Por Sebastian Abrevaya
El kirchnerismo llevará hoy al recinto de la Cámara alta la reforma de la Ley de Inteligencia, a la que le introdujo nuevas modificaciones tras una reunión que mantuvieron ayer los senadores del FpV con el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli; su segundo, Juan Martín Mena, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. “La democracia argentina tiene la edad y la madurez política suficientes como para no dejarse extorsionar por organismos o sectores de Inteligencia que tanto mal les han hecho a los argentinos”, aseguró ayer Parrilli al terminar el encuentro. Buena parte de las últimas modificaciones responden a los planteos del CELS, que había reclamado mayor transparencia en el manejo de los fondos y un plazo menor para la desclasificación de archivos, entre otras cosas. La oposición no asistirá al debate en el recinto, con la excepción del Peronismo Federal, que prometió bajar a sus bancas si el oficialismo logra conseguir el quórum. En paralelo, los opositores montaron una audiencia con expositores que van desde intelectuales como Beatriz Sarlo hasta artistas, gremialistas, funcionarios judiciales y dirigentes político-religiosos como Cynthia Hotton.
Luego de una semana de reuniones y contactos informales entre funcionarios del gobierno nacional y organismos de derechos humanos y especialistas como el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain, los enviados del Poder Ejecutivo les acercaron a los senadores una serie de cambios a pedido de la presidenta Cristina Fernández. Del encuentro participaron Miguel Pichetto, jefe del bloque oficialista; Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, respectivamente, además de otros legisladores como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
“Hemos establecido la prohibición absoluta de toda actividad relacionada con represión y utilización (de los agentes de Inteligencia) como fuerzas policiales y sólo aplicaremos la Inteligencia criminal cuando sea un pedido expreso de un juez en una causa determinada. Los funcionarios deben someterse a los códigos procesales tanto a nivel nacional como provincial”, explicó Parrilli al terminar el encuentro. Este punto era una de las principales críticas del CELS, que objetaba el rol de “auxiliar de la Justicia” que tiene la actual SI.
También se hizo eco de otro planteo del organismo que preside Horacio Verbitsky: se invirtió el criterio de publicidad de los fondos. “En principio todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia son públicas y solamente serán reservadas aquellas que necesiten ser reservadas porque tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas que tengan que ver con la Inteligencia”, detalló Parrilli. Además, se pasó de cinco a tres la clasificación de los archivos: secreto, reservado y público. Y también se redujo a 15 años el plazo para la desclasificación de archivos (el dictamen establecía 25).
En la misma línea, el titular de la Secretaría de Inteligencia anticipó que “toda persona con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información”. “Cristina entendió que los argentinos tenemos la suficiente madurez política como para poder hacerlo de manera que cualquier ciudadano va a poder pedir la desclasificación”, señaló Parrilli y agregó que eso implica “un avance enorme en los derechos civiles de los ciudadanos”. Al mismo tiempo que se conocían los últimos cambios se difundió una carta dirigida a los senadores de la agrupación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA Memoria Activa, en la que precisamente reclamaba por el manejo de los fondos reservados y la mejora en los mecanismos de control.
Hasta anoche no se conocía todavía el texto definitivo, que será tratado en el recinto. Los ejes centrales de la reforma se mantienen: en un lapso no mayor a 90 días se crea la Agencia Federal de Inteligencia y se disuelve la ex SIDE. Su personal y sus bienes serán traspasados al nuevo organismo, cuyo director y subdirector serán designados por el presidente, con aval del Senado. La Dirección de Observaciones Judiciales, encargada de las escuchas telefónicas, pasará a la órbita del Ministerio Público Fiscal, tal como lo propuso el Ejecutivo en la primera versión. Esto se mantiene a pesar del rechazo mediático de la oposición, que decidió no participar del debate parlamentario por considerarlo “una farsa”.
Por ese motivo el recinto del Senado tendrá hoy un hemiciclo semivacío. A pocos metros, en el Salón Azul, la oposición prepara una audiencia con una treintena de expositores. El único bloque que asistirá al debate será el que coordina Adolfo Rodríguez Saá. Los peronistas disidentes anticiparon de todas maneras que no acompañarán la propuesta.
Anoche el FpV descontaba que conseguirá el quórum para iniciar el debate. Tendrá una baja, de la salteña Cristina Fiore, aunque se reincorporará el chubutense Marcelo Guinle, tras recuperarse de una operación. Con 31 miembros entonces, necesitará la presencia de sus aliados habituales. El correntino José María Roldán, la pampeana María Higonet, la santafesina Roxana Latorre y los tres santiagueños, Gerardo Zamora, Ada Iturrez y Gerardo Montenegro. La liberal Josefina Meabe se encuentra también de licencia, pero con esa ecuación ya sería suficiente para juntar los 37 senadores sin la necesidad de recurrir al ex presidente Carlos Menem o a los neuquinos Lucila Crexell o Guillermo Pereyra.
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