Por Cristian Carrillo
El Ministerio de Economía emitió anoche un comunicado de prensa en el que advirtió que la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York de levantar la medida de no innovar (stay), que frenaba el embargo de bienes argentinos, imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda reestructurada en esa ciudad. Se refiere al compromiso de 228 millones de dólares en títulos públicos bajo legislación neoyorquina que vence el 30 de junio y que ahora son plausibles de ser embargados. La definición del equipo económico se conoció el mismo día en que se llevó a cabo una reunión en el despacho del juez Thomas Griesa para comunicar el levantamiento del stay (ver aparte). El comunicado de Economía sostuvo que no existe intención de negociar una postura intermedia por parte de los tribunales de primera y segunda instancia, que obligan al país a pagarles a los fondos buitre 1330 millones de dólares en efectivo por sus bonos defolteados. El Gobierno ratificó “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. La posibilidad de un acuerdo extrajudicial entre las partes (settlement) requeriría del paraguas de Griesa para que pueda extenderse la protección contra embargos de los pagos de deuda.
La cautelar (stay) se encontraba vigente hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera si tomaba el caso sobre un supuesto trato discriminatorio del Estado argentino entre los bonistas que ingresaron al canje y los que eligieron la vía del litigio. La negativa a tratar el tema por parte del máximo tribunal se conoció este lunes y en 48 horas la cámara decidió levantar la cautelar. Luego de que se denegara la petición de una nueva audiencia en banc (del pleno de jueces) y de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de apelación argentina, se ordenó el levantamiento del stay, señala el comunicado que lleva la firma de la secretaria de la Cámara, Catherine O’Hagan Wolfe. “La República Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la cámara, que deja sin efecto la suspensión (stay) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el juez Griesa”, sostiene el comunicado enviado a última hora de ayer por Economía.
“Las órdenes del pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores– le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre, que podría ascender a 15 mil millones de dólares”, detalla el ministerio. Si bien el reclamo de los buitres en esta causa asciende a 1330 millones de dólares, se prevé que ingresarían demandas bajo este precedente de la totalidad de los holdouts, 7 por ciento del universo de tenedores de bonos que no participó en ninguna de las dos reestructuraciones. “El levantamiento del stay por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”, agrega Economía, tras lo cual reitera “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley de la Argentina”.
El levantamiento de la cautelar permite la ejecución de estos fallos de primera y segunda instancia que ordenan al país pagar en efectivo el ciento por ciento de los demandado. La sentencia de Griesa, convalidada por la cámara y ahora también por la Corte Suprema estadounidense, determina que el dictamen debe cumplirse junto con el pago del próximo compromiso de deuda argentino o, en caso contrario, se embargarán los fondos destinados a ese fin, situación que llevaría al país a una situación de default técnico. Mientras se mantuviese el stay era Griesa quien resolvería si ejecutaba la sentencia o habilitaba una instancia de negociación entre las partes para efectivizar los pagos y evitar el default argentino. Desde Economía apuntan que la decisión de la cámara pondrá al país contra las cuerdas e invalida el diálogo.
La estrategia de los abogados que representan al Estado argentino fue la de llegar a enero de 2015, cuando vence la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), la cual garantiza a quienes ingresaron en el canje de deuda recibir cualquier mejora que obtengan los holdouts. Esto daba aire al Gobierno para negociar con los buitres un acuerdo mejor a la quita de 2005 y 2010, sin que haya una ola de juicios contra el país que elevaría la deuda en más de 120 mil millones de dólares, según había estimado el ministro de Economía, Axel Kicillof. La cláusula RUFO se activa si “voluntariamente” la Argentina hace una mejor oferta a los acreedores que se quedaron afuera antes del 31 de diciembre de 2014. Previo a la negativa de la Corte Suprema estadounidense, voceros de algunos de los fondos buitre habían adelantado su intención de encontrar una salida consensuada al conflicto. No obstante, esta premura de la cámara limita la negociación.
EN ECONOMIA ASEGURAN QUE QUIEREN NEGOCIAR, PERO NO LES DAN MARGEN
“Nos llevan a un paredón”
La posibilidad de abrir una instancia de diálogo formal donde se discuta un mecanismo de pago alternativo de la sentencia del juez Thomas Griesa, que evite empujar al país a un default, quedó, por ahora, clausurada.
Por Tomás Lukin
“La Justicia de Estados Unidos cierra el camino a cualquier negociación y nos lleva directo a un paredón”, lamentaban anoche en el equipo económico. Para el Palacio de Hacienda, la posibilidad de abrir una instancia de diálogo formal, donde se discuta un mecanismo de pago alternativo de la sentencia del juez Thomas Griesa, que evite empujar al país a un default, quedó, por ahora, clausurada. Colaboradores del ministro Axel Kicillof afirmaron a Página/12 que la decisión de la Cámara de Apelaciones de levantar la suspensión del fallo de primera instancia en favor de los fondos buitre imposibilitará canalizar en tiempo y forma los próximos pagos de deuda externa, el 30 de junio. El paso legal implementado ayer por el panel de jueces se desprende automáticamente del rechazo de la Corte Suprema de ese país a revisar el caso. Pero, desde el Ministerio de Economía interpretan que la pasividad de Griesa, el autor de la sentencia original, para convalidar esa decisión, da por tierra con cualquier negociación voluntaria y fuerza una situación de cese de pagos. De todas formas, el Gobierno reiteró su vocación de pagar.
El Gobierno no descarta solicitar la reunión con el magistrado que había indicado Kicillof el martes, para que explique cómo implementar su sentencia y prevenir un escenario de crisis financiera. Desde el equipo económico señalaron que el encuentro que mantuvieron ayer los abogados de ambas partes fue solicitado por los buitres. Pretendían que el juez restrinja cualquier intento de modificar hacia Buenos Aires el lugar de pago de la deuda con los acreedores que participaron del canje, como ofreció Argentina.
La sentencia del juez norteamericano prohíbe a los intermediarios financieros de Argentina en Nueva York que cursen los pagos de la deuda si el país no abona en efectivo la totalidad del reclamo buitre. El Gobierno sostiene que, aunque posee voluntad y capacidad de pago, el fallo de Griesa empuja a un default. Cumplir la decisión judicial y desembolsar los 1330 millones a los buitres habilitará que sus pares carroñeros con deuda no ingresada al canje (cerca del 7 por ciento del total) reclamen un tratamiento similar. Los pagos potenciales a inversores especulativos ascenderían a 15.000 millones de dólares. Pero, en ese escenario, quienes aceptaron las quitas, extensión de plazos y reducción de intereses también buscarían acceder a esas condiciones privilegiadas y dispararían reclamos por más de 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, si el país no les paga a los buitre, pero intenta cancelar los vencimientos con los bonistas en Nueva York, los fondos serían embargados, con lo cual también se entraría en default.
El ministro Kicillof esbozó el martes los primeros pasos de la estrategia oficial para enfrentar el fallo adverso en la Justicia de Estados Unidos. Además de anunciar que el 92,4 por ciento de los acreedores tendría la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos públicos, el funcionario anticipó que los abogados que representan al país solicitarán un encuentro con Griesa. En el último encuentro previo a la decisión de la Corte Suprema, el magistrado expresó que bajo ningún concepto pretendía empujar al país a un default. Por eso, el titular del Palacio de Hacienda instruyó a los abogados del país que expongan ante el juez las razones por las cuales el Gobierno entiende que su fallo conduce a un cese de pagos y escuchar los argumentos en contrario.
Por ahora, desde el Ministerio de Economía confirmaron a Página/12 que el pedido de visita al juzgado no fue cursado. Los buitres se anticiparon. Alarmados por el cambio de jurisdicción que comenzó a preparar el Gobierno, solicitaron un encuentro en el tribunal. Esa reunión se extendió durante una hora y Griesa reiteró su conocido rechazo a los argumentos del Gobierno –como el mensaje de la presidenta Cristina Fernández del lunes pasado– y dejó en claro su malestar con la alternativa de pago en Buenos Aires anticipada por el país. “El discurso de la Presidenta es un problema. No me da confianza de que exista un compromiso de buena voluntad para cumplir con sus obligaciones”, habría dicho Griesa ayer.
El equipo económico no descarta solicitar la reunión. De hecho, a la salida del encuentro de ayer, el abogado del país, Carmine Boccuzzi, dijo que ésa es la intención oficial, pero los funcionarios entienden que la posición de Griesa y la decisión de la Cámara de Apelaciones cerraron cualquier posibilidad de negociación de términos de pago alternativos. Desde su visión, “el levantamiento de la medida cautelar que convalidó el juez de primera instancia no sólo imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada, sino que muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas de las obtenidas en la sentencia”.
19/06/14 Página|12
El Ministerio de Economía emitió anoche un comunicado de prensa en el que advirtió que la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York de levantar la medida de no innovar (stay), que frenaba el embargo de bienes argentinos, imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda reestructurada en esa ciudad. Se refiere al compromiso de 228 millones de dólares en títulos públicos bajo legislación neoyorquina que vence el 30 de junio y que ahora son plausibles de ser embargados. La definición del equipo económico se conoció el mismo día en que se llevó a cabo una reunión en el despacho del juez Thomas Griesa para comunicar el levantamiento del stay (ver aparte). El comunicado de Economía sostuvo que no existe intención de negociar una postura intermedia por parte de los tribunales de primera y segunda instancia, que obligan al país a pagarles a los fondos buitre 1330 millones de dólares en efectivo por sus bonos defolteados. El Gobierno ratificó “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. La posibilidad de un acuerdo extrajudicial entre las partes (settlement) requeriría del paraguas de Griesa para que pueda extenderse la protección contra embargos de los pagos de deuda.
La cautelar (stay) se encontraba vigente hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera si tomaba el caso sobre un supuesto trato discriminatorio del Estado argentino entre los bonistas que ingresaron al canje y los que eligieron la vía del litigio. La negativa a tratar el tema por parte del máximo tribunal se conoció este lunes y en 48 horas la cámara decidió levantar la cautelar. Luego de que se denegara la petición de una nueva audiencia en banc (del pleno de jueces) y de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de apelación argentina, se ordenó el levantamiento del stay, señala el comunicado que lleva la firma de la secretaria de la Cámara, Catherine O’Hagan Wolfe. “La República Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la cámara, que deja sin efecto la suspensión (stay) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el juez Griesa”, sostiene el comunicado enviado a última hora de ayer por Economía.
“Las órdenes del pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores– le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre, que podría ascender a 15 mil millones de dólares”, detalla el ministerio. Si bien el reclamo de los buitres en esta causa asciende a 1330 millones de dólares, se prevé que ingresarían demandas bajo este precedente de la totalidad de los holdouts, 7 por ciento del universo de tenedores de bonos que no participó en ninguna de las dos reestructuraciones. “El levantamiento del stay por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”, agrega Economía, tras lo cual reitera “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley de la Argentina”.
El levantamiento de la cautelar permite la ejecución de estos fallos de primera y segunda instancia que ordenan al país pagar en efectivo el ciento por ciento de los demandado. La sentencia de Griesa, convalidada por la cámara y ahora también por la Corte Suprema estadounidense, determina que el dictamen debe cumplirse junto con el pago del próximo compromiso de deuda argentino o, en caso contrario, se embargarán los fondos destinados a ese fin, situación que llevaría al país a una situación de default técnico. Mientras se mantuviese el stay era Griesa quien resolvería si ejecutaba la sentencia o habilitaba una instancia de negociación entre las partes para efectivizar los pagos y evitar el default argentino. Desde Economía apuntan que la decisión de la cámara pondrá al país contra las cuerdas e invalida el diálogo.
La estrategia de los abogados que representan al Estado argentino fue la de llegar a enero de 2015, cuando vence la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), la cual garantiza a quienes ingresaron en el canje de deuda recibir cualquier mejora que obtengan los holdouts. Esto daba aire al Gobierno para negociar con los buitres un acuerdo mejor a la quita de 2005 y 2010, sin que haya una ola de juicios contra el país que elevaría la deuda en más de 120 mil millones de dólares, según había estimado el ministro de Economía, Axel Kicillof. La cláusula RUFO se activa si “voluntariamente” la Argentina hace una mejor oferta a los acreedores que se quedaron afuera antes del 31 de diciembre de 2014. Previo a la negativa de la Corte Suprema estadounidense, voceros de algunos de los fondos buitre habían adelantado su intención de encontrar una salida consensuada al conflicto. No obstante, esta premura de la cámara limita la negociación.
EN ECONOMIA ASEGURAN QUE QUIEREN NEGOCIAR, PERO NO LES DAN MARGEN
“Nos llevan a un paredón”
La posibilidad de abrir una instancia de diálogo formal donde se discuta un mecanismo de pago alternativo de la sentencia del juez Thomas Griesa, que evite empujar al país a un default, quedó, por ahora, clausurada.
Por Tomás Lukin
“La Justicia de Estados Unidos cierra el camino a cualquier negociación y nos lleva directo a un paredón”, lamentaban anoche en el equipo económico. Para el Palacio de Hacienda, la posibilidad de abrir una instancia de diálogo formal, donde se discuta un mecanismo de pago alternativo de la sentencia del juez Thomas Griesa, que evite empujar al país a un default, quedó, por ahora, clausurada. Colaboradores del ministro Axel Kicillof afirmaron a Página/12 que la decisión de la Cámara de Apelaciones de levantar la suspensión del fallo de primera instancia en favor de los fondos buitre imposibilitará canalizar en tiempo y forma los próximos pagos de deuda externa, el 30 de junio. El paso legal implementado ayer por el panel de jueces se desprende automáticamente del rechazo de la Corte Suprema de ese país a revisar el caso. Pero, desde el Ministerio de Economía interpretan que la pasividad de Griesa, el autor de la sentencia original, para convalidar esa decisión, da por tierra con cualquier negociación voluntaria y fuerza una situación de cese de pagos. De todas formas, el Gobierno reiteró su vocación de pagar.
El Gobierno no descarta solicitar la reunión con el magistrado que había indicado Kicillof el martes, para que explique cómo implementar su sentencia y prevenir un escenario de crisis financiera. Desde el equipo económico señalaron que el encuentro que mantuvieron ayer los abogados de ambas partes fue solicitado por los buitres. Pretendían que el juez restrinja cualquier intento de modificar hacia Buenos Aires el lugar de pago de la deuda con los acreedores que participaron del canje, como ofreció Argentina.
La sentencia del juez norteamericano prohíbe a los intermediarios financieros de Argentina en Nueva York que cursen los pagos de la deuda si el país no abona en efectivo la totalidad del reclamo buitre. El Gobierno sostiene que, aunque posee voluntad y capacidad de pago, el fallo de Griesa empuja a un default. Cumplir la decisión judicial y desembolsar los 1330 millones a los buitres habilitará que sus pares carroñeros con deuda no ingresada al canje (cerca del 7 por ciento del total) reclamen un tratamiento similar. Los pagos potenciales a inversores especulativos ascenderían a 15.000 millones de dólares. Pero, en ese escenario, quienes aceptaron las quitas, extensión de plazos y reducción de intereses también buscarían acceder a esas condiciones privilegiadas y dispararían reclamos por más de 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, si el país no les paga a los buitre, pero intenta cancelar los vencimientos con los bonistas en Nueva York, los fondos serían embargados, con lo cual también se entraría en default.
El ministro Kicillof esbozó el martes los primeros pasos de la estrategia oficial para enfrentar el fallo adverso en la Justicia de Estados Unidos. Además de anunciar que el 92,4 por ciento de los acreedores tendría la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos públicos, el funcionario anticipó que los abogados que representan al país solicitarán un encuentro con Griesa. En el último encuentro previo a la decisión de la Corte Suprema, el magistrado expresó que bajo ningún concepto pretendía empujar al país a un default. Por eso, el titular del Palacio de Hacienda instruyó a los abogados del país que expongan ante el juez las razones por las cuales el Gobierno entiende que su fallo conduce a un cese de pagos y escuchar los argumentos en contrario.
Por ahora, desde el Ministerio de Economía confirmaron a Página/12 que el pedido de visita al juzgado no fue cursado. Los buitres se anticiparon. Alarmados por el cambio de jurisdicción que comenzó a preparar el Gobierno, solicitaron un encuentro en el tribunal. Esa reunión se extendió durante una hora y Griesa reiteró su conocido rechazo a los argumentos del Gobierno –como el mensaje de la presidenta Cristina Fernández del lunes pasado– y dejó en claro su malestar con la alternativa de pago en Buenos Aires anticipada por el país. “El discurso de la Presidenta es un problema. No me da confianza de que exista un compromiso de buena voluntad para cumplir con sus obligaciones”, habría dicho Griesa ayer.
El equipo económico no descarta solicitar la reunión. De hecho, a la salida del encuentro de ayer, el abogado del país, Carmine Boccuzzi, dijo que ésa es la intención oficial, pero los funcionarios entienden que la posición de Griesa y la decisión de la Cámara de Apelaciones cerraron cualquier posibilidad de negociación de términos de pago alternativos. Desde su visión, “el levantamiento de la medida cautelar que convalidó el juez de primera instancia no sólo imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada, sino que muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas de las obtenidas en la sentencia”.
19/06/14 Página|12
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