Por Werner Pertot
Los últimos casos de “justicia” por mano propia generaron un debate al que se sumaron ayer dirigentes de todo el arco político. Si bien algunos se mostraron comprensivos y hasta hubo algún defensor aislado, la mayoría los repudió. La discusión dio luego un giro esperable: los opositores culparon al Gobierno por estos hechos. Casi en espejo, Sergio Massa y Mauricio Macri hablaron de “la ausencia del Estado”, como si formaran parte de una ONG. Les contestó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien consideró que “es un simplismo de carácter absurdo”. “Cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor violencia genera y enfrentamiento entre argentinos y eso es lo que queremos evitar”, afirmó la presidenta Cristina Kirchner a través de Twi-tter, y condenó “las voces que traen deseos de venganza”.
Massa quedó, una vez más, en el centro de la escena por su campaña previa contra la reforma del Código Penal que, según dijo, “no piensa en la gente sino en el delincuente”. Si bien nadie consideró que haya una relación directa entre los linchamientos y las posiciones del diputado, varios lo señalaron como un exponente de la demagogia punitiva. Quizá por eso Massa fue de los primeros en salir a hablar. Como la mayoría de los opositores, culpó al Gobierno por los linchamientos. El ex intendente de Tigre –y referente de un grupo de intendentes bonaerenses– dijo el lunes que se debían “a la ausencia del Estado” y que la solución es dar el mensaje de “el que la hace la paga”. Más tarde debió salir a aclarar que no estaba de acuerdo con los casos de justicia por mano propia.
“Objetivamente, la afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos, en definitiva, es un simplismo de carácter absurdo”, respondió ayer Capitanich, quien retrucó: “Deberíamos preguntarnos cuál es la responsabilidad de quienes ejercen liderazgos locales cuando el nivel de cobertura de agua potable en sus distritos es equivalente al 34 por ciento, o del 26 por ciento en redes cloacales, que también afectan la calidad de vida de sus respectivas comunidades”. El ministro coordinador no explicitó que se refería a Tigre, pero quedó claro: “Muchas de esas comunidades se benefician con la particularidad de que un tercio de su población vive en countries o clubes cerrados, que no necesitan la presencia del Estado”.
Capitanich sostuvo que hay 305 mil agentes entre fuerzas federales y provinciales, además de “todo el equipamiento correspondiente, desde cámaras, 911, patrulleros, logística, inteligencia criminal” y recordó que los poderes Judicial y Legislativo tienen responsabilidad en el tema. El titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, consideró que es “absolutamente irresponsable” por parte de Massa hablar de ausencia del Estado. “La sociedad necesita más que nunca normas, pautas claras y la certeza en los ciudadanos de que el Estado los tutela, los protege y los ampara. Cualquier otro camino lo único que hace es debilitar la convivencia en la sociedad”, estimó.
Anoche, también opinó el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien consideró que “la lucha por la civilización ha sido siempre para que las penas y los castigos se encuadren en la ley y para desterrar el salvajismo de los que pretenden hacer justicia por mano propia”.
El referente del FAP Hermes Binner consideró que esto ocurre “por la impunidad que hay en el país”. “Que haya una persona que hacía negocios en el sur de todo tipo, como la gente ya conoce, está demostrando que hay impunidad”, estimó Binner, quien no llegó a explicar la relación entre los linchamientos y el caso al que hacía referencia. También sostuvo que una de las causas es que el Gobierno protege a un vicepresidente sospechado de corrupción en la causa Ciccone. La líder de GEN, Margarita Stolbizer, coincidió en que “el alto nivel de criminalidad que hoy sufrimos los argentinos tiene que ver con la corrupción política y la pérdida de autoridad y de ejemplaridad”. De paso, Stolbizer consideró que “Massa debe dejar de hacer campaña electoral con el miedo de los argentinos, asumiendo sus propias responsabilidades”.
Mauricio Macri se sumó ayer con un discurso casi calcado del de Massa. “Que aparezca el Estado”, reclamó el titular del Estado porteño. “La ausencia del Estado lleva a la desesperación de la gente, que quiere tomar la justicia por mano propia”, justificó el jefe de Gobierno. “Paremos la mano”, pidió luego el líder del PRO. “El Estado renuncia a defendernos, a cuidarnos, no hay una propuesta integral de seguridad en más de diez años. No ha habido vocación de ponerle límite al narcotráfico”, opinó Macri, quien consideró que las policías estás desfinanciadas, reciben “un sueldo espantoso, el chaleco está vencido y no tienen nafta para el patrullero”. Afirmó que además debería estar presente el Poder Judicial y señaló que otro aspecto del problema es la educación.
Talión y sus amigos
El radical Ricardo Gil Lavedra remarcó que, “si cada uno de los habitantes saliera a tratar de defender los derechos ante las agresiones de los demás, sería una guerra civil” y cuestionó “la ilusión mágica que utiliza el populismo punitivo de hacer reposar en la fantasía del monto de la pena la cuestión de la seguridad”. “En Argentina hay una percepción de inseguridad que puede que no se compadezca con los datos objetivos, pero esta percepción no está desmentida por una presencia estatal mucho más fuerte”, afirmó en declaraciones a FM Nacional Rock. Por su parte, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, dijo “estar de acuerdo en que el Estado está ausente del espacio público de los barrios carenciados y de las fronteras –espacios tomados por el crimen organizado–, pero ninguna de esas cosas justifican la justicia por mano propia”.
“Si quieren desgastar un gobierno, desgástenlo, pero no generemos una sociedad donde terminemos todos contra todos”, reclamó el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, advirtió que “los linchamientos son anteriores al estado de derecho”. “Rechazo cualquier tipo de expresión que pueda intentar entenderlos. Porque comprender esas actitudes es un modo de justificarlas”, afirmó. “Estamos generando una cultura de violencia que tenemos que frenar rápidamente porque el linchamiento te convierte en un asesino”, consideró el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina.
En tanto, Unidos y Organizados emitió un comunicado en el que repudió “toda manifestación de justicia por mano propia, al margen de la ley. Porque no es justicia esta manera de actuar, es decididamente delito y como tal debe tratárselo”. “Tampoco aceptamos el discurso e implementación de la mano dura como política de seguridad, con su consecuencia: la violencia institucional”, afirmó esa agrupación.
La legisladora porteña Claudia Neira advirtió sobre el rol de los medios masivos de comunicación en la “creciente instalación de un debate que implica un retroceso histórico en materia penal como es el de la legitimidad de la venganza privada”. Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, pidió “dejar de llamar justicia por mano propia a un asesinato, dejar de llamar delincuente a quien es inocente hasta que se pruebe lo contrario, dejar de llamar hartazgo social a una horda asesina”.
El defensor penal juvenil de La Plata Julián Axat advirtió que “desde la dictadura hacia aquí existe un imaginario vinculado con el chivo emisario, antes eran ‘los subversivos’ y hoy son los jóvenes que viven en los barrios pobres. Este clima de eliminación social, que reproducen los mismos medios que hoy se horrorizan con estos hechos, señala un chivo emisario que hoy son los jóvenes a quien se los responsabiliza de todos los males”.
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