Disipada la polvareda que levantó la polémica acerca de sus alcances y objetivos, el paro general del 10 de abril pasado dejó en evidencia que la fractura sindical que atraviesa el movimiento obrero pone límites para que una medida de ese calibre pueda generar consecuencias inmediatas a favor de los trabajadores. El paro convocado por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli tuvo un impacto significativo en cuanto a la escasa actividad que se registró en los centros urbanos del país. Sin embargo, no sólo no generó efectos políticos inmediatos en cuanto a los reclamos, sino que además la heterogeneidad de los sectores que lo convocaron llevó a que no exista una unidad de criterio en cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora. El dirigente camionero entiende que lo más prudente es esperar y apostar a que el Gobierno se vea urgido a dar respuesta a algunas de las demandas –fundamentalmente la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias– y mostrar esa decisión como una consecuencia de la presión ejercida a través del paro. En cambio, Barrionuevo se juega todo a desgastar al Gobierno y así hacerle el juego sucio a Sergio Massa: clama por un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo. Micheli, en tanto, deshoja la margarita para no quedar pegado a la interna que dirime el peronismo y a dirigentes a los que antes combatía.
La CGT que conduce el metalúrgico Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky tampoco la tienen fácil. En un contexto de alta inflación y de amenaza de pérdida de poder adquisitivo, se ven obligados a obtener algún rédito por mantener los lazos con el gobierno nacional.
Por lo pronto, la respuesta inmediata del Gobierno fue afirmar que no modificará “un ápice” el rumbo adoptado. Incluso, la presidenta Cristina Fernández redobló la apuesta cuando el lunes pasado anunció el proyecto de ley que apunta a bajar los índices de trabajo no registrado. “Llama la atención cuando una no escucha los reclamos para mantener la ocupación y contra la precarización laboral”, advirtió desde la Rosada en un acto en el que llamativamente no asistió ningún integrante de la CGT oficial (ver recuadro).
“El paro tuvo un acatamiento muy fuerte; eso nadie lo puede negar. Y el Negro fue el gran articulador para su éxito. Por lo tanto ahora no va a permitir que nadie le venga a marcar la cancha con respecto a lo que hay que hacer a partir de ahora”, afirma a Veintitrés el dirigente de uno de los gremios que siempre fueron leales al camionero. En el moyanismo entienden que Barrionuevo hace su juego apostando a profundizar un plan de lucha porque en definitiva tiene poco por perder. “Los que realmente bancamos un paro general somos nosotros. Barrionuevo por sí solo no puede garantizar un paro de su gremio. A Moyano le puede faltar estrategia para manejarse en la arena política, pero el paño sindical lo lee mejor que nadie. Lanzar otro paro en lo inmediato significa un gran desgaste y el Negro sabe manejar muy bien los tiempos”, añade la fuente.
En la CGT opositora saben que para no mostrar debilidad el Gobierno no dará respuesta en lo inmediato a las demandas. Sin embargo, eso no los lanzará a tomar medidas de fuerza en el corto plazo. “Hasta después del Mundial no va a pasar nada”, anuncian. La estrategia será seguir con los reclamos dando el debate ante la opinión pública y presentando proyectos en el Congreso a través de los diputados moyanistas.
En medio del fuego cruzado, Pablo Micheli prefiere ubicarse en un término medio entre las dos CGT opositoras. “No hemos hablado todavía de hacer otro paro. Quedamos en juntarnos después de Semana Santa para evaluar lo que fue el paro. Tenemos que esperar un tiempo prudencial y dejar pasar abril para convocar a otro paro. Barrionuevo habla un montón de cosas que yo no tengo nada que ver. Pero me parece que lo importante es que tengamos sentido común. No es posible un paro de 36 horas en abril. Si queremos la efectividad del 10 de abril hay que esperar hasta mayo, como mínimo”, sostuvo esta semana el dirigente estatal.
Menguada su capacidad de arrastrar a Moyano a un escenario de mayor conflictividad, Barrionuevo usa su poder de fuego con las pocas balas que posee. El titular de la federación de empleados de estaciones de servicio, Carlos Acuña –el único gremio de peso, además de gastronómicos, con que cuenta la CGT barrionuevista–, amenaza con un paro para Semana Santa, con lo que pondría en peligro el abastecimiento de nafta en una fecha tan sensible para el turismo. Lo llamativo es que su gremio ya acordó la paritaria para el año en curso, con un aumento del 36 por ciento. El motivo por el que irían al cese de actividades es que el acuerdo no fue homologado aún en el Ministerio de Trabajo y según Acuña eso se debe a que en la cartera que dirige Carlos Tomada no quieren habilitar un aumento que supere el 30 por ciento.
Pero Barrionuevo no sólo tiene problemas con su alianza circunstancial con Moyano. Su deseo de lanzar una mesa sindical que respalde el lanzamiento de Massa como candidato a presidente se choca con la oposición de otros dirigentes sindicales que abrevan en el Frente Renovador y que quieren bien lejos al gastronómico. El petrolero Alberto Roberti y el dirigente de Sanidad Héctor Daer, ambos diputados nacionales del massismo y enrolados en la CGT de Caló, lanzarán el próximo 30 de abril la rama sindical del Frente Renovador con un acto en la Federación de Box. Roberti dejó bien en claro que en ese encuentro Barrionuevo no será de la partida. “Es irrisorio que hablen de la implementación de una mesa sindical, porque hace seis meses el Frente Renovador es acompañado por una mesa conformada por la Federación de Petroleros, la cual presido, y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, con Héctor Daer a la cabeza”, afirmó.
Mientras el heterogéneo espacio de gremios que participaron del paro nacional dirime sus cuestiones, la CGT cercana al Gobierno también debate su futuro. Si bien relativizan el alcance que tuvo el cese de actividades y están convencidos de que los móviles del paro obedecen más a cuestiones políticas que a reclamos sindicales, entienden que es necesario ver resultados concretos que justifiquen su estrategia conciliadora. “Nuestro alineamiento con el oficialismo nos pesa porque no nos permite desplegar una acción negociadora real por las características que tiene este Poder Ejecutivo”, confiesa a Veintitrés uno de los dirigentes que integra la mesa chica de la CGT de Caló. “De cualquier manera, vamos a seguir batallando en el terreno del intento de diálogo para poder solucionar algunos de los reclamos que venimos haciendo”, completa.
Apenas concluido el paro, la CGT oficialista solicitó una audiencia con los ministros Tomada, Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Si bien todavía no les han confirmado una fecha, confían que el encuentro será en breve. Irán allí con tres reclamos concretos: una reforma de fondo del Impuesto a las Ganancias, aumento de las asignaciones familiares e incremento extra para jubilados. De los tres reclamos, confían que por Ganancias venga la primera respuesta. “Pretendemos algo más de fondo, no sólo que suban el mínimo no imponible. Reivindicamos que de una vez por todas se modifiquen las alícuotas a través de un proyecto de ley. Si no se puede lograr en estas negociaciones, por lo menos reclamamos la suba del mínimo no imponible para ponerlo en condiciones con los aumentos salariales que se van logrando en paritarias”, asegura la fuente.
La participación en el paro de gremios estratégicos como los ferroviarios de La Fraternidad y los colectiveros de la Unión Tranviaria Automotor es un motivo que preocupa tanto al Gobierno como a la CGT oficial y solapadamente se pasan factura mutuamente. Desde la Rosada les reprochan a los dirigentes sindicales no haber podido contener dentro de esa central obrera a ambos sindicatos. “Son dos casos diferentes. Roberto Fernández (UTA) es muy amigo de Barrionuevo y además en el interior de su sindicato hay muchos sectores que no le responden y eso lo obliga a ponerse del lado más combativo de los conflictos. En cambio Maturano (La Fraternidad) sigue sosteniendo que no se fue de esta CGT. Creo que en este caso hubo un descuido del Gobierno a partir del enfrentamiento con (Florencio) Randazzo, a pesar de que nosotros hicimos gestiones para acercar las partes”, sostiene el dirigente cegetista.
Por lo pronto, ambos sindicatos tienen sus paritarias abiertas y la suerte de las negociaciones podrá definir si mantienen su alianza circunstancial con Moyano o regresan a la central de Caló. Una definición que será crucial a la hora de evaluar nuevas acciones de fuerza.
Trabajo no registrado
Como lo adelantó Veintitrés en su edición anterior, el Gobierno anunció el lunes pasado el envío al Congreso de un proyecto para combatir el trabajo no registrado. En el flamante Salón de los Pueblos Originarios, la presidenta Cristina Fernández señaló que la iniciativa apunta a regularizar a 300.000 trabajadores a lo largo de este año y a más del doble durante el 2015. De esta manera se reduciría el índice de trabajo en negro en cinco puntos, que en la actualidad trepa al 33,5 por ciento.
Entre las medidas que contiene el proyecto se destaca la reducción de contribuciones patronales para las microempresas, el fortalecimiento del Estado en las tareas de inspección y fiscalización y la creación de un registro de las empresas que tengan trabajadores en negro. Aquellas que integren esa lista, además de pagar la multa correspondiente, perderán todo tipo de subsidios, no podrán ser contratistas del Estado por tres meses y no tendrán acceso a créditos otorgados por bancos públicos. “Les pedimos a todos los dirigentes sindicales que sigan trabajando por conseguir que se mantengan los puestos de trabajo y por reducir la precarización laboral, porque es fundamental para poder seguir avanzando”, señaló la mandataria.
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