Lo que Lanata no dice de la jueza Álvarez

El periodista del Grupo Clarín omite algunos detalles, como con la jueza Ana Cecilia Álvarez, vinculada a la complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Por Martín Crudele (@martincrudele) I El periodista “más rebelde” y con un gran crecimiento en popularidad mediática, dispara insultos, críticas y odio para lo que considera una politización de la justicia. Pero omite algunos detalles, como con la jueza Ana Cecilia Álvarez, vinculada a la complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Lanata hace periodismo, investiga, o toma investigaciones de otros medios (Perfil y Revista Noticias, por ejemplo) y las trabaja y expande a su masiva audiencia radial y televisiva. Es decir, si bien Periodismo Para Todos (PPT) tiene una gran inyección de show, escándalo y humor, las investigaciones (reales o truchas, muchas de ellas incomprobables) existen. Otro condimento característico y central del programa es el mismo Lanata. Más de una vez les contesta a diferentes funcionarios, desde la Presidenta a un programa de TV, caso “6,7,8” , y no ahorra en insultos o acusaciones directas, recurriendo al recurso repetido varias veces por Nelson Castro para dirigirse al político en cuestión, como si fuera una carta televisada, para generar mayor apego del espectador. Incluso, en ese ríspido tono respondió en su programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) a su panelista Luciana Geuna, insultándola; Geuna únicamente proponía datos para hablar con detalles y no abusar de la falta de criterio y rigurosidad. Para Jorge, en ese momento medía más el show. Llegó el domingo y presentó en el medio del programa un breve informe de los jueces que intervienen en la causa de Lázaro Báez. Marijuán es el tipo que sufre, ya que fue amenazado. Acto condenable, por supuesto, pero que no puede tapar el bosque: el fiscal sólo presentó dos solicitudes y no realizó ninguna indagatoria en la causa Arbizu, que investiga el lavado de dinero de 469 empresas entre las que se encuentra el Grupo Clarín. Pero en la última edición dominical de Lanata, la producción preparó un resumen en el informe titulado “Quiénes investigan la ruta del dinero K en la justicia”. Mientras pasan las imágenes de jueces y fiscales, el conductor intenta mostrar los vínculos de cobertura judicial con el kirchnerismo mediante la acusación a Sebastián Casanello, Carlos Gonella, Ramiro González y Julián Ercolini, entre otros. Hasta que llegó el turno del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, que quedó vacante y cuyo lugar ocupó Ana Cecilia Álvarez. La jueza subrogante fue removida y su lugar lo ocupa Andrea Vera Askenazy. Lanata destacó que es ex empleada de la Fiscalía de Estado de la Provincia y asesora letrada de la Secretaría de la Gobernación de Santa Cruz. Luego, apuntó a su supuesta afiliación al Frente Para la Victoria. A la primera jueza subrogante, Ana Cecilia Álvarez, le dedicó 7 segundos para hablar bien. Dijo: “Es la única funcionaria judicial de la Provincia (de Río Gallegos) que se mostraba con intenció de investigar a Lázaro Báez en la causa por lavado”. Lo demás fue seguir atacando a los jueces supuestamente cercanos al kirchnerismo. Algunos con fuentes interesantes y otros con denuncias incomprobables. Pero la pregunta retrotrae a los primeros párrafos de esta nota: Lanata investiga a quien le conviene. No hay nada nuevo en esto, salvo una pesada historia. El año pasado, cuando se cumplieron 36 años del Golpe de Estado, organismos de Derechos Humanos denunciaron la complicidad de Álvarez al querer dar garantías a los que cometieron delitos de lesa humanidad, justamente rechazando esta condición, como tal, sosteniendo que no se constituye como una política activa, al realizar un comunicado, como se explica en esta nota. La jueza está casada con el Comodoro Fernando Estrella, cuyo padre, Luis, Vicecomodoro retirado, está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad. Luis Fernando conoció su -por ahora- primera sentencia el 7 de diciembre de 2012 en La Rioja. Junto a Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe policial Domingo Benito Vera, recibió la pena perpetua por el asesinato de los curas tercemundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville Esto no quedá ahí. A mitad de año, el suegro de la jueza Álvarez fue procesado en la causa por el asesinato del obispo Angelleli junto con Videla, Menéndez, Harguindeguy y el ex comisario Juan Carlos Romero. El comunicado mencionado anteriormente está firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). La vinculación atraviesa los fallos de Álvarez y una aclaración reveladora: “Aunque dictó el procesamiento de Eduardo Sarmiento, Rafael Gugini y Humberto Pompilio Ferrucci por los tormentos aplicados a un grupo de detenidos, Álvarez también interpretó el contexto del plan sistemático desplegado por el terrorismo de Estado y justificó las acciones de los agentes estatales tras un extenso análisis de la ley Nº 21.460, promulgada por la dictadura el 18 de noviembre de 1976 y derogada por la ley Nº 23.077 en 1984". También se explica claramente que existe una causa en la que “se investigan los tormentos aplicados en las Islas Malvinas a Carlos Trigoni y Hugo Sandoval, entre otros conscriptos” y la jueza quiere -mediante una resolución- declarar extinguida la acción penal. Incluso, hace poco el jefe de Gabinete, Abal Medina, tuvo un cruce con la jueza, al criticar al juzgado de Río Gallegos: "Está casada y es nuera con un integrante de las Fuerzas. Esta jueza el mes pasado fue denunciada por organismos de derechos humanos por aplicar leyes de la Dictadura y no de la democracia" (Diario Perfil). La jueza lo desmintió sin pruebas. Por una parte, Jorge Lanata puede parecer un hipócrita, ya que cualquiera lo ha escuchado denunciar y oponerse a la dictadura. Pero, atención, no hay que olvidarse, él ya lo dijo: lo tienen harto con la dictadura, a tal punto que mejor no investigar a quien no conviene. Una actitud que va desde la jueza Álvarez hasta su propio empleador y la dirección del grupo para el que trabaja.