Por Centro de Estudio e Investigaciones en DDHH "Juan Gardella" (*)
El linchamiento del joven David Moreira fue una feroz reacción social que conmovió la conciencia de toda nuestra sociedad rosarina, que ya viene siendo golpeada por la violencia. Si bien, sabíamos que cada vez era más frecuente que las personas reaccionaran colectivamente frente a arrebatos, robos, y otros hechos violentos, no se había llegado nunca a tal grado de crueldad, ni ensañamiento, ni a terminar con una vida.
Se puede comprender que alguien reaccione violentamente en defensa propia, o de un tercero, frente a un hecho delictivo. El derecho ha contemplado esta situación, y la justifica cuando se da en ese contexto.
Pero no puede justificarse que una turba enardecida, escudada en el anonimato, torture y asesine a una persona indefensa. Eso se llama homicidio.
Nunca sabremos si David Moreira fue el autor de esa tentativa de hurto o robo, y tampoco interesa, porque no hay ninguna razón que justifique el linchamiento, pero sí sabemos que un grupo de vecinos del barrio Azcuénaga se convirtieron en asesinos. Y a la víctima del robo la maltrataron aún más con este hecho, porque seguramente el ataque sufrido fue grave para ella, pero mucho más grave será el recuerdo de estas consecuencias inesperadas.
Este tipo de hechos no es novedoso en América Latina, pero tiene un contexto histórico y social, muy diferente, aunque tampoco los justifica. En Brasil, fueron el germen los tristemente célebres escuadrones de la muerte, que asesinaban impunemente a los "meninos da rua". Qué pasó en nuestro país. Qué pasa en Rosario. Eso nos preguntamos, a pocos días de haber participado en una marcha masiva repudiando el golpe de estado de 1976, y la vigencia de los derechos humanos.
De todas maneras, no podemos negar que lo que ha ocurrido pone en serio entredicho a las instituciones, y expresa un grave malestar social que no confía en la autoridad pública, o denuncia su ausencia.
El problema grave que genera el linchamiento, no es solamente el uso cobarde y atroz de la fuerza física para destruir a una persona con finalidad punitiva, sino que a ello se le otorgue legitimidad. Esta es una de las consecuencia del discurso de la mano dura, que alienta la reacción social, y de algunos medios de comunicación que publican comentarios de sus lectores, que celebran el cobarde homicidio, y amenazan con seguir adelante. Así como su tratamiento en algunos medios de comunicación que parecen incentivar este tipo de conductas bárbaras.
Es obligación ineludible del gobierno provincial hacerse cargo de la situación y arbitrar en forma inmediata los medios para evitar este tipo de conductas.
(*) Fac. Derecho UNR. Matilde Bruera, Marta Felperín, Valeria Rosso Ponce, María Aurelia Massino, Isabel Fernández Acevedo, Vildor Garavelli, Norberto Ferrari.
página 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario