Frutos extraños Por Miguel Russo mrusso@miradasalsur.com

Una noche de septiembre de 1939, Billie Holiday cantó por primera vez el tema “Strange Fruit”, compuesto por Abel Meeropol bajo el seudónimo de Lewis Allan. La letra denunciaba los linchamientos a negros en los estados del sur de los EE.UU. y hacía centro en una escena común: los cuerpos de los linchados colgando de los árboles al costado de la ruta: “Los árboles del sur dan frutos extraños; sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur; fruta extraña que cuelga de los álamos. Escena pastoral del sur galante: los ojos hinchados y la boca torcida, el aroma de las magnolias, dulce y fresco, y el repentino olor a carne quemada”. Aquel 1939, el instituto Tuskegee, perteneciente al Partido Conservador, dio cuenta de dos datos estremecedores: 2.836 linchamientos realizados desde 1889 (el 90% de ellos realizados en los estados del sur contra ciudadanos negros), y la aprobación de esa práctica por seis de cada diez blancos. Pasaron 74 años de todo aquello, pero un sur más cercano, en La Plata, parece dispuesto a regresar al tiempo en que la blanca Corte Suprema de los Estados Unidos, bajo el lema “Separados, pero iguales”, aprobaba el asesinato de negros, de distintos, de otros. Esos “otros”, esos “distintos” eran siete chicos que fueron asesinados en el término de un año casi exacto (desde el primer crimen ocurrido el 6 de junio de 2012 hasta el más reciente, cometido el pasado 19 de mayo). Siete chicos de entre 11 y 17 años cuyo delito fue haber sido chicos, y pobres, y olvidados: presa fácil de quienes tienen a su cargo la seguridad de todos, pero se amparan, como 74 años atrás, en ese bestial “separados, pero iguales”. Rodrigo Simonetti. El 6 de junio de 2012, Rodrigo Simonetti tenía once años: había nacido en plena crisis de 2001. Lo encontraron muerto a golpes y patadas en la cara y el cráneo, tirado debajo de un arbusto en un estrecho pasadizo de la calle 15, entre 525 y 526, en el barrio de Tolosa, donde tiene jurisdicción la Comisaría 6ª de La Plata. Llevaba una camiseta de Estudiantes y un buzo como únicas prendas; de la cintura para abajo, estaba totalmente desnudo. Los informes policiales realizados detectaron que no había sido víctima de abuso sexual. Rodrigo vivía con su madre y ocho hermanos (tres mayores y cinco menores que él) en el barrio Altos de San Lorenzo. El abogado Julio Torrada, que tomó el caso de su crimen, dijo: “La mamá de Rodrigo peleaba sola, con sus nueve hijos. Rodrigo la ayudaba haciendo changas. Le gustaba estudiar. No vivía en la calle. Pero era vulnerable. No puede ser que maten a un chiquito de esta manera, que tiren su cadáver en un callejón y no hagamos nada como sociedad. Tenemos que reaccionar, reclamar y exigir que nuestros pibes estén contenidos, seguros y cubran sus necesidades básicas”. ¿Quién o quiénes lo mataron? No se sabe. O sí. “Es horrible decirlo –señaló Carola Bianco, de la Asamblea Permanente de los Derechos de la Niñez (APDN)–, pero el de Rodrigo es un caso predecible. Él era uno de muchos chicos que son asesinados por la exclusión, uno de los muchos chicos que están a merced de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los pibes de La Plata”. Los maestros de la escuela 14 de Villa Elisa, donde estudiaba Rodrigo, hicieron pública una carta que titularon “El adiós a un niño muerto”: “Te recordamos con tu sonrisa y tu dulzura en tus primeros años en la escuela, cuando tenías frío, cuando tenías hambre. Tenemos en nuestras cabezas a tantos otros inocentes como vos que sufren el desamor, la desidia y la desigualdad social”. Refiriéndose al incumplimiento de las políticas estatales destinadas a la infancia, los maestros dijeron en su carta que “la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, contiene políticas y programas para aquellas niñas y niños cuyos derechos se encuentren vulnerados. También se planea un acompañamiento a los núcleos familiares. Sin embargo, la Ley 13.298 no se está cumpliendo y la escuela se encuentra muy sola a la hora de llevar adelante su mandato de inclusión. Cuando ocurre un hecho grave que involucra a un niño, o que tiene a uno o más niños como víctimas, la pregunta de rigor es: ¿Y qué hizo la escuela? Y nuestra pregunta es: ¿Dónde están las autoridades de aplicación de la Ley, y qué están haciendo ellos?”. Rodrigo no tenía número de Instrucción Penal Preparatoria (IPP) en el Sistema Informático del Ministerio Público de La Plata, base donde se apoya la labor de investigación, defensa y desarrollo de todo proceso penal. Sus asesinos siguen libres. Maximiliano De León. Maxi tenía 14 años el 1º de agosto de 2012 cuando, supuestamente, intentó entrar en la casa de dos plantas propiedad del policía administrativo Daniel Mannarino, en la calle 82, entre 1 y 115, de Villa Elvira. Maxi pudo correr unas cuadras antes de caer muerto. Junto al cuerpo de Maxi, tirado en la vereda, los detectives de homicidios de la DDI hallaron un arma. “Mi hermano no usaba armas –dijo su hermana Alexandra–. Siempre repetía que ése no era su estilo. Y si hubiera tenido un arma le hubiera tirado. Pero no hubo tiroteo, los vecinos dicen que escucharon nada más que un tiro y ruido de vidrios rotos.” El cuerpo de Maxi tenía un solo tiro, certero, mortal. Mannarino tiró desde adentro de su casa, sin abrir la ventana, sin voz de alto. “No voy a mentir, él quiso entrar –dijo Alexandra–, se subió a un balcón y apenas se trepó le dispararon”. Mannarino alegó defensa propia al declarar en la causa y continuó con su vida normal. Alexandra escuchó al adolescente que acompañaba esa noche fatal a su hermano. Y contó su historia, la misma que repiten los vecinos del policía administrativo que vieron o escucharon lo sucedido: “El pibe dice que después del tiro, Maxi cayó y que el tipo bajó y lo metió adentro de la casa. Pero lo encontraron a unas cuadras de la casa. El hombre también dice que Maxi le tiró, pero los vecinos dicen que el único disparo que escucharon fue el que rompió la ventana y que mató a Maxi”. El crimen de Maxi derivó en una denuncia penal por “abandono de persona” contra funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. El planteo fue realizado por el abogado Julián Axat y toma como base las 25 entradas (IPP) del chico a comisarías de la ciudad –en las cuales intervino en su carácter de defensor de Menores–, sus internaciones posteriores en centros para la niñez, sus externaciones, y el supuesto ingreso al circuito delictivo que terminó con su vida esa noche de agosto. La presentación de Axat señala que “Maxi fue abandonado a su suerte por parte de los órganos de promoción y protección de derechos de la infancia, siendo que se encontraba en estado de vulnerabilidad, y no se realizó actividad alguna sobre su persona para restituir sus derechos. Cada una de las IPP que se mencionan implica un ingreso en seccionales policiales de La Plata, por presuntas infracciones penales, permanencia en una comisaría por un tiempo, y traslado a los Servicios de Protección de Derechos de la órbita de Infancia, quien se hace o se hizo cargo de De León, de manera de sacarlo de su situación de vulneración de derechos”. La comisaría donde más ingresos tenía Maxi era la 8ª, donde trabajaba Mannarino, por lo que claramente debían conocerse. No parece raro pensar que, en lugar de ir a robar a la casa de Mannarino, Maxi pasó a cobrarle algo. No parece raro que hubiera un vínculo entre ambos que la familia no sabe y que Mannarino calla. La abuela de Maxi, Juana Rivarola, declaró que a su nieto “lo estaban por internar en una Clínica de Rehabilitación cerrada, pero no lo hacían porque no conseguían cama en ningún lugar. Estuvo cinco días en el Hospital de Niños, hasta que se escapó, y vino a vivir a mi casa”. Maxi no era un pibe fácil, es cierto: consumía drogas, era difícil de contener. Su hermana lo confirma: “Yo les había pedido a los abogados que le hicieran un hábeas corpus porque la policía lo molestaba mucho. Él se mandaba sus cagadas, o sea robaba y eso. Pero la policía lo veía tranquilo y se lo llevaba igual. A veces tenían razón, pero a lo último la policía lo agarraba sin hacer nada y volvía todo golpeado de la comisaría. Ya lo tenían marcado. Lo molestaban los de la comisaría 8ª y de Barrio Aeropuerto. No le daban ninguna alternativa. Él quería salir, ya no quería vivir más la vida que vivía, pero lo mataron”. Una muerte cantada. Tan cantada como evitable. La mamá de Maxi, Susana Perillo, y la hermana, Alexandra De león, se presentaron el lunes pasado junto con el Dr,. Axat como particulares damnificados y exigieron la separación de la Bonaerense de la investigación. Franco Quintana. A las 23.30 del jueves 27 de diciembre de 2012, Franco Quintana, de 16 años, recibió dos balazos a la altura de la cintura durante un asalto en una pizzería y heladería ubicada en 13 y 32, de La Plata. Veinte minutos después, moría en la sala de guardia del hospital San Roque, de Gonnet, donde había sido trasladado. Había sido detenido poco menos de dos años atrás, en enero de 2011, acusado por el crimen del ingeniero Fabián Enrique Esquivel, cometido cuando este empleado de la Agencia de Seguridad Vial salía de su casa de 15 bis entre 529 y 530. Más allá de que fue declarado inimputable por su edad, Franco quedó libre ya que en la causa no pudo comprobarse de manera fehaciente que hubiera sido partícipe de la muerte de Esquivel. Cierto sector de la sociedad platense realizó varias manifestaciones contra “la inoperancia de la Justicia frente a la delincuencia juvenil”. Salió a relucir entonces el típico “entran por una puerta y salen por la otra” y el no menos típico y brutal reclamo “de mano dura”. Desde entonces, Franco vivió un derrotero por diferentes centros de tratamiento contra las adicciones, institutos cerrados de menores y comunidades terapéuticas. Es decir: estaba marcado. La noche del 27 de diciembre de 2012, según señalan las crónicas policiales de los diarios platenses, Franco y uno o dos jóvenes más (hay controversia en las distintas versiones periodísticas) llegaron en una moto hasta la pizzería de la calle 13 y 32 con el supuesto fin de robar. El dueño del local, un prefecto retirado del Servicio Penitencario Bonaerense (SPB), y una persona que se encontraba con él, también efectivo del SPB, repelieron, lo que se entiende era un asalto, con sus armas reglamentarias. Algunos testigos (siguen las crónicas del día siguiente) informaron que “los menores se dieron a la fuga”, pero que “el enfrentamiento se extendió hasta la esquina siguiente, donde los pibes intentaron subirse a la moto con la que habían llegado”. En 13 entre 531 y 532, Franco cayó malherido por dos balazos en la cintura. Hay testigos que señalan que Franco nunca tiró, que sólo corría y que a más de veinte metros de la heladería lo balearon por la espalda. Tres minutos después, llegaron al lugar 20 patrulleros. Un vocero policial informó que allí encontraron el cuerpo de Franco, con un arma de fuego a su lado, mientras los supuestos cómplices habían huido en la moto. Franco fue trasladado en un patrullero hasta el hospital de Gonnet, pero en la sala de guardia nada pudieron hacer por su vida. Franco murió a las 23.40 de esa noche. El dueño de la pizzería y su amigo quedaron libres. Rubén Omar Cigarán. Era la noche del viernes 14 de febrero de 2013 cuando Omar, de 17 años, cayó muerto de un balazo en la esquina de 122 y 43 del Barrio Hipódromo de La Plata. Según la versión policial, Omar intentó robarle su moto a un policía de civil, y otro agente le disparó. El parte policial no contempló dudas: “Intento de asalto”. Unas líneas más abajo: “Entre las pertenencias de Omar había un arma”. Pero, de hecho, no había arma: el arma apareció en la morgue policial, cuando se estaba desvistiendo el cadáver, el arma cayó sobre la camilla de la autopsia. Los testigos y la reconstrucción no pudieron determinar si efectivamente Omar portaba o no esa arma aquella noche cuando, supuestamente, intentó robar la moto. Cinco años antes de ese febrero de 2013, Omar, un chiquilín de 12, había ingresado a los talleres de construcción de juguetes de la Municipalidad de La Plata (promovidos por la Dirección de Niñez y Adolescencia), cansado de patear las calles de su ciudad completamente solo. Parecía haber alcanzado el cielo con las manos cuando sus juguetes y los realizados por otros pibes carenciados se presentaron en la muestra Encuentros en Cartón Madera y Algo Más que auspiciaba la Comuna. Y la empezó a pelear: se unió al grupo de militantes sociales que promovían una olla popular en la Plaza San Martín platense, donde dormían y duermen varios chicos en situación de calle, prefería jugar de wing derecho en los picados de fútbol que organizaban los asistentes sociales, y, aunque a regañadientes, escuchaba los reclamos para que dejara de aspirar pegamento, la mortal droga de los sin nada. En marzo de 2008, Omar era uno más de los 110 chicos de entre 8 y 18 años que, según datos oficiales, pasaban la mayor parte del día en las calles de La Plata, limpiando vidrios o cuidando autos estacionados, durmiendo en baldíos abandonados, edificios públicos o plazas como la San Martín. Era uno más del grupito de cinco o seis que llegaban hasta la puerta del recién aparecido diario Diagonales para dejarse retratar con la bolsa de pegamento. Eva Cabrera, fotógrafa de ese medio, captó los ojos claros y tristes de Omar y los de sus amigos. Ojos que, como señaló una nota aparecida en ese diario, “denuncian inconscientemente el abandono y piden ayuda”. Ojos que se repetían en un pibe cada dos manzanas aspirando poxi en el centro platense. Omar pedía contención. La encontró durante un tiempo en el grupo de militantes de la Asamblea por la Niñez. Pero después, pese a que sus necesidades seguían siendo las mismas, su rumbo se perdió en los circuitos de cualquier pibe en situación de calle. Los vecinos de Barrio Hipódromo plantearon días antes de su muerte en el Foro de Seguridad de Tolosa, que alguien tenía que hacer algo con Omar porque se estaba desbandando; el comisario dijo que no podían hacer nada porque era menor. Hasta que llegó a esa esquina de 122 y 43 en el Barrio Hipódromo de La Plata, donde lo esperaba la bala de un agente policial. Axel Lucero. Axel murió a pocas cuadras de su casa, en 7 y 80, La Plata, apenas pasadas las 21 del lunes 17 de febrero de 2013. Tenía 16 años. Supuestamente, aprovechando el semáforo de esa esquina, trataba de robarle la moto a un hombre que le disparó cuatro tiros. Ese hombre era un sargento de la Policía Buenos Aires 2 de civil que circulaba en su Honda Twister negra por la avenida 7 cuando, al detenerse en un semáforo, dijo haber sido abordado por Axel y otro joven, que también iban en moto, con el fin de robarle el vehículo. No hubo enfrentamiento alguno. El mismo parte policial lo señala: “En momentos en que los malvivientes se daban a la fuga, extrajo su arma reglamentaria efectuando varios disparos de los cuales uno impacta en la cabeza”. El sargento dijo que los jóvenes lo habían encañonado y que cuando comprendieron que era imposible sacarle su moto emprendieron la fuga. Allí, el policía extrajo su arma y disparó. Axel quedó tirado sobre la avenida, a su lado, volcada sobre el lado derecho, quedó la moto en que viajaba. Medio metro más allá, el casco negro que llevaba en la mano. Nadie supo nada del presunto cómplice. Axel no tenía asignado número de IPP, aunque voceros de la causa dijeron que contaba con registros de entradas en la Comisaría 8ª y la de Villa Ponsati. Su cuerpo, según el informe de autopsia, presentaba cuatro orificios de bala, uno de ellos en la cabeza, todos con dirección de recorrido “de atrás hacia adelante”. Los peritos se abocaron a la tarea de tratar de establecer si una de esas heridas había podido ser provocada por un mismo proyectil, en lo que comúnmente se denomina “acción de rebote”. ¿Importaba? No mucho. Axel ya estaba muerto: el tiro en la cabeza había provocado derrame de masa encefálica. Ninguno de los testigos que declararon en la causa dijeron haber visto la secuencia de lo ocurrido en su totalidad. Hubo, sí, quien vio cuando Axel intentaba robar. Hubo, sí, quienes sólo escucharon los disparos. Hubo, sí, quienes dijeron haber visto un arma en la mano de Axel. Y hubo, sí, quienes afirmaron que el sargento de la Policía Buenos Aires 2 de franco y de civil disparó contra Axel cuando el pibe ya estaba en el piso. ¿Defensa propia, exceso, asesinato a quemarropa? Diez días después del asesinato de Axel, el sargento quedó en libertad ya que, según indicaron las fuentes judiciales, su declaración tuvo correlato con lo arrojado durante los peritajes. Ese sargento, trascendió en los diarios zonales, se llama Jorge Caballero. Y, según fuentes confiables, es hijo del parapolicial conocido como el Negro Caballero, integrante de las bandas represivas de derecha platenses durante los ’70. Sebastián Ariel Nicora. El 18 de febrero de 2013, a orillas del Río de La Plata, a la altura del balneario El Picaflor, en la localidad de Punta Indio, a poco más de 70 kilómetros de La Plata, fue encontrado el cuerpo de Sebastián, un muchacho de 16 años muerto a golpes en la cabeza. Fuentes de la Estación Policial Comunal de Punta Indio y personal del Gabinete de Homicidios de la DDI local señalaron que esos golpes “le provocaron a Sebastián Nicora pérdida de masa encefálica”. Sebastián era oriundo de la localidad de Verónica, tenía antecedentes policiales. El titular de la Defensoría Oficial de Menores N° 16 de La Plata, Julián Axat, no dudó en sumar el asesinato de Sebastián a la seguidilla de homicidios de adolescentes de entre 11 y 17 años que denunció ante la Suprema Corte Bonaerense. Axat señaló que el caso de Nicora encaja en los mismos patrones de impunidad investigativa que “dejarían el clima propicio para la eliminación social”. El patrón de hostigamiento policial previo a su muerte estaba presente en el caso de Sebastián aunque habían sido desestimadas por la Justicia las cuatro instrucciones penales por hurto y robo que pesaban sobre el joven. “Todas fueron causas armadas por la policía que para la Justicia no tienen entidad –dijo Axat al sumar el caso de Nicora–, por eso ni siquiera los investigó. Las causas tienen patrones de impunidad, de bajo estándar investigativo y de delegación de la investigación en los propios sospechados. Incluso las causas en las cuales los chicos denunciaron hostigamientos, persecuciones, torturas o apremios, tienen signos de impunidad. Ese conjunto de irregularidades se advierte en todos los expedientes. Estos crímenes aparecen en los medios de manera fragmentada y se diluyen en el tiempo. Entonces, queda la idea de que fueron ajusticiamientos legítimos. Y como el Estado no castiga estos casos de justicia por mano propia, termina generando un clima de legitimación para que cada uno con su arma pueda ajusticiar a pibes con prontuario”. El único detenido por el crimen de Sebastian –otro menor de 15 años, con quien la víctima se habría hospedado en la estancia Santa Rita de Punta Indio el día anterior, y cuyas muestras de sangre lo incriminaban como sospechoso en el homicidio de la playa de Punta del Indio– fue puesto en libertad. Bladimir Matías Garay. Bladimir parece haber nacido con un error de ortografía. B, Bladimir, en lugar de V, Vladimir. Y otro error terminó con su vida, a los 16 años. Fue la madrugada del domingo 19 de mayo de 2013, cuando murió desangrado en la puerta del Hospital de Niños de La Plata, donde había llegado con su moto y un balazo de una 9 milímetros en la espalda. Bladimir vivía con su padre en una casa precaria del barrio Hernández. Tenía cuatro hermanos, dos varones de 25 y 18 y dos mujeres de 21 y 10. Había sido varias veces asistido por las Defensorías Penales Juveniles de La Plata, con intervención de tratamientos a cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Samuel Garay, su padre, un empleado gráfico de 51 años, conocía bien a su hijo: “Tenía algunas entradas en la Comisaría 8ª. Pero andaba lo más bien, se presentaba cada dos meses en el juzgado de menores, donde le habían dicho que se pusiera a estudiar. Sus problemas venían de arrastre, de cuando tenía 14 o 15 años. Pero él no quería saber nada más con ese tema, no quería que lo encerraran. Era consciente, me decía ‘voy a cumplir 17, ya no quiero saber nada’, pero el servicio de calle de la Comisaría 8ª lo tenía a mal traer”. Más allá de que el Centro de Referencia de la Secretaría de Niñez tenía que visitar a Bladimir para saber cómo estaba y cómo se estaba comportando, su padre señala que “nunca aparecieron por la casa”. La última vez que Bladimir se presentó ante el juez de Menores de La Plata, tres semanas antes de ese terrible 19 de mayo, le comentó que por la edad que tenía y por su altura, que lo hacía aparecer más grande, no lo tomaban en ningún colegio. Pensaba empezar a estudiar de noche, si conseguía algún lugar donde hacerlo. No tuvo tiempo. La crónica policial platense del 20 de mayo señalaba que Bladimir había participado de un “raid delictivo” y que el balazo se lo había dado “su cómplice”. Poco importó a esa misma crónica, que los tiros en la espalda los reciben quienes se van de una escena. Poco importó que la vaina que las pesquisas encontraron en el restaurante en el que presuntamente había entrado a robar en la medianoche del sábado 18 de mayo fuera de una 9 milímetros. Y poco importó que, justamente, la bala que lo mató por la espalda fuera de una 9 milímetros, arma policial por excelencia. “A Bladimir no me lo van a devolver –dijo su padre, Samuel–, pero yo quiero saber la verdad, quiero saber quién lo mató”. El escrito del defensor de menores Julián Axat Llamativas coincidencias ante los crímenes El defensor de Menores Julián Axat, en su escrito sobre los asesinatos de los siete pibes en jurisdicción de La Plata en los últimos doce meses presentado el pasado 21 de mayo a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, señala notables coincidencias: “En todos los casos, los mencionados resultaban poseer antecedentes en la Justicia Penal Juvenil en la que me toca intervenir”. “En todos los casos existía en forma directa o indirecta responsabilidad de las áreas de Niñez y Adolescencia en términos de contención. Es decir, fracaso evidente de medidas de protección como seguimientos pautadas por la propia Justicia penal o civil de familia, es decir, los casos conforman lo que se llama ‘Historias de muerte anunciada’.” “La mayoría de los niños víctimas de homicidio había denunciado hostigamientos y persecuciones policiales anteriores desde las Defensorías”. “En la mayoría de las causas mencionadas, no existen avances significativos”. “La forma en la que se relevó la situación, tanto desde el punto de vista asistencial, como policial y judicial, es similar: ya sea estado de las causas, ausencia de imputados, bajo impulso procesal e investigación exclusiva de la propia policía bonaerense.” Por eso, su escrito termina diciendo: “Vuelvo aquí a insistir que la seguidilla de homicidios de niños y adolescentes ocurridos en La Plata entre mediados de 2012 y lo que va de 2013 demuestran una trama sospechosa; pues todos ellos ocurrieron en situaciones violentas y confusas; con posterior tratamiento policial-judicial de nulo o bajo estándar investigativo; lo que dejaría clima propicio para la ‘eliminación social’. Pues al tratarse de homicidios de niños-adolescentes con frondosos prontuarios, y pertenecientes a los estratos más marginales, su impunidad posterior se convierte en un mensaje social que no evita su repetición”. Por eso, también, Axat, junto a los familiares de las víctmas, solicitaron el apartamiento de la Policía Bonarense en la investigación de las causas. 02/06/13 Miradas al Sur