En la carta, CFK concluyó que el rasgo saliente de la movilización no fue el homenaje a Nisman. Y advirtió que sectores de la justicia articulados con sectores económicos concentrados llegan a desconocer las decisiones del Poder Legislativo.
Contexto - La presidenta difundió su misiva a una semana del inicio del período legislativo en el que se dirigirá por última vez al Congreso.
La presidenta sacudió ayer la inmovilidad informativa del sábado con la difusión de una carta, escrita por ella y difundida a través de las redes sociales y del sitio web cfkargentina.com. El texto de la misiva, de tono fuerte y sin eufemismos, puso al desnudo los antecedentes y las prácticas recientes de los fiscales federales que organizaron la Marcha del Silencio del 18F. Para la jefa de Estado, la movilización del último miércoles se convirtió en el lanzamiento "del Partido Judicial", al que acusó de intentar "desestabilizar al Poder Ejecutivo" a través de "una modalidad más sofisticada" que los golpes de Estado tradicionales de antaño. "Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico", advirtió la jefa de Estado al explicar la maniobra que adjudica a sectores de la justicia, que incluso –recordó– llegan a "desconocer las decisiones del Poder Legislativo".
En varios pasajes del texto, la presidenta reveló las conexiones con los jefes de la barra brava de Boca Juniors de dos de los organizadores del 18F (aunque no los nombró, se refería a Raúl Plée y Carlos Stornelli, cuyos vínculos con Rafael Di Zeo quedaron inmortalizados en un documental español producido por Canal +) y, además, puso el foco sobre el dudoso criterio de ecuanimidad (o la falta de esta) con la que fiscales y jueces "arman causas y cajonean otras". En ese punto, a lo largo de la carta alertó sobre la inmovilidad de la causa de Papel Prensa, a cargo del juez Julián Ercolini y que no registra avances significativos, como también la causa por lavado de dinero que se abrió tras la denuncia del ex ejecutivo del banco de inversión JP Morgan, el arrepentido Hernán Arbizu. En este último caso, el fiscal que debería hacer avanzar la instrucción es Guillermo Marijuan. En la carta, Cristina subrayó que Arbizu aportó información precisa sobre "cómo lavaba dinero de los integrantes del Grupo Clarín" y que, sin embargo, "la causa lleva años y no hay una sola citación".
La carta también dedicó duras críticas al juez Claudio Bonadío. Sin citarlo por el nombre, la mandataria recordó que Bonadío pidió "la indagatoria del fiscal Dr. (Carlos) Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza (NdR, por María Gabriela Lanz, jueza de instrucción porteña) que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína." Cristina insistió sobre Bonadío al denunciar que "el Partido Judicial acusa a empresas por meras faltas administrativas, al mismo tiempo que el magistrado actuante vulnera la ley siendo accionista de sociedades comerciales, lo cual está impedido, adquiridas además con préstamos de bancos públicos y de empresarios privados. Como detalle risueño: las sociedades de las cuales es accionista tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas."
En el último párrafo, la presidenta se refería a Bonadio y su condición de accionista de la sociedad Mansue SA, que se dedica a comercialización de nafta y gasoil en estaciones de servicio. Según información de la Inspección General de Justicia citada por la jefa de Estado, Mansue SA está en la misma condición que Hotesur SA (de la cual es accionista la familia presidencial) en cuanto a la presentación de sus declaraciones juradas. Pero de todos los antecedentes que fue desmenuzando la presidenta, el más sensible (dado el caso, ya que buena parte del conflicto con sectores de la Justicia está asociado a la proximidad de la apertura del juicio oral por encubrimiento en la primera investigación por el atentado a la AMIA) involucra a Plée y a Germán Moldes, fiscal ante la Cámara Federal. Los familiares de los muertos en la voladura de la mutual que integran Memoria Activa los acusaron a ambos de demorar el inicio del juicio. "Dos de ellos fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la causa AMIA y la tarea del propio (fiscal Alberto) Nisman", insistió ayer la propia CFK.
EL PARTIDO JUDICIAL. En el inicio de la carta, la presidenta volvió a desafiar a los sectores del Poder Judicial y de los medios que le exigieron silencio en las primeras semanas de la investigación por la muerte de Nisman. El primer funcionario del ministerio público que acusó a la jefa de Estado de "interferir" con sus dichos en la marcha de la pesquisa fue Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara en lo Criminal, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y superior directo de Viviana Fein. Sáenz fue uno de los organizadores de la Marcha del 18F: en abril de 2003, se pronunció a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Resulta curioso que cuando hablo de lo que algunos no quieren, un fiscal (por Sáenz) me exige que me calle, y cuando no hablo de lo que ellos quieren, me reclaman que hable. En síntesis: la palabra y el silencio parecen tener dueños en la Argentina", comenzó la mandataria en los primeros tres párrafos. Era una muestra del tono que tendría el resto de escrito, que produjo una fuerte repercusión en todos los sectores políticos, tanto oficialismo como oposición.
La presidenta se refirió luego a una de las contradicciones que asignó a la Marcha del Silencio: que su objetivo haya sido pedir justicia cuando sus organizadores eran, justamente, los encargados de acusar y dictar sentencia. "Es algo realmente tan insólito, como una convocatoria de Ministros del Poder Ejecutivo reclamando una mejor 'gestión de gobierno'", comparó con cierta ironía. Al referirse al 18F, la mandataria también destacó el hecho de que la participación de toda la oposición con la excepción de la izquierda demostraba que se trataba de una movilización opositora. "No fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos. Se pudo ver en vivo y en directo a dirigentes políticos riéndose a carcajadas y también a manifestantes llevando carteles con leyendas ofensivas e insultantes contra el gobierno", evaluó. Y luego mencionó que en el final de la marcha se escucharon breves palabras del dirigente del gremio de Judiciales, Julio Piumato, a quien CFK definió como "un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al gobierno". "Tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora", remarcó.
Para Cristina, una de las conclusiones positivas de la marcha fue que se concretó con absoluta normalidad. "En la Argentina, tu país, se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la presidenta, y se puede marchar libremente. No siempre fue así, y no hablo de la Dictadura. Aún recuerdo lo que les pasó a los que se les ocurrió disentir el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Plaza de Mayo", deslizó para recordar los más de 30 muertos que dejó, al abandonar la Casa Rosada, Fernando de la Rúa, a cuyo gobierno estuvieron ligados varios dirigentes –hoy alineados en el macrismo– e influyentes estudios jurídicos que el gobierno considera miembros del 'Partido Judicial'. La presidenta también dedicó un párrafo bastante largo a desacreditar la información que hizo circular la Policía Metropolitana, dependiente del gobierno porteño, sobre que el 18F había convocado a 400 mil argentinos. Comparó el tratamiento que habían recibido por los diarios Clarín y La Nación la convocatoria encabezada por Juan Carlos Blumberg en 2004 y la posterior, impulsada por la Mesa de Enlace, en el Monumento a los Españoles, pleno conflicto por la Resolución 125, año 2008. "Basta mirar las tapas de ambos diarios y sus documentos fotográficos para que la cifra mencionada de ¡400 mil personas! resulte patéticamente absurda y armada", concluyó.
Antes de terminar, la presidenta cuestionó e ironizó en torno a la decisión del fiscal Germán Pollicita de no concurrir a la invitación que le había hecho el bloque oficialista del Parlamento. "¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuándo los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan? ¿Viste lo que te dije sobre el Partido Judicial? Porque además de ser Partido, es opositor y destituyente del Gobierno", ratificó. «
En varios pasajes del texto, la presidenta reveló las conexiones con los jefes de la barra brava de Boca Juniors de dos de los organizadores del 18F (aunque no los nombró, se refería a Raúl Plée y Carlos Stornelli, cuyos vínculos con Rafael Di Zeo quedaron inmortalizados en un documental español producido por Canal +) y, además, puso el foco sobre el dudoso criterio de ecuanimidad (o la falta de esta) con la que fiscales y jueces "arman causas y cajonean otras". En ese punto, a lo largo de la carta alertó sobre la inmovilidad de la causa de Papel Prensa, a cargo del juez Julián Ercolini y que no registra avances significativos, como también la causa por lavado de dinero que se abrió tras la denuncia del ex ejecutivo del banco de inversión JP Morgan, el arrepentido Hernán Arbizu. En este último caso, el fiscal que debería hacer avanzar la instrucción es Guillermo Marijuan. En la carta, Cristina subrayó que Arbizu aportó información precisa sobre "cómo lavaba dinero de los integrantes del Grupo Clarín" y que, sin embargo, "la causa lleva años y no hay una sola citación".
La carta también dedicó duras críticas al juez Claudio Bonadío. Sin citarlo por el nombre, la mandataria recordó que Bonadío pidió "la indagatoria del fiscal Dr. (Carlos) Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza (NdR, por María Gabriela Lanz, jueza de instrucción porteña) que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína." Cristina insistió sobre Bonadío al denunciar que "el Partido Judicial acusa a empresas por meras faltas administrativas, al mismo tiempo que el magistrado actuante vulnera la ley siendo accionista de sociedades comerciales, lo cual está impedido, adquiridas además con préstamos de bancos públicos y de empresarios privados. Como detalle risueño: las sociedades de las cuales es accionista tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas."
En el último párrafo, la presidenta se refería a Bonadio y su condición de accionista de la sociedad Mansue SA, que se dedica a comercialización de nafta y gasoil en estaciones de servicio. Según información de la Inspección General de Justicia citada por la jefa de Estado, Mansue SA está en la misma condición que Hotesur SA (de la cual es accionista la familia presidencial) en cuanto a la presentación de sus declaraciones juradas. Pero de todos los antecedentes que fue desmenuzando la presidenta, el más sensible (dado el caso, ya que buena parte del conflicto con sectores de la Justicia está asociado a la proximidad de la apertura del juicio oral por encubrimiento en la primera investigación por el atentado a la AMIA) involucra a Plée y a Germán Moldes, fiscal ante la Cámara Federal. Los familiares de los muertos en la voladura de la mutual que integran Memoria Activa los acusaron a ambos de demorar el inicio del juicio. "Dos de ellos fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la causa AMIA y la tarea del propio (fiscal Alberto) Nisman", insistió ayer la propia CFK.
EL PARTIDO JUDICIAL. En el inicio de la carta, la presidenta volvió a desafiar a los sectores del Poder Judicial y de los medios que le exigieron silencio en las primeras semanas de la investigación por la muerte de Nisman. El primer funcionario del ministerio público que acusó a la jefa de Estado de "interferir" con sus dichos en la marcha de la pesquisa fue Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara en lo Criminal, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y superior directo de Viviana Fein. Sáenz fue uno de los organizadores de la Marcha del 18F: en abril de 2003, se pronunció a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Resulta curioso que cuando hablo de lo que algunos no quieren, un fiscal (por Sáenz) me exige que me calle, y cuando no hablo de lo que ellos quieren, me reclaman que hable. En síntesis: la palabra y el silencio parecen tener dueños en la Argentina", comenzó la mandataria en los primeros tres párrafos. Era una muestra del tono que tendría el resto de escrito, que produjo una fuerte repercusión en todos los sectores políticos, tanto oficialismo como oposición.
La presidenta se refirió luego a una de las contradicciones que asignó a la Marcha del Silencio: que su objetivo haya sido pedir justicia cuando sus organizadores eran, justamente, los encargados de acusar y dictar sentencia. "Es algo realmente tan insólito, como una convocatoria de Ministros del Poder Ejecutivo reclamando una mejor 'gestión de gobierno'", comparó con cierta ironía. Al referirse al 18F, la mandataria también destacó el hecho de que la participación de toda la oposición con la excepción de la izquierda demostraba que se trataba de una movilización opositora. "No fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos. Se pudo ver en vivo y en directo a dirigentes políticos riéndose a carcajadas y también a manifestantes llevando carteles con leyendas ofensivas e insultantes contra el gobierno", evaluó. Y luego mencionó que en el final de la marcha se escucharon breves palabras del dirigente del gremio de Judiciales, Julio Piumato, a quien CFK definió como "un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al gobierno". "Tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora", remarcó.
Para Cristina, una de las conclusiones positivas de la marcha fue que se concretó con absoluta normalidad. "En la Argentina, tu país, se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la presidenta, y se puede marchar libremente. No siempre fue así, y no hablo de la Dictadura. Aún recuerdo lo que les pasó a los que se les ocurrió disentir el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Plaza de Mayo", deslizó para recordar los más de 30 muertos que dejó, al abandonar la Casa Rosada, Fernando de la Rúa, a cuyo gobierno estuvieron ligados varios dirigentes –hoy alineados en el macrismo– e influyentes estudios jurídicos que el gobierno considera miembros del 'Partido Judicial'. La presidenta también dedicó un párrafo bastante largo a desacreditar la información que hizo circular la Policía Metropolitana, dependiente del gobierno porteño, sobre que el 18F había convocado a 400 mil argentinos. Comparó el tratamiento que habían recibido por los diarios Clarín y La Nación la convocatoria encabezada por Juan Carlos Blumberg en 2004 y la posterior, impulsada por la Mesa de Enlace, en el Monumento a los Españoles, pleno conflicto por la Resolución 125, año 2008. "Basta mirar las tapas de ambos diarios y sus documentos fotográficos para que la cifra mencionada de ¡400 mil personas! resulte patéticamente absurda y armada", concluyó.
Antes de terminar, la presidenta cuestionó e ironizó en torno a la decisión del fiscal Germán Pollicita de no concurrir a la invitación que le había hecho el bloque oficialista del Parlamento. "¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuándo los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan? ¿Viste lo que te dije sobre el Partido Judicial? Porque además de ser Partido, es opositor y destituyente del Gobierno", ratificó. «
"No puede sostener la denuncia"
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, se refirió en La Rioja a la negativa del fiscal que tiene a cargo la denuncia de Albeto Nisman, de asistir al Congreso de la Nación al afirmar que esta convencido de que "las severas inconsistencias jurídicas de la denuncia hicieron a (Gerardo) Pollicita declinar la invitación del Congreso".
Luego de exponer junto al vicegobernador de la provincia, Sergio Casas, en la Universidad Nacional de La Rioja, Dominguez expresó: "Es una pena que el fiscal haya declinado la invitación a exponer en el Congreso Nacional los fundamentos de la denuncia." Y agregó: "Invitamos a Pollicita a hacer aquello que Nisman no pudo por su trágico desenlace."
El titular de la Cámara Baja nacional destacó que el FPV le ofreció al fiscal "un ámbito para que argumente la denuncia presentada contra la presidenta, pero es probable que Pollicita no pueda sostener las severas inconsistencias jurídicas de la denuncia."
"Un tratado internacional ratificado por Ley del Congreso puede ser bueno o malo, la historia hablará sobre su eficacia. Lo que nunca puede representar es un delito", afirmó sobre el Memorándum con Irán por la causa AMIA.
Luego de exponer junto al vicegobernador de la provincia, Sergio Casas, en la Universidad Nacional de La Rioja, Dominguez expresó: "Es una pena que el fiscal haya declinado la invitación a exponer en el Congreso Nacional los fundamentos de la denuncia." Y agregó: "Invitamos a Pollicita a hacer aquello que Nisman no pudo por su trágico desenlace."
El titular de la Cámara Baja nacional destacó que el FPV le ofreció al fiscal "un ámbito para que argumente la denuncia presentada contra la presidenta, pero es probable que Pollicita no pueda sostener las severas inconsistencias jurídicas de la denuncia."
"Un tratado internacional ratificado por Ley del Congreso puede ser bueno o malo, la historia hablará sobre su eficacia. Lo que nunca puede representar es un delito", afirmó sobre el Memorándum con Irán por la causa AMIA.
Fragmentos de la carta de Cristina
La cadena del desánimo
Cuando hablo por cadena nacional se les dificulta apenas un poquito la tarea destructiva y depredadora (...). Pero la libertad de prensa (...) no sufre mella. La cadena nacional del desánimo y el odio, comandada por Clarín, goza del privilegio de la libre expresión los 365 días del año durante las 24 horas.
Ningún homenaje
Lo cierto es que la marcha a la que asistió todo el arco de partidos opositores y sus candidatos presidenciales, salvo las agrupaciones de izquierda, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos.
Una marcha opositora
El 18F fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor. En síntesis: una marcha de varios integrantes de un Poder del Estado, el Judicial, contra otro Poder de la Constitución: el Ejecutivo.
Los números de la marcha
¿Por qué entonces ese evidente empecinamiento en agregarle ceros a una marcha? Porque en definitiva, allí está el objetivo oculto e implícito de la marcha: el 18F no es el homenaje a un fiscal, ni siquiera un reclamo insólito de justicia, sino el bautismo de fuego del Partido Judicial.
El partido judicial
Y ese Partido Judicial debe aparecer con "respaldo masivo" (no popular, concepto impensable para los que concurrieron al evento) que avale y dé aires de legalidad a cualquier mamarracho judicial, independientemente de lo que digan las leyes, códigos de fondo y de forma y hasta la Constitución.
El súper poder
Ya no se trata de golpes violentos (...) La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. (...) un súper poder por encima de las instituciones (...)
Cajoneo de causas
Es el Partido Judicial que cajonea causas de lesa humanidad como la de Papel Prensa, con increíble cantidad de prueba documental y testimonial, en lo que fue la apropiación de dicha empresa durante la dictadura por parte de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y los ex propietarios del diario La Razón.
El "forum shopping"
(...) el que aún no permite que se aplique a Ley de Medios (...) el que ha generado el "derecho cautelar delivery" o el "forum shopping". (...) que pide la indagatoria del fiscal Dr. Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto.
En contra del parlamento
Es el Partido Judicial que por primera vez en la Historia declara inconstitucional un tratado internacional firmado por el gobierno nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades Constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos Poderes. Decisiones estas que, por lo tanto, no son judiciables.
Discrecionalidad
(...) Delicias de la omnipotencia, impunidad y discrecionalidad que te da el sólo hecho de ser juez en nuestro país. De pagar impuesto a las ganancias… mejor no hablamos. (...) (el Partido que) no va a elecciones, cuyos miembros no pagan impuestos, tienen sus funciones y prerrogativas de por vida (...)¿Decime si no te dan ganas de ser juez?
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