Massot, La Nueva Provincia y la dictadura

Palenque ande ir a rascarse Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo. El juez Santiago Martínez denegó el miércoles 15 el pedido de detención e indagatoria a Vicente Massot y Mario Gabrielli por la participación en el plan criminal del Terrorismo de Estado del diario La Nueva Provincia, del que uno era director y otro secretario de redacción durante la dictadura. Las contradicciones con fallos de instancias judiciales superiores. Por Diego Kenis Hacete amigo del Juez No le dés de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener Palenque ande ir a rascarse. La estrofa de los consejos del Viejo Vizcacha a uno de los hijos del rebelde Martín Fierro bien pueden aplicarse al escenario que ofrece a la vista la ciudad de Bahía Blanca a partir de la actuación que en las causas por delitos de lesa humanidad viene desarrollando el juez subrogante Santiago Martínez. Tal como pocas semanas atrás expresó en conferencia de prensa el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense Eduardo Hidalgo, las decisiones de Martínez hacen que no se extrañe en la ciudad a Alcindo Álvarez Canale, el magistrado que durante dos décadas dificultó y dilató la llegada de la justicia a la región y se jubiló el año pasado. Si Álvarez Canale se ocupó de ello cuando las investigaciones y acusaciones recaían sobre los militares, Martínez resulta su continuidad pero en el plano de los civiles, que incluye por el momento al Poder Judicial (ver nota aparte), la Iglesia y el diario La Nueva Provincia. Con el entramado corporativo judicial que se deja ver en Bahía Blanca y los resultados que viene registrando tal configuración, no resulta extraño que el matutino de Massot haya vinculado la imputación a su director con “la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional”. Ello ocurrió poco más de 72 horas antes de la realización del primer encuentro del movimiento de fiscales y jueces “Justicia Legítima” en la ciudad, que se desarrolló el lunes 20 y no mereció mayor interés por parte del diario. Ese día, sugestivamente, La Nueva Provincia se hizo eco de un “análisis del Colegio de Abogados” bahiense y resumió su espíritu en el título de la nota: “Suma críticas a nivel local la reforma K de la Justicia”. Uno de los puntos cuestionados por el movimiento refiere al modo en que hasta ahora se venían llevando cabo las designaciones de jueces subrogantes y secretarios, por el entramado de vinculaciones que con la corporación judicial suponen. Martínez es uno de ellos. La Cámara Federal bahiense, presidida por un ex civil de Inteligencia de la dictadura, lo ascendió a juez provisorio el año pasado. El satánico doctor NO El miércoles 15 de mayo, el juez subrogante Martínez decidió rechazar el pedido de detención e indagatoria al empresario y director del mencionado matutino, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, que había elevado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia a comienzos del mes. En la resolución, Martínez ni siquiera dio por probado el vínculo entre el medio del que Massot era propietario ya por entonces con el plan criminal del Terrorismo de Estado, a pesar de la existencia de normativas militares que encuadraban específicamente a las acciones de propaganda, como el Reglamento de Operaciones Sicológicas que en 1968 firmó el dictador Alejandro Lanusse y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal bahiense ante la que declaró en 1987. Vilas llegó a la ciudad luego de su paso por el llamado “Operativo Independencia” en Tucumán. Permaneció durante todo 1976 en Bahía Blanca y se reunía periódicamente con personajes de peso en el multimedios de los Massot Julio, quienes lo despidieron emocionados cuando a fines de ese año dejó la ciudad. El juez tampoco consideró probado el rol de los acusados en el plano de la instigación de los homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes luego de encabezar una huelga contra la patronal en 1975 fueron advertidos públicamente por la entonces directora Diana Julio de los riesgos que conllevaba sentirse parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”. Vicente Massot, ya copropietario de la empresa, fue comisionado para llevar adelante las negociaciones con los huelguistas. Pocas semanas después, sus nombres integraban una lista del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” incluida en documentos de Inteligencia de Prefectura. El 24 de marzo ocurrió el golpe. Massot y su madre se dirigieron a los talleres del diario y desafiaron a los obreros a “hacernos una huelga ahora”. Más tarde los dos delegados fueron citados al V Cuerpo, donde se les advirtió que se dejaran “de romper las pelotas, porque la mano viene brava”. El 30 de junio, Heinrich y Loyola fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron a la vera de una ruta el 4 de julio. El diario publicó que “son investigados dos homicidios” y hasta el viernes pasado no volvió a mencionarlos. Al menos escribió bien sus nombres. El juez no. “Heindrich”, bautizó a una de las víctimas. “Decir que con el cúmulo de elementos que hay no es posible llamar a una persona a que explique, es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos”, dijeron los fiscales en una conferencia de prensa realizada el jueves último. Hay una sombra oscura tras de ti Con su resolución, y al desligar no solamente a Massot sino a la empresa en su conjunto de las acusaciones, Martínez no fue sólo contra el pedido de los fiscales. También desconoció segmentos del fallo que el Tribunal Oral Federal bahiense escribió el año pasado, cuando condenó a diecisiete represores y consideró “comprobada” la “campaña de desinformación y de propaganda negra” del diario, “destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Con esa comprobación, el TOF envió el señalamiento al juzgado de primera instancia a cargo de Martínez, que a su vez delegó la investigación en la Unidad Fiscal de Palazzani y Nebbia. Cuando los fiscales reunieron elementos probatorios, solicitaron el paso siguiente en la tarea investigativa: oír al acusado. Pero el juez optó por negarles el pedido, y de ese modo fue contra la investigación que él mismo había encargado a los fiscales. Por otra parte, y al igual que cuando un mes atrás denegó idéntico pedido respecto del sacerdote Aldo Vara, el juez Martínez contrarió lo expresado por la Cámara Nacional de Casación Penal a mediados de diciembre último. Bajo las firmas de los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David, la CNCP indicó que el único que “estaría autorizado a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública sería tan sólo la asistencia letrada” de la contraparte, “pero esa posición nunca puede ser ocupada por el tercero imparcial, so riesgo de romper el equilibrio que debe existir entre los tres poderes realizadores del proceso penal”. En pocas palabras: en ambos casos, el juez Martínez se colocó en el rol de abogado defensor de los imputados.