Por Federico Kucher
El Gobierno avanza con nuevos instrumentos para hacer cumplir los acuerdos de precios y evitar “avivadas” de sectores concentrados de la economía. El diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde presentó ayer un proyecto de ley para acelerar el tiempo de aplicación de las sanciones contra comercios que no respeten los compromisos. También propone incrementar el monto de las multas. La iniciativa apunta en la misma dirección del proyecto del senador nacional Aníbal Fernández, el cual se anunció a mediados de este mes. A su vez, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, afirmó ayer que se está trabajando para identificar maniobras de desestabilización (ver aparte).
“La importancia del acuerdo de precios y las violaciones de algunos sectores nos obligan a todos a ponernos la camiseta y defender estas iniciativas del Gobierno, contra las avivadas de los empresarios”, dijo a este diario Recalde. El proyecto del diputado nacional busca potenciar las herramientas legales que hoy tiene el Estado para intervenir en la formación de precios de la economía. La propuesta analizó la Ley de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor, con el objetivo de introducir cambios en el plazo y los montos de las sanciones que aplica el sector público a los empresarios que alteran la estabilidad, razonabilidad y previsibilidad de los precios.
La propuesta de Recalde, si se logra aprobar, otorgará al Estado dos instrumentos centrales para regular distorsiones de las cadenas productivas, controlar la formación de los precios y evitar maniobras especulativas de sectores concentrados. El primero es el mayor margen legal para decidir respecto del destino de la producción de sectores estratégicos de la economía argentina. Por caso, la conducta del complejo agropecuario (productores-acopiadores-exportadores) de retacear la liquidación de soja en 2013 fue un desencadenante de la crisis cambiaria de las primeras semanas de este año, lo cual obligó a una corrección brusca del tipo de cambio y potenció las tensiones de precios. Frente a este escenario, el proyecto del diputado nacional permitiría una intervención directa del sector agropecuario sin necesidad de declararlo de interés público, evitando que una cautelar frene la medida. “Se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento para expropiar los bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”, precisó Recalde.
Otro instrumento central que incorpora el Gobierno es el esquema “pague y después justifique”, lo cual potencia la efectividad de las sanciones contra los sectores rentistas de la economía. Esta idea, que ya apareció en el proyecto del senador Aníbal Fernández, implica que los comercios que reciben multas por incumplimiento, primero la abonen y luego realicen las acciones judiciales para probar la inexistencia del delito. Este esquema es el que utilizan algunas firmas proveedores de servicios públicos, como las empresas de telefonía móvil. Cuando el usuario no cumple con la factura, se corta la prestación y después se evalúan los motivos de la falta de pago. “La parte que recurre a la Justicia deberá acreditar el cumplimiento previo de la multa. Caso contrario, la Justicia no se abocará, quedando firme la sanción”, indicó el diputado nacional.
El proyecto de ley contempla distintas medidas contra los comerciantes que realicen “maniobras contrarias al bien común”. Entre éstas se destacó la actualización del monto mínimo y máximo de las multas, las cuales irán de 5 mil a 10 millones de pesos. Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en la infracción. A su vez, la iniciativa propone ajustar estos valores semestre a semestre a través del índice de movilidad jubilatoria. “Existen dos proyectos de país en disputa. Hay uno que apuesta al desarrollo colectivo, con crecimiento e inclusión para todos. El otro es el modelo del libre comercio, que implica la desigualdad y el beneficio para unos pocos”, cerró Recalde.
Página12
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