El caso del periodista detenido en EE.UU.

 Por Gustavo Veiga

Barrett Brown es un periodista de investigación estadounidense que está detenido en su propio país hace casi dieciocho meses. Sobre él pesan acusaciones que acumuladas suman 105 años de hipotética condena. El gobierno de Obama lo alojó en una cárcel federal porque profundizaba en la búsqueda de información sobre la relación que existe entre los servicios de inteligencia y las empresas privadas de seguridad. Colaborador de The Guardian y Vanity Fair, se especializó en ese tema y siempre fue por más. Analizaba correos pirateados a la compañía Stratfor que después publicó WikiLeaks. El FBI comenzó a seguirlo, hasta que lo arrestó en septiembre de 2012. El disparador fue un video que subió a YouTube donde presuntamente amenazaba a un agente. La Justicia le negó la libertad bajo fianza y lo mantuvo, al menos, durante más de un año en prisión preventiva. Su caso remueve conciencias y despierta solidaridades adentro de EE.UU. y también en el exterior.

Reporteros sin fronteras (RSF) le da un espacio central a su caso en sus informes mundiales sobre la libertad de prensa. En el de este año, Estados Unidos bajó trece lugares, hasta el puesto 46 en su ranking de países ubicados de acuerdo a cómo se relacionan con los medios y qué seguridad les ofrecen a sus periodistas. “Barrett Brown no es un criminal ni tampoco un delincuente”, declaró Christophe Deloire, el secretario general de la organización, en julio pasado. La ONG ubicó a la Argentina 55º, y mal podría sugerirse que es antiestadounidense. A China la situó 175º y a Corea del Norte 179º, entre 180 naciones analizadas.
¿De qué hablamos cuando se mencionan las investigaciones del periodista nacido en Dallas, Texas, el 14 de agosto de 1981 y que pasó en la cárcel su cumpleaños 32? En los correos electrónicos hackeados a Stratfor que investigaba, había algunos como el del vicepresidente de Inteligencia de la compañía, Fred Burton, quien proponía “aprovechar el caos en Libia para secuestrar a Abdekbaset al-Megrahi, autor del atentado de Lockerbie, quien había sido puesto en libertad por razones humanitarias debido a su enfermedad terminal”.
Vinculado con la red Anonymous, con la cual compartió informaciones –aunque niega hasta hoy ser su portavoz, como le atribuyen–, Brown subió a la plataforma Proyecto PM una dirección URL que se convertiría en el argumento para desencadenar su persecución. La página investiga los nexos entre la comunidad de inteligencia de EE.UU. y las compañías privadas de seguridad que en ese país llegarían a ser unas dos mil. Proliferaron porque el Estado les delegó tareas de espionaje al por mayor. Están plagadas de ex agentes de la CIA y el FBI.
El enlace que utilizó el periodista contenía datos de tarjetas de crédito, como sus números y códigos de identificación, que pertenecían a clientes de Stratfor. Para el FBI fue el acabose. Lo detuvo mientras chateaba, requisó su casa y hasta presentó cargos contra su madre por ocultarles a los agentes federales dónde tenía su computadora. Una vez arrestado, no le informaron de qué se lo acusaba ni le ofrecieron tratamiento médico. Unos días después, el 3 de octubre de 2012, un jurado empezaría a hacer caer sobre Brown una pila de imputaciones: amenazas, conspiración y venganza contra un agente federal. Acusaciones que se ampliaron a doce más el 14 de diciembre de aquel año. Las últimas que recibió fueron por ocultamiento de pruebas en enero de 2013.
Su abogado, Ahmed Ghappour, declaró: “El problema es que haya empresas haciendo trabajo de inteligencia muy sensible para el gobierno. De ello se desprende que los enemigos de las empresas son también suyos y les interesa silenciar o enjuiciar periodistas que las investigan”.
El propio Brown ha concedido entrevistas desde la prisión, como una que le hizo su colega Patrick McGuire, de Baltimore. “He sabido durante mucho tiempo que acabaría en la cárcel. Hay varios documentales donde digo que sé que voy a ir a la cárcel en algún momento. No puedes hacer estas cosas y no caer en el radar del FBI sin represalias. No quiero hablar contigo sobre el caso o las personas involucradas en este tema, pero no estoy muy preocupado por eso”, le dijo.
A la pregunta de por qué no estaba intranquilo por lo que le había pasado, respondió: “Simplemente porque sé cuánto tiempo estuvieron allí vigilando nuestras cosas... Sé que los documentos y registros de mis actividades están disponibles. Están tratando de decir que yo difundí la información de las tarjetas de crédito a propósito, aunque yo me opuse a ello. No son conscientes de eso y, obviamente, sé lo que hay en esas pruebas... yo siempre me he opuesto a la difusión de las tarjetas de crédito”.
El de Brown es el caso más crítico de acoso a la prensa en Estados Unidos. Una página (http://freebarrettbrown.org/) pide donativos para costear su defensa. Lleva juntados 42.690 dólares, un 21 por ciento de lo que necesita: 200.000. La situación del periodista se ventila en medio de una sociedad alienada por las sospechas de infiltraciones de agentes enemigos o ciudadanos estadounidenses peligrosos para el sistema de seguridad nacional.
En noviembre de 2013, Roger Shuler, un bloguero y ex periodista del diario Birmingham PostHerald de Alabama, terminó detenido por difamación y desacato a un tribunal. Pesaba sobre él una orden de restricción (restraining order) que le prohibía publicar información sobre un abogado, Robert Riley Jr., hijo del ex gobernador republicano de aquel estado sureño. La imposición de limitaciones, una especie de censura previa, es inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. Sin embargo, un juez se la aplicó.
El caso de Shuler o el de James Risen, de The New York Times –obligado a testificar en contra de una fuente que le brindó información clasificada– son dos ejemplos más de las tribulaciones que viven los reporteros que investigan temas de inteligencia sensibles al Departamento de Estado. “Este caso se ha convertido en una posible confrontación constitucional sobre la Primera Enmienda y el papel de la prensa en Estados Unidos debido al agresivo uso de los poderes del gobierno de Obama para controlar la información independiente sobre seguridad nacional”, aseguró Risen en una nota que le mandó a la editora del Times, Margaret Sullivan, y que publicó el diario en enero pasado.
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