Dirigentes de los organismos de derechos humanos apelaron a la “responsabilidad social” para evitar que haya nuevos casos de linchamientos y pidieron que la reacción frente a los hechos delictivos sea “luchar desde la legalidad total y jamás desde una venganza personal”. “Hay que proponer y buscar soluciones, pero de ninguna manera matar porque mataron”, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que “cualquier intento de justificar” los episodios en que grupos de personas golpearon, en un caso hasta la muerte, a ladrones o presuntos ladrones, “implica tolerar prácticas de violencia social inadmisibles”.
La presidenta Cristina Kirchner, que hizo una referencia al tema en su discurso sobre Malvinas, destacó a los familiares de desaparecidos por haber esperado siempre justicia “con paciencia, sin tomar ningún gesto que se pueda considerar violencia”.
La mandataria no mencionó explícitamente los linchamientos, pero en su discurso reivindicó “el derecho a vivir civilizadamente entre todos nosotros, aun en circunstancias extremas y difíciles”. Luego, al hablar de las tumbas NN que todavía hay en Malvinas, puso como ejemplo “el gesto maravilloso” de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “en rechazo a la violencia y la venganza”. “No sé si yo hubiera sido tan paciente, por mi carácter o militancia”, apuntó, para remarcar que “la venganza es de la prehistoria, del estado de no derecho”.
Carlotto, así como también Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Paula Litvachky, del CELS, se sumaron al repudio a los últimos casos de “justicia por mano propia” desde la historia y los roles que les tocó vivir.
“No es que nos pongamos como ejemplo, pero nosotras estamos hace 36 años buscando justicia y jamás se nos ocurrió matar a quienes mataron a nuestros hijos. Como abuela a la que le arrebataron a su nieto, en 36 años y sabiendo quiénes mataron a nuestros hijos, jamás pensamos en lincharlos. De ninguna manera ‘el que las hace las paga’, sino que es la Justicia la que debe actuar”, sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La dirigente agregó que lo que hay que hacer es “la denuncia a la Justicia, que es donde corresponde que se resuelva el tema”. Almeida, a su vez, marcó que a los familiares de desaparecidos “no nos arrebataron un bolso o una cartera, nos arrancaron a nuestros hijos, hermanos, nietos, y sin embargo jamás recurrimos a la violencia contra los genocidas”. La madre de Plaza de Mayo aclaró que la condena a los linchamientos es suscripta también por “Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Padres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y nietos recuperados”.
Como otros analistas que vienen advirtiendo sobre el rol de los grandes medios en la estigmatización de los jóvenes pobres, Carlotto consideró que “en lo colectivo, la sociedad no es una sociedad agresiva, (pero) la están fomentando para la agresividad, la discordia, enfrentando unos contra otros por diferentes pensamientos”.
“Hay que erradicar a aquellos que les interesa fomentar las diferencias y la división por momentos electorales o de tipo económico. Ya sabemos bastante bien quiénes son. Hay que marginarlos para que no se cumplan los propósitos de que, en esta nación, no seamos hermanos y amigos entre todos”, advirtió.
“Mejoremos la Justicia, que está para eso, y pensemos en contribuir para ayudar a los jóvenes víctimas de la droga, pero buscando salvar más que acusar e incentivar la venganza”, concluyó.
Desde el CELS, Litvachky encaró otro aspecto del tratamiento que se viene dando al tema. “Nos preocupa la habilitación a debatir si (los linchamientos) son legítimos, por parte de referentes políticos y medios de comunicación, que los amplifican e instalan. Si estamos de acuerdo en vivir en democracia, el recurso de la violencia ya no es válido como objeto de discusión”, definió.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS añadió que los linchamientos “no pueden ser considerados actos de justicia de ningún tipo. Son delitos que deben ser juzgados y condenados”, e implican “un camino de incremento de la violencia que socialmente no tiene salida”.
Litvachky sostuvo que formular estas críticas no significa “decir que no haya necesidad de que se desarrollen políticas sostenidas para enfrentar los problemas del delito y la violencia. Si de lo que se trata es de tener leyes más efectivas, esto supone discutir en serio el nuevo código penal, reformar el sistema judicial y encarar una transformación profunda de todas las policías. Eso sería parte de una respuesta seria al problema de la inseguridad. Pero esta es una discusión con la que no se puede especular: no hay discusión posible sobre políticas de seguridad si se busca legitimar estos hechos de violencia”.
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