EL MINISTRO DE LA CORTE DESTACO LAS POSICIONES DE FRANCISCO CONTRA EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS La respuesta del juez Zaffaroni al Papa

“Nuestra región sufre diferentes niveles de violencia que sólo parecen interesar como objeto de manipulación mediática, en pos de consolidar la idolatría del poder punitivo”, señaló Zaffaroni en su respuesta a la carta enviada por el Papa.

Por Irina Hauser

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni le agradeció al papa Francisco la carta de la semana pasada en la que tomó posición contra el endurecimiento de las penas, la superpoblación carcelaria, el alarmismo de los medios y a favor de la reinserción social de los presos. La respuesta del penalista también fue enviada por carta y alude a conceptos similares, que pone en contexto, y que son los que signaron en los últimos meses los debates por la reforma penal. Elogia el mensaje papal como muy “oportuno” y de alta “trascendencia” “en momentos especialmente críticos”. “Nuestra región –dice Zaffaroni– sufre diferentes niveles de violencia que, sean bajos o altos, sólo parecen interesar como objeto de manipulación mediática, en pos de un fin único: agravar penas, inventar tipos penales nuevos frente a cada problema social y, en el fondo, consolidar la idolatría del poder punitivo, cuya ilusoria omnipotencia explotan los políticos inescrupulosos y rinde a los gobiernos, con el consiguiente peligro para las estructuras institucionales democráticas de los Estados”.

Zaffaroni firma las tres páginas de su carta en nombre de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec), de la que es vicepresidente, y de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP). A ambas había dirigido su carta Francisco. Tanto las palabras del jurista como las del Papa son de enorme gravitación en la actualidad. En parte, porque reman contra una fuerte corriente general que ve en el castigo las respuestas vengativas y la cárcel la solución mágica para todos los males. Pero también porque todavía está en discusión el anteproyecto de reforma del Código Penal, que algunas fuerzas políticas opositoras, con protagonismo del Frente Renovador, han cuestionado con consignas que intentan mostrarlo como si fuera beneficioso para los delincuentes.

La campaña de Sergio Massa ha apostado a tergiversar, con fines políticos, algunos de los cambios propuestos en el anteproyecto: como la armonización de las penas de los distintos delitos, el tope de 30 años de prisión (que desplaza a la prisión perpetua), el reemplazo de la libertad condicional por penas alternativas y, en ese esquema, el reemplazo del sistema de “reincidencia” por otros criterios agravantes. Massa utilizó afirmaciones publicitarias (cuyo sustento se desconoce), como advertir que de aprobarse el Código “17 mil delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle”; o que “el 82 por ciento de los delitos será excarcelable” o que “robar una o cien veces será lo mismo”.

Según se puede leer en la carta de Zaffaroni, a la que accedió Página/12, Francisco no es el primer pontífice que se pronuncia sobre asuntos esenciales del derecho penal, sino que lo hizo en octubre de 1953 Pío XII, en un discurso ante los asistentes al Congreso de Roma de AIDP, en el cual sostuvo que “todo derecho penal debe ser de culpabilidad”. Quería decir que si se acusa a alguien de un delito, habrá que definir qué hizo y de qué es culpable. Parece una obviedad, pero ya en ese momento el Papa lo introducía como llamado “de alerta” –recuerda el juez– ante la “subsistencia de la peligrosidad como concepto burdamente reduccionista y de raíces racistas”. Se refiere a la suposición o conjetura de que hay personas per se peligrosas, candidatas a recibir castigos más severos.

Zaffaroni dice que las palabras de Francisco tienen una “trascendencia equiparable” a aquéllas de Pío XII, que –a su entender– mantienen vigencia. “No sólo no hemos archivado suficientemente la vieja idea de peligrosidad ni de derecho penal de autor, sino que asistimos a un progresivo desbaratamiento de los límites al poder punitivo represivo y controlador de los Estados, con el resultado de una creciente victimización de los más humildes y de los excluidos y una reducción de los espacios de libertad y privacidad de todos los habitantes”, advierte el juez de la Corte.

Ese tramo de la carta de Zaffaroni es sugestivo, ya que la cuestión sobre la peligrosidad y el llamado derecho penal de autor (juzgar a alguien por lo que es y no por lo que hizo) son claves en la discusión jurídica sobre la validez del sistema de “reincidencia” que tanto ha dado que hablar últimamente y que hasta motivó que la Corte Suprema difundiera la semana pasada una resolución que confirma su constitucionalidad: quien tras cumplir una pena en prisión comete un nuevo delito, no puede acceder a la libertad condicional por ese segundo caso y debe cumplir la pena completa. Es la postura cortesana de siempre, sólo que ahora existe un debate público, donde el tribunal decidió mostrarse subido a la moda antigarantista. Zaffaroni es el único que piensa distinto en la Corte. Detrás de la declaración de reincidente de una persona, según el juez, hay una suposición de que es más peligrosa. La Corte incluso sostiene que “desprecia” la pena que cumplió, como quien tiene ganas de cumplir otra. En función de esa deducción, cuestiona Zaffaroni, se la juzgará dos veces por lo mismo, ya que el primer delito tendrá efectos agravantes sobre el segundo, y se lo someterá a las bondades del sistema carcelario que evidentemente poco colaboró con su “recuperación”.

La carta de Zaffaroni al Papa deja entrever una preocupación a gran escala para las democracias. “Con gran dolor –y en verdad también con indignación– asistimos los penalistas y criminólogos a la demolición de los límites al poder punitivo de los estados trabajosamente construidos a lo largo de la historia, a partir de las experiencias de sangre y sufrimiento de millones de víctimas, recogidas y elaboradas por nuestra ‘dolorosa scienza dei delitti e delle pene’”. El penalista elogia lo “oportuno” del mensaje papal y le agradece que “advierta con claridad la necesidad de la prudencia en el uso de la pena. Creo leer en las palabras de Su Santidad una renovación y actualización de la admonición de ‘cautela’ en el uso del poder punitivo, que hace cuatro siglos, contra los poderosos de su tiempo –y con riesgo de su vida– formulara el poeta jesuita Friederich Spee”.

Zaffaroni, sobre el final del texto, le dice al pontífice que su carta fue “valiosa” y “valiente” y, en respuesta al pedido papal de que recen por él, Zaffaroni le dice: “Rezaré en la forma que lo pide, con el ruego de que S. S. no deje de hacerlo por los penalistas y criminólogos de nuestra región, a quienes también buena falta nos hace”.

El juez de la Corte presidió la comisión multipartidaria de juristas que redactó el anteproyecto de reforma del Código Penal. El coordinador de ese equipo, Roberto Carlés, ya se había reunido con el Papa en marzo y compartieron una charla en la que Jorge Bergoglio le anticipó su preocupación por “el abordaje punitivista” y “la instalación del pánico en la sociedad”. Ese diálogo dio pie a la carta del 30 de mayo, que ofrece algunas definiciones en las antípodas de la campaña antirreforma: “tendemos a pensar –dijo el Papa– que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de delincuencia”.

El texto del Papa hace foco en conceptos religiosos y humanistas, para trasladarlos al derecho penal. “Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor”, define. “Hay que avanzar y hacer lo posible por corregir, mejorar y educar al hombre para que madure en todas sus vertientes, de modo que no se desaliente y haga frente al daño causado y logre replantear su vida sin quedar aplastado por el peso de sus miserias”, dice también la carta. El aumento de las penas, insistía en un tramo, podría traer como otra de sus consecuencias “las cárceles superpobladas o los presos detenidos sin condena”. “En cuántas ocasiones se ha visto al reo expiar su pena objetivamente cumpliendo la condena, pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las heridas de su corazón”, planteaba respecto de la finalidad de la pena. Pedía que las “medidas que se adopten contra el mal no se contenten con reprimir” y se apunte a la “rehabilitación y total reinserción en la comunidad”. También hablaba del papel de los medios y advertía sobre la necesidad de no “crear alarma ni pánico social”.

El anteproyecto de reforma del Código Penal está actualmente siendo analizado por universidades y organizaciones no gubernamentales, que harán sus aportes por escrito y serán analizados por la comisión reformadora antes de que el proyecto obtenga una versión final y sea analizado en el Congreso.
Por el acceso a la Justicia
“El acceso a la Justicia es un eje central de nuestra gestión”, aseguró ayer el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Franco Picardi. Al participar de la apertura del congreso Acceso a la Justicia y el rol del Estado en el ámbito rural, el funcionario señaló que no sólo se trata del acceso a la jurisdicción y a los sistemas judiciales, sino también “a la justicia social”. Durante la actividad, realizada en conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Picardi reivindicó además la creación del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Y en el ámbito del Servicio Penitenciario, agregó Picardi, el proyecto de mediación penitenciaria para presos, sus familiares y trabajadores penitenciarios. El cierre del congreso será hoy y estará a cargo del ministro de Justicia, Julio Alak; el director general del Renatea, Guillermo Martini, y la defensora general de la Nación, Stella María Martínez.

06/06/14 Página|12