasó a ser una "compañera". 13/06/13 Infonews