EL FISCAL AUAT Y LOS JUECES PORTELA, ROZANSKI Y GRüNBERG, QUE RENUNCIARON A LA CORPORACION DE MAGISTRADOS Por Ailín Bullentini

“Una asociación que protege más intereses personales” El posicionamiento de la asociación de magistrados sobre la ley de medios y el silencio ante casos de jueces que fueron cómplices con los militares o ante la reforma judicial están provocando un éxodo entre sus afiliados. Desde que la iniciativa de Justicia legítima comenzó a tomar forma, continúa creciendo el grupo de jueces que decidieron formalizar su inconformidad con la añeja Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Hay quienes manifiestan lentamente su rechazo a ese grupo al que definen como “corporativo” y “elitista”. Y están los que expresaron un “no va más” tajante al sistema “corporativo”, “cerrado” y “conservador” que propone ese colectivo, fundado en 1928, y lo concretaron en cartas de renuncia. En diálogo con Página/12, algunos de ellos, como el fiscal Jorge Auat y los jueces federales Mario Portela, Carlos Rozanski y Adrián Grünberg, comparten los motivos por los cuales son, hoy, orgullosos ex integrantes de ese colectivo y apuestan a la construcción de un nuevo espacio, Justicia legítima, para reformar ese tercer poder. No va más El abandono de la entidad corporativa por parte del fiscal general Javier De Luca y el de Auat, a cargo de la Unidad Coordinadora de juicios por violaciones a los derechos humanos, fueron los últimos portazos que resonaron en la agenda mediática. Pero hay más, y todos, palabras más o menos, comparten los motivos. “No quiero pertenecer a un organismo que considere que el interés de la sociedad toda sea subalterno al de sus socios”, justificó Auat en diálogo con este diario, antes de señalar al “espíritu corporativo” como “la patología del sistema judicial que hay que modificar”. El mismo concepto utilizó el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Mario Portela, quien presentó su renuncia a la Asociación de Magistrados hace poco menos de medio año. “Se trata de una asociación que busca proteger más intereses personales que valores que hacen al buen funcionamiento de la Justicia, como por ejemplo la independencia de los jueces”, mencionó (ver aparte). Afán de poder Al igual que lo remarcó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el fallo que emitió a principios de la semana pasada en rechazo a un recurso de amparo presentado por el Colegio de Abogados de esa ciudad en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura, el magistrado analizó como ejemplo del accionar corporativo de la asociación la presentación “organizada” de esas herramientas que realizaron sus miembros en nombre del grupo y varios otras instituciones de letrados de todo el país en decenas de mostradores judiciales. “Es una gravísima falta de ética profesional el buscar amparos en cada uno de los juzgados federales a través de formularios, porque sé que se enviaron mails entre esos colegios con el contenido de las medidas para que se repliquen en todas las jurisdicciones. La estrategia corporativa está clarísima en esa actitud, pero también en la de los jueces que, integrantes de la asociación, acogieron esos pedidos. Ellos son parte en el conflicto y están interviniendo igual”, detalló. El rechazo acérrimo a la intención de reformar la Justicia, que vio en la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura la punta de su ovillo en la práctica, fue para la mayoría de los entrevistados la gota que rebalsó el vaso. La reacción a poner el camino de este organismo en manos de los ciudadanos revela, para ellos, el carácter conservador y corporativo de la asociación, y la desesperación por retener poder. “Si te aferrás tanto a un sistema cerrado y corporativo, marca dos cosas: que no te importa la decisión que pueda tomar otra gente y que estás con miedo de perder cierto privilegio que atesoraste desde siempre. Todo esto se mantiene garantizado cuando vos te asegurás que quienes te reemplacen siempre provengan del sector que estás representando”, explicó Rozanski, quien envió su carta de dimisión un día antes del primer encuentro nacional del movimiento Justicia legítima en febrero pasado. “Se trata de una asociación de jueces porteños en la que nada importa la postura de los magistrados del interior”, añadió como crítica Portela, cuestión que desenmascara el mecanismo unitario del espacio que admite sólo a jueces federales –no pinchan siquiera miembros de la Justicia provincial, aunque incluso sean miembros de las cortes supremas de esos territorios– y que “ralea” a fiscales y defensores. La falta de autocrítica es otra de las carencias que restan paciencia. ¿Se puede pensar en una Justicia siempre acertada? “El Poder Judicial es tan corporativo que lógicamente no necesita el cambio, sencillamente no lo ve. Pero la realidad es que muchos de sus miembros vemos su tremendo desfasaje con la actualidad, anquilosado como está en el fondo de su historia. No admito tanta hipocresía. Nunca una autocrítica, no puede ser”, consideró Auat, quien remarcó la ausencia de palabras de la asociación frente a los casos en los que estuvieron involucrados miembros de ese poder en delitos de lesa humanidad: “Ni siquiera hubo discusión en el caso de (el hoy ex juez Otilio) Romano, que está prófugo”, se indignó. Independencia y política partidaria Grünberg desistió de su participación en la Asociación de Magistrados en abril de 2010, cuando entendió que actuaba “con un claro direccionamiento hacia la postura política de los medios hegemónicos” (ver aparte). “No estaba de acuerdo con la actuación política partidaria de la asociación, ya que creo que no corresponde a un colectivo. Yo no quise ser parte de eso”, apuntó, y renunció. A los jueces no les es permitido estar afiliados a ningún partido político. Sin embargo, la simpatía, para utilizar una palabra naïf, de estas personas por uno u otro espacio ideológico es tan común como lo es para cualquier otra persona, así como corriente en la práctica. Entonces, ¿licua la independencia de la Justicia el hecho de que los miembros del Consejo integren listas partidarias? “Una cosa es que los jueces tengan sus cosmovisiones políticas partidarias, pero las debe dejar de lado al momento de ejercer como juez. Uno debe actuar con objetividad e independencia. La elección de los integrantes del Consejo mediante el voto popular es transparentar la ideología de cada juez”, remarcó. La utopía de pelearla desde adentro Portela mencionó que expresó en varias oportunidades sus críticas a directivos de la asociación con respecto a la inclinación que, en su opinión desde diciembre de 2010, el colectivo denotaba a través de comunicados y expresiones públicas, y que en todas ellas recibió nada más que vueltas. “Me decían que ellos tenían que representar a un conjunto de jueces, que muchos de ellos tenían ese pensamiento conservador y que había que apostar al pluralismo. Pero nunca nos vimos representados quienes pensábamos de otra manera. La pluralidad que pregonan no existe”, remarcó (ver aparte). Al igual que el resto de los entrevistados, el integrante del TOF de Mar del Plata ve imposible la posibilidad de cambiar la marcha de la Asociación de Magistrados desde dentro. “No hay ninguna diferencia entre las listas que pugnan por dominar la asociación. Los miembros del sector supuestamente progresista (la Lista Celeste) ha avalado las decisiones de la comisión directiva sin expresar inconformismo”, mencionó. A esta idea aportó Grünberg, quien tuvo en cuenta la posibilidad de abrir un nuevo camino para disputar ése: “Podríamos abrir una nueva lista, pero lograr la dirección de la asociación, desde lo pragmático, es imposible. El oficialismo allí dentro tiene muy aceitado los mecanismos burocráticos como para no perder”, calculó. “El problema no son los socios sino el paradigma que atraviesa a la asociación”, consideró Auat y remarcó que “hay que empezar a entender que el Poder Judicial, incluso su diseño, es el reflejo del rol que se le asigna, y eso sólo se revierte tras un debate profundo”. La fuerza del colectivo “¿Cuál es la exclusividad de la asociación? ¿Por qué no formar una nueva?”, se preguntó el integrante del TOF Nº 1 de Comodoro Py, aunque no esperó respuesta: “No armarla sería otorgarles exclusividad de hecho”, sentenció. Para Portela, es “necesario” para los jueces el contar con un espacio que los aglutine, que los convierta en uno, si es posible la comparación. “La única posibilidad que tenemos de cuidar nuestra propia independencia es con asociacionismo en el buen sentido de la palabra. Nos tenemos que cuidar entre nosotros no sólo de los eventuales ataques de los miembros de cualquier gobierno sino fundamentalmente de las presiones que se sufren todos los días de parte de los grupos de poder”, introdujo. Hace poco más de 15 días nació la Asociación Civil Justicia Legítima, de la que los entrevistados participan. “La propuesta es instalar un debate sobre cuáles son los problemas que tenemos, cuál es el modelo de Justicia que necesitamos en consonancia con los tiempos económicos, políticos y sociales actuales. Tenemos 30 años de democracia, hay que pensar en cómo atravesar democráticamente al Poder Judicial”, indicó Auat respecto del nacimiento del movimiento, que estrena herramienta jurídica. Justamente el ímpetu en el “debate constante” y, por otro lado, la condición de “apertura” que plantea desde sus orígenes la herramienta de Justicia Legítima –elimina condiciones de cargo a quienes quieran formar parte– la resguardarían, según Rozanski, de caer en el mismo destino corporativo y endógeno de la que él y sus colegas son flamantes ex integrantes. “No estamos partiendo del mismo lugar, no estamos queriendo construir lo mismo en otro terreno. No tendrá la misma forma. Contamos con la convicción ideológica que nos da la conciencia de que deberemos replantearnos permanentemente el camino que vamos construyendo, las metas y las motivaciones que te hicieron convertirte en asociación”, destacó. “La sociedad toda le está pidiendo a la Justicia un cambio de mirada que la enfoque más, que abra las puertas”, concluyó Auat. “El discurso opositor de los medios” Por Ailín Bullentini Cadenas de mails con claras bajadas de línea hacia posturas ideológicas de derecha, contrarias a la supuesta intención “plural” del colectivo, e incluso “en tándem con el discurso opositor de los medios hegemónicos” son elementos comunes que los funcionarios judiciales mencionaron como hechos que les confirmaron el corporativismo de la Asociación de Magistrados. La cuestión referida a la falta total de una postura condenatoria hacia los miembros del Poder Judicial sospechados, e incluso cuando los casos fueron probados, de haber participado en delitos de lesa humanidad de la última dictadura mencionada por Jorge Auat es un claro ejemplo, pero no el único, ni el más llamativo. En mayo de 2010, la dirección del colectivo mandó por mail a todos sus integrantes un comunicado redactado por el radical Leandro Despouy, quien entonces actuaba como relator ante la ONU de la independencia de los jueces, con críticas a la situación de la Justicia en Venezuela. Ese mismo año, el ex juez español Baltasar Garzón fue suspendido en su país. “Esa vez, la reacción de la asociación fue mutis por el foro”, rememoró Adrián Grünberg. Mario Portela lo vivió en carne propia, en tiempos en los que como juez subrogante integró el TOF N° 1 de La Plata, para el juicio denominado Circuito Camps, por crímenes cometidos en ese territorio durante la última dictadura cívico militar. “Denuncié a la asociación un intento de incriminación que habíamos sufrido (los miembros del tribunal) por parte de una serie de editoriales de La Nación. Nunca se dignaron siquiera a contestarme. Nunca tomaron partido por un juez que decía sentirse amenazado. El silencio fue una toma de postura hacia otro lado”, concluyó. 10/06/13 Página|12