La Corte Suprema norteamericana rechazó la apelación
presentada por la Argentina por el caso con los fondos buitre. Su
resolución implica el aval a la decisión del juez Griesa, que determinó
que nuestro país debía pagarles a los fondos buitre la totalidad del
valor nominal de los títulos en default en su poder (actualizables) por
un valor total de 1.500 millones de dólares, de una sola vez y en
efectivo, so pena de embargo de los fondos girados por nuestro país para
atender los compromisos con los tenedores de deuda argentina
reestructurada en los canjes de 2005 y 2010.
La ausencia de un marco regulatorio que resguarde los procesos de reestructuración surge evidente tras la determinación de la Justicia norteamericana. Y más: se acaban de legalizar sin ambages la rapiña y la inmoralidad financiera. La pequeña porción de bonistas (menos del 1%) representada por los fondos buitre han logrado erigirse por encima del derecho del 93% que aceptaron los canjes, contradiciendo toda la legislación sobre quiebras que rige en los diferentes países, incluido el nuestro y el propio Estados Unidos. La Justicia es complaciente con la cara más ruin del poder financiero, en nombre de los “contratos” donde la propiedad privada es el tótem que puede cargar contra la dignidad de los pueblos. No le tembló, en cambio, el pulso a la hora de desafiar al poder político: el de su propio país y el de un conjunto importante de Estados y organismos que se expresaron en contra de la posición de los buitres, alertando sobre los peligros de su comportamiento predatorio. En este caso, la ganancia extraordinaria que esperan obtener alcanza al 1.608%. El coro de voces que salió a apoyar el reclamo argentino puso el acento sobre los riesgos sistémicos que la resolución judicial importa y que trascienden por mucho las fronteras de nuestro país. La posibilidad de alcanzar reestructuraciones exitosas en el futuro queda puesta en duda, por decir lo menos. Los países que enfrentan graves situaciones de crisis e insolvencia –que no son pocos– quedan expuestos a un callejón sin salida y, con ellos, el desenvolvimiento del orden económico y financiero internacional.
Valga recordar que los bonos en poder de los buitres fueron adquiridos muchos años después del default de 2001. Es decir que estos fondos que, en su voracidad, han encarado contra la Argentina más de 900 demandas judiciales en diferentes países, sin éxito hasta ahora, no sólo persiguen la obtención de ganancias extraordinarias en el marco de una operatoria financiera cuya legitimidad (y legalidad), en un mundo menos esquizofrénico, debería ser seriamente cuestionada, sino que jamás le han prestado un solo peso a nuestro país. Valga recordar, asimismo, que esos títulos en default son la resaca de la herencia de la deuda argentina, nacida al amparo de dictaduras cívico-militares, propiciada por el capital financiero internacional y los organismos afines y agravada por los gobiernos democráticos que se sucedieron hasta el 2001 (ver http://veintitres.infonews.com/nota-8568-politica-Herencias.html), que nos dejó, a la salida de la crisis del neoliberalismo, con un ratio de deuda sobre PBI que alcanzó al 166%. En este sentido –permítanme sincerarlo– indigna el cinismo de la larga fila de políticos y economistas que habiendo sido cómplices y protagonistas de los escandalosos negociados con los que se construyó esa deuda no sólo no se sonrojan por su pasado sino que osan darle lecciones al gobierno que ha desandado el tortuoso camino del sobreendeudamiento por el que ellos condujeron a la Nación (ver http://tiempo.infonews.com/2013/05/15/editorial-101921-sturzenegger-cuando-la-reaccion-supera-la-ficcion.php ). Desde aquel 166%, los esfuerzos de la política de desendeudamiento del kirchnerismo han permitido al país reducir su deuda bruta hasta el actual 40% del PBI. Esa reducción, sumada a la desvinculación del FMI, significó la libertad política y fiscal para desplegar las políticas económicas activas por las que fue posible la reconstrucción industrial del país, la reducción del desempleo, la inclusión de millones, el desarrollo de una política integral de protección social, la fenomenal inversión en obra pública, la eliminación del flagelo del hambre y la mejora de todos los indicadores económicos y sociales, con el avance de la igualdad distributiva a la cabeza. Estas políticas, a contramano de lo que proclama el credo neoliberal, sostén político, económico y cultural del orden mundial que la Presidenta atinadamente ha definido como “anarcocapitalismo financiero”, sustentadas desde el sur del mundo, desafían a aquel orden hegemónico. Pero está a la vista que los resortes del bloque hegemónico no son pocos, incluida una matriz judicial que poco dice de justicia.
La Argentina, ahora, instrumentará los mecanismos para hacer efectiva su voluntad de honrar los compromisos contraídos con el 93% de bonistas que aceptaron las condiciones ofrecidas en 2005 y 2010. Para ello se trabaja en un canje de los títulos emitidos bajo legislación norteamericana, por otros de idénticas condiciones pero con jurisdicción nacional, de modo de eludir el riesgo de embargo. Asimismo, se pedirá al juez Griesa que sustente de qué modo considera que su fallo podría no conducir al país al default que queda planteado por cualquiera de los caminos que se siguen de su decisión, por cuanto abre una caja de Pandora, si la Argentina se sometiera a la letra del fallo, que va desde litigios en reclamo de los mismos beneficios otorgados a los buitres por parte del resto del 7% que no ingresó a ninguno de los dos canjes –cuantificable en 15.000 millones de dólares– hasta un planteo de igualdad de condiciones de los tenedores de títulos de la deuda reestructurada –que superaría los 120.000 millones de dólares–. Un default, por otra parte, que forma parte de la estrategia de los buitres, desde un principio, en tanto han adquirido seguros contra default, ese que buscan forzar de la mano de la irresponsabilidad judicial y la complicidad de las calificadoras de riesgo internacionales que ya avisaron que considerarán “default selectivo” al proceso de cambio de jurisdicción de los títulos argentinos.
“Un nuevo orden mundial para vivir bien” se impone como urgente en la agenda política de pueblos y Estados nacionales. Porque, como dijo Francisco, es imposible “seguir tolerando por largo tiempo que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos” en vez de “servir a las necesidades” de las personas. Este mundo emergente tiene, sin dudas, aportes para hacer y resultados para mostrar. Es un enorme desafío histórico. La disputa está abierta. Que no es poco.
La ausencia de un marco regulatorio que resguarde los procesos de reestructuración surge evidente tras la determinación de la Justicia norteamericana. Y más: se acaban de legalizar sin ambages la rapiña y la inmoralidad financiera. La pequeña porción de bonistas (menos del 1%) representada por los fondos buitre han logrado erigirse por encima del derecho del 93% que aceptaron los canjes, contradiciendo toda la legislación sobre quiebras que rige en los diferentes países, incluido el nuestro y el propio Estados Unidos. La Justicia es complaciente con la cara más ruin del poder financiero, en nombre de los “contratos” donde la propiedad privada es el tótem que puede cargar contra la dignidad de los pueblos. No le tembló, en cambio, el pulso a la hora de desafiar al poder político: el de su propio país y el de un conjunto importante de Estados y organismos que se expresaron en contra de la posición de los buitres, alertando sobre los peligros de su comportamiento predatorio. En este caso, la ganancia extraordinaria que esperan obtener alcanza al 1.608%. El coro de voces que salió a apoyar el reclamo argentino puso el acento sobre los riesgos sistémicos que la resolución judicial importa y que trascienden por mucho las fronteras de nuestro país. La posibilidad de alcanzar reestructuraciones exitosas en el futuro queda puesta en duda, por decir lo menos. Los países que enfrentan graves situaciones de crisis e insolvencia –que no son pocos– quedan expuestos a un callejón sin salida y, con ellos, el desenvolvimiento del orden económico y financiero internacional.
Valga recordar que los bonos en poder de los buitres fueron adquiridos muchos años después del default de 2001. Es decir que estos fondos que, en su voracidad, han encarado contra la Argentina más de 900 demandas judiciales en diferentes países, sin éxito hasta ahora, no sólo persiguen la obtención de ganancias extraordinarias en el marco de una operatoria financiera cuya legitimidad (y legalidad), en un mundo menos esquizofrénico, debería ser seriamente cuestionada, sino que jamás le han prestado un solo peso a nuestro país. Valga recordar, asimismo, que esos títulos en default son la resaca de la herencia de la deuda argentina, nacida al amparo de dictaduras cívico-militares, propiciada por el capital financiero internacional y los organismos afines y agravada por los gobiernos democráticos que se sucedieron hasta el 2001 (ver http://veintitres.infonews.com/nota-8568-politica-Herencias.html), que nos dejó, a la salida de la crisis del neoliberalismo, con un ratio de deuda sobre PBI que alcanzó al 166%. En este sentido –permítanme sincerarlo– indigna el cinismo de la larga fila de políticos y economistas que habiendo sido cómplices y protagonistas de los escandalosos negociados con los que se construyó esa deuda no sólo no se sonrojan por su pasado sino que osan darle lecciones al gobierno que ha desandado el tortuoso camino del sobreendeudamiento por el que ellos condujeron a la Nación (ver http://tiempo.infonews.com/2013/05/15/editorial-101921-sturzenegger-cuando-la-reaccion-supera-la-ficcion.php ). Desde aquel 166%, los esfuerzos de la política de desendeudamiento del kirchnerismo han permitido al país reducir su deuda bruta hasta el actual 40% del PBI. Esa reducción, sumada a la desvinculación del FMI, significó la libertad política y fiscal para desplegar las políticas económicas activas por las que fue posible la reconstrucción industrial del país, la reducción del desempleo, la inclusión de millones, el desarrollo de una política integral de protección social, la fenomenal inversión en obra pública, la eliminación del flagelo del hambre y la mejora de todos los indicadores económicos y sociales, con el avance de la igualdad distributiva a la cabeza. Estas políticas, a contramano de lo que proclama el credo neoliberal, sostén político, económico y cultural del orden mundial que la Presidenta atinadamente ha definido como “anarcocapitalismo financiero”, sustentadas desde el sur del mundo, desafían a aquel orden hegemónico. Pero está a la vista que los resortes del bloque hegemónico no son pocos, incluida una matriz judicial que poco dice de justicia.
La Argentina, ahora, instrumentará los mecanismos para hacer efectiva su voluntad de honrar los compromisos contraídos con el 93% de bonistas que aceptaron las condiciones ofrecidas en 2005 y 2010. Para ello se trabaja en un canje de los títulos emitidos bajo legislación norteamericana, por otros de idénticas condiciones pero con jurisdicción nacional, de modo de eludir el riesgo de embargo. Asimismo, se pedirá al juez Griesa que sustente de qué modo considera que su fallo podría no conducir al país al default que queda planteado por cualquiera de los caminos que se siguen de su decisión, por cuanto abre una caja de Pandora, si la Argentina se sometiera a la letra del fallo, que va desde litigios en reclamo de los mismos beneficios otorgados a los buitres por parte del resto del 7% que no ingresó a ninguno de los dos canjes –cuantificable en 15.000 millones de dólares– hasta un planteo de igualdad de condiciones de los tenedores de títulos de la deuda reestructurada –que superaría los 120.000 millones de dólares–. Un default, por otra parte, que forma parte de la estrategia de los buitres, desde un principio, en tanto han adquirido seguros contra default, ese que buscan forzar de la mano de la irresponsabilidad judicial y la complicidad de las calificadoras de riesgo internacionales que ya avisaron que considerarán “default selectivo” al proceso de cambio de jurisdicción de los títulos argentinos.
“Un nuevo orden mundial para vivir bien” se impone como urgente en la agenda política de pueblos y Estados nacionales. Porque, como dijo Francisco, es imposible “seguir tolerando por largo tiempo que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos” en vez de “servir a las necesidades” de las personas. Este mundo emergente tiene, sin dudas, aportes para hacer y resultados para mostrar. Es un enorme desafío histórico. La disputa está abierta. Que no es poco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario