Massot, La Nueva Provincia y la dictadura

Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo. Por Diego Kenis Los máximos referentes del gobierno municipal bahiense actual no se expresaron oficialmente, a pesar del intento de un sector censurado, sobre el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. “Será Justicia o no será nada”, escribió vía Twitter el médico Diego Palomo, secretario de Salud y Desarrollo Social bahiense. Tampoco se dejaron oír públicamente, entre los funcionarios del actual Ejecutivo, voces en contra del pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. No quedó revalidada, por ende, la opinión del intendente licenciado y actual ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein, quien hace cuatro años dijo que sobre Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”. Sí se expresaron, en cambio, algunos referentes del radicalismo, fuerza política que conservó el gobierno municipal bahiense entre la recuperación de la democracia y el 2003, luego de haberle dado a la dictadura un hombre de sus filas para el cargo de comisionado: Víctor Puente, a quien todavía se le rinde honores. El senador nacional Juan Pedro Tunessi opinó que detrás del pedido de detención de Massot y Gabrielli “puede haber una manito del gobierno”. Aloma Sartor, actual concejal y ex presidenta del radicalismo local, completó el razonamiento. “Espero que las investigaciones sigan”, auspició. Pero luego aclaró que “yo soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien” (sic). “Una cosa es tener una postura ideológica que el diario no escondía, y hay que ver qué relación tenía en ese momento con los actores de la Armada o de la Marina, y otra es decir que yo tengo alguna posibilidad de incriminar en relación a un crimen”, aseveró. Evidentemente, la resolución por la negativa del juez Martínez hizo escuela. No deja de llamar la atención, sin embargo, que desde la Unión Cívica Radical se viertan estos conceptos: un grupo de exiliados radicales en París fue de los primeros en informar públicamente el rol diario en el plan criminal de la dictadura. “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, abre el artículo, publicado en 1982 bajo el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”. “Todos los días con notable dinamismo (la directora) da indicaciones a sus plumíferos de nuevos nombres que hay que denunciar como blanco de la represión. Son para ella enemigos que se han escapado del fuego purificador de la inquisición del Proceso, gente a la que hay que borrar o silenciar de alguna manera”, agrega la nota, que denunciaba también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del ’80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”. “Yo era chica, recién había venido a Bahía y no entendía lo que pasaba”, dijo hace una semana la concejal Sartor, nacida en 1958. Un año después del artículo acusatorio de los exiliados radicales ya era más grandecita: hoy dice que todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se debe a la lucha constante de organismos de derechos humanos sino a “una decisión fuertísima” de 1983 del ex presidente Raúl Alfonsín, a quien nunca se le pasó por la cabeza llevar a juicio a los responsables civiles. La inasistencia de los principales referentes radicales a las audiencias del juicio contra represores del V Cuerpo que se desarrolló en Bahía Blanca entre 2011 y 2012 les impidió informarse sobre aquello que no tenían edad para recordar en primera persona. En el marco del juicio, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado y permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y en la Unidad 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores. Solari Yrigoyen es sobrino bisnieto de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la UCR a comienzos del siglo pasado, y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación que fue derrocado por el primer golpe militar de la historia nacional. Cuando eso ocurrió, lejos estaba aún La Nueva Provincia del discurso lugoniano que exhibió y paulatinamente acentuó desde 1955. Por entonces, su director y fundador Enrique Julio, bisabuelo de Vicente Massot, lamentó la irrupción de “la hora de la espada” en la vida argentina.