Por David Cufré
El Banco Central acordó con el banco de inversión Goldman Sachs un crédito por 1000 millones de dólares a una tasa de interés del 6,5 por ciento anual, a dos años de plazo. Las divisas se sumarán a las reservas de la autoridad monetaria. La operación se formalizaría en los próximos días, posiblemente esta semana, cuando se terminen de definir otras condiciones de segundo orden del contrato de financiamiento. Una de ellas es el esquema de garantías de repago del préstamo, aunque los aspectos a resolver son accesibles, según confió una fuente oficial a Página/12.
Las negociaciones con Goldman Sachs se dan en paralelo con otras que viene llevando adelante el equipo económico y el jefe del Central, Juan Carlos Fábrega, con bancos de inversión internacionales. Goldman sacó un cuerpo de ventaja después de haber establecido un vínculo fluido con el Gobierno desde diciembre pasado. El consejo de administración de la entidad estadounidense tomó para esa fecha la decisión de retomar sus operaciones con la Argentina, luego de haberse retirado del mercado local por más de una década. Las conversaciones dieron forma al crédito con el BCRA, pero exceden ese hecho. Alcanzan a otro tema clave: el armado de una ingeniería financiera para dar solución al litigio del Estado nacional con los fondos buitre. La alternativa más firme es que Goldman aporte capital propio para comprarles a los holdouts los bonos impagos desde 2001, los cuales después entregaría al Gobierno a cambio de otros títulos. Allí obtendría una primera compensación, pero el mayor interés de Goldman está puesto en firmar un convenio con el Ministerio de Economía para convertirse en agente financiero de futuras emisiones de deuda.
Mientras el Gobierno avanza en esa línea, todavía con varios capítulos a definir y otros bancos extranjeros interesados en cumplir el mismo rol, el crédito con Goldman por 1000 millones de dólares es un fuerte mensaje en sí mismo. En primer lugar, el Banco Central podrá mostrar un aumento de las reservas después de haber atravesado una etapa de caídas profundas –en enero y febrero– y otra de estabilidad con tendencia declinante –en marzo–. El Gobierno buscará que el ingreso de esas divisas sea leído como el inicio de un nuevo proceso de recuperación de las reservas, que se completará con la liquidación de la cosecha de granos a partir de abril y hasta mitad de año.
Si ese escenario se concreta tal como lo proyecta el equipo económico, el horizonte cambiario quedaría despejado, lo cual permitiría empezar a bajar las tasas de interés que treparon hasta casi 30 por ciento luego de la devaluación de enero.
Otro objetivo del Gobierno para cerrar el crédito con Goldman Sachs es demostrar a los actores económicos locales y del exterior que la estrategia emprendida hace seis meses de disipar tensiones en el frente externo va dando resultados. El acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, el pago de sentencias a tres empresas de Estados Unidos y Europa que habían ganado juicios a la Argentina en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial), los cambios en el índice de inflación y el PBI con el respaldo técnico del Fondo Monetario y las negociaciones para resolver el default con el Club de París son parte de ese plan. El interés de las autoridades con todo ello es recuperar el financiamiento internacional desactivado desde la crisis de 2001.
En verdad, entre aquel año de debacle y el presente, la Argentina tuvo numerosas ofertas de crédito externo. Sin embargo, las condiciones y las tasas de interés solicitadas lo hacían desaconsejable, según la interpretación de la Presidenta, quien decidió ir por otro camino: pagar la deuda con reservas del Banco Central. En ese momento el BCRA tenía divisas en abundancia y recibía una tasa de interés despreciable, cercana a cero, por su colocación en la banca internacional. En cambio, al Estado le pedían tasas de dos dígitos si quería tomar crédito. Con lógica, el Gobierno apostó a utilizar recursos propios en lugar de aceptar el negocio de los bancos de refinanciar vencimientos a costos muy elevados.
Esa decisión se tomó en enero de 2010 y dio lugar al episodio de atrincheramiento de Martín Redrado en el Banco Central, quien consideraba que era mejor convalidar las condiciones del sistema financiero. El Gobierno tuvo éxito y los años siguientes la economía creció con fuerza, mientras los niveles de endeudamiento retrocedieron a mínimos históricos. En la actualidad, la deuda en dólares con acreedores privados equivale a sólo el 9,5 por ciento del PBI, contra el 95,3 por ciento de 2002. Otros países de la región, como Brasil, con una relación deuda bruta/PBI de 67,2 por ciento, y mucho más Europa –Grecia 179,5, Italia 130,6, Portugal 122,3, Gran Bretaña 93,6, Francia 92,7, España 91,8 y Alemania 80,4– y Estados Unidos, con 108,1, están muy por arriba de la Argentina, que en el mismo registro del FMI del año 2013 figura con 44 por ciento.
El contexto actual, como se ve, es distinto del de 2010. El Estado ya se desendeudó, en tanto que el Banco Central pasó del record de reservas de 52.200 millones de dólares en aquel año –eran 8148 millones al inicio del gobierno de Néstor Kirchner– a los 27.058 millones actuales. Pero también cambiaron las condiciones para la Argentina. El crédito con Goldman Sachs por 1000 millones no sólo tendrá una tasa de interés de un dígito, sino que resultará bastante más baja que las expectativas del mercado para una vuelta de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito: 6,5 por ciento a dos años.
Fin a los buitres
“Después de una década de desendeudamiento, la situación actual hace más aconsejable usar el crédito disponible, pero no a cualquier tasa”, dijo una fuente oficial a este diario. El mismo concepto se aplica a la negociación con los holdouts. Como se indicó más arriba, el Gobierno escucha ofertas de agentes financieros internacionales. La más firme es la de Goldman Sachs, que propone asumir el control de los bonos en default mediante su compra a los fondos buitre. El costo dependerá de su negociación con esos grupos especulativos. Luego Goldman arreglaría con el Gobierno una retribución, que podrían ser nuevos bonos a largo plazo, pero su mayor aspiración es sellar un acuerdo con Economía para ser el agente colocador de deuda de aquí en adelante, con plazos a definir. Además, el banco de inversión podría ofrecer su propio financiamiento, tal como el nuevo crédito por 1000 millones con el Central. Respecto de ese préstamo, incluso se llegó a barajar una cifra bastante más alta, cercana a los 5000 millones de dólares, pero finalmente la decisión consensuada entre el Banco Central y el Ministerio de Economía fue arrancar con 1000 millones. Eso también se relaciona con la expectativa del equipo económico de que a corto plazo se abran posibilidades de financiamiento mejores para el Estado.
La banca internacional está abierta a hacer negocios con Argentina. La clave de la nueva etapa será no repetir la experiencia ruinosa que llevó al país a la situación de 2001. Además de Goldman, como se sabe desde el año pasado, existen grupos de bonistas performing (que ya canjearon sus bonos en default en 2005 o 2010 y hoy están cobrando sin problemas) que acercaron ideas al Gobierno y negocian con los holdouts para llegar a un arreglo. Su oferta también es cancelar ellos lo que reclaman los buitres y luego apostar a una revalorización de sus bonos por el mejor escenario que ello significaría para Argentina. Con variantes, esas son las alternativas que exploran los fondos de inversión Gramercy, Fintech –que lidera David Martínez, próximo controlador de Telecom y actual socio del Grupo Clarín en Cablevisión– y el estudio jurídico que encabeza Eugenio Bruno.
A todos ellos se les sumarían otros bancos de inversión extranjeros, quienes ya hicieron saber al Gobierno que apuestan a ocupar el lugar por el que trabaja Goldman Sachs. Para el Estado nacional la solución al conflicto con los fondos buitre asoma por ese lado, mediante la intermediación de otros actores del sector privado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo al pasar hace una semana y media en una de sus conferencias matutinas que las prioridades para el Ejecutivo en materia de deuda son “negociar con el Club de París y los holdouts”. En cuanto a esto último, como se advierte, ya hay opciones en marcha.
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