El monumento icónico de la ciudad, eje de una intromisión ilegal en la vida privada de los ciudadanos.
Fue un gran momento de la televisión argentina. En la tarde del 8 de junio de 2010, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue invitado al noticiero de TN. El animador Franco Salomone lo presentó con una exagerada cordialidad. El zócalo de la pantalla exhibía la siguiente inscripción: "Vecinos vigilantes". Rodríguez Larreta empezó a explicar de qué se trataba: "Pedimos a la gente que nos ayude." Salomone quiso saber de qué manera. La respuesta fue: "Es simple: si ven un coche mal estacionado, le sacan una foto y la suben a nuestro sitio." Salomone, entonces, declamó el correo electrónico al cual los soplones debían enviar sus imágenes. Y Rodríguez Larreta agregó: "Estamos impulsando una nueva cultura." Fue su modo de significar que la delación era una política de Estado.
Lo notable es que los funcionarios del PRO se toman tan a pecho su fervor por el chivatazo que hasta son capaces de alcahuetear sus propias inconductas.
El 12 de noviembre de 2013, la Policía Metropolitana difundió –también por TN– un video sobre el hurto de un celular en el microcentro, para publicitar la gran utilidad de las cámaras de vigilancia en la lucha contra el delito callejero. Pero, además, esas imágenes demostraron que habían sido tomadas por cuatro aparatos instalados en la cima del Obelisco; es decir, una iniciativa concretada sin la debida autorización de la Legislatura y violando las leyes que regulan su uso en lugares públicos.
El asunto ya promovió un pedido de amparo ante la justicia –presentado por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel–, mientras los legisladores Edgardo Form (Nuevo Encuentro), Alejandro Bodart (MST) y Virginia González Gass (PSA) aportaron un proyecto para consensuar una declaración de repudio.
En resumen, la idea de convertir aquel monumento, considerado un ícono de la ciudad, en un enorme policía de hormigón es leída por sus detractores como una intromisión ilegal en la vida privada de los ciudadanos, dado que omite al menos tres requisitos establecidos por la Ley 2602: la señalización de los sitios en donde están colocados, su publicación en el portal del gobierno porteño y la posibilidad de que cualquiera que se vea en las imágenes pueda pedir –a través de la intervención judicial– que su figura sea borrada. Tales condiciones, a su vez, son objetadas por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y con una razón de peso: "No se puede decir dónde están las cámaras, ya que eso es información confidencial." Lógica pura.
Lo cierto es que aquel hombre es un experto en la materia. A fines de los años noventa, cuando el funcionario macrista aún era fiscal del fuero federal, se hacían filmaciones clandestinas en su propio despacho. Entre ellas, las ordenadas por el juez Juan José Galeano para extorsionar tanto a testigos como a procesados por el atentado a la AMIA. Ello saltó a la luz el 23 de octubre de 2008, cuando el juez federal Ariel Lijo –a cargo de la causa por las graves irregularidades cometidas en esa pesquisa– careó a Galeano con su ex prosecretario, Claudio Lifschitz. Acerca de las filmaciones, Galeano intentó rebatir que en su oficina hubiera una cámara fija. Entonces, Lifschitz replicó: "Las cámaras que estaban instaladas en la fiscalía del doctor Montenegro eran fijas; o sea, no fueron colocadas para la ocasión" (foja 13.798 del expediente). No obstante, el actual ministro jamás fue molestado por esta nimiedad.
En la investigación del atentado a la embajada de Israel –cometido el 17 de marzo de 1992, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos– tampoco fueron pocas las maniobras oficiales para encubrir a sus autores. Al respecto, resalta una: cuando la instrucción de la causa intentó conseguir las grabaciones del Comando Radioeléctrico para corroborar la ausencia del personal policial en la custodia del lugar, no se las pudo obtener porque habían sido borradas o destruidas con intencionalidad. El comisario Eduardo Jorge Martino estaba a cargo del material.
Vueltas de la vida: Martino es ahora el superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana. Y como tal, el responsable de las cámaras en el Obelisco.
Lo cierto es que la polémica suscitada por semejante panóptico exhumó del olvido ciertos retazos de su calaña.
Ingresado en la Federal el 4 de marzo de 1974, dos años más tarde –ya durante la última dictadura–, pasó a la Superintendencia de Seguridad Federal, el temible brazo político de esa fuerza, en donde se relacionaría con el célebre Jorge "Fino" Palacios. Sin embargo, él esgrime una versión más idílica de su carrera en esos tiempos: "Me desempeñé en tareas técnicas, como el mantenimiento de equipos de comunicaciones en la terraza del Departamento Central." Luego, dijo: "Jamás supe que se realizaban operaciones ilegales."
De aquella etapa, Martino arrastra un mal recuerdo: haber matado en 1980 al agente Luis Alberto Giménez, mientras jugueteaba con su pistola Ballester Molina. Al final, un juez terminó por sobreseerlo por "el carácter accidental del incidente".
En mayo de 2004, formó parte de los 107 altos oficiales exonerados por orden del presidente Néstor Kirchner debido a una red de corrupción en la Federal. Muchos de ellos –con Palacios a la cabeza– terminaron incorporados en la Metropolitana.
La Mazorca de Macri sería el espacio propicio de su segunda oportunidad, aunque con algunos inconvenientes. El más embarazoso fue, en 2009, la adquisición para la Metropolitana de un software para realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia. Martino fue el factótum del negocio. Sus puntos oscuros: un proceso de licitación basado en la compra directa y "secreta", los sobreprecios abonados y el hecho de que la aplicación de los equipos –cifrados en el espionaje– está expresamente prohibida por las leyes de Defensa y Seguridad Interior.
En 2010, fue denunciado por regentear la empresa de seguridad privada Alesa SA, algo incompatible por ley con la función policial. Pero toreó ese sinsabor con envidiable cintura, al sostener que había renunciado a la firma un mes antes de su nombramiento. En realidad, transfirió las acciones a una pariente que lleva su mismo apellido.
Es muy curioso que sus cámaras en el Obelisco hayan visibilizado esa suma de cosas.
Infonews
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