Por Cristian Carrillo
El Gobierno elevó ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa que obliga a la Argentina a pagarle a un grupo de fondos buitre 1330 millones de dólares por sus tenencias de deuda declarada en default en 2001. El país es forzado a desembolsar ese monto sin quita y en efectivo, mientras que la oferta argentina es abrir una nueva instancia del canje de bonos para que los holdouts puedan intercambiar sus papeles. El objetivo oficial es que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y revise el monto y la modalidad de pago. Los fundamentos esgrimidos en la presentación de 278 fojas que elaboró el bufete de abogados que representa al país hacen hincapié en que la sentencia de Griesa violenta la inmunidad soberana del Estado argentino consagrada por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FISA, por sus siglas en inglés). La argumentación también se focaliza en la falta de equidad y el precedente internacional que supone un fallo que privilegie a los holdouts respecto del 93 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje y aceptaron una quita. Esta instancia abre un plazo de 30 días para la presentación de apoyos al pedido argentino y para que estos fondos buitre hagan su descargo, mientras se aguarda por la posición que asuma la Casa Blanca. La respuesta de la Corte podría extenderse hasta principios del año próximo, según indicaron fuentes oficiales a Página/12.
En febrero de 2012, Griesa, juez del Segundo Distrito de Nueva York (Manhattan), emitió un fallo donde le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de los 1330 millones de dólares de la deuda que reclaman, sin quita y de una sola vez. El Gobierno apeló esa sentencia y el 26 de octubre subsiguiente la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la demanda de los fondos especulativos a partir de una reinterpretación de la cláusula pari passu, que establece la igualdad en el trato entre acreedores. La Argentina llevó a la Corte el pedido para que se expida sobre esa supuesta discriminación, pero el máximo tribunal decidió no tomar el caso. Una de las especulaciones fue la falta de apoyo de la administración de Barack Obama y del Fondo Monetario, a través de los denominados amicus curiae. La Corte dispuso mantener el stand by hasta tanto llegue a su estrado la segunda parte del juicio, en la que la Cámara falló que el pago se realice en efectivo y sin quita.
El documento elevado ayer, al que accedió este diario, destaca que los demandantes son principalmente “fondos buitre” que “explotan la ausencia de un régimen de quiebra soberana para buscar beneficios extraordinarios mediante la compra de deuda en problemas con grandes descuentos y demandar por los términos originales de la deuda”. “Las preguntas que se presentan son: si un soberano extranjero incumplió la cláusula pari passu (tratamiento igualitario) al pagar intereses periódicos de su deuda reestructurada, aunque no lo haya hecho con deuda en cesación de pagos y, dos, si un tribunal de distrito puede con una medida cautelar coaccionar a un soberano extranjero a pagar daños monetarios sin tener en cuenta si este pago se haría con activos que la ley considera inmunes”. Estos dos interrogantes son los que revisten la presentación que elevó el Gobierno ayer por la tarde. La fecha original para la presentación era el lunes, pero debió trasladarse un día por ser feriado en Estados Unidos.
En esta etapa se definen el monto y la forma en que el país debe pagarles a los acreedores. El writ a certiorari (pedido de apelación) presentado ante la Corte representa la última instancia legal en la disputa con los buitres que no participaron de los dos canjes de deuda. Las chances para que el caso sea discutido por los supremos norteamericanos son bajas. En octubre, ya rechazaron un pedido de revisión presentado por Argentina que contaba con el respaldo del gobierno francés y parcialmente del FMI. No obstante, las implicancias de un fallo adverso sobre futuras reestructuraciones de deuda ofrecerían razones para que la disputa sea analizada. “La clave sigue siendo si se contará con apoyo de Estados Unidos en el pedido de apelación”, señaló a Página/12 el abogado Eugenio Bruno, socio del Estudio Garrido.
La apelación que elaboró el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton junto al secretario de Finanzas, Pablo López, y la Unidad de Reestructuración de la Deuda, que encabeza Hernán Lorenzino, sostiene que los fallos que dispusieron los juzgados de distrito “son profundamente ofensivos para la soberanía de Argentina, se burlan de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera y han puesto patas arriba las expectativas del mercado sobre la deuda soberana”. Los letrados alertan a la Corte que la “recompensa a NML” podría desencadenar “una catástrofe económica renovada con severas consecuencias para millones de ciudadanos argentinos”, en referencia al riesgo de que el país caiga en un nuevo default técnico ante la obligación de pagarles a los fondos buitre con parte del flujo de fondos destinados al servicio de deuda vigente.
Este punto es vital en la argumentación argentina y en la búsqueda de apoyo de otros países sobre la apelación. Un fallo adverso para la Argentina no sólo pone en riesgo la reestructuración local y futuros canjes y desdibuja el rol de la plaza financiera estadounidense respecto de la inmunidad soberana que ofrece al resto de los países. Se sostiene que “el fallo proviene de dos errores jurídicos importantes”. En primer lugar, los tribunales inferiores tomaron la cláusula de pari pa-ssu como una “promesa de no reestructurar”, lo que es una interpretación errónea. En segundo lugar, los tribunales de primera instancia aceptaron cautelares “extraterritoriales”, que pisotearon la soberanía de la Argentina, “con un conflicto con la inmunidad completa del esquema de la FISA”.
El escrito también advierte sobre los conflictos en los principios de la equidad que se abren por las medidas cautelares convalidadas por los jueces de distrito. En el apartado en el que esboza las “razones para que se conceda el certiorari”, se sostiene que la errónea interpretación del pari passu alcanza a “cientos de miles de millones de dólares en bonos soberanos” en el mundo y “pone en peligro el papel de Nueva York como un centro mundial de financiamiento soberano”. De hecho, aun en el caso de no querer pronunciarse sobre esta cláusula, la apelación solicita que se atienda el tema de la inmunidad soberana, incluyendo la propiedad soberana del Banco Central y bie-nes situados en el extranjero. “Este caso es extraordinariamente importante para Argentina y para otros soberanos, los mercados de capital y las relaciones exteriores de Estados Unidos”, señala el documento.
Esta es la última instancia judicial a la que accede el país sobre estas cuestiones. Según explicaron a este diario fuentes oficiales, habrá un período de un mes para que se presenten los amicus curiae (apoyos) y luego la respuesta de los fondos buitre. Se abre después un plazo de varios meses hasta que se conozca la decisión de la Corte –si acepta el caso–, que podría llegar a producirse en el segundo semestre de este año o primer trimestre del próximo. En tal caso, será vital la posición que tome el gobierno de Obama si la Corte le pide opinión antes de decidir si toma cartas en el asunto. Para reforzar la argumentación en relación con las violaciones con la FISA, el Gobierno incorporó a su equipo legal al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos del gobierno de George W. Bush.
La Corte dio una señal positiva el pasado 10 de enero, cuando informó que analizará el fallo que permite a los fondos especulativos buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior como parte de su estrategia para trabar embargos contra el país. En ese caso satélite, las posibilidades se incrementaron con el respaldo que recibió el país por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En tanto, los bonistas privados elaboran una propuesta económica para que los buitres ingresen a un nuevo canje de deuda y desistan en sus demandas contra Argentina. Las propuestas elaboradas por Gramercy y el Deutsche Bank fueron rechazadas por el fondo NML, que conduce Paul Singer, mientras que se avanza en una alternativa que encabeza el abogado Bruno, quien aseguró que “tiene buena acogida” entre esos especuladores. Desde Economía afirman que la atención oficial sigue puesta en el desarrollo judicial de la apelación en la Corte.
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